El Gobierno volvió a disponer de las ya frecuentes reasignaciones de partidas para inyectar un refuerzo al sistema de subsidios a la energía y el transporte. Esta vez por montos pocas veces vistos y en un mismo acto. En dos decisiones administrativas publicadas en el Boletín Oficial se aprobó una redistribución del gasto de $6.550 millones, de los que se destinaron más de $6.330 millones a reforzar las partidas para cubrir el déficit en el mercado mayorista eléctrico, ENARSA, Yacyretá y los subsidios al transporte de trenes y automotor. El cambio de partidas para reforzar la política energética que comanda Julio De Vido deja claro una tendencia que no frena con tarifas congeladas y costos de generación de combustibles en alza, el déficit a cubrir entre las empresas y el bolsillo de los consumidores es imposible de frenar. Para redistribuir estas partidas, el jefe de Gabinete dispuso los incrementos utilizando los superpoderes que le cedió el Congreso en 2006 dentro del nuevo artículo 37 de la Ley de Administración Financiera y de los Órganos de Control. Ese año Néstor Kirchner logró que le voten la reforma a esa ley estableciendo los superpoderes de forma permanente y evitó así tener que negociarlos cada vez que enviaba un proyecto de presupuesto nacional al Congreso.
Así, para cubrir el incremento en los subsidios, el Gobierno apeló a utilizar aplicaciones financieras, por lo que el saldo caerá directamente sobre el resultado de las cuentas, es decir, irá a alimentar mas déficit. De esta forma, se reducen $5.359 millones las Aplicaciones Financieras y $1.025 millones en partidas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. En la decisión administrativa 892/11 que se publicó se dispuso un incremento por el total de $6.331 millones que se distribuyeron, al Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, $4.413 millones; a la Jurisdicción 91, Obligaciones a cargo del Tesoro, $1.874 millones; y al Ministerio de Defensa, $44 millones. De esos montos, la distribución hacia subsidios es casi total. De ahí que a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico SA (Cammesa) se le giraron $1.928 millones, a Energía Argentina SA (ENARSA) $1.450 millones y al Ente Binacional Yacyretá $34 millones. Esto significa que, como explica la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera, las partidas destinadas a financiar las diferencias tarifarias que afectan estas empresas se agotaron en los primeros ocho meses del año. Es decir, no tienen más autorización para gastar y ahora se dispone el financiamiento para poder equilibrar la operación. Los montos destinados a reforzar los subsidios al transporte también ponen las luces en rojo, al Fondo Fiduciario del Sistema de Infraestructura del Transporte se giran $1.400 millones, a Yacimientos Petrolíferos Fiscales SA $477 millones, al Ferrocarril General Belgrano SA $158 millones, a la Administración de Infraestructuras Ferroviarias SE $190 millones y a otras empresas privadas sin discriminar $409 millones. Casi al final se dispone también reforzar también las cuentas de la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales SA en $40 millones, otros $150 millones para la Unión Internacional de Telecomunicaciones y una partida para financiar la Campaña de Verano 2011/2012 en la Antártida.
La decisión administrativa explica por sí misma en los considerandos la gravedad de la situación en materia de subsidios: “Resulta indispensable incrementar los créditos presupuestarios correspondientes al sector energético que permitan abastecer la creciente demanda del mercado”, dice allí. Está claro que el sistema no puede sostenerse por sí mismo, no ya con el monto anual que se fija para subsidiarlo, sino que hacen falta refuerzos que cada cuatrimestre se tornan más incontrolables ante la suba en los costos operativos de la energía y los combustibles. La decisión se justifica en la necesidad de garantizar la prestación de servicios de transporte. Para hacerlo, resulta imperioso contar con los recursos necesarios que permitan dar continuidad a las políticas establecidas en dicha materia. Pero esta no fue la única reasignación de fondos que se conoció. Por otra decisión administrativa, la 893/11, se aprobaron incrementos adicionales por $184,1 millones para Planificación Federal, $31,0 millones, para la Comisión Nacional de Energía Atómica, $19,8 millones para la Comisión Nacional de Comunicaciones, $59,4 millones y para el Ente Nacional Regulador de la Electricidad.
septiembre 30, 2011
septiembre 29, 2011
Inflación
Por cuarto mes consecutivo, referentes de los principales bloques de la oposición en la Cámara de Diputados presentaron la "Inflación-Congreso" de agosto, sobre la base de estudios de consultoras privadas, que arrojó 1,87%. Los legisladores opositores señalaron que el número que calcularon las consultoras censuradas por el Gobierno es exactamente el doble del que difundió el Instituto Nacional de Estadística y Censo (Indec) en los ultimos días, en una conferencia de prensa en el salón José Luis Cabezas de la Cámara baja. El 1,87 por ciento es exactamente igual al número de las provincias y exactamente el doble del Indec nacional, resaltó la diputada nacional de la Coalición Cívica, Patricia Bullrich. La legisladora, que busca renovar su banca en las elecciones del próximo 23 de octubre, reclamó que la Casa Rosada se haga cargo del problema de la inflación. A la vez, Bullrich detalló que el acumulado anual del índice de costo de vida según las privadas es del 23,6 por ciento. El diputado del Peronismo Federal y mano derecha de Francisco de Narváez, Gustavo Ferrari, sostuvo que los índices privados distan mucho de los oficiales, dato que a esta altura de los acontecimientos no constituye ninguna novedad. Junto a sus pares de la oposición, Ferrari consideró que el aumento que el Gobierno otorgó a la Asignación Universal por Hijo debería haber sido mayor, y como mínimo debería haber llegado a los 300 pesos para que la gente pueda comprar la misma cantidad de alimentos que compraba cuando comenzó a darse ese plan social. El diputado y candidato a gobernador de Buenos Aires, el duhaldista Eduardo Amadeo, resaltó que el índice de inflación en el país es el segundo más alto de toda la región.
Menos Venezuela, todos los países están debajo del 6 por ciento de inflación, aseguró Amadeo. A su turno, la diputada del PRO Paula Bertol afirmó que la inflación se siente sobre todo en los alimentos y afecta a los sectores con mayores necesidades. Sin embargo en diputados existe un dato importante al que no se hizo referencia en ningún momento, y es que estos índices de inflación se están comiendo el dólar competitivo de la primera etapa del kirchnerismo y eso se ve reflejado en la fuga de capitales. Significa menos inversiones y menos trabajo genuino para los argentinos, situación ésta última que el gobierno cubre. Los diputados insistieron en que de ninguna manera dejarían de permitir que estos índices se conozcan, como corresponde públicamente. Según entienden, es parte hoy de una función que deben cumplir y que es la de informar y sacar a la luz lo que se pretende ocultar, porque esta también es una cuestión de libertad de expresión. En la conferencia de prensa participaron también los legisladores Silvana Giudici (UCR) y Fernando Iglesias (Coalición Cívica). Pero ahora ha surgido un nuevo problema, es evidente que al gobierno nacional no le alcanza con callar las voces de las consultoras privadas amenazándolas primero y posteriormente imponiéndole multas de hasta $300 mil. Ahora el gobierno pretende según un dictamen de la justicia averiguar quiénes son todos aquellos los que publican índices inflacionarios, periodistas, portales de internet, diarios y revistas, no importa quién lo que si importa; es a un mes de las elecciones presidenciales callar todas estas voces. Prepotencia, ante la mentira de una administración cuya adición al poder no le permite ver más allá del 23 de octubre.
