El Gobierno "no esconde fracasos porque no tiene
fracasos". Esta frase bien podría haber sido expresada por la reina Madre
en alguno de sus tantos discursos, en alguna inauguración o por cadena nacional
pero lamentablemente no fue así. La mitad pertenece a uno de sus más leales
súbditos, el jefe de Gabinete, Juan
Manuel Abal Medina. Al ser convocado para rendir un informe sobre la
marcha de la gestión oficial ante el Senado, este Señor aseguró su frase en
absoluta línea discursiva con la Presidenta, y en respuesta a una de las
críticas de los bloques opositores durante la interpelación. Al iniciar su
informe ante el Senado, Abal Medina demostró tener el discurso estudiado al pie
de la letra, se dedicó específicamente a destacar puntos como el incremento en
un 2,7% del PBI en el primer trimestre del año, el aumento del 263% de las
exportaciones industriales en los últimos diez años y el paso de cuatro
millones a nueve millones de trabajadores registrados. Casi parecía que quien
hablaba era la Presidenta y no él. Las cosas se le complicaron cuando el
senador radical Ernesto Sanz le advirtió textualmente: “que no es una buena medida la de refugiarse de
los fracasos del presente en los logros del pasado”, a lo que Abal
Medina respondió con esa maravillosa frase. Durante su exposición de 47
minutos, el jefe de Gabinete aludió al eslogan de la "década ganada"
y remarcó la creación de cinco millones de puestos de trabajo, los más de tres
millones de niños que cobran la Asignación Universal por Hijo y las más de 1.900
pymes que se han constituido.
Está de más decir, que ninguno de estos datos refleja
realidades sino que están muy lejos de
ella. A su vez, destacó que nunca un
ministro de esta administración había llegado a hablar al Congreso de ajuste y
descartó una "megadevaluación" de la moneda, aunque eso está por
verse y todo depende del resultado de las elecciones legislativas en octubre de
este año. En otro de los pasajes de su estudiado discurso Abal Medina
aseveró que, nunca un asalariado se había
beneficiado con una devaluación, “una obviedad” que no resiste análisis.
Y sostuvo su elaborado análisis explicando que la devaluación no es una
necesidad de mercado, sino de sectores específicos. Es decir, algún otro tipo de teoría
golpista como todas las utiliza el gobierno nacional. Por eso fue que dijo que las
corporaciones nunca trabajan en el bienestar de las mayorías. Otro pasaje muy
divertido fue cuando aseguró que desconfía de los que se presentan como
defensores de la república, pero esperan agazapados para llevarse el botín para
las corporaciones, ¿de quién estaría hablando, de la Presidenta y todo su
entorno? Tal vez haya sido un acto fallido en sus dichos, porque si de eso se
trata ellos mismos son los que no dejan un centavo y los que se han llevado
todo. También destacó que la participación de los trabajadores en el PBI que
pasó del 34 al 49% y que la deuda pública externa con privados es cercana al
nueve por ciento del PBI, al tiempo que comparo algo imposible de comparar como
lo es esta cifra con el 96% que era en 2003.
Elogió la política de desendeudamiento que, es la peor de los
últimos treinta en democracia pero en su humilde entender ha permitido
recuperar la capacidad de decisión soberana. Por supuesto tuvo que referirse, y
antes de dar paso a las preguntas de los senadores, a que él no estaba ahí para
informar acerca de según él, todas las operaciones mediáticas, y tampoco sobre cuestiones que estuvieran siendo
dirimidas en la Justicia. Entonces para quitarse la responsabilidad de encima
aseguró que no iba a contribuir al desprestigio de la política. Pidió a los
senadores centrar el debate en la
agenda de los argentinos y no en la agenda mediática que algún medio hegemónico
quiere imponer para beneficiar sus intereses". Finalmente la mayoría de
las preguntas realizadas en el recinto serán respondidas por escrito en el
plazo de diez días. Por otra parte, Abal Medina ante las preguntas sobre
inflación sostuvo que "obviamente el INEDC no fija los precios, los
trabajadores tampoco, los que fijan los precios son los empresarios y defendió
el plan oficial de control de precios "Mirar para Cuidar". La última
nota de color, fue cuando respondió respecto del problema energético argentino ya
que sostuvo que la Argentina tiene "energía abundante y barata" pero
aclaró que el aumento de la importación de gas se debe a que "el país
crece". Se me ocurre una pregunta que no le hicieron en el congreso y es
fácil de responder aún para sus limitaciones, ¿en qué país vive este muchacho?
La Presidenta encabezó otro acto en
la Casa de Gobierno, donde aseguró que la recaudación impositiva creció del 17
al 30% en los últimos diez años de gestión kirchnerista, y lo atribuyó al
modelo y no al aumento de impuestos. La Presidenta que siempre traza
comparaciones con lo peor de la gran crisis de 2001-2002 y nunca con el inicio
de su primer mandato en 2007 aseguró que la pasada fue la década ganada en
todas partes, porque ha sido una década federal. Metida de lleno en la campaña
por las legislativas, la presidenta Cristina Kirchner destacó el aumento de la recaudación
fiscal que según su particular interpretación se explica por la virtuosidad del
modelo nacional y popular. Muy lejos de la realidad la reina Madre crítica al
único sector de la producción nacional que sigue sosteniendo este modelo
virtuoso, y no contenta con eso acusa a los productores sojeros de retener la
cosecha gruesa, no permitiendo de esta forma que se lograra una mayor
recaudación en concepto de derechos de exportación. Su majestad entiende que no
hemos tenido ningún récord porque ella sabe
lo que están haciendo, y ya se ha dado cuenta. Durante el acto, la
Presidenta también se comunicó por
videoconferencia con Haití para inaugurar el hospital “Presidente Néstor
Kirchner”, un emprendimiento de Argentina, Cuba, Venezuela y Haití. Allá
estaba el vicepresidente Amado Boudou, si, el del escándalo Ciccone, junto con
el presidente haitiano, Michel Martelly.
