Así mientras el júbilo popular afectaba el discernimiento de los gobernantes día a día nos encontrábamos con menos posibilidades para negociar la soberanía de las islas una vez recuperadas según se había planeado originalmente. La secuencia de las negociaciones deja ver el poco margen que iba quedándole a la argentina, ya que primero se reclamaba la soberanía de las islas y luego terminó siendo una burla de la OINU hacia el pueblo argentino. Se llego a considerar un gobierno conjunto de varios países incluidos Argentina y Gran Bretaña y más adelante ya se discutían los términos del cese del fuego, la rendición y el retiro de tropas mientras se cedía la administración de las islas a la ONU. Al final sólo se evaluaba el retiro de las tropas, y la reposición del gobierno británico para luego consultar a los isleños sobre su futuro soberano. De todas maneras en esta, mi visión tanto de los hechos como del informe no puedo dejar de mencionar nuevamente dos cosas en particular: la primera la responsabilidad del gobierno argentino en las pésimas decisiones tomadas, en las responsabilidades incumplidas de hombres como el Brigadier General Mario Benjamín Menéndez. Y la segunda, una que es imposible no mencionar: todos los integrantes de la comisión que redactaron este informe eran militares de carrera, retirados con mucha preparación inclusive en el exterior pero ninguna experiencia viva en combate.
Los libros nos enseñan muchas cosas pero nada puede prepararnos para un análisis como el que se hizo, más que la experiencia de los libros aplicada en la realidad de los hechos. Respecto del análisis sobre las tácticas, decisiones logísticas y estrategias aplicadas en el campo de batalla, estoy de acuerdo, pero de ninguna manera comparto la crítica respecto del accionar de aquellos que estuvieron, lucharon vivieron y murieron en el campo de batalla. Es por eso que no estoy de acuerdo con lo que sigue, pero así se redacto el informe. En el análisis se describen uno a uno los errores de cada comandante en jefe, como la falta de coordinación entre las fuerzas; la mala selección de las unidades enviadas al frente y su pésimo despliegue; horrendo adiestramiento; armamento inadecuado y fallido, entre otros. También describe como mencionaba los errores del gobernador militar Mario Benjamín Menéndez. Comando ineficaz, desconocimiento de la verdadera situación táctica, física y moral de las tropas, indecisión para atacar cuando era posible. Entre lo peor se hace mención a la pésima logística en el transporte de tropas, armas, equipos, alimentos y abrigos. Ciertamente tampoco hubo al igual que lo hiciera estados unidos durante la segunda guerra mundial, una conciencia ni aun por decreto que obligara a las empresas públicas y privadas a satisfacer de inmediato las necesidades de la guerra, en todo sentido municiones armamento, o pertrechos de cualquier tipo.
Otra parte del informe critica la falta de información precisa, una pieza clave para la Acción Psicológica. Hubo según se describe un ineficiente control de la información, y desbordes periodísticos con efectos triunfalistas multiplicadores en el público. El equipo de Rattenbach le achaca al Estado Mayor Conjunto que por los criterios disímiles de los informes de cada fuerza, no pudo saberse “un dato clave“, cuánto costó la guerra. Pero la pregunta es, ¿a quién le importa si se sabe o no cuanto costo en términos económicos? Todos sabemos que el costo de la guerra sólo se cuantifica por las vidas que se pierden en ella. Finalmente se responsabilizan a cada organismo de comando y a diecisiete personas en particular para establecer culpabilidades políticas, penales y disciplinarias, por la existencia de negligencia, impericia o inobservancia de los reglamentos militares. A los comandantes de la Junta y también al incapaz canciller Nicanor Costa Méndez se le atribuyen incumplimiento de los deberes de funcionario público, y sanciones contempladas en el Código de Justicia Militar, que van desde la destitución, o la prisión mayor, de dos a seis años o hasta 25 años de cárcel, la reclusión e inclusive la pena de muerte, planteada como posibilidad para Leopoldo Galtieri, el almirante Jorge Isaac Anaya y los coroneles Reposi y Mabrañaga, acusados de haberse plegado a una capitulación ordenada por otro militar cuando sus fuerzas aún contaban con medios de defensa.
Para otros oficiales superiores se sugieren penas menores por haberse rendido antes de tiempo, y al gobernador Menéndez se lo acusa de varios delitos militares que no lo dejan muy bien parado como alguien idóneo y mucho menos valiente. Alfredo Astiz, quien rindió sus tropas asentadas en Puerto Leith en las Georgias del Sur sin efectuar la debida resistencia no fue sumariado por la Armada, como sí había ocurrido con el capitán de corbeta Luis Carlos Lagos, que se comportó de igual modo en otro puerto de las Georgias. Cristina Kirchner alabó a los comisionados y reivindicó su trabajo. Seguramente no lo habría leído con atención ya que en las conclusiones, indica que “La República Argentina no posee una política militar orgánica, con fines y modos de acción claramente establecidos”, una situación que aun hoy persiste al igual que cuando explica textual; “Que el Servicio Exterior no acreditó el alto nivel de eficiencia profesional que exigía el conflicto, lo cual reclama una mejor y más exigente capacitación y selección de los funcionarios”. ¿Qué fue lo que sucedió, la presidenta no leyó esta parte? Quizás este último concepto les interese a estos mocosos de La Cámpora que hoy controlan el Instituto del Servicio Exterior. Continuara.
febrero 29, 2012
febrero 28, 2012
El informe Rattenbach. Mi visión Parte I
La Comisión de Análisis y Evaluación de las responsabilidades en el llamado conflicto del Atlántico Sur estuvo integrada por seis oficiales superiores retirados, dos en representación de cada Fuerza, el teniente general retirado Benjamín Rattenbach y el general de división Tomás Sánchez de Bustamante; el almirante Alberto Pedro Vago y el vicealmirante Jorge Boffi; el brigadier general Carlos Alberto Rey y el brigadier mayor Francisco Cabrera. Su función, investigar y explicar por qué, para qué y cómo Argentina había llegado a entrar en batalla con el Reino Unido. El general Reynaldo Bignone fue quien allá por diciembre de 1982 anunciaba la creación de esta comisión independiente. Para hacer su tarea, se les dio la facultad de solicitar informes, documentos y antecedentes a cualquier organismo público, a personas y empresas públicas o privadas. También podían tomarles declaraciones testimoniales a quienes quisieran. ¿El objetivo? Ofrecer una opinión fundada y determinar el desempeño de los conductores de la guerra, y sus responsabilidades para luego en caso de ser necesario, juzgarlos por la justicia ordinaria, o por tribunales de disciplina militar respectiva, en la forma que legal y reglamentariamente corresponda. Sin embargo eso no ocurrió.
Hoy treinta años después, la Presidenta anunció dos veces la difusión de ese trabajo secreto, cuyas conclusiones ya fueron publicadas varias veces desde que fuese confeccionado. Resulta al menos un poco curioso que la jefa de estado en su anuncio reivindicase la figura de quien presidía la Comisión, debido a que el viejo general Rattenbach era un acérrimo antiperonista, sin embargo así fue. Durante diez meses, recogieron testimonios, clasificaron documentos papeles y reconstruyeron el proceso bélico que con desprecio calificaron como una aventura militar. Entendiendo que todos los integrantes de la comisión eran militares retirados, y no sólo eso sino que aparte jamás habían entrado en combate alguno; entonces cabe preguntarse ¿cuáles fueron las credenciales que los habilitaron para realizar un informe supuestamente tan preciso? Más aún considerando que ni siquiera estuvieron cerca del conflicto en sí. Que fueran militares retirados no les da la autoridad suficiente para juzgar lo sucedido en las islas durante el combate y menos criticar el desempeño de aquellos que pelearon murieron, y el de los que pelearon y lograron volver a casa.
Aun así, el informe consta de diecisiete tomos, de los cuales uno corresponde al cuerpo principal, diez a los anexos, cinco a las transcripciones de las declaraciones y uno a las actas. El texto es duro, y solo en su primer frase honra a aquellos héroes y denosta a varios de los responsables: “Si los mandos de la Nación no apreciaron correctamente las posibilidades del país ni previeron las consecuencias ulteriores, de muy poco han servido el entusiasmo nacional, el sacrificio de los hombres que yacen en las Islas y en el fondo del mar, y el coraje de los que supieron empuñar honrosamente las armas”. También existe un resumen detallado de las negociaciones diplomáticas llevadas a cabo hasta el 2 de abril de 1982 entre el gobierno argentino y el gobierno de Margaret Thatcher desde 1979, 1980 hasta 1981. Una de las ofertas Británicas, por ejemplo fue la de transferir la soberanía de las islas a la Argentina, con un inmediato arriendo al Reino Unido solo por 99 años. El lógico endurecimiento de la postura argentina tras planteos de estas características llevó a graves yerros e improvisaciones diplomáticas con la consecuencia obvia del desembarco del 2 de abril.
Tampoco se tuvieron en cuenta los muchos rechazos de países hacia el gobierno argentino por la cuestión de los derechos humanos, otro error en la lista diplomática. Pero las confusiones desplegadas por los jefes militares en la planificación del desembarco también deben ser mencionadas. El último documento de planificación bélica se redactó el 4 de abril, dos días después de haber tomado las Islas, es que según redacta el informe, la reacción popular le hizo sentir al Gobierno nacional un fuerte respaldo a sus acciones, motivo por el cual el ex Presidente Leopoldo Fortunato Galtieri, un alcohólico empedernido se sintió casi obligado a comprometerse con el pueblo. Este compromiso luego significaría la pérdida de la posibilidad de continuar con la idea original que disponía como objetivo primario ocupar para luego negociar. Esta situación, de apoyo popular encegueció de tal manera que nadie en el gobierno pudo ver lo que era evidente, Gran Bretaña enviaría tropas para reconquistar las islas, y lavar su honor. Esta falta de previsión para enfrentar una respuesta militar aceleró improvisaciones para articular una mínima estrategia defensiva. Continuará.
Hoy treinta años después, la Presidenta anunció dos veces la difusión de ese trabajo secreto, cuyas conclusiones ya fueron publicadas varias veces desde que fuese confeccionado. Resulta al menos un poco curioso que la jefa de estado en su anuncio reivindicase la figura de quien presidía la Comisión, debido a que el viejo general Rattenbach era un acérrimo antiperonista, sin embargo así fue. Durante diez meses, recogieron testimonios, clasificaron documentos papeles y reconstruyeron el proceso bélico que con desprecio calificaron como una aventura militar. Entendiendo que todos los integrantes de la comisión eran militares retirados, y no sólo eso sino que aparte jamás habían entrado en combate alguno; entonces cabe preguntarse ¿cuáles fueron las credenciales que los habilitaron para realizar un informe supuestamente tan preciso? Más aún considerando que ni siquiera estuvieron cerca del conflicto en sí. Que fueran militares retirados no les da la autoridad suficiente para juzgar lo sucedido en las islas durante el combate y menos criticar el desempeño de aquellos que pelearon murieron, y el de los que pelearon y lograron volver a casa.
Aun así, el informe consta de diecisiete tomos, de los cuales uno corresponde al cuerpo principal, diez a los anexos, cinco a las transcripciones de las declaraciones y uno a las actas. El texto es duro, y solo en su primer frase honra a aquellos héroes y denosta a varios de los responsables: “Si los mandos de la Nación no apreciaron correctamente las posibilidades del país ni previeron las consecuencias ulteriores, de muy poco han servido el entusiasmo nacional, el sacrificio de los hombres que yacen en las Islas y en el fondo del mar, y el coraje de los que supieron empuñar honrosamente las armas”. También existe un resumen detallado de las negociaciones diplomáticas llevadas a cabo hasta el 2 de abril de 1982 entre el gobierno argentino y el gobierno de Margaret Thatcher desde 1979, 1980 hasta 1981. Una de las ofertas Británicas, por ejemplo fue la de transferir la soberanía de las islas a la Argentina, con un inmediato arriendo al Reino Unido solo por 99 años. El lógico endurecimiento de la postura argentina tras planteos de estas características llevó a graves yerros e improvisaciones diplomáticas con la consecuencia obvia del desembarco del 2 de abril.
Tampoco se tuvieron en cuenta los muchos rechazos de países hacia el gobierno argentino por la cuestión de los derechos humanos, otro error en la lista diplomática. Pero las confusiones desplegadas por los jefes militares en la planificación del desembarco también deben ser mencionadas. El último documento de planificación bélica se redactó el 4 de abril, dos días después de haber tomado las Islas, es que según redacta el informe, la reacción popular le hizo sentir al Gobierno nacional un fuerte respaldo a sus acciones, motivo por el cual el ex Presidente Leopoldo Fortunato Galtieri, un alcohólico empedernido se sintió casi obligado a comprometerse con el pueblo. Este compromiso luego significaría la pérdida de la posibilidad de continuar con la idea original que disponía como objetivo primario ocupar para luego negociar. Esta situación, de apoyo popular encegueció de tal manera que nadie en el gobierno pudo ver lo que era evidente, Gran Bretaña enviaría tropas para reconquistar las islas, y lavar su honor. Esta falta de previsión para enfrentar una respuesta militar aceleró improvisaciones para articular una mínima estrategia defensiva. Continuará.
febrero 27, 2012
Ciccone capítulo I
Lo que sigue es una historia con una trama complicada, que recién empieza y para no variar están involucrados funcionarios del gobierno inclusive el vicepresidente de la nación. Alejandro Paul Vandenbroele, es monotributista categoría B, con supuestos ingresos de hasta 24 mil pesos anuales, titular de The Old Fund SA, un fondo de inversión sin historia en el mercado pero que en este caso fue beneficiado por resoluciones judiciales impulsadas por el Gobierno. Según el boletín oficial, se transformó en el presidente de The Old Fund SA el 9 de septiembre de 2009. Se trataba de una sociedad anónima que había sido creada en enero del 2008 con un capital de $30 mil. En julio de 2011, The Old Fund pasó a controlar Ciccone Calcográfica. De hecho la Casa de la Moneda envió un escrito al Banco Central en el que recomienda a esta planta gráfica para que imprima parte de la provisión de los billetes de cien pesos que se usarán en lo que resta del 2012. El cálculo de esa provisión debería ser de 1300 millones de billetes de esa denominación. La Casa de la Moneda tendría capacidad para imprimir alrededor de 700 millones de esos billetes y el resto sería impreso por Ciccone, algo así como 600 millones de billetes un negocio de alrededor de US$50 millones.