Menos Venezuela, todos los países están debajo del 6 por ciento de inflación, aseguró Amadeo. A su turno, la diputada del PRO Paula Bertol afirmó que la inflación se siente sobre todo en los alimentos y afecta a los sectores con mayores necesidades. Sin embargo en diputados existe un dato importante al que no se hizo referencia en ningún momento, y es que estos índices de inflación se están comiendo el dólar competitivo de la primera etapa del kirchnerismo y eso se ve reflejado en la fuga de capitales. Significa menos inversiones y menos trabajo genuino para los argentinos, situación ésta última que el gobierno cubre. Los diputados insistieron en que de ninguna manera dejarían de permitir que estos índices se conozcan, como corresponde públicamente. Según entienden, es parte hoy de una función que deben cumplir y que es la de informar y sacar a la luz lo que se pretende ocultar, porque esta también es una cuestión de libertad de expresión. En la conferencia de prensa participaron también los legisladores Silvana Giudici (UCR) y Fernando Iglesias (Coalición Cívica). Pero ahora ha surgido un nuevo problema, es evidente que al gobierno nacional no le alcanza con callar las voces de las consultoras privadas amenazándolas primero y posteriormente imponiéndole multas de hasta $300 mil. Ahora el gobierno pretende según un dictamen de la justicia averiguar quiénes son todos aquellos los que publican índices inflacionarios, periodistas, portales de internet, diarios y revistas, no importa quién lo que si importa; es a un mes de las elecciones presidenciales callar todas estas voces. Prepotencia, ante la mentira de una administración cuya adición al poder no le permite ver más allá del 23 de octubre.
septiembre 26, 2011
En nombre de los derechos humanos
La secretaría de Derechos Humanos de la Nación admitió, aunque en forma indirecta, el pago de suculentas indemnizaciones a los parientes de personas muertas en tiroteos con la policía o mientras atacaban regimientos militares antes del golpe del 24 de marzo de 1976, durante el gobierno constitucional de Isabel Perón. Son decenas de indemnizaciones polémicas, que fueron pagadas gracias a una modificación introducida durante el gobierno de Néstor Kirchner, que consistió en la creación de una nueva categoría, la de "Ejecución sumaria", que no estaba prevista en la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep). A su vez, esa categoría engloba distintos tipos, que incluyen situaciones muy opinables, como enfrentamiento y excesos en eventual defensa. Todo esto rebasó el sentido original de la Conadep, que habría sido creada por el ex presidente Raúl Alfonsín sólo para investigar las desapariciones durante el proceso de reorganización nacional. Otro tipo de categoría es por ejemplo el de ejecución/asesinato, aunque no debería alcanzar los casos de guerrilleros fusilados por Montoneros, acusados de traidores, como ahora se denuncia pero también los alcanza a ellos. De cualquier manera, el pago de estas indemnizaciones se extendió de las víctimas del terrorismo de Estado a todos los caídos en combate por la revolución socialista, sin que la opinión pública fuera suficientemente informada al respecto. En realidad, todavía no se sabe cuántas son esas indemnizaciones que generan controversia ya que hasta 2006 el Estado había realizado 553 pagos bajo la categoría de "Ejecución sumaria", siempre según el sinceramiento de la secretaría de Derechos Humanos.
Esas personas cobraron la misma indemnización prevista para los parientes de las víctimas del terrorismo de Estado, durante el proceso de reorganización, que es una suma variable, y equivale a la remuneración mensual de los agentes Nivel A del escalafón para el personal civil de la administración pública nacional por el coeficiente 100. Esto es así en virtud del artículo primero de la Ley 24.411 aprobada a mediados de los noventa, durante el menemismo. En aquellos años, la suma ascendía a unos 220 mil pesos/dólares. El sinceramiento de esta locura resulto de un email que fue enviado por disposición de la Directora de Gestión de Políticas Reparatorias de la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, la doctora Rosa Gargiulo, en respuesta a una solicitud presentada. En el libro Operación Primicia se explica que se habían descubierto pagos en concepto de indemnizaciones a los parientes de ocho de los doce guerrilleros montoneros muertos en el ataque al Regimiento de Infantería de Monte 29 de Formosa, ocurrido el 5 de octubre de 1975. En ese email, la secretaría de Derechos Humanos informó que el Registro de Fallecidos (Redefa) es el legajo individual de las personas fallecidas en los que constan los antecedentes y las pruebas tendientes a acreditar los extremos previstos por la ley, es decir el cobro de esa indemnización. Todos esos nombres figuran en los anexos del informe de la Conadep y la fuente de información es el Redefa. Lo cierto es que no importa a nadie todos aquellos que murieron a manos de guerrilleros, y sus familias nunca fueron indemnizadas por el contrario fueron señaladas y perseguidas. Ninguna guerra tiene forma de ser justificada, pero al momento de juzgar a los que participaron todos merecen el mismo trato, porque como reza el dicho del saber popular; la ley rigurosa es pareja para todos.
Esas personas cobraron la misma indemnización prevista para los parientes de las víctimas del terrorismo de Estado, durante el proceso de reorganización, que es una suma variable, y equivale a la remuneración mensual de los agentes Nivel A del escalafón para el personal civil de la administración pública nacional por el coeficiente 100. Esto es así en virtud del artículo primero de la Ley 24.411 aprobada a mediados de los noventa, durante el menemismo. En aquellos años, la suma ascendía a unos 220 mil pesos/dólares. El sinceramiento de esta locura resulto de un email que fue enviado por disposición de la Directora de Gestión de Políticas Reparatorias de la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, la doctora Rosa Gargiulo, en respuesta a una solicitud presentada. En el libro Operación Primicia se explica que se habían descubierto pagos en concepto de indemnizaciones a los parientes de ocho de los doce guerrilleros montoneros muertos en el ataque al Regimiento de Infantería de Monte 29 de Formosa, ocurrido el 5 de octubre de 1975. En ese email, la secretaría de Derechos Humanos informó que el Registro de Fallecidos (Redefa) es el legajo individual de las personas fallecidas en los que constan los antecedentes y las pruebas tendientes a acreditar los extremos previstos por la ley, es decir el cobro de esa indemnización. Todos esos nombres figuran en los anexos del informe de la Conadep y la fuente de información es el Redefa. Lo cierto es que no importa a nadie todos aquellos que murieron a manos de guerrilleros, y sus familias nunca fueron indemnizadas por el contrario fueron señaladas y perseguidas. Ninguna guerra tiene forma de ser justificada, pero al momento de juzgar a los que participaron todos merecen el mismo trato, porque como reza el dicho del saber popular; la ley rigurosa es pareja para todos.
septiembre 23, 2011
Hugo Moyano
Más de 100.000 trabajadores estuvieron habilitados para sufragar en los comicios de renovación de autoridades del Sindicato de Choferes de Capital Federal y Provincia de Buenos Aires, y que por su puesto volvió a ganar el titular de la central obrera de forma contundente. De las elecciones, que se realizaron participo solamente la Lista Verde 15 de Diciembre que postulaba la reelección de su actual titular y líder de la CGT, Hugo Moyano. De los comicios participaron todos los afiliados camioneros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de las seccionales bonaerenses de Mar del Plata, Bahía Blanca, Olavarría, Tandil, 9 de Julio, La Plata, Necochea, San Nicolás, Tres Arroyos, Luján, Pilar, San Miguel del Monte, Pergamino, Partido de la Costa, Bragado, Campana, Junín y Chacabuco. Hugo Moyano era el único candidato en Capital y en las 18 seccionales bonaerenses con listas únicas. Sólo hubo dos listas en Mar del Plata, 9 de Julio y Junín, que compitieron por los cargos directivos de las seccionales. Así el camionero volvió a demostrarle al gobierno nacional que su poder es ilimitado, y realmente no importa cuánto dinero pueda utilizar para tratar de quitarlo del medio. Moyano más crítico que nunca había hecho duras declaraciones respecto de los rumores de pasillo, que alentaban una salida del por enésima vez titular de la central obrera.
