marzo 30, 2012

La carta orgánica del BCRA

Viniendo de un gobierno que jamás se caracterizó por las sutilezas de sus actos, el cambio jamás podría haber pasado desapercibido aun cuando el principal impacto del nuevo texto de la carta orgánica pasara por el uso de las reservas, y por el incremento en los límites del financiamiento al Tesoro, vía adelantos transitorios. Entonces considerando lo grosero era poco probable que pasara inadvertida semejante barbaridad, la sutileza de la que hablamos hizo que en los bancos se encendiera una la luz de alerta al conocerse el cambio introducido en el artículo 28 de la carta orgánica del banco central. El texto que regía hasta ahora indicaba que la integración de los requisitos de reserva no podría constituirse sino en dinero en efectivo o en depósitos a la vista en el Banco Central. Con la nueva redacción desaparece directamente la posibilidad de la integración de encajes en efectivo, por lo que obligatoriamente esos fondos que los bancos deben mantener inmovilizados y que representan un porcentaje de sus depósitos, deben ir directamente a la cuenta corriente del BCRA. Por consiguiente la sutileza del cambio incluido en el texto tendrá fuertes consecuencias para el sistema financiero. Aprobado por el Congreso, los bancos ya no podrán integrar los encajes con el dinero que mantienen en la caja, sino que deberán depositar la totalidad de esos fondos en una cuenta a la vista del BCRA.

Inicialmente estamos hablando de que la medida significaría nada menos que la transferencia de unos US$4600 millones que hoy manejan las entidades, directamente a las arcas de la autoridad monetaria. La medida tiene un efecto especialmente fuerte en los bancos con importante cantidad de sucursales, y especialmente aquellos con fuerte presencia en el interior del país, ya que son los que tienen mayor porcentaje de encajes en efectivo, es decir, distribuido en el cambio chico de cada una de sus sucursales. El Banco Nación, pese a ser estatal, es el que más sufrirá los efectos de esta medida debido a la cantidad de sucursales que posee en todo el país. Pero también impacta fuerte en varios bancos privados que tienen mucha presencia en el segmento minorista, por consiguiente también buena cantidad de sucursales. El artículo 28 establece también que los requisitos de reserva o encajes, no podrán ser remunerados, es decir, que por el dinero que los bancos deben mantener inmovilizado para tener mayor respaldo ante los ahorristas no perciben rendimiento alguno. Por lo tanto, al dejar de disponer de ese fondeo en las cajas, la consecuencia no sólo será un aumento de la tasa de interés ya que se retirarían del mercado $20.000 millones, sino además una caída en los resultados del sistema. El cambio del artículo 28 tiene otra complicación, ya que los bancos también realizan encajes por sus depósitos en dólares, y cerca de US$800 millones los que se tienen en efectivo en las sucursales para hacer frente a los retiros que efectúan los clientes.

Cuando esas divisas pasen al Central, automáticamente se sumaran a las reservas, y el monto es relevante. Inmovilizar $20.000 millones de lo que hoy tienen en sus cajas en el Central, generara un efecto negativo sobre la liquidez y las tasas de interés. Si el Gobierno está interesado en mantener tasas relativamente bajas para impulsar la actividad económica, esta medida va en la dirección contraria ya que afectara la capacidad de dar crédito. Para el Central, este paso le permitiría absorber una gran cantidad de dinero del mercado sin pagar un solo centavo. De esta forma, dejaría de emitir Lebac y Nobac por una cifra millonaria, por lo cual se ahorraría de pagar una tasa que supera el 12,5% anual. Como éste será un año de fuerte emisión monetaria, para evitar un mal mayor, el Central se vería obligado a absorber también un monto creciente de pesos, pagando por ello un costo que se reflejaría negativamente en su balance. Al recurrir a la absorción vía encajes, el ahorro será significativo. El ministro Hernán Lorenzino se financiará con más adelantos transitorios del BCRA, lo que significa más emisión monetaria, pero el intereses de la titular de la entidad monetaria, Marcó del Pont es el de absorber un porcentaje de la cantidad de pesos que se emitirá en parte para financiar al Tesoro sin incurrir en un gran déficit cuasi fiscal. Esto lo conseguiría absorbiendo una enorme masa de fondos sin pagar una tasa de interés por ello. Así, podría moderar el impacto inflacionario de la fuerte emisión prevista para este año y su traslado a precios. Otra posibilidad para evitar que la medida resulte más problemática seria hacer que el traspaso de encajes a las arcas del BCRA se haga en forma gradual a lo largo del año. De esta manera, los bancos podrían ir rearmándose sin que se produzca una suba tan sustancial de las tasas.

marzo 28, 2012

La fábrica de vagos

Los cambios a implementar en los Planes Argentina Trabaja fueron anunciados el 28 de febrero por la Presidenta y la ministra Alicia Kirchner, 30.000 de los 150.000 cooperativistas existentes empezarán en abril a hacer obras de mayor complejidad, como redes de agua y cloacas o tareas de saneamiento. También anunciaron que recibirán un plus por productividad de 300 pesos y otro por presentismo, de 250, que se pagarán cada dos meses, y afuera quedarán nada menos que 100.000 beneficiarios cooperativistas, que hoy cobran $1200 mensuales, que frente a promesas cruzadas y contradictorias de distintos funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social denuncian una nueva distribución clientelar de los planes. En medio del hermetismo del Gobierno y a espaldas de las organizaciones sociales no afines, en los municipios del conurbano se empezaron a conformar las listas con los 30.000 cooperativistas del Plan Argentina Trabaja (PAT) que, desde abril, tendrán derecho a cobrar $550 de aumento en sus haberes sólo bajo las condiciones establecidas. Pese a que la mayoría de los intendentes ya mandaron a sus funcionarios a conformar las nuevas cooperativas, los jefes comunales bonaerenses no saben con qué criterios serán elegidos ni cuántos de sus inscriptos percibirán los aumentos. Por eso, temen que las protestas estallen frente a sus puertas.

Por otra parte se encuentran aquellos otros 22.000 trabajadores que se habrían negado a capacitarse para realizar las nuevas tareas de mayor complejidad que también fueron excluidos. En la página web del Ministerio, dejaron trascender una pista sobre quiénes serán beneficiados, y serán quienes tengan mayor antigüedad en el PAT. Esta decisión no resulta para nada favorable a las organizaciones no kirchneristas, que tardaron casi un año en ser admitidas en la versión original del plan, simplemente por no ser afines al poder político. Sin embargo luego de innumerables protestas y cortes de calles que se repitieron durante meses, lograron entrar dentro de los planes pero hoy se preparan para el mismo escenario. El PAT fue anunciado por Cristina Kirchner en agosto de 2010, días después de la derrota electoral que Néstor Kirchner sufriera como candidato a diputado en las legislativas de aquel año. Por tal motivo y aun cuando fue presentado como un plan nacional, destinó casi la totalidad de los 150.000 puestos al conurbano, en un proceso marcado siempre por las mismas denuncias de clientelismo. En una primera etapa, se crearon casi 50.000 puestos que fueron entregados a los intendentes afines. Esos puestos fueron distribuidos por funcionarios, y punteros del PJ. Aunque desde hace un año que las organizaciones no kirchneristas son las únicas que reclaman aumentos, los 50.000 trabajadores de la primera etapa tendrán, por antigüedad, la prioridad para recibir la suba.