La Presidenta en su alocuasión se
ocupó de minimizar la pobreza en la Argentina comparándola con la de ese país
trazando un paralelismo ridículo, para ocultar que aquí en Argentina es
superior al 20%. Sin respetar como siempre las normas básicas de respeto y
buenas costumbres, y durante la videoconferencia dijo que; Cuando ella escucha
hablar de pobreza en nuestro país, nos invitaría a que conozcamos Haití,
imaginen por supuesto la cara del Presidente, dijo también que no hacía falta
llegar al país para ver la pobreza, que la misma se ve desde el avión mientras
recordaba su visita al país. También volvió sobre el tema salarial, y equivocada como siempre afirmó que la
Argentina tiene los mejores salarios y jubilaciones mínimas y medias de la
región, pero bueno entendamos que todo se trató de campaña. En el mismo
acto Cristina anuncio obras para la provincia de Chubut ante 27 intendentes del
lugar, en lo que también fue su bendición a la lista de candidatos a diputados
nacionales. Hace varios meses que el Gobierno promueve estos encuentros con
intendentes y donde promete fondos para obras. Las reuniones suele encabezarlas
el ministro Julio de Vido, encargado de las arengas electorales para lograr el
respaldo en octubre. Ya hubo docenas de estas reuniones y muy pocas veces se
había sumado la Presidenta pero luego del último revés que recibió de la
justicia, necesita imperiosamente victimizarse para tratar de subir su imagen
positiva.
Históricamente en la Argentina los sucesivos
gobiernos se han encargado de ocultar información, por supuesto cuando las
cosas no andan bien de lo contrario, siempre lo muestran como logros y gestas
patrióticas. Pero con el devenir de los años, el fácil acceso a la información y
el avance de la tecnología cada vez resulta más difícil este arte de ocultar.
Sin embargo en los diez años del actual gobierno, se las han ingeniado para
corregir y perfeccionar el arte de mentir para ocultar información, ya sea
estadísticas inflacionarias, índices de pobreza e indigencia, o actos de
gobierno todo se oculta nada se dice. Hoy nueve meses más tarde, el Gobierno
blanqueó la emisión de tres Letras del Tesoro por un total de $3481 millones
para cubrir operaciones dispuestas entre los meses de octubre y diciembre de
2012, en el contexto de una medida destinada a hacer más prolija la
contabilidad pública y como parte de las operaciones de financiamiento
"intrasector público" que habitualmente desarrolla. Según se publicó
en el Boletín Oficial, los títulos de deuda fueron colocados en forma directa
al Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional
(FGS), que se encuentra bajo la custodia de la Administración Nacional de la
Seguridad Social (Anses), y a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista
Eléctrico (Cammesa), en este caso, con el objeto de financiar obras cuyo
control de ejecución está a cargo del Ente Nacional Regulador del Gas
(Enargas).
El primero de los títulos, que fue suscripto
por el fondo surgido de la transferencia de los recursos que estaban hasta hace
unos años bajo administración de las AFJP y que tiene como uno de sus objetivos
centrales "preservar los recursos destinados a la seguridad social",
se colocó para que el Tesoro Nacional pudiera hacerse de $1083 millones. El
título fue colocado a un año de plazo, con fecha de emisión el 22 de octubre de
2012 y de vencimiento el mismo día de este año, fecha en que supone reintegrar
el total del capital. Le pagará trimestralmente al FGS un interés equivalente a
la tasa Badlar, la que se paga por depósitos de más de un millón de pesos y que
hoy ronda el 16,2% anual más 200 puntos básicos es decir, 2% mas, los días 22
de enero, abril, julio y octubre de este año, es decir, que se hace pública su
emisión en momentos en que ya debe haber pagado casi tres servicios de renta.
De cualquier modo lo novedoso del caso es que la Anses podrá transferir esta
Letra, si lo considerara deseable o necesario. Hasta esta modificación este
tipo de títulos se los "vendían" como intransferibles. También se la
habilitó para cotizar en el mercado de valores local, y las nuevas emisiones de
deuda fueron dispuestas por resoluciones conjuntas de las secretarías de
Hacienda y de Finanzas. Incluyen otras dos Letras del Tesoro (Letes) por $1800
millones y $598,5 millones.
La primera tiene como fecha de emisión el 17
de diciembre de 2012 y de vencimiento el 15 de enero de 2014, rendirá una tasa
de interés del 13,9581% nominal anual a pagarse los días 15 de cada mes y
devolverá el capital a partir del 15 de enero de 2013 en ocho cuotas iguales,
mensuales y consecutivas de $200 millones. El saldo restante se pagará mediante
dos cuotas de $100 millones, que deberán ser honradas el 15 de setiembre de
2013 y el 15 de enero de 2014. La Letra de menor monto tiene
fecha de emisión el 17 de diciembre de 2012 y vencimiento 15 de noviembre de
2014. Tiene por objeto, según detalla la resolución, "cancelar el anticipo
a proveedores por las obligaciones relativas a la ampliación de gasoductos
troncales". Pagará
un interés del 15,1474% nominal anual, en forma mensual, los días 15 de cada
mes, en tanto que la amortización del capital se efectuará desde el 15 de marzo
de 2013 en 21 cuotas iguales, mensuales y consecutivas de $28,5 millones,
también con vencimiento el 15 de cada mes. Todo este engranaje de préstamos
intrasector público que roba dinero de los futuros jubilados entiendo papeles
de colores que jamás serán devueltos, como sucede con cada emisión de este tipo
es la manera que tiene utiliza el gobierno nacional para financiar mayormente
el grave problema energético que existe en nuestro país.