En su diálogo con periodistas había mencionado que la decisión de quedarse o irse de la CGT, no lo iba a decidir nadie más que él, y menos aún la Presidenta o algunos de los ministros de su gabinete. Así de desafiante inclusive con palabras más duras se mostró en Mendoza el camionero Hugo Moyano, mientras brindaba una charla en la Universidad de Congreso, en el marco de un ciclo inventado por él, llamado “Realidad Social Argentina”, y que el líder de la CGT viene realizando en distintas universidades del país. Demostrando también su facilidad de llegada no sólo a trabajadores sino que también a la juventud. De esta manera, anticipaba que los dichos que referían a un posible alejamiento de la Central Obrera no eran más que sólo eso. Inclusive fue más allá y dijo que la decisión seria de los trabajadores, porque obviamente no vislumbra cambios en el movimiento obrero tras las elecciones generales. En su embestida contra el gobierno hizo mención a que en octubre se elegiría Presidente, y no al secretario general de la CGT, comentó pasando factura por los cargos que le fueron negados en las filas del oficialismo. En otro momento de la charla, también se refirió a su relación con los Kirchner. Con Néstor dijo; éramos diametralmente opuestos…, en lo deportivo, porque él era de Racing Club y yo soy del Rojo (Club Atlético Independiente), bromeó el gremialista. Pero luego dejó bien en claro que con la actual jefa de Estado hay mucha distancia. Según respondió ante una pregunta del público, hoy las cosas son distintas. Explico que hay cierto desprecio del Gobierno nacional ante algunos reclamos de la CGT, ya que según Moyano ignorar el rol, la responsabilidad y el protagonismo del movimiento obrero es un error. Si al movimiento obrero se le intenta quitar derechos y avances, va a haber una confrontación, afirmo. También aclaró que hasta ahora la CGT había acompañado al Gobierno nacional porque dio al movimiento cosas que otros no hicieron, como aumentar el salario de los trabajadores.
Pero reiteró su reclamo de que un hombre de los trabajadores algún día será presidente de la Nación y se preguntó: si hemos tenido de todo, abogados, arquitectos, artistas, ¿por qué un trabajador no puede ser candidato a Presidente? Y por ultimo hablo de dos temas más conflictivos, uno de estos temas entre la administración kirchnerista y la CGT es el manejo de las obras sociales sindicales. Moyano insiste en que el Estado no tiene la capacidad para atender la salud de toda la sociedad, y que hay un déficit en la atención de la salud que brinda el Estado, y es un error que pretenda manejar el 45% que hoy controlan las obras sociales. Ante más de cien personas, entre ellos estudiantes de la universidad, y algunos dirigentes gremiales, Moyano reiteró sus diferencias con el Gobierno en el otro tema aun más sensible, la inflación. Su frase se repite e indica una parte de la realidad, la inflación se mide en el supermercado y no con los datos del INDEC. Además destacó que la inflación se da preferentemente en los alimentos y para reafirmar su posición le preguntó al público, ¿Cuánto hace que no aumenta el agua o los pasajes? Y volvió a reiterar que a los trabajadores no les sirven los datos del INDEC porque la inflación realmente se mide en el supermercado.
En su diálogo con periodistas había mencionado que la decisión de quedarse o irse de la CGT, no lo iba a decidir nadie más que él, y menos aún la Presidenta o algunos de los ministros de su gabinete. Así de desafiante inclusive con palabras más duras se mostró en Mendoza el camionero Hugo Moyano, mientras brindaba una charla en la Universidad de Congreso, en el marco de un ciclo inventado por él, llamado “Realidad Social Argentina”, y que el líder de la CGT viene realizando en distintas universidades del país. Demostrando también su facilidad de llegada no sólo a trabajadores sino que también a la juventud. De esta manera, anticipaba que los dichos que referían a un posible alejamiento de la Central Obrera no eran más que sólo eso. Inclusive fue más allá y dijo que la decisión seria de los trabajadores, porque obviamente no vislumbra cambios en el movimiento obrero tras las elecciones generales. En su embestida contra el gobierno hizo mención a que en octubre se elegiría Presidente, y no al secretario general de la CGT, comentó pasando factura por los cargos que le fueron negados en las filas del oficialismo. En otro momento de la charla, también se refirió a su relación con los Kirchner. Con Néstor dijo; éramos diametralmente opuestos…, en lo deportivo, porque él era de Racing Club y yo soy del Rojo (Club Atlético Independiente), bromeó el gremialista. Pero luego dejó bien en claro que con la actual jefa de Estado hay mucha distancia. Según respondió ante una pregunta del público, hoy las cosas son distintas. Explico que hay cierto desprecio del Gobierno nacional ante algunos reclamos de la CGT, ya que según Moyano ignorar el rol, la responsabilidad y el protagonismo del movimiento obrero es un error. Si al movimiento obrero se le intenta quitar derechos y avances, va a haber una confrontación, afirmo. También aclaró que hasta ahora la CGT había acompañado al Gobierno nacional porque dio al movimiento cosas que otros no hicieron, como aumentar el salario de los trabajadores.
Pero reiteró su reclamo de que un hombre de los trabajadores algún día será presidente de la Nación y se preguntó: si hemos tenido de todo, abogados, arquitectos, artistas, ¿por qué un trabajador no puede ser candidato a Presidente? Y por ultimo hablo de dos temas más conflictivos, uno de estos temas entre la administración kirchnerista y la CGT es el manejo de las obras sociales sindicales. Moyano insiste en que el Estado no tiene la capacidad para atender la salud de toda la sociedad, y que hay un déficit en la atención de la salud que brinda el Estado, y es un error que pretenda manejar el 45% que hoy controlan las obras sociales. Ante más de cien personas, entre ellos estudiantes de la universidad, y algunos dirigentes gremiales, Moyano reiteró sus diferencias con el Gobierno en el otro tema aun más sensible, la inflación. Su frase se repite e indica una parte de la realidad, la inflación se mide en el supermercado y no con los datos del INDEC. Además destacó que la inflación se da preferentemente en los alimentos y para reafirmar su posición le preguntó al público, ¿Cuánto hace que no aumenta el agua o los pasajes? Y volvió a reiterar que a los trabajadores no les sirven los datos del INDEC porque la inflación realmente se mide en el supermercado.
septiembre 21, 2011
El sucesor
Los nombres que se barajan varios, y todos conocidos, pero lógicamente cada uno de ellos implica una salida diferente, una manera distinta de encarar la coyuntura. Más cercana a los bancos o a la industria. Más reclinada en una suba del dólar o en tomar créditos en el mercado no será de ninguna manera, lo mismo uno que otro. La pregunta respecto de quién será el sucesor de Amado Boudou en el Ministerio de Economía es hoy uno de los temas centrales de discusión entre empresarios y economistas, opositores y oficialistas. Bossio, Lorenzino, Marcó del Pont, De Vido, Felletti; sea quien fuere y más allá de que damos por sentada la reelección de Cristina, está claro que quien sea elegido el sucesor del actual ministro, no será quien fije la política económica, sino que será la expresión de una decisión tomada en el máximo nivel de la Casa Rosada. El punto es ver cuánto espacio le dará la Presidenta a Amado Boudou, para manejar el esta situación. Hoy el ministro está omnipresente en la campaña electoral, y se lo ve muy cerca de la Presidenta. Muy probablemente crezca en peso político, ¿Pero le permitirán nombrar a su reemplazante? Y lo más factible es que si Boudou eligiese al próximo ministro, éste sería el actual secretario de Finanzas, Hernán Lorenzino, quien a todos sus interlocutores dice que hay que volver a los mercados y acordar con el Club de París.