El resto deberá esperar y no hay información que diga por cuánto, y peor aún, es que tampoco se informo que para poder cobrar los aumentos, los trabajadores deben dejar las actuales cooperativas, de 60 miembros, e inscribirse en otras de 30 antes de fin de mes. Los punteros del PJ ya están repitiendo las maniobras de reclutamiento que hicieron cuando lanzaron el plan, en todos los municipios del conurbano bonaerense, dejando fuera a los integrantes de Barrios de Pie, la CTA y la Corriente Clasista y Combativa. El próximo viernes, si no hay respuesta, se sumarán el Polo Obrero y el MST, para cortar los accesos a la ciudad repitiendo una vez más lo sucedido en 2010. La mayor conflictividad se generará cuando se conozca fehacientemente si el número de integrantes del Movimiento Evita, uno de los grupos kirchneristas que más trabajadores registró en el PAT que quedaran afuera. Varios intendentes han reconocido su preocupación por las consecuencias del aumento parcial y admiten la realidad de los cooperativistas, es decir, admiten abiertamente la verdad “son muy pocos los que trabajan". Hay municipios que tienen entre 7000 y 15.000 cooperativistas, si todos trabajaran, estarían por todas partes, pero no es así ya que todos los días tienen una marcha, o algún acto oficial al cual deben concurrir. Por último, piqueteros e intendentes acuerdan en un punto con la Presidenta los trabajadores del PAT no son beneficiarios de un plan, porque detrás del silencio con que se preparan las nuevas cooperativas, sí habrá en cambio beneficiados, aquellos que no protestarán para no ser excluidos.

marzo 27, 2012

Ciccone capitulo V

La administración nacional en un nuevo intento por reescribir la historia, ahora apunta sus cañones para hacerlo en el caso de la empresa Boldt. Según la versión oficial el gobierno tiene razones suficientes para no sospechar lo denunciado por Boudou y lo dicho por el titular de AFIP, Ricardo Echegaray, en conferencia de prensa, quien defendió a Boudou de las acusaciones sobre una presunta influencia desde su cargo de ministro de Economía a favor de la empresa Ciccone Calcográfica SA y cuestionó la actuación del juzgado que tramitó la quiebra de la compañía. Y así cuestionó la decisión del juez Javier Cosentino a cargo de la quiebra de alquilarle a la firma Boldt las máquinas con las que operaba Ciccone. Esta fue una decisión, a nuestro juicio, equivocada, señaló Echegaray. El funcionario funda sus dichos en que el objetivo de la AFIP es cobrar impuestos y Ciccone había mostrado voluntad de pago, mientras que Boldt estaba teniendo inconvenientes con nosotros, lo cual fue al revés, desde el momento en que la AFIP pide la quiebra de Ciccone por la deuda millonaria que mantenía con el estado y no a Boldt. Así Boldt entonces se convierte en el nuevo enemigo público que el Gobierno eligió para desviar las sospechas de que el vicepresidente, favoreció cambios en el control de Ciccone, la imprenta más grande la Argentina y la única con capacidad para suplir al Estado en la tarea de imprimir billetes. Pero un análisis más detenido puede mostrar que el Gobierno una vez más editorializa la historia de Boldt.

Eternamente sospechada, superó su especialidad como impresora de seguridad en los 80, para procesar apuestas en Chaco y Corrientes. Y en los 90 aprovechó la decisión del entonces gobernador bonaerense Eduardo Duhalde de convertir a la provincia en tierra de casinos y tragamonedas. Boldt se quedó con el Casino de Mar del Plata y el de Tigre. Para inaugurarlos, estuvo Duhalde junto a Antonio Angel Tabanelli, principal accionista y timonel del conglomerado. Y las imágenes de Duhalde y Tabanelli inaugurando las ruletas se imaginan fácil entre los que quieren creerle a Boudou que Boldt opera desde el duhaldismo en su contra. La empresa entró en tensiones con el Gobierno desde que tuvo que abandonar la planta que alquiló con autorización judicial a la quebrada Ciccone luego de que la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia declarara su posición dominante por alquilar las máquinas de su competidor quebrado. Desde entonces, las respuestas de Boldt al Gobierno se anticiparon en expedientes judiciales y sus comunicados a la Bolsa. Las respuestas a Echegaray se anticiparon el año pasado en el expediente de la quiebra de Ciccone. Boldt le dijo al juez que no tiene acción penal por facturas apócrifas por que se sumó a la Ley de Blanqueo que la extinguió y que cuando Echegaray dice que lo acusan de malversar fondos, en realidad habla de una causa en la que Boldt es querellante. Boldt se convierte así según entienden desde el gobierno en un buen enemigo para buscarse cuando hay que desviar la atención y esquivar denuncias. El titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, mostró otro documento que presento en la Justicia.

Se trata de una nota de la AFIP dirigida al juez de la quiebra de Ciccone en la que el organismo pide que las maquinarias para imprimir billetes no queden en manos de Boldt que competía con The Old Fund para quedarse con Ciccone y sean entregadas a los nuevos dueños de la imprenta, lo cual no constituye ningún delito por cuanto la justicia había determinado con anterioridad que Boldt continuará operando a la ex Ciccone. Sin embargo, existe un pequeño problema Boldt está denunciada penalmente en la denominada megacausa “Viazzo”, iniciada en 1999 en Mendoza y por la cual se comprobó que durante años una “asociación ilícita” proveyó de miles y miles de facturas apócrifas a unas mil empresas privadas y un centenar de organismos públicos para justificar gastos. Boldt es una de las varias empresas que utilizaron estas facturas truchas para evadir impuestos y estafar al fisco. Echegaray se basa en esta megacausa para defender sus dichos pero en la nómina de compañías implicadas, también se encuentra Ciccone Calcográfica, un detalle que Echegaray casualmente omitió mencionar. Entre las empresas que utilizaron esas facturas falsas para evadir impuestos por un total de 600 millones de pesos, confabulándose en una mega estafa al Estado, se encuentras varias compañías de servicios públicos, como Telecom Argentina y Aguas Argentinas, Metrovías y TEBA, además de Ledesma, Gotti y Palma, OCA, Casino de Buenos Aires, Boldt, Southern Winds, Atanor, Ciccone Calcográfica, los bancos de San Juan y Columbia; Siemens, los supermercados Coto y Disco, y la pesquera Conarpesa, …Continuara.

marzo 23, 2012

De eso no se habla

Las actividades la Presidenta en los últimos dos meses, se han limitado sólo a trivialidades, utilizando día por medio la cadena nacional para realizar anuncios de cualquier tipo como si en la Argentina nada pasara. Cristina Fernández se ha convertido en una figurita, motivo por el cual su imagen pública ha bajado 10 puntos porcentuales aproximadamente. Parece que el accidente ferroviario de la estación Once de la concesionaria TBA, que dejó un saldo de 53 muertos y casi 600 heridos no hubiera sucedido, dos días después del mismo pidió a la justicia se realizaran los peritajes en un plazo no superior a quince días, sin embargo y lamentablemente un mes más tarde todavía no existen responsables y ella sigue manteniendo su boca cerrada, de eso no se habla. Tampoco se habla de la conflictividad social que existe con los beneficiarios de los planes Argentina trabaja, nada se dice respecto de la complicidad del vicepresidente en el caso de la ex Ciccone Calcográfica, el superávit fiscal cayó en el mes de febrero un 52%, y mejor ni hablar del informe presentado por la auditoría General de la nación respecto de la utilización de los fondos de la administración nacional de seguridad social, es decir el dinero de los futuros jubilados, que desde hace cuatro años se utilizan de forma indiscriminada para todo tipo de propósitos.

Eso sí, Cristina aunque no le gusta en el día internacional de la mujer convocó nuevamente a sus seguidores para aprovechando la fecha anunciar la firma de un convenio que apunta a considerar como una cuestión de seguridad la violencia doméstica. La Presidente explicó que la violencia doméstica mayoritariamente se ejerce sobre la mujer de diversas maneras a través del golpe, la agresión verbal, el insulto y la descalificación por el sólo hecho de ser mujer. El convenio celebrado entre el Ministerio de Desarrollo Social y de Seguridad busca concientizar a toda la sociedad respecto a que la lucha contra la violencia doméstica se haga carne en todos y cada uno, dijo Cristina. Apunta también a que los organismos de seguridad no maltraten a las mujeres cuando se deciden ir a efectuar las denuncias como asimismo perseguir a quienes cometen estos delitos. La ministra de Defensa, Nilda Garré, aclaró que otro de los objetivos es dejar de considerar estos delitos como privados, o de temas de familia. Estos son temas que requieren de políticas públicas, enfatizó la funcionaria. En general, las mujeres víctimas de violencia doméstica tardan, en promedio, entre 10 y 12 años para efectuar la denuncia alertó Garré, solo el año pasado hubo 272 femicidios. Las consecuencias de la violencia doméstica además no afectan solo a la víctima sino también al grupo familiar. Antes estos delitos se lo calificaban mayoritariamente como homicidio pasional es decir por amor pero más recientemente se los tiende a calificar como homicidios por violencia.