Amigo de Amado Boudou, con el que el Vicepresidente había compartido la playa en Mar del Plata, los boliches, etc. durante su juventud. Pero no sólo eso compartían, Vandenbroele es abogado, especialista en inversiones y primo hermano de Guadalupe Escaray, quien fuera novia en la adolescencia de Boudou ella fue nombrada por él mismo como jefa regional en la ANSeS de Mar del Plata. Hoy Vandenbroele se quedó con el control de la ex Ciccone Calcográfica, llamada Compañía de Valores Sudamericana, se trata de la mayor imprenta privada del país, considerada una Casa de la Moneda Privada ya que es capaz de imprimir billetes, pasaportes, acciones de bolsa y hasta patentes de autos. Como dijimos, ésta no es la primera vez que la administración nacional se involucra en el caso ya a fines de 2010, la AFIP pidió la quiebra de Ciccone porque tenía una deuda con el Estado de $239 millones. La firma efectivamente quebró. Después de un tiempo, el juez judicial de la quiebra, Javier Cosentino, decidió que la planta podía ser alquilada. La mejor oferta fue la de la empresa Boldt, que ganó la compulsa a la Casa de la Moneda y a la propia AFIP de Ricardo Echegaray. Ciccone fue utilizada entonces por Boldt, una compañía con antecedentes en el mercado gráfico y del juego. Ese proceso se terminó cuando la AFIP volvió a interceder, pero en sentido contrario, pidió levantar la quiebra de Ciccone, la misma que antes había pedido.
La Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico hizo lugar a esa medida, basándose en resoluciones de la Secretaría de Comercio Interior, de Guillermo Moreno, que estipuló que Boldt ya tenía su imprenta, por lo que el alquiler de Ciccone producía una concentración empresaria del sector gráfico. Así Vandenbroele, a pesar de ser monotributista pagó $567 mil en efectivo para comenzar a levantar la quiebra. Durante el periodo que duro la quiebra varios acreedores de Ciccone recibieron en medio del proceso judicial la visita de quien dijo ser un representante de Boudou y, en nombre del ministro, les sugirió de maneras diversas que aceptaran en Ciccone a The Old Fund. Este gestor habría sido José Núñez Carmona, socio de Boudou y amigo también de Vandenbroele. La persona que sacó a la luz toda esta trama fue nada más y nada menos que la ex esposa de Vandenbroele, Laura Muñoz, quien aseguró ante la justicia que su marido le confesó en 2009 que había empezado a trabajar con Boudou, y según sus dichos su ex marido le había contado que estaba haciendo cosas fraudulentas con él, que se iba a quedar con dinero que no era de él, y que se trataba de coimas. También fue contundente en su declaración cuando especificó que su ex, es testaferro de Boudou, y que trabaja directamente para el Gobierno. Vandenbroele, señalado como testaferro de Amado Boudou una declaración que no fue desmentida por ningún funcionario público, espera por estos días la resolución de un nuevo negocio con el Estado. Se trata de la impresión de las cédulas y las patentes de autos y motos que se necesitarán para el lapso de un año, un trabajo por el que Ciccone podría cobrar alrededor de US$20 millones. Y esto es solo el principio.
Amigo de Amado Boudou, con el que el Vicepresidente había compartido la playa en Mar del Plata, los boliches, etc. durante su juventud. Pero no sólo eso compartían, Vandenbroele es abogado, especialista en inversiones y primo hermano de Guadalupe Escaray, quien fuera novia en la adolescencia de Boudou ella fue nombrada por él mismo como jefa regional en la ANSeS de Mar del Plata. Hoy Vandenbroele se quedó con el control de la ex Ciccone Calcográfica, llamada Compañía de Valores Sudamericana, se trata de la mayor imprenta privada del país, considerada una Casa de la Moneda Privada ya que es capaz de imprimir billetes, pasaportes, acciones de bolsa y hasta patentes de autos. Como dijimos, ésta no es la primera vez que la administración nacional se involucra en el caso ya a fines de 2010, la AFIP pidió la quiebra de Ciccone porque tenía una deuda con el Estado de $239 millones. La firma efectivamente quebró. Después de un tiempo, el juez judicial de la quiebra, Javier Cosentino, decidió que la planta podía ser alquilada. La mejor oferta fue la de la empresa Boldt, que ganó la compulsa a la Casa de la Moneda y a la propia AFIP de Ricardo Echegaray. Ciccone fue utilizada entonces por Boldt, una compañía con antecedentes en el mercado gráfico y del juego. Ese proceso se terminó cuando la AFIP volvió a interceder, pero en sentido contrario, pidió levantar la quiebra de Ciccone, la misma que antes había pedido.
La Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico hizo lugar a esa medida, basándose en resoluciones de la Secretaría de Comercio Interior, de Guillermo Moreno, que estipuló que Boldt ya tenía su imprenta, por lo que el alquiler de Ciccone producía una concentración empresaria del sector gráfico. Así Vandenbroele, a pesar de ser monotributista pagó $567 mil en efectivo para comenzar a levantar la quiebra. Durante el periodo que duro la quiebra varios acreedores de Ciccone recibieron en medio del proceso judicial la visita de quien dijo ser un representante de Boudou y, en nombre del ministro, les sugirió de maneras diversas que aceptaran en Ciccone a The Old Fund. Este gestor habría sido José Núñez Carmona, socio de Boudou y amigo también de Vandenbroele. La persona que sacó a la luz toda esta trama fue nada más y nada menos que la ex esposa de Vandenbroele, Laura Muñoz, quien aseguró ante la justicia que su marido le confesó en 2009 que había empezado a trabajar con Boudou, y según sus dichos su ex marido le había contado que estaba haciendo cosas fraudulentas con él, que se iba a quedar con dinero que no era de él, y que se trataba de coimas. También fue contundente en su declaración cuando especificó que su ex, es testaferro de Boudou, y que trabaja directamente para el Gobierno. Vandenbroele, señalado como testaferro de Amado Boudou una declaración que no fue desmentida por ningún funcionario público, espera por estos días la resolución de un nuevo negocio con el Estado. Se trata de la impresión de las cédulas y las patentes de autos y motos que se necesitarán para el lapso de un año, un trabajo por el que Ciccone podría cobrar alrededor de US$20 millones. Y esto es solo el principio.
febrero 24, 2012
Moyano 4.0
El líder camionero volvió a mostrarse duro contra el Gobierno luego de guardar silencio durante largo rato y tuvo fuertes críticas como las que pronunció en su discurso en la cancha de Huracán el 15 de diciembre pasado. Cuando se empiezan a usar palabras especiales me hace acordar al gobierno de Menem cuando empezó con la flexibilización laboral, son palabras poco entendibles, sostuvo Moyano al brindar una entrevista televisiva en un programa de cable. A poco de comenzar las negociaciones por las paritarias, el sindicalista se quejó de los techos que el oficialismo busca imponer aunque lo nieguen. Al tiempo que se preguntaba, ¿De qué paritaria libre hablamos si va a haber un porcentaje que no se puede superar? Que los por decreto y listo, ironizó. Así el aun titular de la CGT, Hugo Moyano, advirtió que las correcciones del modelo económico que impulsa el Gobierno bajo la denominación de sintonía fina son lo mismo que la flexibilización laboral de las que hablaba el ex Presidente Carlos Menem.
Tampoco dio vueltas al momento de explicar las razones por las cuales tomó distancia del gobierno de Cristina Kirchner, según entiende lo más probable es que a la presidenta le molesten los reclamos de los trabajadores. Hasta se atrevió a dar un ejemplo bien claro, que ya sucedido es que cuando UATRE el gremio de los peones rurales, que conduce Gerónimo Venegas se sentó a negociar un 35% de aumento, todo resulto en orden pero posteriormente el acuerdo no fue homologado. Entonces es lógico que Moyano se pregunte, cómo se habla de paritarias libres. ¿De qué paritarias libres se está hablando? Por otra parte Moyano reveló que había enviado una carta a la jefa de Estado con varios reclamos y que esperaba una respuesta, aunque aclaró que sabía que esa respuesta jamás llegaría. De todas maneras descartó la posibilidad de que por ahora hubiera algún tipo de movilización generalizada. Moyano sabe que está debilitado, lo que no significa que no tenga poder, sabe que todavía no es el momento para enfrentarse a la administración nacional. Se manejará con cautela teniendo en cuenta que según dijo, ya no espera nada del Gobierno, y al mismo tiempo dejó claro que no desea reunirse con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Todavía faltan cinco meses para finalizar su mandato como titular de la central obrera y advirtió que lo único que hará es reclamar lo que corresponde ya que para eso fue elegido en la CGT. Al referirse nuevamente a las paritarias, sin pelos en la lengua explicó que es una señal que el Gobierno no haya homologado el aumento del 35% que había arreglado el sindicato de la UATRE. Moyano hace unos cuantos meses que no habla con ningún funcionario del Gobierno y no hace falta ser muy inteligente para afirmar que son los ministros o alguno de sus secretarios los que por orden directa de la Presidenta mandan a que hablen sindicalistas antimoyanista como Oscar Lescano, quien pidió que se convoque a un congreso de la CGT para nombrar a un sucesor del camionero en marzo próximo. El dirigente dice sentirse dolido por las críticas que le envió la mandataria en algunos de sus discursos, en especial cuando Cristina preguntó por su ausencia durante la reunión de la UIA, aun cuando ella sabía que no asistiría por la muerte de uno de sus hijos.
Un dato no menor es que la última vez que el sindicalista habló con Cristina Kirchner fue en septiembre pasado antes de la reunión anual de la ONU en Nueva York, momento en el que le planteó todos sus reclamos, entre ellos la elevación del mínimo no imponible por el cual los trabajadores pagan impuesto a las ganancias, la ampliación de las asignaciones familiares y la deuda con las obras sociales gremiales. En esa reunión la jefa de estado, sólo le respondió que lo analizarían y que volverían a encontrarse a su regreso de Estados Unidos, aunque nunca volvieron hacerlo y ahí fue que comenzó a romperse el diálogo con la jefa de Estado. Por último consultado por la creación de la comisión creada con el fin de supervisar las paritarias, ironizó y preguntó al conductor; ¿Que decía Perón? Cuando no querés hacer nada formás una comisión. El camionero está debilitado, pero nunca por decisión propia abandonará el poder que desde hace ocho años de a poco le fue entregando este mismo gobierno que hoy quiere hacerlo a un lado.
Tampoco dio vueltas al momento de explicar las razones por las cuales tomó distancia del gobierno de Cristina Kirchner, según entiende lo más probable es que a la presidenta le molesten los reclamos de los trabajadores. Hasta se atrevió a dar un ejemplo bien claro, que ya sucedido es que cuando UATRE el gremio de los peones rurales, que conduce Gerónimo Venegas se sentó a negociar un 35% de aumento, todo resulto en orden pero posteriormente el acuerdo no fue homologado. Entonces es lógico que Moyano se pregunte, cómo se habla de paritarias libres. ¿De qué paritarias libres se está hablando? Por otra parte Moyano reveló que había enviado una carta a la jefa de Estado con varios reclamos y que esperaba una respuesta, aunque aclaró que sabía que esa respuesta jamás llegaría. De todas maneras descartó la posibilidad de que por ahora hubiera algún tipo de movilización generalizada. Moyano sabe que está debilitado, lo que no significa que no tenga poder, sabe que todavía no es el momento para enfrentarse a la administración nacional. Se manejará con cautela teniendo en cuenta que según dijo, ya no espera nada del Gobierno, y al mismo tiempo dejó claro que no desea reunirse con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Todavía faltan cinco meses para finalizar su mandato como titular de la central obrera y advirtió que lo único que hará es reclamar lo que corresponde ya que para eso fue elegido en la CGT. Al referirse nuevamente a las paritarias, sin pelos en la lengua explicó que es una señal que el Gobierno no haya homologado el aumento del 35% que había arreglado el sindicato de la UATRE. Moyano hace unos cuantos meses que no habla con ningún funcionario del Gobierno y no hace falta ser muy inteligente para afirmar que son los ministros o alguno de sus secretarios los que por orden directa de la Presidenta mandan a que hablen sindicalistas antimoyanista como Oscar Lescano, quien pidió que se convoque a un congreso de la CGT para nombrar a un sucesor del camionero en marzo próximo. El dirigente dice sentirse dolido por las críticas que le envió la mandataria en algunos de sus discursos, en especial cuando Cristina preguntó por su ausencia durante la reunión de la UIA, aun cuando ella sabía que no asistiría por la muerte de uno de sus hijos.