Eso sería apostar a solucionar todo con más colocación de deuda. Por ejemplo, si este fuera el caso desde la UIA reclamarían otra solución, una apuesta más ligada a la producción, y para ellos sería mejor alguien como Mercedes Marcó del Pont. Ahora, ¿Cuáles son los problemas a solucionar? El incipiente déficit fiscal, el alza sin tope de los subsidios, el atraso del tipo de cambio producto de una inflación del 25% y una devaluación del 5%. Pero si los industriales quieren una política y un ministro que dé una respuesta a esas preguntas en sintonía con sus intereses, existen otros sectores que tienen otra visión muy distinta. La industria sueña con volver a una solución por la vía de la devaluación, algo que les de aire a ellos y deja ahogados a los bancos. La crisis financiera se sentirá en el país, y no hay más espacio para usar reservas del Banco Central, lo más sano es volver a los mercados. Es por eso que en la City, ven con mejores ojos entonces a Lorenzino. Entre los industriales suman en tanto otros nombres que les suenan propicios, como la ministra Débora Giorgi. Está muy firme, y su relación con la Presidenta es excelente. Claro, Giorgi garantizaría al sector protecciones contra las importaciones que temen sean un aluvión si Brasil devalúa más el real y/o si se frena el consumo interno en China. Para ellos suena también como música el nombre del ex ministro Miguel Peirano, ex asesor de la UIA. ¿Qué representaría el nombre de Diego Bossio, titular del ANSeS? Es un joven al estilo de los que destaca la Presidenta, que hoy se muestra cercano a Boudou, pero con quien ha estado enfrentado. Sería un cristinismo puro, dejando en este caso de lado la opinión de Boudou en la decisión. ¿Y el viceministro Roberto Feletti?, está casi fuera de carrera porque es muy posible que la Presidenta no sigua el camino de profundizar el populismo que propuso el hoy candidato a diputado. El ministro Boudou fue consultado respecto de quién sería su sucesor, y obsecuente como es respondió que eso lo decidiría la Presidenta.
A quién elija Cristina, será una respuesta, la clave de la pregunta de empresarios y economistas en referencia a cómo encarará el Gobierno el 2012. No hay una política económica kirchnerista única, sino múltiples opciones, hoy en puja, y esta cantidad de nombres expresa esa tensión. Lorenzino, secretario de Finanzas está enfrascado en administrar la deuda pública. Llevó el día a día del canje y los bancos lo ven como un funcionario predispuesto a explorar el regreso de la Argentina a los mercados internacionales de deuda. La titular del Banco Central se ganó la confianza de la Presidenta. Su pliego para conducir seis años más el organismo monetario aún no fue aprobado. De impronta desarrollista, los banqueros no están muy convencidos de su política monetaria. Feletti el secretario de programación económica se embanderó el lema de “Profundizar el populismo”, con lo que se ganó algunos reparos en el empresariado. Encabeza la lista del FPV a diputado nacional pero tiene esperanzas de seguir en Economía. En definitiva la única que conoce la respuesta es la primera mandataria, y no la dará a conocer hasta el último momento.
Eso sería apostar a solucionar todo con más colocación de deuda. Por ejemplo, si este fuera el caso desde la UIA reclamarían otra solución, una apuesta más ligada a la producción, y para ellos sería mejor alguien como Mercedes Marcó del Pont. Ahora, ¿Cuáles son los problemas a solucionar? El incipiente déficit fiscal, el alza sin tope de los subsidios, el atraso del tipo de cambio producto de una inflación del 25% y una devaluación del 5%. Pero si los industriales quieren una política y un ministro que dé una respuesta a esas preguntas en sintonía con sus intereses, existen otros sectores que tienen otra visión muy distinta. La industria sueña con volver a una solución por la vía de la devaluación, algo que les de aire a ellos y deja ahogados a los bancos. La crisis financiera se sentirá en el país, y no hay más espacio para usar reservas del Banco Central, lo más sano es volver a los mercados. Es por eso que en la City, ven con mejores ojos entonces a Lorenzino. Entre los industriales suman en tanto otros nombres que les suenan propicios, como la ministra Débora Giorgi. Está muy firme, y su relación con la Presidenta es excelente. Claro, Giorgi garantizaría al sector protecciones contra las importaciones que temen sean un aluvión si Brasil devalúa más el real y/o si se frena el consumo interno en China. Para ellos suena también como música el nombre del ex ministro Miguel Peirano, ex asesor de la UIA. ¿Qué representaría el nombre de Diego Bossio, titular del ANSeS? Es un joven al estilo de los que destaca la Presidenta, que hoy se muestra cercano a Boudou, pero con quien ha estado enfrentado. Sería un cristinismo puro, dejando en este caso de lado la opinión de Boudou en la decisión. ¿Y el viceministro Roberto Feletti?, está casi fuera de carrera porque es muy posible que la Presidenta no sigua el camino de profundizar el populismo que propuso el hoy candidato a diputado. El ministro Boudou fue consultado respecto de quién sería su sucesor, y obsecuente como es respondió que eso lo decidiría la Presidenta.
A quién elija Cristina, será una respuesta, la clave de la pregunta de empresarios y economistas en referencia a cómo encarará el Gobierno el 2012. No hay una política económica kirchnerista única, sino múltiples opciones, hoy en puja, y esta cantidad de nombres expresa esa tensión. Lorenzino, secretario de Finanzas está enfrascado en administrar la deuda pública. Llevó el día a día del canje y los bancos lo ven como un funcionario predispuesto a explorar el regreso de la Argentina a los mercados internacionales de deuda. La titular del Banco Central se ganó la confianza de la Presidenta. Su pliego para conducir seis años más el organismo monetario aún no fue aprobado. De impronta desarrollista, los banqueros no están muy convencidos de su política monetaria. Feletti el secretario de programación económica se embanderó el lema de “Profundizar el populismo”, con lo que se ganó algunos reparos en el empresariado. Encabeza la lista del FPV a diputado nacional pero tiene esperanzas de seguir en Economía. En definitiva la única que conoce la respuesta es la primera mandataria, y no la dará a conocer hasta el último momento.
septiembre 19, 2011
Cristina la Campora, y un sueño
La noche del contundente triunfo por la segunda vuelta durante las elecciones para jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri recibió el llamado de la Sra. Presidenta aquel monólogo presidencial de 15 minutos puede resumirse en sólo una frase: Cristina Fernández fue contundente "Ahora quedamos vos y yo", dijo la jefa de Estado. Macri, ha meditado desde entonces esa idea, que ciertamente puede concretarse o no ya que la política tiene muchos más imprevistos que sólo las meras proyecciones de aquella conversación. Pero alcanza para entender una frase que en su momento generó atención e incertidumbre. Mucho, pero mucho tiempo atrás cuando transcurrían los primeros años de este gobierno, e inclusive bastante antes de que, por cuestiones de supervivencia, el líder santacruceño Néstor Kirchner decidiera recostarse en el Partido Justicialista, él había hecho referencia a que iría por el fin del peronismo. El imaginaba según explicó un país con un sistema político que sólo admitía dos grandes fuerzas, una de centroizquierda, que conduciría él, y otra de centroderecha, espacio este último que podría ahora ocupar Macri.