Esto podría parecer una broma grande como una
casa, pero no lo es ya que ahora y por decreto, será la Administración Federal
de Ingresos Públicos (AFIP) la responsable de definir qué países son cooperadores
a los fines de brindar transparencia fiscal y cuáles no. El cambio le da a la
AFIP rienda suelta para penalizar fiscalmente a aquellas personas físicas o
empresas que operen con países que ahora no sean considerados por el organismo
cooperadores, y al mismo tiempo en plena vigencia del blanqueo de capitales,
habilitarla para hacer la vista gorda en casos en los que se opere con
jurisdicciones que hasta ahora eran calificadas de "paraísos fiscal",
como Bahamas o Panamá. Para esto, el Gobierno eliminó el listado que contenía
los países considerados paraísos fiscales mediante el decreto. Pueden decidirse
muchas cosas, pero lo cierto es que el decreto viene a contramano de todo
aquello que venía haciendo la Argentina bajo este mismo gobierno para cumplir
con el GAFI, (Grupo de Acción Financiera Internacional) en materia de lavado de
dinero. Esto comúnmente se llama patear el tablero, la norma le da mayor poder
a la AFIP y es lo suficientemente vaga en su terminología como para dar lugar a
“distintas interpretaciones" para no llamarlo de otra manera.
En rigor de verdad, la Argentina incluyó hace
algunos años una serie de paraísos fiscales o países de baja o nula tributación
en un listado, en línea con los criterios utilizados por la Organización para
la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Así, por caso, los
contribuyentes argentinos que fueran accionistas u operaran con alguna sociedad
radicada en un paraíso fiscal de la lista serian penalizados fiscalmente, “en
teoría”. Si hacían alguna operación financiera, ésta era más propensa a ser
reportada como sospechosa por un banco. Se tenían que tomar recaudos
adicionales y reforzar la prueba porque la operación podía ser impugnada, sin
embargo, ahora, con el decreto 589/2013 publicado en el Boletín Oficial, el
listado que en su momento fuera establecido por otro decreto fue dado de baja y
se fijó que la AFIP deberá definir cuáles son los países cooperadores en
materia de intercambio de información fiscal y cuáles no. Según reza el texto la
AFIP incluiría a aquellos que suscribieron acuerdos de intercambio de
información fiscal con la Argentina y que adhirieron a la Convención sobre
Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal de la OCDE (como Estados
Unidos o Francia, entre otros). También aclara el decreto, que el organismo podrá
eliminar de la lista a aquellos con los que considere que no hay un intercambio
"efectivo" de información. Así, lo que era un concepto objetivo que
se regía en función de si se trataba de países de baja o nula tributación se
transforma en uno subjetivo en el que queda bajo el juicio de Ricardo Echegaray
quien está dentro de la ley y quien no. A partir del decreto, jurisdicciones
que no son de baja tributación y hasta ahora no eran consideradas paraísos
fiscales podrán según convenga ser catalogadas como "no cooperadores"
mientras que aquellos que sí lo eran pueden pasar a ser catalogados como
"cooperadores".
Sorpresivamente entonces, dentro de ese
listado nos podemos encontrar con nuevas jurisdicciones que no son consideradas
paraísos fiscales para ningún país del mundo. Si se da esta
situación, el intercambio comercial o financiero con esas jurisdicciones va a
ser más gravoso para las empresas argentinas que tengan relación con empresas
radicadas allí. Por
caso, la recategorización de un país tendrá impacto en el impuesto a las
ganancias. Mientras que los contribuyentes locales pagan Ganancias en función
de las utilidades que son distribuidas, los accionistas de una sociedad
radicada en un paraíso fiscal (ahora, un país no cooperador) deben hacerlo en
función de sus ingresos devengados aun cuando las utilidades no fueron
distribuidas. Es muy probable que la norma tenga una lectura coyuntural, en el
marco de la ley de blanqueo, ya que ahora quienes blanqueen dinero
transfiriendo sus dólares desde paraísos fiscales pero recategorizados como
"cooperadores" podrían evitar que esas operaciones sean reportadas
como "sospechosas" por los bancos. El decreto sin duda tendrá un
impacto tributario, pero en un momento en que el tema del lavado está en
agenda, lo que busca también es disimulando lo mejor que se pueda.
Hubieron pocas cosas que han mantenido vivo
hasta no hace mucho tiempo el proyecto nacional popular, como la robustez de
las cuentas públicas, situación que hoy ha cambiado y se encuentra en serios
problemas. No obstante ese dato, el Ministerio de Economía informó
deliberadamente con tres meses de retraso que el superávit primario, es decir el
resultado entre los ingresos y egresos, previos al pago de los intereses de la
deuda fue en marzo de $438,3 millones, 48,4% menos que en el mismo mes de 2012,
y como es de suponer podemos proyectar que el resultado primario de este año
será el peor desde la década de los 80. Este concepto, “déficit primario” es
algo raro en la historia argentina, durante la época de la convertibilidad sólo
hubo déficit en el año 96, desde aquel 1996 la historia no se repitió hasta que
el año pasado se registró un déficit primario y es probable que este año
tengamos el mayor desde el retorno de la democracia. ¿Por qué?, fácil, si en un mes como marzo, que suele ser
de los meses superavitarios, hay una caída del resultado como la que se dio con
respecto a marzo de 2012, es lógico suponer que en los meses deficitarios se dé
un déficit todavía más grande.
Los meses deficitarios, suelen ser los del
segundo semestre y si a esto le sumamos la incidencia de las elecciones
legislativas podría verse acelerado este proceso, incluso más allá de lo habitual.