Un dato no menor es que la última vez que el sindicalista habló con Cristina Kirchner fue en septiembre pasado antes de la reunión anual de la ONU en Nueva York, momento en el que le planteó todos sus reclamos, entre ellos la elevación del mínimo no imponible por el cual los trabajadores pagan impuesto a las ganancias, la ampliación de las asignaciones familiares y la deuda con las obras sociales gremiales. En esa reunión la jefa de estado, sólo le respondió que lo analizarían y que volverían a encontrarse a su regreso de Estados Unidos, aunque nunca volvieron hacerlo y ahí fue que comenzó a romperse el diálogo con la jefa de Estado. Por último consultado por la creación de la comisión creada con el fin de supervisar las paritarias, ironizó y preguntó al conductor; ¿Que decía Perón? Cuando no querés hacer nada formás una comisión. El camionero está debilitado, pero nunca por decisión propia abandonará el poder que desde hace ocho años de a poco le fue entregando este mismo gobierno que hoy quiere hacerlo a un lado.
febrero 22, 2012
Salarios
Cristina de Kirchner había intentado dejar en claro su postura, antes del inicio de las paritarias de este año en un acto realizado en la Casa Rosada que por supuesto fue transmitido una vez más por cadena nacional. En relación a todo lo discutido anteriormente la jefa del estado descartó en ese momento que el Gobierno planease fijar techo en las paritarias de este año, aunque lo había ordenado ella a sus ministros antes de terminar su licencia médica. Sin nombrar a ninguna fuerza en particular, muchos de sus dichos fueron dirigidos a los camioneros en momentos donde la relación con el Ejecutivo es cada vez más tensa. Aún así confirmó se crearía una comisión cuyo objetivo principal sería el seguimiento de esas discusiones, lo cual obviamente contradice su afirmación respecto de paritarias libres. Frente al aumento de la conflictividad de cara a las negociaciones salariales de este año, la jefa de Estado recalcaba que todos iban a poder negociar libremente sus paritarias, pero eso sí, tomando en cuenta la rentabilidad de las empresas.
Pero sus dichos se tornan hilarantes al momento de hacer memoria y preguntarnos ¿Cuándo realmente, le preocuparon a la presidenta la rentabilidad de las empresas? Según explico existía una intencionalidad en querer convertir al ejecutivo en los malos de la película pero ahí aseguro que el Gobierno no iba a decidir cuánto ganarían los trabajadores. No obstante, como mencionamos aclaró que se crearía la comisión que presidida por la ministra de Industria, Débora Giorgi, junto al viceministro de Economía, Axel Kicillof, analizaría la productividad de cada sector y que actuaría de árbitro cuando una paritaria se empantane. La comisión tendrá por delante una tarea imposible de realizar, medirá sector por sector cómo ha crecido la productividad y cuánto han crecido las fuentes de trabajo dentro de cada uno de ellos. Esta será la solución para todas las negociaciones que no logren cerrarse, ahí el gobierno que tendrá los números para saber si la demanda salarial supera los estándares de rentabilidad. En ese sentido, la explicación es muy clara hay actividades más retrasadas y otras que por rentabilidad han conseguido mejores aumentos, por eso las negociaciones tienen que tener en cuenta la rentabilidad de cada empresa.
Hay sectores donde la rentabilidad está dada por los subsidios, entonces se negocia no sólo con el dinero de la empresa sino que con el de todos los argentinos para acomodar salarios, explicó la mandataria, en momentos en que el Gobierno está retirando subsidios en determinados sectores y volvió a apelar a la sintonía fina. Cristina les advirtió a los empresarios que en estos años han ganado muchísimo dinero, y al sindicalismo le recordó la necesidad de tener en cuenta la rentabilidad de cada sector a la hora de pedir un aumento. La Presidenta se expresó en estos términos en momentos en los que la CGT e incluso la CTA ya reclamaban que no hubiera ni piso ni techo en las paritarias como pretendió la Casa Rosada desde la orden que impartiera Cristina de aumentos salariales no superiores al 18%. Adelantó también que pediría a la AFIP realizar un seguimiento de los salarios de los gerentes de empresas, y advirtió que había observado casos extraños en los sueldos de los hombres de empresas, que algunos percibían sueldos de $10 millones, de $2 millones, o de $4 millones.
Lo más terrible de todo esto fue como remato su argumento, textualmente dijo “hay ejecutivos que ganan 20 u 80 veces más que cualquier funcionario público, y ahora llegaba la etapa de la sintonía fina para ellos también". Pero casualmente, sólo diez días atrás dio a conocer que por decisión unánime del bloque oficialista y de algunos otros opositores, los integrantes de las dos cámaras aumentaron sus dietas un 150%, lo que significa que un diputado nacional que recibía un sueldo de rondaba los $13000 ahora supera holgadamente los $36000. Me pregunto, ¿los ejecutivos de empresas reciben sus salarios del dinero del pueblo?, ¿o son los representantes que supimos conseguir a quienes debemos darles este pequeño aumento, que pagan nuestros impuestos?..., ¿Qué opinara Cristina?
Pero sus dichos se tornan hilarantes al momento de hacer memoria y preguntarnos ¿Cuándo realmente, le preocuparon a la presidenta la rentabilidad de las empresas? Según explico existía una intencionalidad en querer convertir al ejecutivo en los malos de la película pero ahí aseguro que el Gobierno no iba a decidir cuánto ganarían los trabajadores. No obstante, como mencionamos aclaró que se crearía la comisión que presidida por la ministra de Industria, Débora Giorgi, junto al viceministro de Economía, Axel Kicillof, analizaría la productividad de cada sector y que actuaría de árbitro cuando una paritaria se empantane. La comisión tendrá por delante una tarea imposible de realizar, medirá sector por sector cómo ha crecido la productividad y cuánto han crecido las fuentes de trabajo dentro de cada uno de ellos. Esta será la solución para todas las negociaciones que no logren cerrarse, ahí el gobierno que tendrá los números para saber si la demanda salarial supera los estándares de rentabilidad. En ese sentido, la explicación es muy clara hay actividades más retrasadas y otras que por rentabilidad han conseguido mejores aumentos, por eso las negociaciones tienen que tener en cuenta la rentabilidad de cada empresa.
Hay sectores donde la rentabilidad está dada por los subsidios, entonces se negocia no sólo con el dinero de la empresa sino que con el de todos los argentinos para acomodar salarios, explicó la mandataria, en momentos en que el Gobierno está retirando subsidios en determinados sectores y volvió a apelar a la sintonía fina. Cristina les advirtió a los empresarios que en estos años han ganado muchísimo dinero, y al sindicalismo le recordó la necesidad de tener en cuenta la rentabilidad de cada sector a la hora de pedir un aumento. La Presidenta se expresó en estos términos en momentos en los que la CGT e incluso la CTA ya reclamaban que no hubiera ni piso ni techo en las paritarias como pretendió la Casa Rosada desde la orden que impartiera Cristina de aumentos salariales no superiores al 18%. Adelantó también que pediría a la AFIP realizar un seguimiento de los salarios de los gerentes de empresas, y advirtió que había observado casos extraños en los sueldos de los hombres de empresas, que algunos percibían sueldos de $10 millones, de $2 millones, o de $4 millones.
Lo más terrible de todo esto fue como remato su argumento, textualmente dijo “hay ejecutivos que ganan 20 u 80 veces más que cualquier funcionario público, y ahora llegaba la etapa de la sintonía fina para ellos también". Pero casualmente, sólo diez días atrás dio a conocer que por decisión unánime del bloque oficialista y de algunos otros opositores, los integrantes de las dos cámaras aumentaron sus dietas un 150%, lo que significa que un diputado nacional que recibía un sueldo de rondaba los $13000 ahora supera holgadamente los $36000. Me pregunto, ¿los ejecutivos de empresas reciben sus salarios del dinero del pueblo?, ¿o son los representantes que supimos conseguir a quienes debemos darles este pequeño aumento, que pagan nuestros impuestos?..., ¿Qué opinara Cristina?
febrero 20, 2012
Electroingeniería
Zannini es cordobés, nacido en la localidad de Villa Nueva, en los 70 fue parte de la corriente maoísta de Vanguardia Comunista, y durante el proceso de reorganización nacional, estuvo detenido con su coterráneo Gerardo Ferreyra, que venía del ERP. Fueron detenidos por haber participado en más de una de las actividades del grupo paramilitar guerrillero. Allí nació la amistad que aún hoy mantienen. El Chino, como lo apodan, armó las listas en las últimas elecciones, está metido en todas las decisiones políticas aunque suele tener poca injerencia en temas económicos. Carlos Zannini, es el secretario Legal y Técnico de la nación, fue Zannini quien supervisó y autorizo los 154 decretos que Amado Boudou firmó durante la licencia médica de Cristina Kirchner. A la hora de repartir elogios y bromas, la Presidenta siempre habla de Amado Boudou, de Guillermo Moreno o de Aníbal Fernández, pero nunca, jamás lo hace del funcionario que mejor conoce sus más oscuros secretos. Sin embargo, y siempre hay un sin embargo cuando se trata de los funcionarios de esta administración resulta que hay un pequeño problema, tiene un amigo y siempre hay un amigo.
Este amigo suyo, pasó de ser un mediano empresario titular de una pyme a un megaempresario durante el periodo que lleva el kirchnerismo en el poder. Su compañero guerrillero Gerardo Ferreyra es hoy el dueño de Electroingeniería, una constructora cordobesa que desde 2003, ganó concesiones de grandes obras eléctricas, pero el amigo de Zannini sigue acumulando negocios. No sólo es mencionada como la preferida por el Gobierno antes que cualquier otra, de hecho lo es. Inclusive otras empresas coinciden en que ninguna otra ha sido tan favorecida ni ha llegado tan lejos. Ahora inclusive se expandió a nuevos negocios con los que nunca tuvo que ver, como concesiones viales y medios de comunicación. En 2001, facturaba US$65 millones y una década después cuatriplica esa cifra, con aproximadamente unos US$300 millones anuales. Además hoy tiene tanto peso como Techint, Roggio y otros gigantes con mucho más antigüedad y experiencia en la actividad. Electroingeniería participó de los consorcios que construyeron la central nuclear Atucha II cuyo abultado presupuesto superó los $10.000 millones, fue asociada de Siemens, y luego denunciada ante la justicia por el pago de coimas y por sobreprecios en todas sus obras como la del interconectado Comahue-Cuyo, que costó aproximadamente unos $2.700 millones.
También se alzó con la obra de la represa Chihuidos en Neuquén, una obra de US$1.560 millones. Electroingeniería construyó el tendido eléctrico entre Puerto Madryn y Pico Truncado, que demando más de $700 millones. La Coalición Cívica detectó allí más sobreprecios y en este caso particular por montos superiores a un 48%. Los diputados Juan Carlos Morán y Adrián Pérez también pidieron investigar por qué el Estado aparte le entregó a Electroingeniería la explotación de esa línea de alta tensión hasta el año 2088. El juez federal Ariel Lijo archivó esa causa en diciembre pasado. De todas formas, no fue la única vez que la actuación del Gobierno terminó beneficiando a Electroingeniería. Pasó algo similar con Radio Del Plata, Transener, negocios en Venezuela y obras de EPEC en Córdoba. En febrero de 2008, Electroingeniería y Siemens se hicieron cargo de la obra de repotencialización de la usina Zanichelli. El contrato era de US$537 millones, 19% más de lo presupuestado. La provincia se quedó sin dinero para hacerla, entonces, la administración nacional de seguridad social, ANSeS, fue en auxilio de EPEC y le prestó, es decir, le otorgo US$300 millones más.
Al mismo tiempo que ganó esa obra, Electroingeniería estaba a cargo de hacer las centrales de Campana y Timbúes en la provincia de Sta. Fe. El Gobierno vetó a una firma estadounidense para que la mitad de Transener que vendía Petrobras fuera para Electroingeniería, junto a Enarsa. Luego, se mencionó a la empresa como interesada en Edesur y Metrogas, privatizadas que suelen tener problemas con el Ejecutivo. El ex candidato a gobernador Luis Juez dijo que el poder ejecutivo es el principal responsable, y el que beneficiaria próximamente las licitaciones de los gobernadores Juan Schiaretti y José Manuel De la Sota. De hecho denuncio la construcción de un centro cívico de $500 millones en Córdoba capital. Asociada con la venezolana Inelectra y la local Sener, Electroingeniería se quedó también con la construcción de la usina de ciclo combinado Termozullia III, para la cual el gobierno de Hugo Chávez pautó un presupuesto de US$750 millones.
Este amigo suyo, pasó de ser un mediano empresario titular de una pyme a un megaempresario durante el periodo que lleva el kirchnerismo en el poder. Su compañero guerrillero Gerardo Ferreyra es hoy el dueño de Electroingeniería, una constructora cordobesa que desde 2003, ganó concesiones de grandes obras eléctricas, pero el amigo de Zannini sigue acumulando negocios. No sólo es mencionada como la preferida por el Gobierno antes que cualquier otra, de hecho lo es. Inclusive otras empresas coinciden en que ninguna otra ha sido tan favorecida ni ha llegado tan lejos. Ahora inclusive se expandió a nuevos negocios con los que nunca tuvo que ver, como concesiones viales y medios de comunicación. En 2001, facturaba US$65 millones y una década después cuatriplica esa cifra, con aproximadamente unos US$300 millones anuales. Además hoy tiene tanto peso como Techint, Roggio y otros gigantes con mucho más antigüedad y experiencia en la actividad. Electroingeniería participó de los consorcios que construyeron la central nuclear Atucha II cuyo abultado presupuesto superó los $10.000 millones, fue asociada de Siemens, y luego denunciada ante la justicia por el pago de coimas y por sobreprecios en todas sus obras como la del interconectado Comahue-Cuyo, que costó aproximadamente unos $2.700 millones.