Esta no es una idea que se desconociera pero lleva tiempo intranquilizando, mucho por ejemplo, al sindicalismo y Cristina volvió a ponerla en el tapete. De hecho basta recordar, aquella eufórica noche oficialista en Tecnópolis durante la celebración del Día de la Industria, allí se vio a un Hugo Moyano más contenido que nunca. El secretario General de presidencia Oscar Parrilli y el titular de la unión industrial José Ignacio de Mendiguren intentaban convencerlo de acompañarlos a recibir a la Presidenta antes de su entrada pero el camionero se negaba, mientras el industrial y el funcionario le tiraban del brazo. Finalmente lo convencieron y ya fuera de programa, el sindicalista subió al estrado para hablar y así aflojar las tensiones. Pero la pregunta aun seguía en pie, ¿Moyano ya fue? Desde ese momento muchas voces se alzaron esbozando esa misma pregunta, sin embargo la respuesta es un rotundo no. ¿Pero qué pensarán los peronistas clásicos?, ¿Puede haber un choque entre la derecha peronista y la parte más de izquierda?, por lo que se ve, nada indica que vaya a pasar, sino todo lo contrario. Es convencimiento de muchos, el concepto de que Cristina Kirchner es todavía más pensante y calculadora que su marido, y que si se largó a la aventura de la reelección irá por todo. La abrupta transformación que sufrió el estado de ánimo presidencial entre el momento en el que había decidido renunciar a la candidatura y el impulso anímico en que ha entrado desde que ganó de modo contundente en las elecciones primarias, es claramente visible. No es extraño, por lo tanto, que la mayor parte de los hombres de negocios esté urdiendo en nichos políticos inexplorados hasta hace muy poco tiempo. Iván Heyn, joven economista de La Cámpora, se ha vuelto consulta corporativa obligada y de llegada directa a Cristina. Esta renovación de ámbitos de reunión conlleva algunas dificultades para todos, y principalmente para jóvenes como Heyn, porque nadie en este neokirchnerismo quiere quedar como defensor de intereses ajenos al proyecto.
Así lo experimentaron los pilotos privados que, hace algunas semanas, fueron a quejarse a la Asociación Nacional de Aviación Civil (ANAC), que conduce el joven Alejandro Granados (h.), para intentar solucionar contrariedades que arrastran desde que se eliminó la aduana del aeropuerto de San Fernando. Ahora para ir a Uruguay, por ejemplo, hay que pasar por Ezeiza o Rosario, y eso boicotea el negocio de los vuelos corporativos privados. De su planteo se llevaron una respuesta hostil y prepotente, que es la muestra más cabal de cómo se maneja La Campora, no importa la oligarquía que sale de San Fernando, sino los argentinos de a pie que tienen que usar los vuelos de línea. ¿Cómo saltear semejante escollo? La solución parece ser, en todos los casos, aprovechar las reuniones de sectores que sí tienen reclamos compatibles con el modelo, facilitar una exportación, por ejemplo y sumar allí a varios representantes de empresas que vuelquen los planteos todos juntos. Como antes, cada vez menos hay espacio para la pluralidad o la diversidad de opiniones. Lamentablemente aquella idea de Néstor muy probablemente no se vea plasmada, por lo menos en el principio de este nuevo mandato por venir de la actual Presidente.
Esta no es una idea que se desconociera pero lleva tiempo intranquilizando, mucho por ejemplo, al sindicalismo y Cristina volvió a ponerla en el tapete. De hecho basta recordar, aquella eufórica noche oficialista en Tecnópolis durante la celebración del Día de la Industria, allí se vio a un Hugo Moyano más contenido que nunca. El secretario General de presidencia Oscar Parrilli y el titular de la unión industrial José Ignacio de Mendiguren intentaban convencerlo de acompañarlos a recibir a la Presidenta antes de su entrada pero el camionero se negaba, mientras el industrial y el funcionario le tiraban del brazo. Finalmente lo convencieron y ya fuera de programa, el sindicalista subió al estrado para hablar y así aflojar las tensiones. Pero la pregunta aun seguía en pie, ¿Moyano ya fue? Desde ese momento muchas voces se alzaron esbozando esa misma pregunta, sin embargo la respuesta es un rotundo no. ¿Pero qué pensarán los peronistas clásicos?, ¿Puede haber un choque entre la derecha peronista y la parte más de izquierda?, por lo que se ve, nada indica que vaya a pasar, sino todo lo contrario. Es convencimiento de muchos, el concepto de que Cristina Kirchner es todavía más pensante y calculadora que su marido, y que si se largó a la aventura de la reelección irá por todo. La abrupta transformación que sufrió el estado de ánimo presidencial entre el momento en el que había decidido renunciar a la candidatura y el impulso anímico en que ha entrado desde que ganó de modo contundente en las elecciones primarias, es claramente visible. No es extraño, por lo tanto, que la mayor parte de los hombres de negocios esté urdiendo en nichos políticos inexplorados hasta hace muy poco tiempo. Iván Heyn, joven economista de La Cámpora, se ha vuelto consulta corporativa obligada y de llegada directa a Cristina. Esta renovación de ámbitos de reunión conlleva algunas dificultades para todos, y principalmente para jóvenes como Heyn, porque nadie en este neokirchnerismo quiere quedar como defensor de intereses ajenos al proyecto.
Así lo experimentaron los pilotos privados que, hace algunas semanas, fueron a quejarse a la Asociación Nacional de Aviación Civil (ANAC), que conduce el joven Alejandro Granados (h.), para intentar solucionar contrariedades que arrastran desde que se eliminó la aduana del aeropuerto de San Fernando. Ahora para ir a Uruguay, por ejemplo, hay que pasar por Ezeiza o Rosario, y eso boicotea el negocio de los vuelos corporativos privados. De su planteo se llevaron una respuesta hostil y prepotente, que es la muestra más cabal de cómo se maneja La Campora, no importa la oligarquía que sale de San Fernando, sino los argentinos de a pie que tienen que usar los vuelos de línea. ¿Cómo saltear semejante escollo? La solución parece ser, en todos los casos, aprovechar las reuniones de sectores que sí tienen reclamos compatibles con el modelo, facilitar una exportación, por ejemplo y sumar allí a varios representantes de empresas que vuelquen los planteos todos juntos. Como antes, cada vez menos hay espacio para la pluralidad o la diversidad de opiniones. Lamentablemente aquella idea de Néstor muy probablemente no se vea plasmada, por lo menos en el principio de este nuevo mandato por venir de la actual Presidente.
septiembre 15, 2011
El más rico de todos?