En el mismo acto la mandataria inauguró la Galería de los Ídolos Populares. Concurrió gran parte del gabinete nacional. Estuvieron presentes el vicepresidente, Amado Boudou, los ministros de Defensa Nilda Garré, de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, de Interior Florencio Randazzo, de Economía, Hernán Lorenzino, de Defensa, Arturo Puricelli, Justicia, Julio Alak, el jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, numerosos secretarios de Estado y un auditorio compuesto por artistas de casi todas las disciplinas que hoy se encuentran alineados con el poder político. La Galería está compuesta por más de 80 fotografías de artistas de todos los tiempos representando los amores de los argentinos. En los pasillos restaurados del primer piso, contiguo a la Sala de Periodistas, la mandataria saludo a los familiares y artistas que fueron invitados al evento. En las fotografías se veía a Diego Maradona, Juan Manuel Fangio y Charly García, Mafalda y el Eternauta, Patoruzù, La Mona Jiménez, Sandrini, Nini Marshall; Sully Moreno, y Astor Piazzolla, entre otros. Decíamos que no le gusta festejar el día internacional de la mujer, pues considera que es equiparar la celebración con la de una mascota o de algo parecido, y entonces porque no hay un día del hombre, ¿no?, preguntó al auditorio. Lo grave de la situación no radica en la inauguración de la galería, sino que éstas sean las ocupaciones visibles de nuestra primera mandataria. Por error u omisión Cristina Fernández en un plazo bastante corto pagará las consecuencias de su inacción.

marzo 22, 2012

Ciccone capitulo IV

La intervención del por entonces ministro de Economía, Amado Boudou en noviembre de 2010 de modo directo en el rescate de la empresa Ciccone Calcográfica es un hecho consumado y comprobado. Existe un documento oficial, firmado por el propio Boudou, en el que le pide a la AFIP que permita la continuidad de esa imprenta, en la que aun se sospecha que amigos y allegados al propio vicepresidente tienen intereses y que en ese momento estaba quebrada por deudas millonarias. El sector del Gobierno alineado con el vice intentó después imprimir en Ciccone los billetes de cien pesos. La nota del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas firmada por Boudou y dirigida a Ricardo Echegaray es, según la foliatura de ese ministerio, la número 154/10. Está incluida en el expediente 1-257899-2010 de la AFIP. El diario hoy, alineado al oficialismo, Página/ 12 le preguntó a Boudou, ¿Cómo veía la operación que involucró a Ciccone Calcográfica, en la que la AFIP había pedido su quiebra y luego se levantó para que la adquiriera el grupo The Old Fund? Entonces el vicepresidente respondió, que esa era una operación en la que no había influido y en la que no había tenido participación alguna, ni directa ni indirecta.

Lo mismo repitió en una entrevista con otro periodista amigo intentando despegarse del documento enviado a la administración federal de ingresos públicos con su propia firma. Pero considerando las posibles consecuencias a última hora de la noche, ese mismo día se desdijo y acepto, en una última entrevista televisiva, que si había enviado una nota a la AFIP pero sólo para que se preservaran las fuentes de trabajo en la ex Ciccone. El escrito oficial, que forma parte del expediente de la AFIP para tratar la situación de Ciccone, revela que Boudou lejos de tratar de preservar los puestos de trabajo, respaldó con su firma la propuesta de la agencia de recaudación para que la ex Ciccone ya en manos de la firma The Old Fund accediera a una ventajosa moratoria. En el documento, Boudou señala que la AFIP podía avalar la continuidad de Ciccone porque eso respondía a los lineamientos generales de este Gobierno, dadas las fuentes de trabajo generadas por la empresa y su importancia estratégica. La misiva dice textualmente:

Señor Administrador, Me dirijo a usted con relación la consulta efectuada a fojas 25 de las actuaciones de la referencia del registro de esa Administración Federal de Ingresos Públicos. Al respecto, en virtud del dictamen de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de esta Cartera que antecede y por sus fundamentos, se remiten los actuados a esa Administración Federal con el fin de que proceda a la sustanciación de la petición formulada por Ciccone Calcográfica S.A de conformidad con las atribuciones que le son propias. Sin perjuicio de ello, se le hace saber que este Ministerio considera que el ejercicio de las competencias propias de ese Organismo en el sentido de permitir la continuación de la empresa concursada, dentro de las atribuciones legalmente conferidas al ente recaudador y sin mengua del interés fiscal cuya tutela constituye su responsabilidad primaria, responde a los lineamientos políticos generales de este Gobierno, dadas las fuentes de trabajo generadas por la empresa y su importancia estratégica.
La nota firmada por Boudou, en respuesta a una consulta de Rafael Resnick Brenner, jefe de Asesores de AFIP demuestra a las claras que el vicepresidente intervino para que otro sector del Estado favoreciera a Ciccone una vez que allí había ingresado su amigo Vandenbroele, sindicado por su ex esposa, Laura Muñoz, como testaferro del vice. En la causa judicial que tienen el juez Daniel Rafecas y el fiscal Carlos Rívolo se investiga a Boudou por dos delitos, negociaciones incompatibles con la función pública y lavado de dinero. Para el primero de los delitos por los cuales está siendo investigado, se prevé que será reprimido con reclusión o prisión de uno a seis años e inhabilitación especial perpetua, el funcionario que, directamente, por persona interpuesta o por acto simulado, se interesare en miras de un beneficio propio o de un tercero, en cualquier contrato u operación en que intervenga en razón de su cargo. Ya para el delito de lavado de dinero las penas según el código procesal, se contemplan castigos más severos, de todas maneras todo está por verse. Continuará

marzo 21, 2012

Dinero fresco

La semana pasada, obtuvo media sanción de la cámara de diputados, y a fines de esta semana se convertirá en ley. Pero la presidenta del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Mercedes Marcó del Pont, había concurrido una semana antes al senado de la nación para defender este proyecto de ley. Durante su exposición en Diputados Marcó del Pont defendió el proyecto que por ese entonces recién había sido enviado por el Ejecutivo para reformar la Carta Orgánica de la entidad que lidera. La iniciativa que el kirchnerismo pretendía aprobar antes de fin de mes se convertirá en ley en solo diez días. Marcó del Pont aseguraba en sus dichos que históricamente los bancos centrales fueron creados no sólo para mantener la estabilidad de la moneda sino también para financiar a los Estados. Para hacer este proyecto se estudió no solamente nuestra propia historia y el rol del Banco Central, en función de qué objetivos la autoridad monetaria se planteó, sino también de la historia de los bancos centrales del mundo, afirmaba la presidente del BCRA. En ese sentido fue que remarcó que estos bancos fueron creados no sólo para mantener la estabilidad de la moneda, sino para financiar a los Estados, y este es un error en el que a menudo caen varios funcionarios y sobre todo en estos dos últimos mandatos kirchneristas.

Se trata de esta confusión entre estado y gobierno, que a estas alturas luego de casi 30 años de democracia ya resulta inadmisible, pero también debe entenderse que realmente se lo han creído. Tanto Néstor en su momento como Cristina actualmente creen ser el estado nacional y no el gobierno de turno. Lo que constituye la diferencia básica en el error es que el estado está constituido por la agrupación de un pueblo que vive en un territorio y delega el poder de mando en sus representantes, o el gobierno de turno. Por eso se dice que los gobiernos pasan y el estado siempre permanece. Realizada la aclaración del concepto, es evidente que la titular del banco central intenta justificar el por qué de la reforma de la carta orgánica del central, dejando más en evidencia la falta de caja del gobierno que a partir de ahora también utilizará las reservas para gastos corrientes. Además, continuando con las justificaciones sostuvo que limitar el papel de los bancos centrales al control monetario y no volcarlos a la economía real fue lo que engendró las crisis. Por otro lado, la presidente del BCRA aseguró que la reforma de la entidad monetaria permitirá atacar el problema de la inflación porque se podrá mejorar el mercado de créditos para que aumente la oferta de productos, un concepto errado por donde se lo analice.

Pensamos que los problemas con los precios tienen que ver con la oferta y la demanda, por lo que es necesario alentar el crédito para ir generando una mayor oferta y desconcentración de la producción, dijo la funcionaria. El proyecto incluye una reforma de la actual Carta Orgánica del Banco Central y además de la Ley de Convertibilidad de 1991, que ya fue modificada parcialmente en 2002 y 2005. En 24 artículos modifica las funciones del Banco Central otorgándole mayores poderes en la promoción de la economía real y una mayor regulación a las entidades financieras. El Gobierno lo explica diciendo que pasara de ser un Banco Central focalizado no sólo en preservar el valor de la moneda a uno con triple mandato, donde incorporan la estabilidad financiera y el desarrollo económico con equidad social. Se lo faculta también a regular y orientar el crédito a través de las instituciones del sistema financiero, y a promover la inversión productiva de largo plazo.