También se alzó con la obra de la represa Chihuidos en Neuquén, una obra de US$1.560 millones. Electroingeniería construyó el tendido eléctrico entre Puerto Madryn y Pico Truncado, que demando más de $700 millones. La Coalición Cívica detectó allí más sobreprecios y en este caso particular por montos superiores a un 48%. Los diputados Juan Carlos Morán y Adrián Pérez también pidieron investigar por qué el Estado aparte le entregó a Electroingeniería la explotación de esa línea de alta tensión hasta el año 2088. El juez federal Ariel Lijo archivó esa causa en diciembre pasado. De todas formas, no fue la única vez que la actuación del Gobierno terminó beneficiando a Electroingeniería. Pasó algo similar con Radio Del Plata, Transener, negocios en Venezuela y obras de EPEC en Córdoba. En febrero de 2008, Electroingeniería y Siemens se hicieron cargo de la obra de repotencialización de la usina Zanichelli. El contrato era de US$537 millones, 19% más de lo presupuestado. La provincia se quedó sin dinero para hacerla, entonces, la administración nacional de seguridad social, ANSeS, fue en auxilio de EPEC y le prestó, es decir, le otorgo US$300 millones más.
Al mismo tiempo que ganó esa obra, Electroingeniería estaba a cargo de hacer las centrales de Campana y Timbúes en la provincia de Sta. Fe. El Gobierno vetó a una firma estadounidense para que la mitad de Transener que vendía Petrobras fuera para Electroingeniería, junto a Enarsa. Luego, se mencionó a la empresa como interesada en Edesur y Metrogas, privatizadas que suelen tener problemas con el Ejecutivo. El ex candidato a gobernador Luis Juez dijo que el poder ejecutivo es el principal responsable, y el que beneficiaria próximamente las licitaciones de los gobernadores Juan Schiaretti y José Manuel De la Sota. De hecho denuncio la construcción de un centro cívico de $500 millones en Córdoba capital. Asociada con la venezolana Inelectra y la local Sener, Electroingeniería se quedó también con la construcción de la usina de ciclo combinado Termozullia III, para la cual el gobierno de Hugo Chávez pautó un presupuesto de US$750 millones.
febrero 17, 2012
El superávit fiscal 2011
Pese a los fuertes aportes del Banco Central y de la Administración Nacional de la Seguridad Social, Anses, el resultado fue de $4920,6 millones frente a los $25.115 millones con los que había cerrado el 2010. Si un 80% menos, así entonces el superávit fiscal primario sufrió una brusca caída en el cierre de 2011. Pero además, sin estos ingresos extraordinarios, el Estado habría registrado un déficit primario aun peor, de $18.469 millones según las planillas distribuidas por el propio Ministerio de Economía, que hoy dirige Hernán Lorenzino. El resultado financiero, en tanto, arrojó también un déficit de $30.662,9 millones, influido por el pago del cupón ligado al PBI durante el mes de diciembre pasado, que en 2010 no se había pagado ya que en 2009 la economía apenas creció 0,9%, por debajo del nivel necesario para hacer ese pago. El flamante ministro presentó los resultados en una conferencia de prensa, en la que el rol preponderante lo tuvo el vicepresidente Amado Boudou, quien en todo momento eludió brindar precisiones de un resultado que en definitiva, corresponde a su gestión.
A pocas horas de terminar el ejercicio temporal de la Presidencia, Boudou volvió al Palacio de Hacienda para este encuentro, en el que sólo se permitieron tres preguntas y no hubo posibilidades de hacer consultas sobre el ajuste salarial o respecto del aumento en las tarifas de los servicios públicos efectuados por el Gobierno. De hecho, el ex ministro criticó el ajuste efectuado por gobiernos previos y afirmó que el resultado fiscal es importante en un mundo con mucha incertidumbre. ¡Importante! Y vaya si es importante, en un intento por explicar Boudou subrayó la política de desendeudamiento por la reducción del peso de la deuda sobre el PBI y el fortalecimiento del mercado interno, con un sistema de cuentas públicas que genera certezas a la población. Ahora, desde el mes pasado a la fecha, he tratado de averiguar específicamente a que sector de la población le genera certezas este resultado fiscal, y aún no lo he encontrado. Lógicamente, no hubo referencias a la fuerte reducción de subsidios en las tarifas domiciliarias y al transporte, ni al corte al plus a los empleados públicos registrados desde fines de 2011.
Los funcionarios en una mesa que se completaba con el secretario de Hacienda, Juan Carlos Pezoa, y el subsecretario de Presupuesto, Raúl Rigo tampoco mencionaron el hecho de que en diciembre pasado no hubo pagos adicionales a jubilados ni a los beneficiarios de planes sociales, que en el último mes de 2010 habían insumido unos 4000 millones de pesos. Aun sin este bonus, el último mes de 2011 registró un déficit primario de $8112,6 millones, que se podría haber estirado más si no se contabilizaran los $4382,6 millones aportados en un 95% por la Anses y el 5% por el BCRA. En términos financieros, diciembre cerró con un rojo de $22.354 millones, frente a $4901 millones registrados sólo un año antes. Tanto Lorenzino como Boudou optaron por subrayar el fuerte aumento de la inversión pública directa, que creció un 40% respecto de 2010. Pese a que dos veces se les preguntó si el Gobierno estaba pagando vencimientos de la deuda con dólares del Tesoro ante la imposibilidad de integrar el fondo de desendeudamiento con reservas del BCRA, por la desaparición de los pasivos de libre disponibilidad, no hubo respuestas concretas.
Boudou optó por recordar que en 2010 la oposición no aprobó el presupuesto 2011 y Lorenzino adjudicó aquella decisión a una cuestión burocrática, si, puede ser pero en definitiva no hubiera cambiado nada. El déficit de diciembre fue menor que lo esperado, por lo dicho en referencia a que no hubo bonus para jubilados ni planes sociales, el Gobierno intenta recomponer la caja con el recorte a empleados públicos, la falta de adicionales a los jubilados y el recorte de subsidios a los servicios públicos domiciliarios y el transporte urbano. Al respecto, consideró que si los subsidios se mantienen estables y el gasto de capital en un año no electoral no crece mucho, es posible que la suba del gasto se acerque más al 20% que al 32% registrado en 2011. En realidad el resultado fue peor al esperado por el mercado que preveía unos $12.000 millones, y mucho peor que la proyección oficial para 2011, que preveía un resultado primario de $26.792,1 millones. Por eso, el superávit previsto para este 2012, de $51.339 millones, luce algo más que un mero desafío.
A pocas horas de terminar el ejercicio temporal de la Presidencia, Boudou volvió al Palacio de Hacienda para este encuentro, en el que sólo se permitieron tres preguntas y no hubo posibilidades de hacer consultas sobre el ajuste salarial o respecto del aumento en las tarifas de los servicios públicos efectuados por el Gobierno. De hecho, el ex ministro criticó el ajuste efectuado por gobiernos previos y afirmó que el resultado fiscal es importante en un mundo con mucha incertidumbre. ¡Importante! Y vaya si es importante, en un intento por explicar Boudou subrayó la política de desendeudamiento por la reducción del peso de la deuda sobre el PBI y el fortalecimiento del mercado interno, con un sistema de cuentas públicas que genera certezas a la población. Ahora, desde el mes pasado a la fecha, he tratado de averiguar específicamente a que sector de la población le genera certezas este resultado fiscal, y aún no lo he encontrado. Lógicamente, no hubo referencias a la fuerte reducción de subsidios en las tarifas domiciliarias y al transporte, ni al corte al plus a los empleados públicos registrados desde fines de 2011.
Los funcionarios en una mesa que se completaba con el secretario de Hacienda, Juan Carlos Pezoa, y el subsecretario de Presupuesto, Raúl Rigo tampoco mencionaron el hecho de que en diciembre pasado no hubo pagos adicionales a jubilados ni a los beneficiarios de planes sociales, que en el último mes de 2010 habían insumido unos 4000 millones de pesos. Aun sin este bonus, el último mes de 2011 registró un déficit primario de $8112,6 millones, que se podría haber estirado más si no se contabilizaran los $4382,6 millones aportados en un 95% por la Anses y el 5% por el BCRA. En términos financieros, diciembre cerró con un rojo de $22.354 millones, frente a $4901 millones registrados sólo un año antes. Tanto Lorenzino como Boudou optaron por subrayar el fuerte aumento de la inversión pública directa, que creció un 40% respecto de 2010. Pese a que dos veces se les preguntó si el Gobierno estaba pagando vencimientos de la deuda con dólares del Tesoro ante la imposibilidad de integrar el fondo de desendeudamiento con reservas del BCRA, por la desaparición de los pasivos de libre disponibilidad, no hubo respuestas concretas.
Boudou optó por recordar que en 2010 la oposición no aprobó el presupuesto 2011 y Lorenzino adjudicó aquella decisión a una cuestión burocrática, si, puede ser pero en definitiva no hubiera cambiado nada. El déficit de diciembre fue menor que lo esperado, por lo dicho en referencia a que no hubo bonus para jubilados ni planes sociales, el Gobierno intenta recomponer la caja con el recorte a empleados públicos, la falta de adicionales a los jubilados y el recorte de subsidios a los servicios públicos domiciliarios y el transporte urbano. Al respecto, consideró que si los subsidios se mantienen estables y el gasto de capital en un año no electoral no crece mucho, es posible que la suba del gasto se acerque más al 20% que al 32% registrado en 2011. En realidad el resultado fue peor al esperado por el mercado que preveía unos $12.000 millones, y mucho peor que la proyección oficial para 2011, que preveía un resultado primario de $26.792,1 millones. Por eso, el superávit previsto para este 2012, de $51.339 millones, luce algo más que un mero desafío.
febrero 15, 2012
Reservas, deuda, y el papel que jugara el congreso
Ya comenzó el 2012 y con el empiezan a caer los vencimientos de deuda que el gobierno ha comenzado pagar girando dólares que el Tesoro nacional adquirió en el mercado, es decir, sin acudir a las reservas del Banco Central. Aun cuando los montos en esta primera parte del año son menores, se trata de un dato no menos relevante porque representa un cambio en la política que se ha venido aplicando durante los últimos dos años, en los que se tomaron siempre reservas para hacer frente a los vencimientos de capital e interés de la deuda. El verdadero problema que tiene la Casa Rosada es que ya no quedan Reservas de Libre Disponibilidad (RLD) para hacer frente a los pagos de deuda. Las RLD se definen por el excedente de reservas medidas en pesos en relación con el nivel de la base monetaria. El fuerte aumento en la cantidad de dinero circulante y al mismo tiempo la caída en reservas generada por los últimos pagos del año, en especial del cupón PBI por unos US$2.500 millones en diciembre, deterioraron este ratio.
En consecuencia, hoy no sólo no quedan RLD, sino que el nivel de reservas ni siquiera alcanza para respaldar la base monetaria. El Presupuesto 2012 prevé la conformación de un nuevo Fondo de Desendeudamiento integrado por reservas para pagar deudas por hasta US$5.600 millones, algo que todavía está pendiente. Sin embargo, para cancelar deuda con organismos no se requiere de esa estructura. Sucede que la modificación de la Ley de Convertibilidad en 2005 estableció la figura de RLD para cancelar vencimientos con organismos multilaterales. Primero se lo hizo para la cancelación de deuda del FMI, pero a partir de 2010 se hizo extensivo a otros, en particular el BID y el Banco Mundial. Entonces, ahora ni siquiera alcanza para cancelarles a organismos con los recursos del Central. Por eso, se giran dólares acumulados por el Tesoro. Como ese dinero se encuentra en cuentas depositadas en la entidad que preside Mercedes Marcó del Pont, cada pago igual impacta en el nivel de reservas, ya que se produce una caída en el casillero de efectivo mínimo, tal como sucedió cuando disminuyeron en noviembre y diciembre los depósitos en dólares que el público mantenía en los bancos.
Las cifras no son muy relevantes, en enero vencieron US$62 millones con organismos en concepto de capital, en febrero serán US$166 millones y en marzo otros US$168 millones, lo que hace un total de US$502 millones en el primer trimestre. En cuanto a las deudas con el sector privado, el primer pago significativo es a fines de abril, cuando el Gobierno deberá cancelar US$243 millones del Boden 2013. Y recién en agosto deberá hacer frente a otros US$2.300 millones para pagar la última cuota de capital del Boden 2012. Esto explica por qué no hay apuro para conformar el tercer Fondo de Desendeudamiento, las reservas no están, pero tampoco se presentan vencimientos muy relevantes en los primeros meses de 2012. El principal escollo es que probablemente el Central no consiga acumular los US$5.600 millones necesarios para integrar el nuevo Fondo de Desendeudamiento aun cuando sus compras a la fecha suman alrededor de US$255 millones. El cálculo es fácil, la acumulación de reservas de este año debería llegar a los US$16.600 millones para cumplir con los vencimientos de deuda, pero al mismo tiempo respaldar la base monetaria. La base monetaria actual asciende a $218.200 millones.