Siguiendo con el orden establecido por el gobierno, respecto de la presentación de declaraciones juradas de bienes también en el último día de plazo previsto por la Oficina Anticorrupción (OA), el titular de la ANSeS, Diego Bossio, firmó su declaración jurada patrimonial correspondiente al ejercicio 2010. Y parecería ser que no fue casualidad que esta declaración fuera presentada el último día, y que este funcionario fuera el último en presentarla. Claro, el concepto es erróneo las casualidades no existen, sólo existen la causa y el efecto. Ahora bien, este concepto queda ratificado más que nunca considerando que el titular de la administración nacional de seguridad social ha incrementado según los datos de ese documento, su riqueza en un 144% en apenas un año y medio. El contundente resultado surge de la comparación entre el balance inicial que entregó a mediados de 2009 al ingresar a la ANSeS y su última presentación. Si tuviéramos que ser más claros en la explicación de causa y efecto es necesario saber que Bossio es hoy un funcionario fundamental de la gestión gubernamental, él es quien maneja los fondos que se utilizan para financiar los principales planes sociales del Gobierno. La caja con la que se alimenta todos los meses la fábrica de generar vagos, como es el caso de la Asignación Universal por Hijo y el plan de distribución gratuita de Netbooks sólo por mencionar un par de ejemplos.
Sin olvidar tampoco que esta caja recibe mes a mes los aportes jubilatorios de toda la clase activa que supuestamente serán futuras jubilaciones. Ocupa ese puesto desde que Amado Boudou pasó al Ministerio de Economía y se convirtió en uno de los referentes de la juventud kirchnerista. Con tan sólo 31 años, está casado con Valeria Loira, ex secretaria de Cristina Kirchner en el Senado, y ex síndica de la Sindicatura General de la Nación. Ahora supuestamente declara trabajar como abogada. La presentación de Bossio, como corresponde por ley, incluye el patrimonio de su mujer. Al ingresar a su función, le correspondía informar sobre su situación económica a la Oficina Anticorrupción. El titular de la ANSeS así lo hizo el 29 de junio de 2009, y por aquel entonces declaró un patrimonio de $436.543 por todo concepto. Ahora, en su informe de 2010 dijo que esa cifra trepó a $1.068.621,10. Las razones de este crecimiento son obvias y ya las hemos explicado. Pero si tenemos en cuenta estrictamente la declaración el motivo está en la adquisición de un nuevo departamento en Recoleta de 202 m2 comprado el 30 de agosto del año pasado. Por el piso, dijo haber pagado $608.843, un precio muy conveniente y poco real para los precios vigentes en el mercado por m2, en esa especifica zona de la ciudad. El m2 en esa paqueta zona de Buenos Aires que el declara le costó poco más de US$750 es muy difícil conseguirlo. La zona no cotiza menos de US$1500 el m2 según cualquier inmobiliaria que se consulte. Es más, ese valor no alcanza a cubrir siquiera la tasación fiscal de la propiedad. Para comprar este departamento, vendió su anterior propiedad ubicada en el mismo barrio aunque mucho más modesta en tamaño y precio, la misma le había costado alrededor de $256.462. Lógicamente, incorporó un crédito del Banco Hipotecario por $297.156 para complementar el pago del nuevo departamento. Entre los elementos que revelan el crecimiento patrimonial, también están los ahorros. Bossio logró multiplicarlos en un año y medio.
Al ingresar a la ANSeS reconocía $59.380 entre pesos y dólares, mientras su mujer declaraba $57.009. Ahora, los dos suman $517.809,10. Si la comparación patrimonial se hace sólo sobre el último año, el aumento fue del 106,7% entre diciembre de 2009 y el mismo mes de 2010. En este lapso la pareja no varió considerablemente su nivel de ingresos. En ese rubro, él declaró tener en 2009 un salario mensual aproximado de $25 mil por mes en la ANSeS mientras que Loira consignó un sueldo de $12 mil mensuales en la SIGEN. Para el 2010, él reconoció percibir $31 mil y ella una cifra similar al año anterior pero esta vez por sus trabajos como “abogada independiente”. Además, dijeron haber recibido $24.830 entre los dos en concepto de intereses por plazo fijo, algo que se repite casi en todas las declaraciones presentadas funcionarios públicos, según parece las tasas de mercado para cualquier tenedor de un plazo fijo no aplican a los funcionarios. Entre los bienes muebles que aparecen en su declaración jurada, no hay cambios respecto a su presentación de 2009. Bossio comparte con su mujer un Citroen C4 adquirido en 2009 y cada uno reconoce un importe cercano a los $20 mil de mobiliario para el hogar. Al igual que hace un año y medio, mantienen una deuda que en 2010 fue de US$11.250. En las “observaciones”, Bossio aclara que se trata de un préstamo suscripto mediante un contrato de mutuo en 2007 destinado a la compra del su nuevo departamento en Recoleta.
Sin olvidar tampoco que esta caja recibe mes a mes los aportes jubilatorios de toda la clase activa que supuestamente serán futuras jubilaciones. Ocupa ese puesto desde que Amado Boudou pasó al Ministerio de Economía y se convirtió en uno de los referentes de la juventud kirchnerista. Con tan sólo 31 años, está casado con Valeria Loira, ex secretaria de Cristina Kirchner en el Senado, y ex síndica de la Sindicatura General de la Nación. Ahora supuestamente declara trabajar como abogada. La presentación de Bossio, como corresponde por ley, incluye el patrimonio de su mujer. Al ingresar a su función, le correspondía informar sobre su situación económica a la Oficina Anticorrupción. El titular de la ANSeS así lo hizo el 29 de junio de 2009, y por aquel entonces declaró un patrimonio de $436.543 por todo concepto. Ahora, en su informe de 2010 dijo que esa cifra trepó a $1.068.621,10. Las razones de este crecimiento son obvias y ya las hemos explicado. Pero si tenemos en cuenta estrictamente la declaración el motivo está en la adquisición de un nuevo departamento en Recoleta de 202 m2 comprado el 30 de agosto del año pasado. Por el piso, dijo haber pagado $608.843, un precio muy conveniente y poco real para los precios vigentes en el mercado por m2, en esa especifica zona de la ciudad. El m2 en esa paqueta zona de Buenos Aires que el declara le costó poco más de US$750 es muy difícil conseguirlo. La zona no cotiza menos de US$1500 el m2 según cualquier inmobiliaria que se consulte. Es más, ese valor no alcanza a cubrir siquiera la tasación fiscal de la propiedad. Para comprar este departamento, vendió su anterior propiedad ubicada en el mismo barrio aunque mucho más modesta en tamaño y precio, la misma le había costado alrededor de $256.462. Lógicamente, incorporó un crédito del Banco Hipotecario por $297.156 para complementar el pago del nuevo departamento. Entre los elementos que revelan el crecimiento patrimonial, también están los ahorros. Bossio logró multiplicarlos en un año y medio.