Los cuestionamientos de la oposición, que de todas formas no alcanzaron para frenar el proyecto ya que el Gobierno tiene mayoría de sobra, no se refieren a estos puntos anteriores, sino a la facultad que se otorga al directorio del Central para que defina el nivel de reservas que garantice el normal funcionamiento del mercado cambiario, en función de variables ridículas como cuenta corriente, cuenta de capital o las tendencias económicas internacionales. La norma establece también que el Central deberá informar antes del comienzo de cada ejercicio los objetivos y planes en relación con las políticas monetaria y cambiaria, y se agregan las financieras y crediticias. El tratamiento en el Senado tampoco iba a presentar problemas, ya que tanto Agustín Rossi, en Diputados, como Miguel Pichetto, en el Senado, dieron garantías a la Casa Rosada de que el proyecto se convertirá en ley antes de comenzar a ser tratado.

marzo 20, 2012

Ciccone capítulo III

Existen algunas situaciones en la vida de las que no se puede regresar, del ridículo, o de la mentira cuando las pruebas son como en este caso contundentes. En esas situaciones siempre es mejor callar, y dejar que la justicia se encargue de hacer las actuaciones correspondientes para aclarar y solucionar de ser posible las acusaciones, las denuncias, o simplemente continuar con los expedientes abiertos a causa del delito en cuestión. Boudou hasta el momento había mantenido la boca cerrada pero se le ocurrió abrirla y podría decirse, empeorar su situación. El actual vicepresidente denunciado por haber favorecido a un amigo personal en una contratación fraudulenta, motivo por el cual podría llegar a ser enjuiciado argumentó que hasta el momento no había hablado porque todo se trata de una sarta de mentiras. Y es muy difícil ponerse a desmentir afirmaciones que según el comento va leyendo y en las que se confunden intencionalmente funcionarios con socios de una empresa, o dueños con empleados. Sin embargo, en su intento por despegarse del caso el propio Vandenbroele saco una solicitada en la que ha reconocido su relación con Núñez Carmona y con un fallido intento de ambos por comprar un canal de TV de Mar del Plata, con la veña de Boudou.

Por su parte el vicepresidente sí ratificó que tiene una relación muy estrecha con José María Núñez Carmona, “soy socio de Núñez Carmona y lo he declarado”, pero nada tiene que ver esto con Ciccone ni con vínculos con las personas que se nombran aseguró. Luego el vicepresidente eligió a los diarios Página/12 y Ambito Financiero para dar su versión del caso, al que calificó de una gran mentira y en los que afirmó que se están moviendo intereses muy oscuros por detrás de toda esta trama, en la que también incluyó a los diarios Clarín, La Nación y al ex presidente del Banco Central Martín Redrado. Boudou salió a negar cualquier vinculación con el caso de la ex Ciccone y acusó también al duhaldismo y al grupo Boldt de estar detrás de las denuncias que lo vinculan con el levantamiento de la quiebra de la esa compañía. En ese sentido, agregó que el Estado podía hacer la impresión de padrones y pasaportes; lo que estamos viviendo hoy es la recuperación del Estado, de la Casa de la Moneda que ha vuelto a imprimir padrones electorales, papeles de seguridad para Lotería de la Nación, todos negocios que Eduardo Duhalde le fue dando a la empresa Boldt y por lo tanto, está atrás de toda la operación mediática. También evaluó que se debería investigar por qué el 10% de una empresa familiar cotiza en bolsa.

A Redrado, en tanto le endilgó haber ordenado, cuando era presidente del Central, que Casa de Moneda imprimiera menos billetes de los que hacían falta, algo que, dijo, se revirtió cuando llegó al BCRA Mercedes Marcó del Pont. En las entrevistas publicadas, el vicepresidente intentó explicar, que muchas veces se pelea contra poderes ocultos, poderes que se esconden detrás de sectores de la prensa, del trabajo que hace el Grupo Clarín y el diario La Nación utilizándolos a veces para hacer trastadas políticas, o por ejemplo, el duhaldismo y el duhaldismo residual, a veces para hacer negocios y negociados. Se refirió al grupo Boldt, como quien está detrás de todo esto y en la entrevista recordó que la firma Boldt es de la familia Tabanelli, cuyo principal operador político es el señor Guillermo Gabella, y señaló que esa empresa se ha ido quedando con todo el sistema de juego electrónico en la provincia de Buenos Aires sin ningún tipo de licitación, entonces según él sería lo mismo decir, que quién está detrás de todo es el actual gobernador de la provincia de buenos aires Daniel Scioli, constituyéndose parte del duhaldismo residual al que hace referencia. Desubicado ridículo y falto de argumentos, el vicepresidente busca fantasmas de conspiración y se enreda en sus propios dichos.

Toda una operación construida alrededor de mentiras, un montaje realizado por los diarios que intentan que él se preste a la agenda que plantean pero viendo todo lo que fue saliendo y que hay una causa, entendió que este era el momento adecuado para salir a contar las cosas según su versión. Boudou, además, se dijo confiado en que la Justicia va a determinar que no tiene nada que ver con los hechos que se le imputan. Negó cualquier tipo de relación con Alejandro Vandenbroele y dijo que no lo conoce, y que no es su amigo. La Justicia esclarecerá esta situación ya que ahora existe un trámite judicial que va a permitir dilucidar las cosas tal como son. Continuara.

marzo 16, 2012

De usos y abusos

Amado Boudou está atravesando tiempos turbulentos la investigación judicial que intenta dilucidar su vínculo con la compra de la ex Ciccone Calcográfica lo tiene a mal traer, sin embargo, el vicepresidente sigue mostrándose activo. Fue a la Fiesta de la Vendimia en Mendoza, y hace dos semanas fue a ver la primera carrera de Turismo Carretera emitida por la Televisión Pública, en el marco del programa Automovilismo para Todos. ¿Califica como acto institucional la emisión de una carrera de TC? El vice llegó el mismo domingo observó el triunfo del piloto marplatense Lionel Ugalde subió al podio con él, y luego regresó a la Capital Federal. Pero está furioso, después de la apertura de las sesiones legislativas en las que desde un palco de la Cámara de Diputados, donde se desarrolló la ceremonia, cayeron billetes falsos de 100 pesos, con su cara y la leyenda “Boudou miente”. La primera idea que circuló fue que el autor intelectual de los hechos había sido el opositor Gerardo Morales, pero se descartó, sencillamente porque las gradas del Congreso en este tipo de actos son ocupadas por tropa propia, es decir, militantes K o funcionarios del Gobierno. Entonces, Boudou empezó a mirar a sus enemigos internos. Al primero que le apuntó fue a Florencio Randazzo, ministro del interior, aunque sin fundamentos.

Cada vez que ocurre algo, Boudou tiene la costumbre de pensar que detrás de todo está Randazzo, sólo por el hecho de que se disputan parte del armado político en territorio bonaerense. Pero como no existe prueba sobre los autores de la “broma” que molestó al vicepresidente, también circuló otro nombre, el de Guillermo Moreno, secretario de Comercio Interior. Pero ese día Moreno había estado repartiendo alfajores y globos con la leyenda, “Clarín miente”, y los billetes hacían referencia al vínculo que se le atribuye a Boudou con la compra de la ex Ciccone, lo cual dejaba a Moreno libre de culpa también. Por todo lo dicho es lógico que el vicepresidente este nervioso y se sienta vigilado y hasta perseguido. Decíamos al principio que aún así, con todos estos problemas se encuentra muy activo y al mismo tiempo nos preguntábamos si correspondía calificar como acto oficial la emisión de una carrera de TC. La pregunta tiene que ver con una zona muy oscura como es la utilización de la flota de aviones presidencial, que no está regulada por ninguna norma, así que no hay ningún impedimento legal para que se la utilice incluso con motivos personales. Es una regla no escrita que debe usarse para viajes institucionales y no para actos que no califiquen como parte de la agenda de Gobierno.