Pero crecería alrededor del 25% en el año, según establece el Programa Monetario del BCRA, con lo cual llegaría a los $272.700 millones a fin de año. Aplicando un tipo de cambio de $4,75, equivaldría a US$57.000 millones. El nivel actual de reservas es de US$46.400 millones. Pero si se restan US$5.600 millones comprometidos para pagar deuda, quedarían en US$40.800 millones. Por lo tanto, para equiparar la base monetaria esperada a fin de año la brecha llega a los US$16.600 millones mencionados. Como el propio BCRA estableció que acumularía alrededor de US$9.800 millones en 2012, la meta a cumplir es casi imposible de alcanzar, salvo que se detenga la fuga de capitales y al mismo tiempo ingrese una oleada de divisas al país cosa que no sucederá. La otra alternativa, que sería la más viable en estas circunstancias, es modificar nuevamente la Ley de Convertibilidad, suprimiendo la necesidad de respaldar la base monetaria, con reservas, una locura, o flexibilizar todavía más el requisito de reservas de libre disponibilidad. Sin embargo cualquier movimiento de estas características recién se definirá a partir de marzo, cuando comience el período de sesiones ordinarias en el Congreso.
En consecuencia, hoy no sólo no quedan RLD, sino que el nivel de reservas ni siquiera alcanza para respaldar la base monetaria. El Presupuesto 2012 prevé la conformación de un nuevo Fondo de Desendeudamiento integrado por reservas para pagar deudas por hasta US$5.600 millones, algo que todavía está pendiente. Sin embargo, para cancelar deuda con organismos no se requiere de esa estructura. Sucede que la modificación de la Ley de Convertibilidad en 2005 estableció la figura de RLD para cancelar vencimientos con organismos multilaterales. Primero se lo hizo para la cancelación de deuda del FMI, pero a partir de 2010 se hizo extensivo a otros, en particular el BID y el Banco Mundial. Entonces, ahora ni siquiera alcanza para cancelarles a organismos con los recursos del Central. Por eso, se giran dólares acumulados por el Tesoro. Como ese dinero se encuentra en cuentas depositadas en la entidad que preside Mercedes Marcó del Pont, cada pago igual impacta en el nivel de reservas, ya que se produce una caída en el casillero de efectivo mínimo, tal como sucedió cuando disminuyeron en noviembre y diciembre los depósitos en dólares que el público mantenía en los bancos.
Las cifras no son muy relevantes, en enero vencieron US$62 millones con organismos en concepto de capital, en febrero serán US$166 millones y en marzo otros US$168 millones, lo que hace un total de US$502 millones en el primer trimestre. En cuanto a las deudas con el sector privado, el primer pago significativo es a fines de abril, cuando el Gobierno deberá cancelar US$243 millones del Boden 2013. Y recién en agosto deberá hacer frente a otros US$2.300 millones para pagar la última cuota de capital del Boden 2012. Esto explica por qué no hay apuro para conformar el tercer Fondo de Desendeudamiento, las reservas no están, pero tampoco se presentan vencimientos muy relevantes en los primeros meses de 2012. El principal escollo es que probablemente el Central no consiga acumular los US$5.600 millones necesarios para integrar el nuevo Fondo de Desendeudamiento aun cuando sus compras a la fecha suman alrededor de US$255 millones. El cálculo es fácil, la acumulación de reservas de este año debería llegar a los US$16.600 millones para cumplir con los vencimientos de deuda, pero al mismo tiempo respaldar la base monetaria. La base monetaria actual asciende a $218.200 millones.
Pero crecería alrededor del 25% en el año, según establece el Programa Monetario del BCRA, con lo cual llegaría a los $272.700 millones a fin de año. Aplicando un tipo de cambio de $4,75, equivaldría a US$57.000 millones. El nivel actual de reservas es de US$46.400 millones. Pero si se restan US$5.600 millones comprometidos para pagar deuda, quedarían en US$40.800 millones. Por lo tanto, para equiparar la base monetaria esperada a fin de año la brecha llega a los US$16.600 millones mencionados. Como el propio BCRA estableció que acumularía alrededor de US$9.800 millones en 2012, la meta a cumplir es casi imposible de alcanzar, salvo que se detenga la fuga de capitales y al mismo tiempo ingrese una oleada de divisas al país cosa que no sucederá. La otra alternativa, que sería la más viable en estas circunstancias, es modificar nuevamente la Ley de Convertibilidad, suprimiendo la necesidad de respaldar la base monetaria, con reservas, una locura, o flexibilizar todavía más el requisito de reservas de libre disponibilidad. Sin embargo cualquier movimiento de estas características recién se definirá a partir de marzo, cuando comience el período de sesiones ordinarias en el Congreso.
febrero 14, 2012
Señales que dejo el 2011
Si bien es cierto que la balanza comercial de 2011 cerró con un superávit de US$10.347 millones, es importante destacar que la realidad de esta ecuación no ha resultado tan favorable como parece. ¿Por qué no? Sencillo, porque el cierre mencionado representa una caída del 11% respecto del 2010, porcentaje nada despreciable a la hora de comparar el número del año anterior que había alcanzado los US$11.632 millones, según diera a conocer el propio Instituto Nacional de Estadística y Censos. Así, de esta manera con US$1300 millones menos que el año pasado, las predicciones que el gobierno había realizado para este año se adelantaron nada más y nada menos que 12 meses. Este saldo comercial que cayó en 2011anticipadamente, es exactamente el nivel que el Gobierno esperaba sucediera recién en este 2012, con una cifra aproximada de unos US$10.000 millones. La situación planteará un desafío bastante grave para el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, a quien la presidenta puso al frente para frenar la baja del superávit comercial. En lo que a números se refiere, el total exportado fue de US$84.269 millones contra US$73.922 millones desembolsados en importaciones.
Estos datos de 2011 representaron una mejora del 24 por ciento para las exportaciones US$68.134 millones en 2010 y del 31% para importaciones US$56.502 millones, comparándolos con los registros del año anterior. El organismo estatal reportó las cifras totales de la balanza comercial de 2011, al informar que diciembre cerró con un saldo positivo de 280 millones de dólares, lo que representa una mejora del 137% frente al mismo período de 2010. En el último mes del 2011, las exportaciones alcanzaron los US$6.269 millones y las importaciones, a los US$5.989 millones. En cuanto a las exportaciones, los rubros que registraron mayores aumentos fueron Cereales; Petróleo crudo, Material de transporte terrestre, Productos químicos y conexos, y Residuos y desperdicios de la industria alimenticia. En tanto, en las importaciones todos los rubros mejoraron, en especial, los Combustibles y lubricantes, Vehículos automotores de pasajeros, Bienes intermedios, y Piezas y accesorios para bienes de capital, según el Indec. A lo largo de 2011, los rubros de mayor participación en las exportaciones argentinas fueron las Manufacturas de origen agropecuario, con el 34 por ciento, y las Manufacturas de origen industrial, con el 35% del valor total.
Por su parte, los Bienes intermedios representaron el 29% de las importaciones argentinas, le siguieron en importancia los Bienes de capital, con el 20%, y las Piezas y accesorios para bienes de capital con el 19% del total. El aumento en el valor de las exportaciones, un 24% frente al año anterior, se explicó por un alza conjunta de los precios de aproximadamente un 16% y a las cantidades exportadas de un 6%. Pero si bien todos los rubros mostraron un comportamiento positivo con respecto a 2010, Combustibles y energía disminuyeron un 1%, por efecto de una baja en las cantidades vendidas -23%, mientras los precios aumentaron 29%. Las exportaciones totales hacia el Mercosur crecieron el 23% el año pasado, debido a un aumento en todos los rubros. El intercambio con el bloque arrojó un saldo comercial negativo de US$1.912 millones para la Argentina. Los principales destinos de las ventas al exterior argentinas, en orden decreciente de acuerdo al valor absoluto, fueron: Brasil, China, Chile, Estados Unidos y España.
En tanto, Brasil, China, Estados Unidos, Alemania y México lideraron la nómina de países de origen en cuanto a las importaciones que recibió la Argentina. Asimismo el intercambio comercial de 2011 con la Unión Europea arrojó un saldo positivo de US$2.641 millones y de US$3.660 millones con Chile, pero resultó negativo con Asia, con un déficit de US$2.376 millones, y con el NAFTA que integran Canadá, México y Estados Unidos, al cerrar con una caída de US$3.202 millones. Con respecto a las importaciones, se destacaron vehículos para transporte de personas, gasoil, aviones ingresados temporalmente por más de 365 días, gas natural licuado, gas natural en estado gaseoso y minerales de hierro. Durante 2011, también se incrementaron las compras al exterior de cajas de cambio, partes y accesorios de carrocerías de automóviles, circuitos impresos con componentes eléctricos y hulla bituminosa, fueloil y partes para aparatos receptores de radiotelefonía y televisión, todo esto último para alimentar la industria nacional del polo tecnológico fueguino.
Estos datos de 2011 representaron una mejora del 24 por ciento para las exportaciones US$68.134 millones en 2010 y del 31% para importaciones US$56.502 millones, comparándolos con los registros del año anterior. El organismo estatal reportó las cifras totales de la balanza comercial de 2011, al informar que diciembre cerró con un saldo positivo de 280 millones de dólares, lo que representa una mejora del 137% frente al mismo período de 2010. En el último mes del 2011, las exportaciones alcanzaron los US$6.269 millones y las importaciones, a los US$5.989 millones. En cuanto a las exportaciones, los rubros que registraron mayores aumentos fueron Cereales; Petróleo crudo, Material de transporte terrestre, Productos químicos y conexos, y Residuos y desperdicios de la industria alimenticia. En tanto, en las importaciones todos los rubros mejoraron, en especial, los Combustibles y lubricantes, Vehículos automotores de pasajeros, Bienes intermedios, y Piezas y accesorios para bienes de capital, según el Indec. A lo largo de 2011, los rubros de mayor participación en las exportaciones argentinas fueron las Manufacturas de origen agropecuario, con el 34 por ciento, y las Manufacturas de origen industrial, con el 35% del valor total.
Por su parte, los Bienes intermedios representaron el 29% de las importaciones argentinas, le siguieron en importancia los Bienes de capital, con el 20%, y las Piezas y accesorios para bienes de capital con el 19% del total. El aumento en el valor de las exportaciones, un 24% frente al año anterior, se explicó por un alza conjunta de los precios de aproximadamente un 16% y a las cantidades exportadas de un 6%. Pero si bien todos los rubros mostraron un comportamiento positivo con respecto a 2010, Combustibles y energía disminuyeron un 1%, por efecto de una baja en las cantidades vendidas -23%, mientras los precios aumentaron 29%. Las exportaciones totales hacia el Mercosur crecieron el 23% el año pasado, debido a un aumento en todos los rubros. El intercambio con el bloque arrojó un saldo comercial negativo de US$1.912 millones para la Argentina. Los principales destinos de las ventas al exterior argentinas, en orden decreciente de acuerdo al valor absoluto, fueron: Brasil, China, Chile, Estados Unidos y España.
En tanto, Brasil, China, Estados Unidos, Alemania y México lideraron la nómina de países de origen en cuanto a las importaciones que recibió la Argentina. Asimismo el intercambio comercial de 2011 con la Unión Europea arrojó un saldo positivo de US$2.641 millones y de US$3.660 millones con Chile, pero resultó negativo con Asia, con un déficit de US$2.376 millones, y con el NAFTA que integran Canadá, México y Estados Unidos, al cerrar con una caída de US$3.202 millones. Con respecto a las importaciones, se destacaron vehículos para transporte de personas, gasoil, aviones ingresados temporalmente por más de 365 días, gas natural licuado, gas natural en estado gaseoso y minerales de hierro. Durante 2011, también se incrementaron las compras al exterior de cajas de cambio, partes y accesorios de carrocerías de automóviles, circuitos impresos con componentes eléctricos y hulla bituminosa, fueloil y partes para aparatos receptores de radiotelefonía y televisión, todo esto último para alimentar la industria nacional del polo tecnológico fueguino.
febrero 13, 2012
Modelo 2012
Pasado el tiempo de los festejos como Presidenta reelecta y recuperada del carcinoma papilar de tiroides que nunca tuvo, la primera mandataria de nuestro país necesitaba ir definiendo el curso de acción a seguir para lograr consolidar un proyecto que le asegurase, además de estos cuatro años de mandato un rol preponderante. Y la búsqueda de la suma del poder público se constituyo así en un factor clave en el marco de este proyecto. Pero para ello uno de los primeros objetivos era neutralizar al gobernador bonaerense Daniel Scioli, del cual no quedan dudas de que está cada vez más lejos de reunir las condiciones para ser considerado el vice para 2015. Se ha convertido en otro traidor, ha jugado un partido de futbol con Macri mientras Cristina se recuperaba de su operación, está enfrentado con su vicegobernador Gabriel Mariotto, y también esta su pasado menemista. Como si la Presidenta y Néstor Kirchner no estuvieran abarcados por ese proceso político de los 90 al que no se privaron de apoyar.