Al ingresar a la ANSeS reconocía $59.380 entre pesos y dólares, mientras su mujer declaraba $57.009. Ahora, los dos suman $517.809,10. Si la comparación patrimonial se hace sólo sobre el último año, el aumento fue del 106,7% entre diciembre de 2009 y el mismo mes de 2010. En este lapso la pareja no varió considerablemente su nivel de ingresos. En ese rubro, él declaró tener en 2009 un salario mensual aproximado de $25 mil por mes en la ANSeS mientras que Loira consignó un sueldo de $12 mil mensuales en la SIGEN. Para el 2010, él reconoció percibir $31 mil y ella una cifra similar al año anterior pero esta vez por sus trabajos como “abogada independiente”. Además, dijeron haber recibido $24.830 entre los dos en concepto de intereses por plazo fijo, algo que se repite casi en todas las declaraciones presentadas funcionarios públicos, según parece las tasas de mercado para cualquier tenedor de un plazo fijo no aplican a los funcionarios. Entre los bienes muebles que aparecen en su declaración jurada, no hay cambios respecto a su presentación de 2009. Bossio comparte con su mujer un Citroen C4 adquirido en 2009 y cada uno reconoce un importe cercano a los $20 mil de mobiliario para el hogar. Al igual que hace un año y medio, mantienen una deuda que en 2010 fue de US$11.250. En las “observaciones”, Bossio aclara que se trata de un préstamo suscripto mediante un contrato de mutuo en 2007 destinado a la compra del su nuevo departamento en Recoleta.
septiembre 13, 2011
Declaración de bienes
Los números, durante la gestión de CFK no bajaron, sino que siguieron incrementándose, hoy se conoce esa cifra casi unos $80 millones la convirtieron en la Jefa de Estado más rica, si, Cristina Fernández de Kirchner es la presidenta más rica de la historia argentina reciente. Esta afirmación quedó demostrada luego de que ella presentara su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción y diera cuenta de su fortuna personal, con fecha 13 de agosto, es decir el día previo a las internas. Por primera vez desde 2003, la Presidenta demoró hasta el último minuto la entrega de su balance. La situación ya era excepcional desde que la OA había otorgado una segunda prórroga hasta el 22 de agosto cuando en todos los años anteriores el límite nunca superaba el mes de julio. Esta decisión, que en el organismo explican como una necesidad para implementar mejoras en el sistema de declaraciones juradas, generó que ni Cristina ni su candidato a vice, Amado Boudou, tuvieran que publicar su patrimonio antes de las elecciones primarias. Entonces una vez más, el patrimonio de Cristina Kirchner creció considerablemente en relación al año anterior. En el último día del plazo otorgado por la Oficina Anticorrupción (OA) para cumplir con esta obligación, la Presidenta entregó su declaración jurada del 2010. Según su presentación, la riqueza acumulada junto a su marido trepó a $70.554.419, esto es un 27,04% más que en 2009 cuando había consignado poco más de $55 millones. Así desde que llegó al poder en 2003, el matrimonio Kirchner multiplicó casi diez veces su economía familiar. El incremento del año pasado se debe, fundamentalmente, a la revalorización de sus activos en sociedades. Sobre todo los emprendimientos en el sur.
Hotesur, por ejemplo, es la firma que controla el lujoso complejo Alto Calafate. Mientras que en su última declaración patrimonial estaba valuado en $7.654.029, ahora lo cotizaron a $10.898.469. A esa suma hay que agregarle el valor de las acciones que alcanza una cifra similar, $10.062.813. En el caso de la sociedad Los Sauces S.A., creada para la construcción del hotel boutique que lleva ese nombre, Cristina consignó que su paquete accionario compuesto por un 45%, valía $1.110.676, una cifra superior a los $817.520 de 2009. Pero el dato más llamativo de Los Sauces no está en su cotización, justificable por la actualización de su valor, sino en el diferente precio que le asignan a las acciones según pertenezcan a la Presidenta o a su marido, fallecido en octubre pasado. En la declaración jurada se hace constar que cada uno posee un 45% de las acciones de la firma pero ella declara que su paquete cuesta poco más de un millón mientras que el del ex Presidente asciende a $2.672.076, pero no se aclara el motivo. La mandataria reconoce dos inmuebles de su propiedad y 26 a nombre de Néstor Kirchner, muchos de ellos, enormes porciones de tierra compradas en El Calafate a $7,50 el m2. Sobre uno de esos lotes funciona Los Sauces. En concepto de ingresos por alquiler de muchas de esas propiedades declara $10.443.125, una cifra apenas $100 mil superior a la del año anterior. En esta presentación, sobresale la moderación en algunos conceptos que solían generar escándalo: el alquiler es uno de ellos y los intereses por plazos fijos es otro. En 2009, la relación entre plazos fijos en dólares y los intereses declarados, arrojaba un rendimiento cercano al 24% anual. Esta vez, ese cálculo resulta en un interés aproximado al 11%, una cifra aún muy superior a lo que ofrecen los bancos argentinos para inversiones financieras en dólares. A pesar del fallecimiento de Kirchner, sólo se consigna la existencia de una sucesión “indivisa” pero aclara que están declarados todos los bienes de su marido.
El primero que debió entregar ante el órgano público los datos de su patrimonio fue Carlos Saúl Menem el último año de su gestión, en 1999. Sin embargo, debido a que antes no era obligatorio presentarlo, no se pudo saber la evolución de su cuenta personal. Luego sí, lo tuvieron que hacer Fernando De La Rúa y todos los presidentes que se sentaron en el sillón de Rivadavia en Balcarce 50. Aquella vez, el riojano declaró, con el valor fiscal de sus propiedades, un patrimonio de $ 1.759.977,54. El hecho de que sea con valor fiscal es que es un valor inferior al valor real de mercado. En ese momento se estimó que la cifra podía ascender a poco más de 2 millones de pesos o unos 8 millones actuales. El ex presidente Fernando De La Rúa presentó su última declaración en el 2000 dijo tener dos departamentos, 19 terrenos en Villa Rosa, partido de Pilar, 6 caballos de andar, acciones y títulos bancarios. Las estimaciones de la época plantearon que su capital rondaba en tres millones de pesos o unos 12 millones actuales. Informó, además, que tenía dos autos, una pick up y un furgón. También declaró acciones en Renault, Molinos Río de la Plata, Sol Petróleo, Carlos Casado SA y de Garovaglio y Zorraquín. En la crisis de 2001, el quien sí presentó los datos de su fortuna privada fue Eduardo Duhalde. En su declaración jurada de 2002 admitió un patrimonio familiar de $ 2.677.800. Medio millón más que lo que había declarado en 1999. Néstor Kirchner asumió el 25 de mayo de 2003 y dejó el poder el 10 de diciembre de 2007 en manos de su esposa y en su última declaración admitió tener $17.824.941.
Hotesur, por ejemplo, es la firma que controla el lujoso complejo Alto Calafate. Mientras que en su última declaración patrimonial estaba valuado en $7.654.029, ahora lo cotizaron a $10.898.469. A esa suma hay que agregarle el valor de las acciones que alcanza una cifra similar, $10.062.813. En el caso de la sociedad Los Sauces S.A., creada para la construcción del hotel boutique que lleva ese nombre, Cristina consignó que su paquete accionario compuesto por un 45%, valía $1.110.676, una cifra superior a los $817.520 de 2009. Pero el dato más llamativo de Los Sauces no está en su cotización, justificable por la actualización de su valor, sino en el diferente precio que le asignan a las acciones según pertenezcan a la Presidenta o a su marido, fallecido en octubre pasado. En la declaración jurada se hace constar que cada uno posee un 45% de las acciones de la firma pero ella declara que su paquete cuesta poco más de un millón mientras que el del ex Presidente asciende a $2.672.076, pero no se aclara el motivo. La mandataria reconoce dos inmuebles de su propiedad y 26 a nombre de Néstor Kirchner, muchos de ellos, enormes porciones de tierra compradas en El Calafate a $7,50 el m2. Sobre uno de esos lotes funciona Los Sauces. En concepto de ingresos por alquiler de muchas de esas propiedades declara $10.443.125, una cifra apenas $100 mil superior a la del año anterior. En esta presentación, sobresale la moderación en algunos conceptos que solían generar escándalo: el alquiler es uno de ellos y los intereses por plazos fijos es otro. En 2009, la relación entre plazos fijos en dólares y los intereses declarados, arrojaba un rendimiento cercano al 24% anual. Esta vez, ese cálculo resulta en un interés aproximado al 11%, una cifra aún muy superior a lo que ofrecen los bancos argentinos para inversiones financieras en dólares. A pesar del fallecimiento de Kirchner, sólo se consigna la existencia de una sucesión “indivisa” pero aclara que están declarados todos los bienes de su marido.