Los gastos de las aeronaves de la Casa Rosada son pagados con fondos de la Presidencia, o gastos reservados, o si se quiere dinero público. La flota es usada con frecuencia por ejemplo por el vicepresidente Boudou, quien durante la campaña, se movía todo el tiempo al interior del país con aviones oficiales. En el caso de la carrera en particular llamó la atención de muchos que Boudou llegó en el Tango 02, uno de los aviones de la Presidencia. El argumento que esgrimieron en su entorno para justificar el uso de la aeronave es que se trató de un acto institucional, la primera transmisión pública de la competencia. Mover el Tango 02 cuesta aproximadamente $70 mil para un viaje ida y vuelta a la costa atlántica y eso incluye el combustible, el pago a los pilotos y el catering para toda su comitiva. Cuando el vicepresidente era Julio Cobos, utilizo alguna vez, el Tango 02, el 03 y el 10, para ir y volver a Mendoza. Después de la Resolución 125, el uso de los aviones le quedó vedado, con la excepción de cuando el radical quedaba al frente de la presidencia por ausencia de Cristina Kirchner. El Ejecutivo decidió quitarle el negocio del TC a Clarín, como lo había hecho con el fútbol, para que pueda ser visto por más cantidad de argentinos, para que no sea restringido, aunque se emitía por canal de aire y nunca en su historia fue codificado.

El vice calificó el hecho como “una medida de inclusión”, pero solo se trata de otra embestida contra el multimedios y no de una medida de inclusión. Lo concreto es que el fútbol de la A, la B y una parte del automovilismo ya se pueden ver por Canal 7, el canal oficial. Y Boudou disfrutó de la primera carrera llegando al lugar en la comodidad del segundo avión de la flota presidencial. El vicepresidente así como durante años hizo el ex ministro de Transporte Ricardo Jaime con los aviones de empresas públicas hace lo propio, también utiliza otras aeronaves, aunque no oficiales como el helicóptero de una constructora que busca ampliar su negocio de obra pública. La aeronave era una Bell 407 Long Ranger, matrícula LV-CIB propiedad de Ecodyma Constructora S.A., una compañía de Juan Ángel Bernardo Scaramellini, que hizo buenos negocios con la administración pública. En 2011 Ecodyma se asocio con Austral construcciones SA propiedad de Lazaro Baez íntimo de la familia Kirchner para realizar la canalización del Río Salado. Trabajaron en la construcción del Estadio Unico de La Plata y a cambio de US$50 millones ejecutó el 25% del estadio y también participó del Plan Federal de Viviendas del Bicentenario.

marzo 15, 2012

De las restricciones

No se puede negar que una política de sustitución de importaciones, que proteja a la industria nacional, que genere empleos y que tienda al desarrollo del país es deseable y bienvenida. El problema se da cuando esta política se ejecuta en forma compulsiva para alcanzar un único fin, el de evitar la salida de divisas. Una política de este tipo debería abarcar una planificación y un análisis sector por sector, que permita puntualizar para cada área productiva una serie de medidas específicas. Con las medidas actuales, pronto las falencias de nuestra producción local revelara la falta de inversiones y de planificación coordinada entre el sector público y el privado. Aparte debe considerarse que la Argentina no se encuentra descolgada del mundo y especialmente de sus países vecinos a través Mercosur. Una política de sustitución de las importaciones debe primeramente atender a estas circunstancias globales. Pero la política comercial está haciendo foco con mayor intensidad en los sectores que tienen una menor integración local, es decir, en aquellos que utilizan una mayor proporción de insumos o productos importados en el desarrollo de su actividad. Los principales sectores a los que se demanda la sustitución de importaciones, un aumento de integración de partes e insumos locales, un incremento de inversiones y un aumento de competitividad, son, el automotriz, el de bienes de capital, el de electrónicos, el de combustibles, el de agroquímicos y el de los medicamentos.

Se trata de los sectores que explican, aproximadamente, el 80% de los saldos deficitarios que presionan sobre la balanza comercial. Pero, al mismo tiempo, como en el caso de la industria automotriz, también se trata de los sectores que explican la mayor parte del crecimiento total de la industria nacional en los últimos años. Por lo tanto, será difícil esperar que no haya una caída en el crecimiento industrial, al menos en el corto plazo. Obviamente, ésos son los sectores que presentan una balanza comercial más deficitaria y, por lo tanto, se encuentran en la mira de un gobierno nacional que busca evitar a toda costa la salida de dólares. Para sumar a las ya existentes debilidades de la industria y la producción nacional en general, las nuevas restricciones a las importaciones tendrán un único final que será de a poco, pero al final quedarán desnudas. Otra de las formas en la que esta política de restricciones a la importación devela las fragilidades del entramado productivo nacional viene dada porque las nuevas medidas incluyen también la demanda de una mayor competitividad a aquellos sectores que en los últimos años crecieron, o se recuperaron, al amparo del freno a las importaciones de productos finales. Como es obvio, para dar por cumplida esa demanda de competitividad se requiere disminuir o evitar el desequilibrio que provocan en sus balanzas comerciales las importaciones de bienes intermedios, que son por demás necesarios en su cadena productiva.

En este sentido, uno de los casos testigo como ningún otro, es el de Tierra del Fuego. Y esto es porque que con el aumento de la producción local en la isla patagónica, si bien se logró una caída en las importaciones de bienes finales de aparatos electrónicos, se produjo paralelamente un aumento superior de componentes importados que no permitió mostrar un saneamiento de la balanza comercial. Lo que además se suma a la falta de precios competitivos de dichos bienes en mercado local. Por lo tanto, en este caso puntual, el requerimiento de una mayor competitividad se convierte en una espada de Damocles para la propia industria. Ya que si bien se puede pretender que eventualmente la producción local pueda proveer los productos intermedios necesarios, el gran problema es cuándo lo podrá hacer, de nada sirve que esto sea en 5, 10 o 20 años, ya que esto resultaría tan perjudicial para la productividad y la protección de los empleos, como la importación misma de los bienes terminados. Hasta ahora, a casi dos meses de instalados los nuevos requerimientos, las operaciones de importación "observadas", es decir que fueron detenidas en las aduanas, llegarían hasta el 20% del total desde la presentación de la Declaración Jurada Anticipada de Importaciones (DJAI). Pero a medida que se fueron agotando los stocks de los insumos importados que son necesarios para trabajar, la capacidad de producción que estaba a tope en muchos de los sectores estratégicos para la economía se fue convirtiendo nuevamente en capacidad ociosa. Así se ha ido descubriendo cuáles y cuántos de los bienes importados son posibles de sustituir y con cuáles la falta de stock significa una amenaza para la misma producción nacional, la que según el discurso oficial, se busca defender.

marzo 12, 2012

Fabricar vagos

Resulta más que obvio que el gobierno nacional se ha quedado sin caja para afrontar todo tipo de compromisos, de hecho la modificación a la carta orgánica del banco central y la supuesta salida de la convertibilidad como mencionó la Presidente días atrás, no es más que la forma fácil de hacerse de las reservas de la entidad monetaria para afrontar gastos corrientes. Otra de las frases que marcan esta realidad es la de la sintonía fina, esta es la idea rectora de Cristina Kirchner para su segundo mandato. Y salvo excepciones como la de los diputados y senadores, esta sintonía fina parece haber llegado también al Ministerio de Desarrollo Social. En un nuevo acto en la Casa Rosada televisado en cadena nacional, encabezado por la Presidenta, la ministra Alicia Kirchner anunció el inicio de una nueva etapa para el plan Argentina Trabaja, que alcanza desde 2009 a más de 150 mil “cooperativistas sociales” qué sería lo mismo que decir vagos alimentados y mantenidos por la clase trabajadora Argentina. Aunque este grupo debe también dividirse en dos sub grupos; aquellos que trabajan y aquellos que trabajan y pagan sus impuestos. Es entonces solamente del segundo grupo de donde sale el dinero para financiar a estos vagos.

El tema es que luego de los reclamos salariales que realizarán los beneficiarios de estos planes ante el ministerio de desarrollo social, se tomó la decisión que comunicaba la cuñada de la Presidenta. Aparentemente ahora habrá aumento, pero no será otro “aumento para todos”. Desde abril, el Gobierno se dispone a entregar un incremento de 550 pesos en el monto de los planes, pero para obtenerlos tendrán que cumplir con dos requisitos, el primero: productividad que entregará la suma de 300 pesos, y el segundo: el presentismo que entregará la suma de 250 pesos. Esta forma de atar un aumento a los planes sociales existentes sólo si se cumplen estos dos requisitos, nos deja ver una verdad que hemos repetido hasta el cansancio, durante los últimos cuatro años nuestros impuestos han pagado y alimentado los vicios de vagos y mal entretenidos. Hemos financiado el pago de un porcentaje muy grande de ese 54% de votos que obtuvo la Presidenta en las últimas elecciones. Entonces ahora que es necesario recortar gastos disfrazamos la realidad para otorgarles un aumento salarial a los más de 150 mil cooperativistas. Actualmente cada cooperativista percibe 1.200 pesos de bolsillo más 85 pesos que se destinan a monotributo social y seguro.