Y hasta se ha reunido con el enemigo más poderoso que hoy tiene la administración, el camionero Hugo Moyano. Otrora una de las figuras más cercanas a la Presidente y al difunto Néstor. La estrategia de Scioli fue, es, y será la de hacerse el desentendido, pero desde el seno mismo del Gobierno se encargan de hacerle saber esta realidad. De hecho es tal el desprecio por la figura de Scioli que el vicepresidente recibió la orden de caminar la provincia mientras ejercía como presidente durante la convalecencia de Cristina. Amado Boudou también debió convocar a Mariotto para una foto en su despacho al día siguiente del encuentro futbolístico Scioli vs Macri. La tarea del vicegobernador es gestionar con intendentes kirchneristas y presentarse como el nexo directo con la Casa Rosada capaz de hacer que se abran las puertas del poder y aparezcan los recursos que el gobernador no puede proveer. Nombramientos para médicos que hace años lo vienen reclamando, o bien la concreción de una obra pública anhelada por la comunidad. Lo del Gobierno, está claro, lo que no está claro es lo de Scioli, ¿Qué hará? Hasta ahora nadie tiene esa respuesta, la indefinición del gobernador le juega en contra debe decidirse hablar y no mantenerse mudo ante esta realidad.
Estamos viendo un verano con mucho movimiento turístico que es muestra de un supuesto bienestar económico. El impacto que tendrán la quita de los subsidios a los servicios de agua, electricidad y gas se minimiza y la bomba de humo sobre el tema Malvinas, hace que se viva absurdamente como en un ambiente de fiesta. Acá no pasa nada, y hay una gran mayoría a la que parece no interesarle la realidad de lo que vendrá. Otro que vive su momento de gloria es Guillermo Moreno, el ministro de Economía en funciones de este Gobierno. Hace y deshace a su antojo, se siente el vencedor de la pulseada cambiaria que se vivió a fin de 2011, el cierre de las importaciones lo vive como un triunfo, y no importa que en Tierra del Fuego no puedan ensamblar los teléfonos celulares supuestamente hechos en Argentina, que haya dificultad para la provisión de electrodomésticos o de instrumental médico. El mundo editorial esta enfurecido por las condiciones que puso Moreno para la importación; Si quieren importar libros deberán antes exportar cualquier otra cosa, de locos, libros de texto escolares incluidos.
La Unión Industrial Argentina ha decidido pronunciarse en contra de estas medidas nocivas para la industria nacional. Que nuestro país busque el desarrollo de una industria propia, que tenga la capacidad de sustituir con igual calidad y en igual cantidad muchos de los productos que hoy provienen del exterior, es un objetivo muy importante, trascendental. Pero la obtención de ese logro sólo será posible con la puesta en práctica de políticas sólidas y perdurables que le den sostén a una iniciativa que tendrá consecuencias económicas, sociales y políticas. Para ello hay necesidad, entre otras cosas, de crear condiciones de accesibilidad al crédito que hoy sólo puede garantizar la Anses, con todas las mentiras de discrecionalidad política que ello suscita. Y por su puesto la existencia de un empresariado con conductas tales que le permitieran alcanzar un liderazgo social del que hoy carece.
Y hasta se ha reunido con el enemigo más poderoso que hoy tiene la administración, el camionero Hugo Moyano. Otrora una de las figuras más cercanas a la Presidente y al difunto Néstor. La estrategia de Scioli fue, es, y será la de hacerse el desentendido, pero desde el seno mismo del Gobierno se encargan de hacerle saber esta realidad. De hecho es tal el desprecio por la figura de Scioli que el vicepresidente recibió la orden de caminar la provincia mientras ejercía como presidente durante la convalecencia de Cristina. Amado Boudou también debió convocar a Mariotto para una foto en su despacho al día siguiente del encuentro futbolístico Scioli vs Macri. La tarea del vicegobernador es gestionar con intendentes kirchneristas y presentarse como el nexo directo con la Casa Rosada capaz de hacer que se abran las puertas del poder y aparezcan los recursos que el gobernador no puede proveer. Nombramientos para médicos que hace años lo vienen reclamando, o bien la concreción de una obra pública anhelada por la comunidad. Lo del Gobierno, está claro, lo que no está claro es lo de Scioli, ¿Qué hará? Hasta ahora nadie tiene esa respuesta, la indefinición del gobernador le juega en contra debe decidirse hablar y no mantenerse mudo ante esta realidad.
Estamos viendo un verano con mucho movimiento turístico que es muestra de un supuesto bienestar económico. El impacto que tendrán la quita de los subsidios a los servicios de agua, electricidad y gas se minimiza y la bomba de humo sobre el tema Malvinas, hace que se viva absurdamente como en un ambiente de fiesta. Acá no pasa nada, y hay una gran mayoría a la que parece no interesarle la realidad de lo que vendrá. Otro que vive su momento de gloria es Guillermo Moreno, el ministro de Economía en funciones de este Gobierno. Hace y deshace a su antojo, se siente el vencedor de la pulseada cambiaria que se vivió a fin de 2011, el cierre de las importaciones lo vive como un triunfo, y no importa que en Tierra del Fuego no puedan ensamblar los teléfonos celulares supuestamente hechos en Argentina, que haya dificultad para la provisión de electrodomésticos o de instrumental médico. El mundo editorial esta enfurecido por las condiciones que puso Moreno para la importación; Si quieren importar libros deberán antes exportar cualquier otra cosa, de locos, libros de texto escolares incluidos.
La Unión Industrial Argentina ha decidido pronunciarse en contra de estas medidas nocivas para la industria nacional. Que nuestro país busque el desarrollo de una industria propia, que tenga la capacidad de sustituir con igual calidad y en igual cantidad muchos de los productos que hoy provienen del exterior, es un objetivo muy importante, trascendental. Pero la obtención de ese logro sólo será posible con la puesta en práctica de políticas sólidas y perdurables que le den sostén a una iniciativa que tendrá consecuencias económicas, sociales y políticas. Para ello hay necesidad, entre otras cosas, de crear condiciones de accesibilidad al crédito que hoy sólo puede garantizar la Anses, con todas las mentiras de discrecionalidad política que ello suscita. Y por su puesto la existencia de un empresariado con conductas tales que le permitieran alcanzar un liderazgo social del que hoy carece.
febrero 10, 2012
De las restricciones al comercio
Las trabas a las importaciones que aunque parezcan nuevas, no lo son, y así el gobierno viene realizando un desleal control de las importaciones hace algo más de un año debido a que ha cerrado sus fronteras desde el comienzo de la crisis económica en el viejo mundo. Ahora estas medidas han sido impuestas como las reglas de juego por el gobierno argentino y sumadas a las dificultades que venían generando en los convenios bilaterales entre varios países incluidos algunos del Mercosur, han provocado las primeras reacciones por ejemplo la del gobierno brasileño. Brasil es el principal socio comercial de nuestro país y como decíamos, la administración nacional a través de su ministerio de industria le ha mentido desde hace un año a esta parte. No se trata, de que en Brasil sean incompetentes, sino que han sido demasiado pacientes. Es por ello que el ministro de Industria de Brasil, Fernando Pimentel, aseguró que la relación comercial con Argentina ha sido un dolor de cabeza y ha generado problemas permanentemente, dejando en claro el descontento de la administración del Dilma Rousseff sobre la nuevas disposiciones que comenzaron a regir desde el 1º de febrero.
En declaraciones a la agencia Dow Jones reproducidas en el portal del diario O Estado de Sao Paulo, el par de Débora Giorgi explico que la Argentina ha sido un problema permanente para su cartera. Aseguro también que ambos países mantenemos buenas relaciones políticas, pero que económicamente, es muy difícil lidiar con los argentinos. Más allá de algunas declaraciones extraoficiales y otras de muchos empresarios brasileños, hasta el momento no había habido una voz oficial del gobierno de Dilma Rousseff que se alzara en contra de las estupideces que aunque ordenadas por la Presidenta de la nación llevan a cabo Guillermo Moreno, Débora Giorgi, y Ricardo Echegaray. La gerente de la Confederación Nacional de la Industria de Brasil, Soraya Saavedra Rosar, había manifestado la preocupación del sector por las trabas a las importaciones impuestas por el gobierno argentino, quejándose también por la falta de previsibilidad de su país, al no haberse anticipado a una situación que viene dándose hace un año. En sus declaraciones Pimentel, para bajar el tono de la discusión admitió que Brasil aún mantiene un superávit comercial de cerca de 6 mil millones de dólares con la Argentina y señaló que no se iniciarán negociaciones más profundas hasta ver cuáles serían las consecuencias de las medidas, en el corto plazo.
La resolución de la AFIP que implementa a partir del 1º de febrero la Declaración Jurada Anticipada de Importación (DJAI), se trata de una serie de medidas que otorgan mayor control sobre las importaciones y se temía lo que sucedió; los nuevos requisitos son meramente utilizados como herramientas para frenar el ingreso de mercaderías del exterior. Al momento de conocerse los dichos de ministro brasileño, el ministerio de Industria emitió un comunicado donde recuerda que a partir de una resolución tomada en diciembre pasado, los países socios del Mercosur estaban habilitados a aplicar individualmente derechos de importación sobre 100 posiciones arancelarias por encima del AEC, hasta el 35% permitido por la OMC y agrega que Giorgi y Beatriz Paglieri, la secretaria de Comercio Exterior, estaban trabajando en la elaboración del listado de posiciones arancelarias que presentaría la Argentina ante el bloque regional.
Las 100 posiciones arancelarias que cada país presentará para que modifiquen su AEC serán informadas a la Comisión de Comercio del Mercosur y, de no haber objeciones bien fundadas por parte de los socios, la medida tomaría vigencia. Más temprano el gobierno uruguayo se había expedido al respecto señalando que pese a las trabas el saldo entre ambos países fue positivo. En este caso habló el canciller Luis Almagro quien comentó que tras analizar las trabas comerciales que afectaban sus exportaciones y otro tipo de medidas que podían afectar su vínculo comercial con Argentina, habían visto, al cerrar 2011, que su producto en esa materia habría logrado un crecimiento importante del 17% de sus exportaciones a la Argentina. Claro, consideremos que el porcentaje de las exportaciones uruguayas a la Argentina representa apenas el 0,13% de las exportaciones de Brasil hacia nuestro país.
En declaraciones a la agencia Dow Jones reproducidas en el portal del diario O Estado de Sao Paulo, el par de Débora Giorgi explico que la Argentina ha sido un problema permanente para su cartera. Aseguro también que ambos países mantenemos buenas relaciones políticas, pero que económicamente, es muy difícil lidiar con los argentinos. Más allá de algunas declaraciones extraoficiales y otras de muchos empresarios brasileños, hasta el momento no había habido una voz oficial del gobierno de Dilma Rousseff que se alzara en contra de las estupideces que aunque ordenadas por la Presidenta de la nación llevan a cabo Guillermo Moreno, Débora Giorgi, y Ricardo Echegaray. La gerente de la Confederación Nacional de la Industria de Brasil, Soraya Saavedra Rosar, había manifestado la preocupación del sector por las trabas a las importaciones impuestas por el gobierno argentino, quejándose también por la falta de previsibilidad de su país, al no haberse anticipado a una situación que viene dándose hace un año. En sus declaraciones Pimentel, para bajar el tono de la discusión admitió que Brasil aún mantiene un superávit comercial de cerca de 6 mil millones de dólares con la Argentina y señaló que no se iniciarán negociaciones más profundas hasta ver cuáles serían las consecuencias de las medidas, en el corto plazo.
La resolución de la AFIP que implementa a partir del 1º de febrero la Declaración Jurada Anticipada de Importación (DJAI), se trata de una serie de medidas que otorgan mayor control sobre las importaciones y se temía lo que sucedió; los nuevos requisitos son meramente utilizados como herramientas para frenar el ingreso de mercaderías del exterior. Al momento de conocerse los dichos de ministro brasileño, el ministerio de Industria emitió un comunicado donde recuerda que a partir de una resolución tomada en diciembre pasado, los países socios del Mercosur estaban habilitados a aplicar individualmente derechos de importación sobre 100 posiciones arancelarias por encima del AEC, hasta el 35% permitido por la OMC y agrega que Giorgi y Beatriz Paglieri, la secretaria de Comercio Exterior, estaban trabajando en la elaboración del listado de posiciones arancelarias que presentaría la Argentina ante el bloque regional.
Las 100 posiciones arancelarias que cada país presentará para que modifiquen su AEC serán informadas a la Comisión de Comercio del Mercosur y, de no haber objeciones bien fundadas por parte de los socios, la medida tomaría vigencia. Más temprano el gobierno uruguayo se había expedido al respecto señalando que pese a las trabas el saldo entre ambos países fue positivo. En este caso habló el canciller Luis Almagro quien comentó que tras analizar las trabas comerciales que afectaban sus exportaciones y otro tipo de medidas que podían afectar su vínculo comercial con Argentina, habían visto, al cerrar 2011, que su producto en esa materia habría logrado un crecimiento importante del 17% de sus exportaciones a la Argentina. Claro, consideremos que el porcentaje de las exportaciones uruguayas a la Argentina representa apenas el 0,13% de las exportaciones de Brasil hacia nuestro país.
febrero 08, 2012
Producción nacional capitulo segundo
El infinito menú de curiosidades e irregularidades del Silicon Valley made in Argentina no termina en el capitulo primero de esta nota. Otro hecho más inquietante aun es que el 30 de noviembre del año 2009, la Auditoría General de la Nación remitió al titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, un informe en el cual, entre muchas otras falencias, se consignaba que las especificidades del Área Aduanera Especial de Tierra del Fuego no habían sido incorporadas al Sistema Informático María. En otras palabras, en Ushuaia y en Río Grande habría, según declaraciones de los propios funcionarios de Aduana, un gigantesco agujero negro. Al día de hoy por supuesto se ignora si esa deficiencia ha sido subsanada. Pero si de irregularidades se trata, veamos algunas otras, en la resolución 85/2011 las autoridades acuerdan con la firma Electrofueguina SA el inicio de la fabricación de 18000 notebooks por año, con sus 8 empleados, para lo que debería ampliar su planta en 200 metros cuadrados. Si 8 empleados para fabricar 18000 notebooks en 260 días, o 9 notebooks por semana cada empleado, y esto sin considerar los feriados que hay en medio.