A todo esto, en marzo, el gasto público creció 23% respecto del mismo mes de
2012, según los datos difundidos por el Ministerio de Economía. Esto significa
una desaceleración con respecto a los meses anteriores, como febrero, cuando el
gasto había aumentado a un ritmo del 36% interanual. Obviamente, hay que ver
cómo siguen los próximos meses y aquí no se puede ser muy optimista, máxime
teniendo en cuenta los anuncios de aumentos en la Asignación Universal por Hijo
y el salario familiar. Estamos ante una situación fiscal complicada si la medimos
contra el producto bruto interno, PBI que tenemos da un gasto del 46% del PBI.
La proyección del gasto consolidado de la nación y de las provincias sería este
año la mayor de la historia, de unos US$ 250.000 millones, medido al tipo de
cambio oficial. Estamos hablando de que en convertibilidad, en 2001, el gasto era
de US$90.000 millones. Esto es preocupante porque, de no haber fuentes de
financiamiento alternativas, se financian vía más emisión monetaria, y el
resultado de eso esa más inflación.
Entonces, marzo arrojó un déficit de $3577,7
millones, pese a que el Tesoro recibió $6369,7 millones provenientes del Banco
Central (BCRA), del PAMI y de la Administración Nacional de Seguridad Social
(Anses), prácticamente el doble de lo que se había registrado un año antes, de
$3100 millones. Así, de no haber sido por esa ayuda extraordinaria, el déficit
financiero de marzo habría sumado casi 10.000 millones de pesos. Otra variable
preocupante es que el gasto sigue creciendo a un ritmo superior al de los
ingresos, que aumentaron en el último período informado el 21 por ciento.
Economía dio a conocer tarde el resultado de marzo, con tres meses de retraso,
lo que entre los economistas se recibe con bastante recelo. Originalmente, los
datos fiscales solían conocerse el día 20 del siguiente mes. Pero por estos
días, las cosas han cambiado bastante, con el criterio utilizado se hubieran
tomado el tiempo necesario y directamente hubieran difundido ya todos los datos
conjuntamente, es decir, marzo, abril, y mayo. Pero por supuesto, aún no se
sabe cuándo se publicarán, o si definitivamente para lo harán.
Así será el funcionamiento del sistema de congelamiento de los 500
productos, que será obligatorio sólo para los supermercados. El secretario de
comercio Guillermo Moreno aplicará la
Ley de Defensa del Consumidor, con sanciones que podrían llegar a los $5
millones y hasta la clausura del establecimiento. Pero no será él quien
fiscalice, será a través de su secretaria, o mano derecha María Lucila Colombo,
y afortunadamente las organizaciones kirchneristas no serán las que puedan aplicar
sanciones. Éstas agrupaciones sólo tendrán como finalidad llamar a las
dependencias morenistas y pedir que se fiscalicen las irregularidades encontradas.
En la primer etapa, por una cuestión de imposibilidad de conseguir los 500 productos
en tiempo forma y a un buen precio, el resto de los comercios incluyendo los
súper chinos quedaron fuera del régimen. Este mes también debía empezar a regir la
famosa Supercard, del secretario de comercio interior que era la tarjeta que,
impulsada por el Estado, emitiría el Banco Hipotecario, para realizar compras
en los supermercados y con ella salvar todo. Parece ser, que de salvar ni
hablar pues de la tarjeta no se habla.
La lista de los precios de los 500 productos congelados se conoció y
desde Carrefour, Coto, Walmart y Jumbo-Disco se comprometieron a que los
productos estarían disponibles, y que se los podría encontrar dentro de estos
establecimientos y que los precios acordados se respetarían, sin embargo no fue
así. Por otra parte respecto de la identificación de los productos congelados,
los privados prometían carteles que identificaran dichos bienes y hasta
folletos a la entrada de los supermercados para poder saber cuáles eran los
ofertados, pero por supuesto los carteles tampoco aparecieron. Supuestamente sobre
las sanciones, desde la secretaría de Guillermo Moreno quedó claro que se
aplicará la Ley de Defensa del Consumidor, en su última versión de 2008, que hasta
ahora se aplicó pocas veces. Esta ley, la 24.240, menciona en el artículo 7 que
"la oferta dirigida a consumidores
potenciales indeterminados obliga a quien la emite durante el tiempo en que se
realice, debiendo contener la fecha precisa de comienzo y de finalización, así
como también sus modalidades, condiciones o limitaciones". Si los
supermercados no tienen disponibilidad de estos bienes, Moreno les exigirá lo
que marca el artículo 10 bis punto b de la norma: "aceptar otro producto o
prestación de servicio equivalente". Lo más importante de la ley son las
sanciones que se incluyen en el artículo 47, que se podrán aplicar por separado
o todas juntas.
La norma menciona puntualmente la posibilidad de "apercibimiento; multas, decomiso de las mercaderías y productos
objeto de la infracción, clausura del establecimiento o suspensión del servicio
afectado por un plazo de hasta 30 días, suspensión de hasta cinco años en los
registros de proveedores que posibilitan contratar con el Estado y la pérdida
de concesiones, privilegios, regímenes impositivos o crediticios especiales de
que gozare". Lo importante, para los supermercadistas es el
artículo 41, donde el texto afirma que la única autoridad de aplicación de la
ley, es la "Secretaría de Comercio Interior". Esto quiere decir que
las organizaciones políticas como La Cámpora, el Movimiento Evita, Miles,
Kolina o similar sólo podrán avisarle a Moreno que falta algún producto o que
éste no se encuentra. Según Colombo el congelamiento de precios que habían
comenzado en febrero sirvió para bajar el costo de vida, y aunque no teníamos
niveles de inflación preocupantes, ayudó. Dijo que los que son demandantes de
inflación son los que hacen negocio con ella, por ejemplo, los bancos que dan
préstamos con una tasa del 42% anual. Eso es usura. Que tengan que ver los
bancos con una inflación que genera la emisión monetaria sólo por dar un
ejemplo, parece que esta mujer se encuentra un poco alejada de la realidad.