Con lo cual, en caso de percibir los incentivos llegaran a percibir 1.750 pesos. La Presidenta insistió en la necesidad de un esquema de premios y castigos, y destacó haciendo una especie de mea culpa que lo que le faltó decir fue que con cada derecho hay obligaciones. La ministra Kirchner precisó que desde abril se incorporarán a los cambios los primeros 30 mil cooperativistas del conurbano bonaerense y que en los siguientes 180 días el resto de los cooperativistas que ya están en el programa. Se mostró especialmente dura con 22 mil titulares del programa, quienes por declaración jurada indicaron que no querían capacitarse ni participar en trabajos de mayor envergadura en el futuro. Es que, según la ministra, esto es lo importante y lo que se viene, lástima que se acordó tarde ya que con sus dichos afirma más la teoría de que esta gente ha recibido un salario durante los últimos años sin hacer absolutamente nada. Por otra parte, especificó que se harán obras de alto impacto social, y puso como ejemplo obras hídricas y sanitarias, de saneamiento y construcción. Según un repaso de la ministra, que blandió números de muchos miles para cada rubro, los cooperativistas han trabajado en estos años en cuestiones como saneamiento urbano, pintura en vía pública, forestación y construcción de veredas, plazas y mejoras en escuelas, clubes y salas de salud, entre otras cosas.

Alicia Kirchner aseguró que hasta 2003 hubo una política social de fuerte asistencialismo proclive al clientelismo, lo cual resulta absolutamente hilarante. Considerando que lo que se viene realizando desde 2009 es precisamente lo mismo, dicho en otras palabras, el proyecto de matriz diversificada con inclusión social, o si se prefiere el modelo kirchnerista. Resaltó que los cooperativistas perciben sus ingresos con tarjeta “sin intermediarios” o punteros, a los que luego de retirar dinero del cajero automático les abonan lo que corresponda cada plan. La Presidenta definió los planes como una empresa de 150 mil trabajadores a los que con estos incentivos se les está dando una vuelta de tuerca importante. Se aclaró que en abril lo que se cobrara será solo los $1.200 y luego se percibirá en forma retroactiva la otra suma. Los planes han sido una herramienta política importantísima, en la provincia de Buenos Aires con “cupos” para las distintas intendencias del conurbano y también para las varias organizaciones sociales. Las que no son oficialistas piden más planes, y por no estar enroladas en el kirchnerismo han llevado incansablemente su reclamo a Desarrollo Social sin obtener respuesta alguna.

marzo 09, 2012

Ciccone capítulo II

En la primera parte de esta serie de artículos decíamos que era una historia con una trama larga y complicada. Y vaya si lo es, ahora se sabe que aún sin haber sido contratada por el gobierno para imprimir billetes de cien pesos, la ex Ciccone Calcográfica recibió la visita de un grupo de funcionarios públicos para hacer pruebas técnicas en el lugar. En medio de toda la controversia, y de las denuncias empleados jerárquicos de la Casa de Moneda llevaron a Ciccone un cargamento del papel y la tinta que usa el Gobierno para fabricar dinero, con el objetivo de realizar pruebas de impresión. Las máquinas de billetes que posee Ciccone son la Súper Orloff y la Super Simultan, esta maquinaria de Ciccone que controlaron los técnicos de la Casa de Moneda fue refaccionada con un crédito del Banquero amigo y preferido del gobierno Jorge Brito. Tanto el papel moneda como la tinta que se utiliza para la impresión de billetes son dos insumos estratégicos y su custodia es crucial para garantizar la seguridad de la emisión monetaria. El papel que el Estado usa para los billetes es de color blanco y rosa y la tinta se conoce como ópticamente variable o, OVI sigla de optically variable ink.

Las pruebas de impresión o técnicas que los funcionarios de Casa de Moneda hicieron en Ciccone empezaron a fines del año pasado, y continuaron hasta que el caso se hizo público al ser difundido por los medios masivos de comunicación. Tanto desde Ciccone como desde la misma Casa de Moneda, se supo que uno de los funcionarios que coordinó esta operativa fue el gerente general de esa entidad pública, el ingeniero Enrique Saliva, y lógicamente también hay una cantidad de empleados involucrados en esas acciones que son sólo eso, empleados. Ahora bien la salida del papel y la tinta de la Casa de Moneda debería haber sido registrada por las cámaras de seguridad de ese organismo, si es que en el momento en que ese trabajo se hizo estaban activas algo que aún se desconoce. Por otra parte, se sabe que todo ocurrió desde julio del año pasado y ahí cuando llegó a Ciccone, Vandenbroele tranquilizó por ese entonces a su personal diciéndole que en la imprenta habría trabajo garantizado porque después las elecciones iban a hacer papel moneda y que él llegaba a la compañía gracias al impulso del Gobierno, y específicamente de su contacto Amado Boudou. Dichos que pueden ser ratificados por decenas de empleados rasos de Ciccone, gerentes, y miembros del sindicato gráfico.

El 30 de enero, Soledad Daura titular de la casa de la moneda recomienda al Banco Central que habilite a Ciccone para que imprima la parte de la provisión de billetes de cien pesos que la entidad que comanda no alcanzaría a imprimir, por ello el Estado pagaría US$50 millones. Tanto el precio como la operatoria fueron resistidos por la titular del BCRA, Mercedes Marcó del Pont, lo que provoco la renuncia del gerente general del banco, Benigno Vélez, asesor de Boudou tanto en la ANSES como en el Ministerio de Economía, ya que Vélez era quien impulsaba dentro del BCRA que Ciccone confeccionase los billetes. La cifra exacta, esos US$50 millones, que significaba subcontratar a la ex Ciccone se mantenía bajo siete llaves, hasta que llegó al directorio del Banco Central (BCRA). El caso es que si se concretaba la impresión de 500 millones de billetes de 100 pesos, el costo sería un 16,72% más elevado que el precio que cotizó la Casa da Moneda do Brasil, cuando conformó una unión transitoria de empresas (UTE) con la propia Casa de Moneda local para paliar el faltante de billetes que asoló a la Argentina durante el verano de 2010, 2011. Y un 49,32% más caro que la oferta que presentó Boldt a fines de octubre de 2010, cuando alquilaba la imprenta de la propia Ciccone, según consta en un memo del Banco Central.

Esos valores también surgen del informe 687/1781 que en noviembre de 2010 preparó la Gerencia de Contrataciones del Central. A fines de 2011 el Banco Central salió otra vez al mercado para contratar otra impresión algo más grande, esta vez en lugar de requerir la impresión de 130 millones de billetes, salieron a buscar una cifra diez veces superior; 1300 millones. Pero algo ocurrió, se sabe que a mayor volumen, los costos fijos tienden a bajar, pero lo notable es que eso no fue así con los precios barajados esta vez. El 17 y el 26 de enero, la Casa de Moneda envió dos notas al Central, la 038/2012 y la 055/2012 para informarle, primero, su cronograma estimativo para la provisión física de billetes y, luego, para detallar que incorporaría la estructura productiva de la firma Compañía de Valores Sudamericana SA, es decir que subcontrataría a la ex Ciccone de Vandenbroele. Así quedo claro que no se completaría ninguna licitación o compulsa de precios. Hasta aquí ni Boudou ni la presidenta Cristina Kirchner habían hablado del caso a pesar de la investigación judicial que pesa sobre el vice. Continuara

marzo 07, 2012

La sin razón

El llamado “Proyecto X”, ya había sido admitido por el jefe de la Gendarmería, Héctor Schenone, en una nota enviada al juez federal Norberto Oyarbide en respuesta a una denuncia por tareas de inteligencia ilegal de la fuerza durante el conflicto laboral en Kraft-Foods, radicada en ese juzgado en noviembre de 2011, por el partido de izquierda PTS, dirigentes gremiales y de derechos humanos. La ministra de Seguridad, Nilda Garré, al igual que Schenone, luego de haber negado su existencia de forma pública se vieron obligados a defender la legalidad de la actuación de la Gendarmería en los conflictos sociales y afirmaban que el cuestionado Proyecto X, no era un plan secreto de espionaje sino una base de datos para la investigación de delitos complejos, y por ello obviamente no se había utilizado nunca para intervenciones en manifestaciones sociales. Sin escrúpulos por la falsedad de sus dichos, detalló que fue instalado en 2002 durante el gobierno de Eduardo Duhalde, cuando Miguel Toma era secretario de Seguridad. Como es común en el discurso de la administración nacional, Garre pateo la pelota intentando dejar claro que la culpa siempre la tiene otro.