Además, los fabricantes de netbooks tienen un beneficio extra, ya que en los considerandos de las resoluciones que les extienden el privilegio fiscal se consigna que el Gobierno comprará sus productos para abastecer el programa Conectar Igualdad, aquel que prometía poner una computadora en las manos de casi 3 millones de estudiantes. De esa meta, de ese 100% solo se cumplió con el 30% en todo el país, y han pasado dos años del inicio del mismo. Entonces es decir, el Estado no sólo libera a estas empresas de cualquier competencia, sino que, además, se compromete a comprarles lo que fabriquen. Hablábamos de irregularidades, bueno veamos algunas otras. Uno debe preguntarse por lo menos, ¿cuales son los parámetros para determinar si un producto es originario de Tierra del Fuego, y no el derivado de un simple montaje de piezas fabricadas en China? No se sabe, hoy ya no existe la obligación de que un porcentaje de los componentes del producto sea local. Ahora basta con satisfacer algunos procesos productivos que introduzcan cambios sustantivos en la mercadería importada. El gobierno de Tierra del Fuego y el Ministerio de Industria son los responsables de determinar si se cumple con esa condición.
Según la reglamentación, esos procesos productivos incluyen verificaciones visuales, pruebas y ensamblajes, aun cuando estos últimos estén invalidados por la Organización Mundial de Comercio (OMC) para determinar el contenido local de un bien. Para dar un ejemplo más claro citemos el caso del régimen establecido para la fabricación de cámaras digitales que incluye en el proceso productivo la prueba de foco o de micrófono, bien estas pruebas no son requeridas en el polo tecnológico fueguino. Tampoco está claro cuales o cuantos deben ser los materiales nacionales que se exigen para obtener la exención fiscal, situación que también abre una enorme incógnita. Según la resolución 104/2010, por citar otro caso, en los receptores digitales de video deben ser argentinos las etiquetas autoadhesivas, la placa de identificación, el certificado de garantía, el manual de instrucciones, la lista de servicios técnicos autorizados y las cintas de embalar. Este es el criterio que se aplica para todos los demás productos electrónicos con promoción fiscal.
Los números también hablan por sí solos y llevan a pensar que en Tierra del Fuego el Estado está facilitando una formidable plusvalía a meros ensambladores. En su página web la provincia también consigna que las importaciones han llegado a niveles muy altos, y pasaron de US$800 millones en 2009, a US$1.500 millones solo en los primeros seis meses de 2011. Si se presta atención al tipo de mercaderías, no aparecen materias primas de la electrónica. En cambio el rubro máquinas y aparatos eléctricos fue de US$371 millones en 2009, a US$1.500 en 2010, y a US$940 millones en la primera mitad de 2011. Hay otras cifras que sugieren que, salvo que se haya realizado un milagro de productividad, lo de Tierra del Fuego tiene poco que ver con un boom industrial. Los celulares fabricados allí, que en 2009 eran 398.000, en 2010 fueron 4.900.000, y en el primer semestre de 2011, 5.300.000. Algo hule mal en la Industria Nacional y Popular, del polo tecnológico.
Además, los fabricantes de netbooks tienen un beneficio extra, ya que en los considerandos de las resoluciones que les extienden el privilegio fiscal se consigna que el Gobierno comprará sus productos para abastecer el programa Conectar Igualdad, aquel que prometía poner una computadora en las manos de casi 3 millones de estudiantes. De esa meta, de ese 100% solo se cumplió con el 30% en todo el país, y han pasado dos años del inicio del mismo. Entonces es decir, el Estado no sólo libera a estas empresas de cualquier competencia, sino que, además, se compromete a comprarles lo que fabriquen. Hablábamos de irregularidades, bueno veamos algunas otras. Uno debe preguntarse por lo menos, ¿cuales son los parámetros para determinar si un producto es originario de Tierra del Fuego, y no el derivado de un simple montaje de piezas fabricadas en China? No se sabe, hoy ya no existe la obligación de que un porcentaje de los componentes del producto sea local. Ahora basta con satisfacer algunos procesos productivos que introduzcan cambios sustantivos en la mercadería importada. El gobierno de Tierra del Fuego y el Ministerio de Industria son los responsables de determinar si se cumple con esa condición.
Según la reglamentación, esos procesos productivos incluyen verificaciones visuales, pruebas y ensamblajes, aun cuando estos últimos estén invalidados por la Organización Mundial de Comercio (OMC) para determinar el contenido local de un bien. Para dar un ejemplo más claro citemos el caso del régimen establecido para la fabricación de cámaras digitales que incluye en el proceso productivo la prueba de foco o de micrófono, bien estas pruebas no son requeridas en el polo tecnológico fueguino. Tampoco está claro cuales o cuantos deben ser los materiales nacionales que se exigen para obtener la exención fiscal, situación que también abre una enorme incógnita. Según la resolución 104/2010, por citar otro caso, en los receptores digitales de video deben ser argentinos las etiquetas autoadhesivas, la placa de identificación, el certificado de garantía, el manual de instrucciones, la lista de servicios técnicos autorizados y las cintas de embalar. Este es el criterio que se aplica para todos los demás productos electrónicos con promoción fiscal.
Los números también hablan por sí solos y llevan a pensar que en Tierra del Fuego el Estado está facilitando una formidable plusvalía a meros ensambladores. En su página web la provincia también consigna que las importaciones han llegado a niveles muy altos, y pasaron de US$800 millones en 2009, a US$1.500 millones solo en los primeros seis meses de 2011. Si se presta atención al tipo de mercaderías, no aparecen materias primas de la electrónica. En cambio el rubro máquinas y aparatos eléctricos fue de US$371 millones en 2009, a US$1.500 en 2010, y a US$940 millones en la primera mitad de 2011. Hay otras cifras que sugieren que, salvo que se haya realizado un milagro de productividad, lo de Tierra del Fuego tiene poco que ver con un boom industrial. Los celulares fabricados allí, que en 2009 eran 398.000, en 2010 fueron 4.900.000, y en el primer semestre de 2011, 5.300.000. Algo hule mal en la Industria Nacional y Popular, del polo tecnológico.
febrero 07, 2012
Producción nacional capitulo primero
Uno de los pilares de la gestión de este gobierno durante los últimos cuatro años, favorecido por el boom del consumo y el crédito barato hoy tiembla desde sus cimientos hasta su azotea cual rascacielos durante un terremoto de 10 grados en la escala de Richter. Si, así de grave se ve la situación de una de las joyas del modelo nacional y popular, el régimen de promoción que rige en Tierra del Fuego y que beneficia sobre todo al conjunto de empresas de electrónica. Las compañías radicadas en la isla se venían beneficiando con el sistema de licencias no automáticas. Al restringir los permisos de importación, el Gobierno les había ampliado el mercado, agregando una nueva prerrogativa al régimen tributario que ya las protege. Pero el bloqueo de Guillermo Moreno sobre las importaciones y los flamantes requisitos de la AFIP alcanzan también a esas firmas autóctonas, que comienzan a encontrar obstáculos para conseguir sus insumos. Las dificultades creadas por la jugada del secretario de Comercio resulta, un grave problema para estos empresarios ya que los obliga a reclamar como importadores, que es el último rol con el que les gustaría ser identificados.
Pero cuál otro sería su apodo, mote o como se los quiera llamar si solamente es eso lo que son, importadores. Rubén Cherñajovsky que es titular de la empresa Newsan y vicepresidente de la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica, llego a los despachos del vice Presidente Amado Boudou y al de la ministra de Industria, Débora Giorgi, acompañado por Marcelo Claure, titular de Brightstar y de todos sus miedos y reclamos. El nuevo marco regulatorio tanto de la administración federal de ingresos públicos, como los controles del secretario de comercio interior dejan expuesta una realidad que complica este pilar de la gestión gubernamental ¿Por qué?, porque tierra del Fuego es un área Aduanera Especial, allí las sociedades no pagan impuestos a la importación ni a la exportación. Tampoco pagan IVA ni Ganancias. En las ventas de productos al continente, cobran el 21% en concepto de IVA, pero no deben desembolsarlo en la AFIP. El gasto fiscal del régimen fueguino fue en 2011, de $3500 millones. Como en su mayor parte se trata de impuestos coparticipables, de cada $100 que el Estado deja de recaudar, las provincias dejan de percibir $45 y la Anses, $28, un esfuerzo tributario que vuelve más complicado de entender el marco regulatorio del supuesto polo tecnológico.
La controversia existió siempre, pero hoy lo que el Gobierno presenta como el polo tecnológico fueguino, ¿es algo más que un parque de ensamblado de artefactos comprados en China? El tema no es menor, el Estado resigna muchos recursos con el pretexto de estimular la fabricación nacional de bienes, en especial electrónicos y el argumento oficial para desmentir que el polo tecnológico sea nada más que la máscara de un boom importador, es que allí se estimula el trabajo argentino. Cuando se repasa la página web de la provincia esa defensa se vuelve imposible de sostener, basta con leer por ejemplo, resoluciones como la 650/2011 del secretario Eduardo Bianchi, en la que Pc-Arts Argentina SA se compromete a producir 35.000 notebooks por año con una dotación de 14 empleados, o la 72/2011 según la cual Iatec SA debe fabricar hasta 40.000 microondas por año con sólo 4 empleados.
En el ministerio explican que la empresa Pc-Arts SA puede producir una notebook cada 3 minutos y que, por lo tanto, no necesita más personal, una respuesta parecida se aplica para explicar la situación de Iatec SA. Estas cifras oficiales alimentan aún más la teoría de que todo se trata solamente de simples líneas de ensamblaje más que empresas en las que se fomenta el crecimiento de la industria nacional que aparte generan también puestos de trabajo genuinos. Otro ejemplo puede ser, el que le otorga mediante la resolución 710/2011 a Radio Victoria Fueguina los beneficios del régimen para fabricar tablets PC del tipo iPad. La empresa debería invertir $1.084.000 de los cuales $130.000 serian destinados a inversión fija y el resto, a capital de trabajo. ¿Se puede fabricar tablets nacionales con una inversión fija de sólo 130.000 pesos? La respuesta es; no. Entonces es más lógico suponer que la mayor parte de la inversión será destinada a comprar partes Chinas, Coreanas, o Japonesas y que finalmente serán montadas en Tierra del Fuego.
Pero cuál otro sería su apodo, mote o como se los quiera llamar si solamente es eso lo que son, importadores. Rubén Cherñajovsky que es titular de la empresa Newsan y vicepresidente de la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica, llego a los despachos del vice Presidente Amado Boudou y al de la ministra de Industria, Débora Giorgi, acompañado por Marcelo Claure, titular de Brightstar y de todos sus miedos y reclamos. El nuevo marco regulatorio tanto de la administración federal de ingresos públicos, como los controles del secretario de comercio interior dejan expuesta una realidad que complica este pilar de la gestión gubernamental ¿Por qué?, porque tierra del Fuego es un área Aduanera Especial, allí las sociedades no pagan impuestos a la importación ni a la exportación. Tampoco pagan IVA ni Ganancias. En las ventas de productos al continente, cobran el 21% en concepto de IVA, pero no deben desembolsarlo en la AFIP. El gasto fiscal del régimen fueguino fue en 2011, de $3500 millones. Como en su mayor parte se trata de impuestos coparticipables, de cada $100 que el Estado deja de recaudar, las provincias dejan de percibir $45 y la Anses, $28, un esfuerzo tributario que vuelve más complicado de entender el marco regulatorio del supuesto polo tecnológico.
La controversia existió siempre, pero hoy lo que el Gobierno presenta como el polo tecnológico fueguino, ¿es algo más que un parque de ensamblado de artefactos comprados en China? El tema no es menor, el Estado resigna muchos recursos con el pretexto de estimular la fabricación nacional de bienes, en especial electrónicos y el argumento oficial para desmentir que el polo tecnológico sea nada más que la máscara de un boom importador, es que allí se estimula el trabajo argentino. Cuando se repasa la página web de la provincia esa defensa se vuelve imposible de sostener, basta con leer por ejemplo, resoluciones como la 650/2011 del secretario Eduardo Bianchi, en la que Pc-Arts Argentina SA se compromete a producir 35.000 notebooks por año con una dotación de 14 empleados, o la 72/2011 según la cual Iatec SA debe fabricar hasta 40.000 microondas por año con sólo 4 empleados.