Al anunciar los aumentos en las
asignaciones familiares, la Presidenta Cristina Kirchner informó que en la
actualidad la ANSeS está pagando 2.844.312 asignaciones por hijo a trabajadores
formales y 502.746 a jubilados, pensionados y desempleados. En total son 3.347.058 asignaciones familiares.
En mayo de 2010, al realizar una anuncio parecido, el Gobierno informó que en
2008 las asignaciones familiares de activos y pasivos sumaban 4.880.868. Y en
2009 totalizaron 4.804.560. De estos números se desprende que ahora se pagan 1.533.810 asignaciones menos
a chicos de trabajadores registrados que en 2008. Y 1.457.502 menos que en
2009. Esta caída en el número de beneficiarios se debe a que los topes
salariales que dan derecho a cobrar esas asignaciones se actualizaron menos que la inflación o las subas salariales.
Entonces con cada suba salarial fue
cayendo el número de chicos beneficiados. Esto lo reconoce la consultora
CIFRA de la CTA oficialista que encabeza Hugo Yasky: Al no haberse actualizado
estos montos durante 2009 y 2010 y dado el pequeño incremento de 2011, estos
topes salariales quedaron muy por
debajo no solo del valor real de 2007, que fue el nivel máximo, sino
incluso respecto del año 2001. Y la relación entre la cantidad total de
trabajadores y la cantidad de casos de asignaciones por hijo disminuyó sustancialmente. Si en 2005
había 73,7 asignaciones por hijo otorgadas por cada 100 asalariados
registrados, para 2011 se concedieron tan solo 40. En tanto los padres de otro
1,5 millón de chicos no llegaron a
cobrar nunca el beneficio porque encontraron un empleo en blanco con
sueldos que excedían los topes.
En lugar de aumentar en una
proporción semejante, el número de beneficiarios se redujo. Por otra parte, los
padres de otros 1,5 millón de chicos pasaron
a cobrar menos subsidios porque el salario familiar por hijo y el
prenatal son de montos decrecientes, según la escala salarial del trabajador. Y como tampoco se actualizaron esas escalas,
pasaron a cobrar montos más bajos de salario familiar. También lo admite
CIFRA-CTA: Estas cifras demuestran que
no solo son cada vez menos los trabajadores que perciben la asignación por
hijo, sino que además quienes lo hacen cobran un menor monto relativo de dinero.
Así son las cosas, la ANSeS está pagando casi 3.000.000 de asignaciones menos
por montos inferiores por la desvalorización inflacionaria. Por otro lado, la
Presidenta informó que ahora se abonan 3.347.058 Asignaciones Universales por
Hijo (AUH). En 2008 no existía ese beneficio. De aquí se
desprende que la AUH se cubre con la
pérdida del beneficio de los trabajadores formales. Hay una
redistribución de ingresos al interior de los propios asalariados y desocupados,
y no una transferencia de arriba hacia abajo, como se publicita. Para que esto suceda, debería mantenerse
y hasta acrecentarse la AUH sin que ningún trabajador formal con chicos pierda
el derecho a cobrar el salario familiar, como exige la CGT opositora. Para eso habría que actualizar el
tope salarial, que ahora pasa a $8.400, para llevarlo a $13.000. En cambio, los
anuncios mantienen y profundizan este estado de cosas. El sistema requiere un
cambio sustancial para ampliar derechos y no reducirlos.
El
juez federal Torres libró un exhorto a la
justicia Brasilera solicitando información a la empresa Embraer, la tercera
fabricante de aviones en el mundo, para confirmar si han iniciado una investigación
interna sobre el pago de coimas a funcionarios argentinos así como por los sobreprecios
que se habrían pagado durante el proceso de compra de 20 aeronaves que fueron
adquiridas bajo la gestión de gobierno del ex presidente Néstor Kirchner.
Recordemos que estas aeronaves fueron adquiridas para renovar la flota de
Aerolíneas Argentinas aunque terminaron en manos de Austral. Esta solicitud de
la justicia Argentina se dio en el marco de la causa que investiga por supuesto
cobro de coimas de funcionarios argentinos y supuestos sobreprecios en la compra de esas 20 aeronaves a la empresa brasileña. El
juez Sergio Torres quiere saber si la compañía tiene o no abierta una
investigación interna a este respecto. Parece ser que Torres firmó un pedido
para que Embraer, tal cual se conoce desde hace rato tanto por versiones
periodísticas como por funcionarios judiciales, cuenta o no con una
investigación interna, y en tal caso que la aporte. El juez investiga la compra
de aviones por parte de Aerolíneas Argentinas en 2009 a Embraer, en
cuanto a si hubo sobre precios, pero también si se pagaron coimas a algunos
funcionarios. Por cada nave el Estado argentino se comprometió a pagar 35
millones de dólares y la compra se hizo con un crédito del Banco Nacional de
Desarrollo de Brasil que financió el 85% de la operación.
El contrato de compra fue firmado por el ministro de
Planificación Federal, Julio de Vido, y por el entonces presidente de
Aerolíneas y ahora actual ministro de Justicia, Julio Alak. Y los hechos que se
investigan ocurrieron en plena gestión en el área de Transporte del
controvertido Ricardo Jaime, hoy investigado en múltiples casos de corrupción.