Dijo que en 2006 el software debió ser actualizado y aseguró que desde 2009 no se le cargan más datos ya que fue reemplazado por un sistema para los tiempos que corren en el siglo XXI, aunque no especifico cual es ese nuevo sistema. También destacó que el software fue requerido por jueces y fiscales en 280 causas a lo largo de 5 años. Es tan conocido que lo denominan por su nombre original, dijo Garré en un giro que llamó la atención por la naturalidad que pretendió darle al asunto. Es que ella misma había advertido que aplicaría mano dura si se comprobaban violaciones a la ley. Las declaraciones de Garré no disipaban las dudas sino que embarraban aun más la cancha y por ello fue que la oposición renovó sus críticas, y muchos consideraron que las explicaciones de Garré no aclararon las tareas de infiltración, la realización de perfiles de los líderes y los “análisis” políticos de los conflictos. Garré convocó entonces a la prensa para exponer las conclusiones de la auditoría informática que ordenó sobre el “Proyecto X” en medio de fuertes presiones de la oposición que denunciaba la violación a la Ley de Inteligencia y del derecho a la privacidad de las personas.

La ministra expuso de pie con tono didáctico y sin apartarse en sus definiciones de la letra de un power point que le prepararon luego de concluirse la auditoría que encabezó el director nacional de Inteligencia Criminal, Gustavo Sibilla, quien también es su secretario de Planeamiento, y antiguo colaborador en el Ministerio de Defensa. Garre realizó la conferencia de prensa utilizando el formato único oficialista, en el que limitó las preguntas de la prensa, al permitir apenas tres, insistió en definir al “Proyecto X” como un software, solo una base de datos con vinculadores que permiten entrecruzar información. Garré fue enfática en desmentir que el “Proyecto X” se financie con gastos reservados lo cual también es mentira al tiempo que afirmó que nadie había sido investigado por participar en manifestaciones políticas o gremiales y que en la base de datos no hay ningún dirigente político, sindical, ambiental o indígena. Precisó que el “Proyecto X” funcionaba en el Edificio Centinela, sede de la Gendarmería en Retiro, donde sus funcionarios fajaron el ingreso al lugar, copiaron la aplicación y la base de datos para bajarlo y auditarlo en otro lugar, tras desconectar el servidor.

Si realmente fuera tan conocido y utilizado por juzgados varios, cabe reflexionar respecto del motivo por el cual debió realizarse una copia de la base de datos, y finalmente desconectar los servidores, ¿o no? Diferenció que nada tuvo que ver la base de los gendarmes en Campo de Mayo donde funciona la Unidad Especial de Procedimientos Judiciales (Uesprojud). Reconoció que esta unidad es la que interviene en manifestaciones pero que siempre lo hizo por pedido judicial, y no tiene acceso al “Proyecto X”. En este aspecto indicó que hubieron 938 actuaciones que se abrieron con orden judicial sobre un total de 1.200, con lo que admitió que Gendarmería primero actúa “preventivamente” y luego le comunica a la Justicia, lo cual constituye una verdadera locura. Pero aseveró que esto no se agrega a las bases del proyecto X que es solo para delitos complejos, exclusivamente. De 938 actuaciones precisó que en 578 los jueces pidieron identificar personas y en 576 notificar e intimar a manifestantes que cortaban rutas. La auditoría sería enviada al juez Oyarbide, quien lamentablemente investiga la denuncia contra la Gendarmería.

marzo 06, 2012

El uso del dinero publico

La ley de administración financiera prevé que el jefe de Gabinete puede efectuar las adecuaciones al presupuesto que considere necesarias, siempre que se respete el monto total aprobado por cada ley de presupuesto. Así basándose en la ley el jefe de gabinete puede realizar lo que se le ocurra con fondos públicos. Conjuntamente entonces, el jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, y el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, mediante una decisión administrativa publicada en el Boletín Oficial autorizaron al gobierno a realizar una nueva colocación de títulos de deuda por el equivalente a unos 3100 millones de pesos para pagar anticipos a proveedores y contratistas del Estado y ampliar asimismo el financiamiento para gastos corrientes del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. El refuerzo, según consta en la decisión administrativa Nº 43/12 publicada en el Boletín Oficial, resulta necesario para realizar inversiones en obras de infraestructura energética, destinadas a la ampliación de la capacidad de transporte de los gasoductos troncales de la Argentina, como también para continuar con la ejecución de políticas inclusivas en materia de comunicaciones y cumplir con los objetivos establecidos para la Dirección General de Fabricaciones Militares, entendiendo que esta última es sólo para camuflar la realidad del destino de los fondos.

En rigor de verdad la distribución según lo establece el decreto, se realizará de la siguiente manera, se otorgará un refuerzo neto de 3050 millones de pesos en los créditos de la partida de adelantos a proveedores y contratistas a largo plazo y de 49,8 millones de pesos de gastos corrientes y de capital del Ministerio de Planificación Federal, que encabeza Julio De Vido, financiándolos mediante la colocación de títulos públicos a largo plazo. La normativa, no obstante, no indica cuáles serán la modalidad y los procedimientos para la colocación de los títulos ni tampoco qué tipo de bonos se utilizarán para la obtención de los recursos financieros. Aunque, generalmente, lo que viene sucediendo es que los títulos se colocan entre distintas administraciones del Estado, como por ejemplo, la Anses. Esta nueva decisión se toma en momentos en que la Argentina no tiene posibilidad alguna de acceso al crédito en los mercados financieros internacionales, tras el default y el canje de la deuda soberana, pero sobre todo como consecuencia de la deuda impaga con algunos acreedores y con el Club de París, al cual se lo viene esquivando desde hace más de cuatro años. También la crisis Griega, y de otros países de la eurozona deja poco margen para el apetito de los inversores internacionales por activos considerados de riesgo, como sería el caso de la Argentina.

La medida establece además una serie de readecuaciones presupuestarias entre programas de los organismos descentralizados del Ministerio de Planificación, en beneficio de la Administración de Recursos Técnicos de Telecomunicaciones y Radiocomunicaciones, y la de Desarrollo Tecnológico, Infraestructura y Otros Servicios de Comunicaciones, ambas en la órbita de la Comisión Nacional de Comunicaciones, con 72,5 millones de pesos y 28,1 millones de pesos, respectivamente. Asimismo, se refuerzan en 50,8 millones de pesos las aplicaciones financieras de la Dirección General de Fabricaciones Militares, disminuyendo en igual cuantía las autorizaciones para gastos de capital del organismo, es decir, por un lado se asigna el dinero, y por otro al no permitir que se efectúen gastos del capital recibido, el mismo regresa a la misma caja de la cual salió. Por otra parte, Argentina y Brasil renovaron su convenio de intercambio de energía eléctrica y analizaron la posibilidad de que Petrobras explote gas no convencional en el país. Entre De Vido y su par brasileño de Minas y Energía, Edison Lobao anticiparon que ambas naciones crearán un ente binacional para explotar la represa hidroeléctrica Garabí. Lo que nos hace pensar que igual que siempre esta obra binacional no se llevara a cabo y seguirán desviándose recursos al ministerio de planificación federal utilizando la obra como excusa para solventar gastos de cualquier tipo con dinero público.

marzo 05, 2012

¿Justicia?

Antes del discurso de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, del cual hablaremos más adelante y precisamente dentro del poder legislativo se dio una situación bastante particular que inclusive, logró esquivar la sintonía fina que impulsa la presidenta Cristina Kirchner para recortar algunos gastos excesivos del la administración nacional. En medio del asombro de toda la opinión pública, y lógicamente de la gente común, en momentos en los que además el gobierno planteaba aumentos salariales con topes preestablecidos los diputados y senadores, vieron sus recibos de sueldo del mes de enero con incrementos que alcanzaron algo más de un 100%. Y en otros casos hasta un 150%, lo que implica un promedio de ingresos de bolsillo en un rango desde los $30.000 a los $39.000. El nuevo alza salarial se concretó luego de aprobarse el aumento del presupuesto del Congreso de un 45% más que el año pasado, y gracias a una resolución conjunta que firmaron, a fines de diciembre, los flamantes presidentes del Senado, Amado Boudou, y de Diputados, Julián Domínguez. Según parece todo sucedió en respuesta al descontento de la mayoría de los legisladores, que denunciaban desde hacía tiempo atraso en sus dietas lo cual por supuesto resulta una tremenda mentira.