En el ministerio explican que la empresa Pc-Arts SA puede producir una notebook cada 3 minutos y que, por lo tanto, no necesita más personal, una respuesta parecida se aplica para explicar la situación de Iatec SA. Estas cifras oficiales alimentan aún más la teoría de que todo se trata solamente de simples líneas de ensamblaje más que empresas en las que se fomenta el crecimiento de la industria nacional que aparte generan también puestos de trabajo genuinos. Otro ejemplo puede ser, el que le otorga mediante la resolución 710/2011 a Radio Victoria Fueguina los beneficios del régimen para fabricar tablets PC del tipo iPad. La empresa debería invertir $1.084.000 de los cuales $130.000 serian destinados a inversión fija y el resto, a capital de trabajo. ¿Se puede fabricar tablets nacionales con una inversión fija de sólo 130.000 pesos? La respuesta es; no. Entonces es más lógico suponer que la mayor parte de la inversión será destinada a comprar partes Chinas, Coreanas, o Japonesas y que finalmente serán montadas en Tierra del Fuego.
febrero 03, 2012
Restricciones de todo tipo
Existe una vieja idea, enterrada hasta por las modernas izquierdas de la región, que es aquella del modelo de sustitución de importaciones y la verdad es que estos conceptos no solo no han vuelto a reflotar en el mundo, sino que han desaparecido, han muerto. Por eso, estas decisiones de control excesivo en 2012 son realmente inéditas. Se trata de un proceso irreversible al cual sólo le cabe profundizarlo, nos encontramos así frente a un nuevo paquete de medidas de supuesto carácter estratégico, y para los tiempos que corren hasta pueden confundirse como parte del resguardo frente al proteccionismo general que se deriva de la crisis internacional. De allí se llega obviamente al concepto popular de la salvaguardia del trabajo de los argentinos, que el gobierno usa para su propio provecho. Hoy la libertad de cambios y de comercio ha dejado de ser una variable donde decide la gente común, desde ahora decide el Gobierno. Esta es la ecuación que manda, derivada de un proceso de desconfianza que hizo salir US$75.000 millones del país en 52 meses.
Dado este diagnóstico, está claro que el conjunto de medidas cambiarias no sólo no recuperan la desconfianza, sino que la profundizan. De allí la irreversibilidad del proceso, y solo pueden esperarse más decisiones de control adicionales, propias y hasta lógicas de la argentina de los años 70 y los 80. Por lo tanto, esta decisión, ahora formal en materia de importación se inscribe dentro de la lógica de las medidas más relevantes de la administración nacional en los últimos tiempos en materia macroeconómica, junto con la que fue la madre de todas estas medidas, la vuelta al control de cambios el 31 de octubre de 2011. Ese fue el verdadero eje, que comenzó a cambiar todo en materia de política económica, más allá de la magnitud mediática que tuvo la eventual reducción de subsidios a algunos servicios públicos. Se trata específicamente de lo siguiente, lograr balancear la cuenta de la oferta neta de divisas que ingresa en el mercado oficial de cambios, el saldo del comercio exterior más el financiamiento comercial, más la inversión extranjera directa, menos el pago de utilidades y dividendos, más los servicios netos del sector privado, más otros servicios reales netos, turismo y viajes privados; su resultante tiene que ser un número tal que alcance para pagar la deuda en dólares del sector público.
Esto es así dado que el Gobierno no toma nuevo financiamiento por capital. Si en el mercado de cambios ese número supera lo que hay que pagar, subirán las reservas. A lo sumo se podrán vender algunos dólares a la gente para ahorro y por supuesto solo a los que les dan impositivamente los números. Desde ya, lo máximo que puede ocurrir en un principio es que las reservas del Banco Central no caigan. Ahora, si en este proceso se requieren mayores prohibiciones, las habrá. En números, suponiendo que aquella medida del 31 de octubre congelara o llevara casi a cero cualquier ingreso neto positivo de capitales o financiamiento genuino a la Argentina, la oferta de dólares neta quedaría reducida a lo que dé el comercio exterior, es decir, el resultado de la balanza comercial, las exportaciones menos las importaciones, que no pueden dar menos de US$10.000 millones en el año suficientes para pagar solo los servicios de intereses de la deuda por entre 8000 y 9000 millones. El resto de operaciones netas deberían dar, en el mejor de los mundos, cero. El control de cambios sobrevino justamente por esta causa los números de la balanza no cerraban, y el central perdía reservas para frenar corridas.
Los vencimientos de deuda, aun los privados, por ahora están fuera de discusión, porque eso ya sería default. Casi todo esto que está relacionado con cuánto va a dar la cosecha, con la incógnita de si lloverá o no y de cómo serán los precios internacionales de los commodities, ya que mal que le pese a la presidenta el producto del campo, o los agrodólares han sido la columna vertebral de su modelo. Pero ahora lo que se está jugando es el grado de restricciones adicionales que va a tener la macroeconomía. Desde ya que tasas de crecimiento importantes dejaran poco margen para el racionamiento de las importaciones. Pero todo lo que no se logre por exportaciones y otros ingresos derivados se verá reflejado en más restricciones a las importaciones. Por supuesto, las consecuencias económicas en las personas van a ser diferentes en cuanto a la disponibilidad de bienes, y a la libertad de comercio, en concreto sobre la calidad de vida de toda la ciudadanía.
Dado este diagnóstico, está claro que el conjunto de medidas cambiarias no sólo no recuperan la desconfianza, sino que la profundizan. De allí la irreversibilidad del proceso, y solo pueden esperarse más decisiones de control adicionales, propias y hasta lógicas de la argentina de los años 70 y los 80. Por lo tanto, esta decisión, ahora formal en materia de importación se inscribe dentro de la lógica de las medidas más relevantes de la administración nacional en los últimos tiempos en materia macroeconómica, junto con la que fue la madre de todas estas medidas, la vuelta al control de cambios el 31 de octubre de 2011. Ese fue el verdadero eje, que comenzó a cambiar todo en materia de política económica, más allá de la magnitud mediática que tuvo la eventual reducción de subsidios a algunos servicios públicos. Se trata específicamente de lo siguiente, lograr balancear la cuenta de la oferta neta de divisas que ingresa en el mercado oficial de cambios, el saldo del comercio exterior más el financiamiento comercial, más la inversión extranjera directa, menos el pago de utilidades y dividendos, más los servicios netos del sector privado, más otros servicios reales netos, turismo y viajes privados; su resultante tiene que ser un número tal que alcance para pagar la deuda en dólares del sector público.
Esto es así dado que el Gobierno no toma nuevo financiamiento por capital. Si en el mercado de cambios ese número supera lo que hay que pagar, subirán las reservas. A lo sumo se podrán vender algunos dólares a la gente para ahorro y por supuesto solo a los que les dan impositivamente los números. Desde ya, lo máximo que puede ocurrir en un principio es que las reservas del Banco Central no caigan. Ahora, si en este proceso se requieren mayores prohibiciones, las habrá. En números, suponiendo que aquella medida del 31 de octubre congelara o llevara casi a cero cualquier ingreso neto positivo de capitales o financiamiento genuino a la Argentina, la oferta de dólares neta quedaría reducida a lo que dé el comercio exterior, es decir, el resultado de la balanza comercial, las exportaciones menos las importaciones, que no pueden dar menos de US$10.000 millones en el año suficientes para pagar solo los servicios de intereses de la deuda por entre 8000 y 9000 millones. El resto de operaciones netas deberían dar, en el mejor de los mundos, cero. El control de cambios sobrevino justamente por esta causa los números de la balanza no cerraban, y el central perdía reservas para frenar corridas.
Los vencimientos de deuda, aun los privados, por ahora están fuera de discusión, porque eso ya sería default. Casi todo esto que está relacionado con cuánto va a dar la cosecha, con la incógnita de si lloverá o no y de cómo serán los precios internacionales de los commodities, ya que mal que le pese a la presidenta el producto del campo, o los agrodólares han sido la columna vertebral de su modelo. Pero ahora lo que se está jugando es el grado de restricciones adicionales que va a tener la macroeconomía. Desde ya que tasas de crecimiento importantes dejaran poco margen para el racionamiento de las importaciones. Pero todo lo que no se logre por exportaciones y otros ingresos derivados se verá reflejado en más restricciones a las importaciones. Por supuesto, las consecuencias económicas en las personas van a ser diferentes en cuanto a la disponibilidad de bienes, y a la libertad de comercio, en concreto sobre la calidad de vida de toda la ciudadanía.
febrero 01, 2012
Importaciones
Podría hablarse de dos situaciones particulares, en el marco de la resolución General para las importaciones que impone la administración federal de ingresos públicos que empezaría a regir el mes que viene. La primera, de las situaciones es que resulta al menos curioso que algunas voces oficiales hayan justificado la controvertida resolución general 3252 de la AFIP en la necesidad de proteger la producción nacional. Más bien, el permiso previo que, desde febrero, exigirá la Aduana para dar curso a toda compra de insumos o bienes importados promete complicar terriblemente la actividad de empresas industriales y comerciales, muchas de las cuales ya venían sufriendo presiones para postergar importaciones o pagos externos. Así de esta manera, mediante la resolución el gobierno se arroga el derecho de decidir por los gerentes de compras qué, cuánto, cuándo y cómo importar. Y aunque nadie cree que este freno implícito llegará a todas las cadenas productivas, es fácil suponer que la proliferación de controles oficiales y sellos de autorización también desvelará a los gerentes de logística.
O sea, a los responsables de garantizar que los insumos importados estén disponibles cuando se los necesita, para no paralizar líneas o incumplir compromisos de exportación. En realidad, los nuevos requisitos apuntan al objetivo oficial de administrar el comercio exterior, lo que constituye a la norma como un eufemismo utilizado para justificar intervenciones estatales que eviten un mayor deterioro del superávit comercial y del stock de reservas del Banco Central US$46.400 millones, que equivalen a algo menos de un año de importaciones. Este propósito no es novedad. Ya había sido anticipado en diciembre por la presidenta Cristina Kirchner cuando creó la Secretaría de Comercio Exterior y designó para comandarla a Beatriz Paglieri, que sería más o menos la imagen femenina de Guillermo Moreno. Los importadores también estaban en alerta desde comienzos de noviembre, cuando un inédito piquete de despachantes de Aduana obligó a la AFIP a dar marcha atrás con una medida similar. La otra situación, es que resulta novedoso que los controles abarcan un universo más amplio que los 600 rubros protegidos por licencias no automáticas de importación y que los permisos previos para el resto pasarán por varios filtros oficiales.
Es imposible saber cuántos, ya que la RG 3252 establece la competencia de los organismos que adhieran, sin precisar cuáles ni en qué plazos; y también el criterio para aprobarlos o denegarlos, como ya ocurre con los enigmáticos controles cambiarios de la AFIP. La clave es que la Argentina como la mayoría de los países no se autoabastece de todo lo que produce, comenzando por muchos proyectos promocionados como de sustitución de importaciones. El sector industrial en su conjunto tiene un déficit comercial estructural, calculado en US$25.000 millones anuales. Así, la pretensión de controlar todas las importaciones puede ser pan para hoy y hambre para mañana, entraña riesgos tal vez peores que los que se busca evitar. La lista incluye la ya mencionada interrupción de líneas de producción, que algunas empresas utilicen como excusa para ajustar stocks, exponerse a represalias comerciales, que el exceso de burocracia aliente el contrabando o un sistema proclive a casos de corrupción. Y quizás el más relevante a mediano plazo es el freno a nuevas inversiones privadas por la mayor incertidumbre en la provisión de insumos.
O sea, a los responsables de garantizar que los insumos importados estén disponibles cuando se los necesita, para no paralizar líneas o incumplir compromisos de exportación. En realidad, los nuevos requisitos apuntan al objetivo oficial de administrar el comercio exterior, lo que constituye a la norma como un eufemismo utilizado para justificar intervenciones estatales que eviten un mayor deterioro del superávit comercial y del stock de reservas del Banco Central US$46.400 millones, que equivalen a algo menos de un año de importaciones. Este propósito no es novedad. Ya había sido anticipado en diciembre por la presidenta Cristina Kirchner cuando creó la Secretaría de Comercio Exterior y designó para comandarla a Beatriz Paglieri, que sería más o menos la imagen femenina de Guillermo Moreno. Los importadores también estaban en alerta desde comienzos de noviembre, cuando un inédito piquete de despachantes de Aduana obligó a la AFIP a dar marcha atrás con una medida similar. La otra situación, es que resulta novedoso que los controles abarcan un universo más amplio que los 600 rubros protegidos por licencias no automáticas de importación y que los permisos previos para el resto pasarán por varios filtros oficiales.
Es imposible saber cuántos, ya que la RG 3252 establece la competencia de los organismos que adhieran, sin precisar cuáles ni en qué plazos; y también el criterio para aprobarlos o denegarlos, como ya ocurre con los enigmáticos controles cambiarios de la AFIP. La clave es que la Argentina como la mayoría de los países no se autoabastece de todo lo que produce, comenzando por muchos proyectos promocionados como de sustitución de importaciones. El sector industrial en su conjunto tiene un déficit comercial estructural, calculado en US$25.000 millones anuales. Así, la pretensión de controlar todas las importaciones puede ser pan para hoy y hambre para mañana, entraña riesgos tal vez peores que los que se busca evitar. La lista incluye la ya mencionada interrupción de líneas de producción, que algunas empresas utilicen como excusa para ajustar stocks, exponerse a represalias comerciales, que el exceso de burocracia aliente el contrabando o un sistema proclive a casos de corrupción. Y quizás el más relevante a mediano plazo es el freno a nuevas inversiones privadas por la mayor incertidumbre en la provisión de insumos.
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