La versión de una supuesta investigación interna de Embraer fue reconocida por
la propia empresa ante la Securities Exchange Commission (SEC) que
controla las operaciones de las empresas que cotizan en la Bolsa de
Nueva York. Pero el diario paulista Valor
Económico también dio cuenta de esa versión sobre una investigación
interna luego que la empresa hiciera público sus balances y en los cuales hacía
constar ello mismo. La
causa originalmente surgió a raíz de una denuncia realizada por el abogado
Ricardo Monner Sans en septiembre de 2009, en la que daba cuenta del presunto
pago de sobreprecios en la compra de los aviones. Según el denunciante, el Estado desembolsó un pago total de 700 millones
de dólares. Considerando que la operación y la denuncia original
datan de cinco años atrás, sería
conveniente que la justicia de una vez por todas actuará solamente un poco más
rápido. No por el ex Presidente fallecido sino por los funcionarios que aún
siguen sus cargos y luego de cinco años deberían estar presos cuando que no
quedan dudas de la existencia de los sobreprecios en la compra, lo que
constituye significativa evidencia para que por malversación y desvío de fondos
públicos estos señores ya estén entre rejas.
Para realizar este nuevo anuncio la
presidenta habló nuevamente por cadena nacional y por octava en lo que va del
año. Todo se dio en un marco muy improvisado en el que se organizó un acto a
último momento en la Casa Rosada, y tal improvisado fue que se dio a conocer
sólo una hora antes de su inicio. Se anunciaron un total de seis medidas
“sociales” que supuestamente buscan compensar la inflación, y que rigen desde junio y julio. Cristina
Kirchner anunció un aumento del 35,3%
en la asignación universal por hijo AUH y por embarazo, que pasaran de $340 a $460 a partir de este
mes, e incrementos que van del 22 al 35% en los cuatro rangos de las
asignaciones familiares que cobran los trabajadores registrados que perciben
hasta 8.400 pesos, tomándose este como nuevo
tope salarial que se fijó para acceder a ese beneficio. Si bien llama la
atención la desprolijidad y el apuro
para realizar los anuncios, esto tiene una sola forma de interpretación,
conocida como urgencia de anuncios para todos en un año electoral. Aunque
originalmente habían sido preparados para más adelante pero lamentablemente no
se pudo.
Los escándalos que tocan al
gobierno, las desprolijidades en materia económica, el desastre del
congelamiento de precios, entre otros tantos fueron los causales para acelerar
la difusión del aumento de estas dádivas. Haciendo un poco de memoria, los
aumentos en AUH y asignaciones familiares en 2011 y 2012 fueron dados a conocer
en setiembre de cada año, sin embargo los análisis de situación y de contexto
hicieron que la decisión fuera no esperar. Porque casualmente tres días más
tarde se realizarán los festejos de los diez años de Gobierno, o como ellos lo
llaman “La década ganada”. Todo se realizó con festival y discurso de Cristina
incluido en Plaza de Mayo, sus diez años de permanencia en el poder, y una movilización que costó aproximadamente
unos $50 millones. Y volviendo a su discurso, la Presidenta anunció
también un plus por ayuda escolar de otros $340 por única vez, y aumentos de los
subsidios por discapacidad y fallecimiento. Sus dichos fueron apoyados por
diapositivas preparadas por la ANSeS, donde Cristina precisó que la inversión
total pasará de 24.273 millones de pesos a 41.076 millones, es decir, 16.803 millones más que, celebró, se
pondrán “en el mercado” para incentivar
el consumo. Aunque todo fue organizado rápido no faltaron los
aplaudidores, como sindicalistas y empresarios. El flamante titular de la UIA,
Héctor Méndez, extrañamente no estuvo presente siendo este su primer acto al
cual es invitado en la Casa Rosada. Cristina le dedicó un párrafo a los
industriales que piden acelerar la devaluación: y aseguró que la Argentina
tiene “el tipo de cambio más competitivo de toda la región”, con eso podría
haber terminado la noche pero se le escaparon igualmente algunas otras
estupideces más.
Respecto de la concurrencia, fue completa la asistencia de la CGT
oficialista, todos ubicados en primera
fila, lo que dejó más en evidencia a uno que pretendía pasar
desapercibido, el bancario Sergio Palazzo, quien revistaba hasta hace poco
junto al camionero Hugo Moyano. La Presidenta como era de esperar no mencionó la inflación pero se
mostró muy preocupada por la
escalada de precios, justo un día después de que el Gobierno anunciara el fin
del congelamiento con excepción de 500 productos. En este sentido, anunció que
pondría en las calles a militantes de la Campora en un plan que bautizó “mirar para cuidar los precios”.
Increíblemente aseguró que el Gobierno nacional “no aumentó un solo impuesto”,
y negó que exista mayor presión tributaria, aunque la realidad muestre que por no actualizar topes acorde con la
inflación real cada vez más se le cobra a más asalariados y jubilados Ganancias
y Bienes Personales. Siguientes estilo y antes de finalizar su alocución dijo
en referencia a las denuncias y causas judiciales que implican a funcionarios y
empresarios afines; “que digan lo que quieran, ya a esta altura”, mientras los
aplaudidores que colmaban su lugar en el mundo, hacían lo único que saben,
“celebrar con aplausos”.
Con el singular guiño del Gobierno y
luego de una reunión que se mantuvo en el despacho presidencial, para simplificar,
lo que sucedió fue que seis gremios cerraron allí sus paritarias sin discutir,
o siquiera negociar mejoras para los trabajadores con aumentos salariales todos
por debajo de la inflación real. La mayor parte de los acuerdos cerraron entre un 23 y un 24% escalonado, es decir, en
tres cuotas para este año. Se trata de los gremios, metalúrgicos,
bancarios, comercio, estatales, encargados de edificios y obras sanitarias, que
según precisó el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, abarcan al 40 por ciento
de los trabajadores comprendidos en convenio. En la mencionada audiencia con
Cristina Kirchner se dieron cita en la Casa de Gobierno los máximos exponentes
de los sindicatos afines al gobierno, se llegaron hasta ahí; Antonio Caló secretario
general de la CGT oficialista, Juan Belén y Francisco Gutiérrez de la UOM;
Armando Cavalieri de Comercio, José Luis Lingeri de Obras Sanitarias, Andrés
Rodríguez de UPCN y Víctor Santa María de SUTERH. Y por los apremios y
discusiones que venían manteniendo, la sorpresa fue Sergio Palazzo, titular de
La Bancaria y hasta ese momento alineado con la CGT opositora junto Hugo
Moyano.