Hasta fines del año pasado, los senadores y diputados nacionales cobraban un ingreso promedio mensual de $15.000 a $17.000, sin contar el paquete de pasajes aéreos y terrestres, y además de beneficios como el de desarraigo lo cual hacía que alcanzarán una cifra promedio que rondaba los $60.000. Boudou y Domínguez les dieron la razón a sus colegas legisladores, al parecer las dietas estaban atrasadas. ¿Cuál fue la explicación?, según el vicepresidente no era posible que un diputado o un senador de la Nación ganase menos que un secretario del Poder Ejecutivo, o peor aún, que un empleado jerárquico del Congreso. Domínguez se hizo cargo de la Cámara baja, en diciembre último con la instrucción de instrumentar esta barbaridad. Que un gobierno que se jacta de la redistribución equitativa del ingreso permita una actualización de estas características no tiene ni pies ni cabeza. De todas maneras Boudou y Domínguez dispusieron en una resolución conjunta que el ingreso de un legislador debía ser un 20% superior al del máximo cargo de dirección de los empleados del Congreso. En la misma resolución se dispuso una reducción del 21% en el beneficio por desarraigo monto incluido en la dieta que reciben los legisladores del interior, pero se mantuvo intacto el cobro de pasajes, que equivalen a 20 tramos aéreos y otros 20 terrestres por legislador para movilizarse desde y hacia la Capital.

La controversia respecto de estos pasajes, surgió casi a mediados del año pasado cuando se supo que muchos diputados y senadores los vendían sumando a su ingreso un plus salarial en negro a razón de $552 que deben ser multiplicados por los 40 pasajes que tienen en el año. Es de sentido común actualizar las dietas al menos al nivel de un subsecretario de Estado, que cobra unos $30.000 mensuales o de un ministro que cobra $45.000, explicó Domínguez, que fue ministro de Agricultura hasta el 10 de diciembre pasado. La cuestión de las dietas ha sido desde siempre un tema complicado en el Congreso, debido al pésimo desempeño de su función que se les endilga a los legisladores, y a lo inoportuno de los aumentos, generalmente en medio de severos ajustes en la economía. Sabedores de que cualquier alza en sus ingresos es motivo de polémica, los acordaron en el mayor de los silencios. La decisión de Boudou y Domínguez de duplicar las dietas en un año de ajustes rompió todos los moldes, no sólo por la magnitud del aumento sino porque, además, se acabó la mentira.

Lo que se hizo fue sincerar una situación que nadie se atrevió a hacer pública por la polémica que este tema genera en la gente. Llegado fin de año, el presidente de la Cámara baja anticipó a sus colegas opositores su plan de aumento salarial para este año, sin embargo nadie lo imaginó posible hasta que lo vieron acreditado en sus cuentas bancarias. Todos, ninguno quedo fuera, oficialistas y opositores aplaudieron a rabiar los flamantes beneficios percibidos ya que según algunas voces el aumento firmado era de estricta justicia. Eso fue hacer justicia, ahora el oficial de policía con rango más bajo que debe cuidar a cada ciudadano hoy cobra un sueldo básico de aproximadamente $3000, debe comprar si lo desea un segundo uniforme y el chaleco antibalas reglamentario, eso si, se les descuenta de su recibo de haberes en cómodas cuotas. Parece que el concepto de justicia es demasiado grande para justificar semejante barbaridad.

marzo 01, 2012

Los falsos argentinos y argentinas

La lista de fallidos cometidos a lo largo de los últimos ocho años de este gobierno, es casi tan larga como la de funcionarios corruptos que en él se desempeñan. Uno de estos ejemplos podría ser el caso de el dialogó en una videoconferencia de la Presidenta Cristina Fernández con Armando Antonio Domínguez durante el acto de inauguración de una fabrica. En él, mientras se presentaba a quien suponía ser un honrado y simple trabajador cementero de Olavarría, omitieron decirle a Cristina que en realidad este humilde hombre es un dirigente político y un peso pesado dentro de la estructura del PJ, en esa ciudad. "Antonio, vos no sos dirigente político, sos un trabajador que defiende su lugar de trabajo", le dijo la Presidenta. Sin embargo, resultó que Domínguez forma parte del secretariado general de AOMA, la Asociación Obrera Minera Argentina de Olavarría desde hace 19 años y fue el interventor en la seccional de San Juan durante alrededor de un año. Además, fue presidente del PJ de Olavarría. Al parecer tiene más de treinta años de militancia. En los últimos años hubo otros casos de personajes espontáneos y anónimos que aplaudieron, elogiaron y hasta defendieron violentamente la gestión oficialista disfrazados como “argentinos, o argentinas”.

El caso del falso ruralista en el funeral de Néstor Kirchner, si, el titular de la Sociedad Rural de Morteros (Córdoba), Ider Perreti quien se acerco a la familia presidencial como un ciudadano más de a pie y, entre otros halagos a los gritos dijo, “el campo nunca tuvo tanta rentabilidad como con los Kirchner”. Sin embargo, el saludo y agradecimiento de Peretti se explicaba por su buena sintónia con el Gobierno. En enero de 2009, el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, acudió a una reunión con Peretti en la Sociedad Rural de Morteros y a las pocas horas el quincho del lugar fue incendiado. El funcionario luego respaldo a Peretti. Después del sepelio del ex presidente, Peretti compartió escenario con la misma presidenta en un acto en Córdoba y brindó un discurso oficialista. Otro "falso positivo" del funeral de Néstor Kirchner fue el recordado barítono que entonó un emocionante Ave María en honor al ex Presidente frente a las cámaras de TV. Ernesto Bauer sorprendió a todos por su espontaneidad y talento aunque se trataba del hermano del director de medios Tristan Bauer quien regularmente visita a la Presidenta en la Quinta de Olivos.

El caso de Pitu sin tierras, Alejandro Pitu Salvatierra emergió como líder de la toma del Parque Indoamericana a finales de 2010, como la voz de los sin tierras que pedían una vivienda. Pitu incluso se reunió en Casa de Gobierno con el entonces ministro del Interior, Aníbal Fernández, y el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, para destrabar el conflicto. Pocos días más tarde, se reveló que en realidad se trataba de un militante oficialista de Villa Lugano que pertenece a la Tendencia Nacional y Popular del legislador porteño Nenna que apuntalaba la candidatura porteña de Daniel Filmus. Además, Pitu trabajaba en la fundación madres de plaza de mayo de la que fue echado a semanas de la toma de Soldati. La patota morenista, el 8 de enero de 2010, en plena "crisis" por las reservas del Banco Central, un grupo de empleados del BCRA se presentó en la puerta de la entidad para respaldar a Martín Redrado, que se enfrentaba a la Rosada. De pronto irrumpió para impedirlo un grupo de autoconvocados que no resultaron ser tales. Eran militantes Kirchneristas de la matanza y el funcionario del INDEC Claudio Comari, bajo las órdenes del secretario de comercio interior Moreno.

Otro fue el caso de Alfredo De Angeli quien fuera recibido con huevazos y trompadas en una jornada cárnica en la localidad bonaerense de Azul. Los agresores no llevaban banderas oficialistas ni distintivo político alguno, pero se trataba de otra patota de Moreno encabezada por Fabián Ochoa, el secretario general del Sindicato de Mercado de Hacienda de Liniers que respondiendo a las ordenes del funcionario entraron en acción. Y ya fuera del ámbito puramente kirchnerista, otro que apelo a este tipo de fallidos fue el legislador Aníbal Ibarra que vivió uno de los mayores papelones de su carrera política cuando filmaba una nota televisiva en la campaña legislativa de 2009. A medida que lo entrevistaba el periodista Daniel Malnatti se le acercaban supuestos vecinos del barrio para felicitarlo y pedirle que vuelva a postularse para su antigua función, tras haber sido destituido como jefe del gobierno porteño por la tragedia de Cromañón en la que murieron más de 150 personas. El mismo equipo del noticiero “Telenoche” se dio cuenta del engaño, los supuestos vecinos ibarristas habían sido pagados. Fue tan ridícula la situación que inclusive se pudo ver el momento cuando el legislador les pedía a sus "seguidores" que dejaran de acercarse a para saludarlo. Pero ya era tarde, lamentablemente esta es una parte de la Argentina en la que vivimos y de aquellos que nos representan y que son gobierno.