Palazzo no se quedó a la conferencia
de prensa posterior que encabezó el ministro Tomada, pero su presencia alcanzó
para sembrar dudas sobre su continuidad junto al líder camionero. En la mesa de
negociaciones del despacho presidencial se ubicaron de un lado los referentes sindicales,
y del otro sus contrapartes empresarias, como Juan Carlos Lascurain, titular de
Adimra (industriales metalúrgicos); el presidente del Banco Nación, Juan Carlos
Fábregas, Osvaldo Cornide (CAME) y Carlos Ben, titular de AySA, entre otros. Por
supuesto en la cabecera se ubicó Cristina Kirchner, quien resultó casi una
figura decorativa ya que su función fue únicamente la de amedrentar a
cualquiera de los dos bandos. La tarea de impartir las órdenes que ella misma
había indicado con anterioridad fue del ministro Tomada y la viceministra de
Trabajo, Noemí Rial. Aunque el 24% que
obtuvieron los trabajadores de estos gremios implica un porcentaje algo mayor
de lo que el Gobierno se mostraba dispuesto a otorgar hace unos meses, pero
obviamente por debajo de lo que originalmente reclamaban los sindicatos, tanto
oficialistas como opositores. Para dar
un ejemplo, el titular de camioneros Hugo Moyano, está reclamando una suma no
menor al 30 por ciento para los camioneros y por supuesto luego de conocer lo
sucedido criticó duramente el porcentaje de aumento logrado por los gremios oficialistas.
Uno de los ausentes fue Gerardo Martínez de Uocra, cuya paritaria está trabada por falta de acuerdo con la
Cámara Argentina de la Construcción.
Otros gremios grandes que todavía no
terminaron su negociación son alimentación, camioneros y textiles. Con toda
esta puesta en escena, el Gobierno buscó enviar un mensaje muy claro para
lograr encarrilar y cerrar definitivamente los acuerdos que faltan. Todas las
paritarias de este año, que se dan en un contexto crítico, de caída en los
niveles de actividad económica y estancamiento en la creación de empleo
privado, y sumado a ello, en un año
electoral. Esta tanda de paritarias cerradas con gremios clave se da
además con demora y luego de que el Gobierno decidiera un continuar con el congelamiento
de precios en las cadenas de supermercados, buscando ponerle freno a la
inflación para generar un contexto más favorable que hiciera morigerar el
porcentaje reclamado por los gremios. Todos los dirigentes sindicales debieron
esperar en el Salón Blanco, a la Presidenta que como siempre y no importa con
quien ni donde tiene que esta alegre costumbre de llegar tarde. En medio de ese
salón para los grandes acontecimientos protocolares, que la Presidenta ya casi
nunca usa, pusieron las sillas en ronda y se dedicaron un buen rato a la charla
descontracturada.
El juez federal Ariel Lijo rechazo un pedido de excepción de falta de
acción interpuesto por la defensa del vicepresidente de la Nación, en
donde se sostenía que se debía dictar un “sobreseimiento” por “atipicidad
legal” de su conducta. Afortunadamente en una medida rápida y sin dudarlo, la
Justicia rechazó el pedido de
sobreseimiento del vicepresidente Amado Boudou, quien seguirá siendo
investigado por el caso de la empresa Ciccone, hoy estatizada y a cargo de la
impresión de billetes. Lijo que lleva delante de manera lenta la causa sostuvo,
“que la vía intentada por los abogados de Boudou para cerrar la causa en la que
está investigado no era la idónea para pedir el sobreseimiento, por entender
que esta solución legal es excepcional y sólo está reservada para aquellos
casos en los que la investigación versa sobre hechos manifiestamente atípicos”.
Cierto es que en esta causa existe una cantidad de situaciones atípicas, pero
todas ellas apuntan cada vez más a ratificar la culpabilidad del vicepresidente
de los hechos que se le imputan. El vicepresidente está siendo
investigado por enriquecimiento ilícito y por negociaciones incompatibles con
la función pública, en el marco del procedimiento que se instruyó para levantar
la quiebra solicitada por el propio Estado contra la empresa Ciccone y darle
una serie de facilidades de pagos nunca conocidas en la historia, y menos
dentro de las facultades del ministerio de economía, que levantaron algunas
sospechas. Fue Boudou quien, siendo ministro de Economía, se interesó para que
la empresa The Old Fund, que había adquirido la imprenta, se beneficiara con un
plan de pagos de su deuda impositiva. La firma The Old Fund quedó representada
por Alejandro Vandenbroele, amigo personal de vice, aunque todavía se lo
menciona sólo como un conocido y no como realmente es un amigo de Boudou de su
juventud.
Se lo menciona solamente como amigo
personal de otro amigo del vicepresidente el abogado, José María Núñez Carmona
quien había ocupado el departamento que el vicepresidente tiene en Puerto
Madero. El juez Lijo ordenó el cruce de llamados e informes de distintas
entidades públicas para analizar la cadena de sociedades que aparecen en la
operación. Fue por eso que hasta ahora no ordenó el peritaje contable que le
exige la defensa de Boudou. Ahora, ante este intento de Boudou por decretar su
inocencia, el juez Lijo rechazó “el remedio procesal” buscado y a su vez
explicó que “el planteo de una excepción es el ejercicio del derecho de impugnar
provisional o definitivamente la constitución o el desarrollo de la relación
procesal, denunciando algún obstáculo o deficiencia que se base directamente en
una norma de derecho”. En ese sentido, dijo el juez,“la excepción de falta de acción es
una facultad defensiva cuyo fundamento es permitir decisiones anticipadas
cuando, durante el transcurso del procedimiento se verifica la inutilidad de
conducirlo adelante hasta su terminación, cuando se demuestra que no es
necesario obtener la decisión final pues ya se conoce, anticipadamente, el
fracaso de la imputación como solución del caso o la imposibilidad de proseguir
la marcha procesal legítimamente”. El juez concluyo su explicación y sostuvo
que, de esta manera, en un caso así “al realizarse una imputación a una persona
determinada lo que se le imputan son hechos o conductas del mundo real, no calificaciones
jurídicas”. Al rechazar la pretensión dejó en claro que la conducta atribuida a
Boudou corresponde ser investigada porque constituye de hecho un delito
previsto en el Código Penal. En base a la solicitud de la defensa del
vicepresidente el abogado Ricardo Monner Sans hizo una denuncia penal. Recordemos,
que en un principio por maniobras del Gobierno para defender al delincuente,
fue echado el ex procurador General de la nación, Esteban Righi, apartado de la
investigación el juez original de la causa, Daniel Rafecas, y el fiscal Carlos
Rívolo, quien originalmente fuera el motor de la investigación actualmente casi
detenida.
El congelamiento de precios del inefable Guillermo
Moreno continuará en junio, y se reducirá a 500 productos dejando afuera a más
de 10.000 otros. Éstos
se concentrarán en artículos de primera necesidad vinculados a la canasta
básica, mientras que el resto se liberará "controladamente". El muy cuestionado
funcionario prometió presionar al sindicato
de Empleados de Comercio para que dividan su reclamo salarial a través
del pago de dos cuotas, al igual que han venido haciendo con otras centrales
obreras. La más o menos sería que el nuevo congelamiento se renegocie recién
después de las elecciones legislativas del 27 de octubre. Moreno luego de
discutir con los representantes de los supermercados Jumbo-Disco, Carrefour, Walmart y Coto, la vigencia del acuerdo
que nació en febrero pasado, explicó de partir de ahora serán militantes de la
Campora quienes salgan a controlar el congelamiento se cumpla. La realidad
muestra que la baja en las ventas minoristas, las presiones alcistas de los
fabricantes de alimentos, bebidas, productos de consumo masivo este acuerdo de
precios será difícil de sostener en el tiempo, debido a variables como los
aumentos generales de costos, y el cierre de las paritarias 2013. Estas últimas
han logrado que la vigencia del acuerdo de precios se encamine a un callejón
difícil de superar para todas las partes involucradas.
En estos
días se pueden apreciar claramente serios faltantes de productos básicos,
además de diferentes estrategias de los fabricantes para paliar la situación,
como reducir la cantidad de mercadería en los envases, o caída de la calidad y
falta de distribución masiva de los productos más importantes. Por otra parte,
los supermercados ya habían sido avisados de que una de las claves del acuerdo no
podría continuar aplicándose, la libertad para importar bienes premium sin tope
para que puedan ser vendidos a destajo por las cadenas. La caída de las
exportaciones, la salida de divisas del sistema financiero, la necesidad de
contar con más fondos para la importación de combustibles y el alza del dólar
paralelo hicieron que nuevamente el grifo para las compras del exterior de las
cadenas se cierre desde la Secretaría de Comercio. Ante este poco alentador
panorama era indispensable una nueva renegociación del acuerdo, Moreno había
autorizado en silencio subas de productos selectivos, incluyendo gaseosas,
lácteos, artículos de tocador, limpieza, carnes y embutidos. Ahora directamente
liberó todos los precios, salvo el listado de unos 500 productos básicos que
tendrán pisos y techos que los hipermercados deberán respetar. Además, 300 de
éstos también tendrán precios tope en todos los comercios, incluyendo los
supermercados chinos. A la lista de 500 artículos se suman alimentos como carne
vacuna y pollo, bebidas sin alcohol, lácteos, artículos de limpieza e higiene
personal. La elaboración de la nueva lista libera además, los precios de otros
10.000 bienes, que podrán ser ofrecidos a precios más altos y que, obviamente,
no serán medidos por el INDEC.
Moreno se
comprometió con los privados que intervendría directamente en las paritarias
que mantuvieron los representantes de las cámaras del sector y el gremio
mercantil traicionando a los trabajadores. Así los privados se comprometieron a
no trasladar a los precios de los 500 productos este incremento salarial, al
menos hasta la liquidación de los salarios dentro del segundo pago que los
empleados percibirán en sus bolsillos en noviembre. Por último, también se
determinó que la Supercard comience a aplicarse, pero en un nivel mucho menos
masivo que los 5 millones de usuarios que Moreno pensaba tener en un primer
momento. Lo cierto al respecto, es que con suerte habrán unos 100.000
plásticos, y los usuarios provendrán de los listados de los clientes de los
propios establecimientos y del Banco Hipotecario, que será el que administre la
tarjeta. Cabe recordar que
en un primer momento antes del lanzamiento de la tarjeta secretario de comercio
había llevado las cosas un poco lejos al asegurar que no se utilizarían más
tarjetas de crédito y que se reemplazarían por el plástico. Finalmente el
entusiasmo se terminó cuando la realidad golpeó a su puerta y Don Guillermo
entendió que la convivencia entre los supermercados, el cliente y los bancos
emisores de las tarjetas es una relación bastante difícil de romper.