El primero que debió entregar ante el órgano público los datos de su patrimonio fue Carlos Saúl Menem el último año de su gestión, en 1999. Sin embargo, debido a que antes no era obligatorio presentarlo, no se pudo saber la evolución de su cuenta personal. Luego sí, lo tuvieron que hacer Fernando De La Rúa y todos los presidentes que se sentaron en el sillón de Rivadavia en Balcarce 50. Aquella vez, el riojano declaró, con el valor fiscal de sus propiedades, un patrimonio de $ 1.759.977,54. El hecho de que sea con valor fiscal es que es un valor inferior al valor real de mercado. En ese momento se estimó que la cifra podía ascender a poco más de 2 millones de pesos o unos 8 millones actuales. El ex presidente Fernando De La Rúa presentó su última declaración en el 2000 dijo tener dos departamentos, 19 terrenos en Villa Rosa, partido de Pilar, 6 caballos de andar, acciones y títulos bancarios. Las estimaciones de la época plantearon que su capital rondaba en tres millones de pesos o unos 12 millones actuales. Informó, además, que tenía dos autos, una pick up y un furgón. También declaró acciones en Renault, Molinos Río de la Plata, Sol Petróleo, Carlos Casado SA y de Garovaglio y Zorraquín. En la crisis de 2001, el quien sí presentó los datos de su fortuna privada fue Eduardo Duhalde. En su declaración jurada de 2002 admitió un patrimonio familiar de $ 2.677.800. Medio millón más que lo que había declarado en 1999. Néstor Kirchner asumió el 25 de mayo de 2003 y dejó el poder el 10 de diciembre de 2007 en manos de su esposa y en su última declaración admitió tener $17.824.941.
septiembre 09, 2011
Los salarios
Por octavo año consecutivo entonces se acordó entre los sectores la suba del haber mínimo. La Presidenta destacó la actitud de los empresarios y gremialistas. Son intereses coincidentes y que deben unirse en un sentido de cooperación, destacó la jefa del Estado, rodeada por la cúpula de la CGT y de la Unión Industrial Argentina (UIA), en la sala Mariano Moreno de la cartera laboral. En el principio de esta historia, el mensaje del titular de la CGT hacía el Gobierno era muy claro. Hugo Moyano estaba dispuesto a no avalar el aumento del Salario Mínimo Vital y Móvil que proponía el oficialismo. Empecinado en su postura rechazaba de plano la idea de incrementar el monto sólo hasta los $2.400 mensuales, nivel en el que ya estaban de acuerdo el Gobierno y los empresarios. Inclusive Moyano estaba dispuesto a realizar un acto para ratificar que no daría el brazo a torcer y sostendría su pelea por el incremento del 40% anunciado oficialmente un mes antes de la reunión del consejo, y que llevaría al salario mínimo a los $2.600. El mensaje fue transmitido por el titular de la central sindical a un ministro del Poder Ejecutivo Nacional con llegada directa a Cristina de Kirchner. El dirigente sindical, además le aclaró al funcionario que no estaba en la intención de la CGT abandonar la conducción de la central sindical.
Moyano no aparecía públicamente por esos días, ya que se encontraba recuperándose de una larga gripe que derivó en problemas musculares en su espalda. Igualmente había dejado instrucciones directas sobre cómo comportarse en el Consejo del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, que el Gobierno abría en esos días y de donde saldría el nuevo nivel de los sueldos básicos. Moyano no iba a avalar el 25%, ya estaba tomada la decisión de no firmarlo. Incluso, el camionero habría dicho que si el Gobierno insistía en el 25%, tendrían que sacarlo por decreto, porque no habría acuerdo. Si esto hubiera ocurrido, hubiera sido la primera vez desde que en 2005 se negocia dentro del llamado al Consejo el salario mínimo de cada año. Y de haber mantenido la CGT esa posición irreductible, también hubiera sido el primer año en que el número del nuevo sueldo básico era acordado entre el Gobierno y los empresarios del sector privado. Desde la UIA entendían que éste no era un dato menor, la interpretación que hacia la central industrial que dirige José Ignacio de Mendiguren era que éste sería un paso más en el sendero de acercamiento que intenta el Gobierno para con los empresarios, fundamentalmente los relacionados con la actividad manufacturera. Sería además, según esta visión, un guiño del oficialismo a los empresarios, ante la posibilidad de una llegada de los coletazos de la crisis económica y financiera mundial a la Argentina, debido a que este no sería el momento de grandes cambios en los fundamentos económicos, sino de apoyar cierto esfuerzo privado en sostener el nivel de empleo actual. En total, el nuevo salario mínimo comprendería directamente a unos 500.000 trabajadores de todo el país, especialmente dedicados al empleo doméstico, choferes, seguridad, textiles y algunas tareas rurales. Indirectamente afectaría también a otras 300.000 personas, cuyos mínimos están hoy muy cerca de un nuevo piso de $2.400. Más lejos que Moyano quedaría igualmente el reclamo de la CTA de Pablo Micheli, lejana a la posición oficial, que reclamaba $2.700 para el salario mínimo.
De paso, Micheli anunciaba que en el Consejo reclamaría también la modificación de la Ley de Asociaciones Sindicales, y el inmediato otorgamiento de la personería gremial a la CTA. En el fondo, se trataba de que fuera eventualmente la propia Cristina de Kirchner tomase esa decisión, lo que resultaba ser el verdadero temor de Hugo Moyano ante un nuevo mandato de la Presidente. Entonces, había que aflojar, aun sin dejar de dar pelea; y en una maratónica negociación que se extendió por más de once horas debido a las rígidas posiciones, el Consejo del Salario, integrado por el Gobierno, empresarios y gremialistas, dispuso el aumento del haber mínimo de $1840 a 2300. Es decir, se elevó solo un 25%. La suba, que beneficio a unos 400.000 trabajadores, rige desde este mes y fue anunciada por Cristina Kirchner. Ni la CGT ni el sector empresarial lograron imponer las cifras que habían barajado antes del encuentro en el piso 18 del Ministerio de Trabajo. Moyano había reclamado elevar el mínimo a $2600, un alza del 41%. Los empresarios deseaban plantarse en un 18%, y no superar los $2100. Finalmente, tras la mediación de la Casa Rosada, el convenio se cerró en $2300 aunque todavía se prevé una futura discusión para modificar el tope de las asignaciones familiares.
Moyano no aparecía públicamente por esos días, ya que se encontraba recuperándose de una larga gripe que derivó en problemas musculares en su espalda. Igualmente había dejado instrucciones directas sobre cómo comportarse en el Consejo del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, que el Gobierno abría en esos días y de donde saldría el nuevo nivel de los sueldos básicos. Moyano no iba a avalar el 25%, ya estaba tomada la decisión de no firmarlo. Incluso, el camionero habría dicho que si el Gobierno insistía en el 25%, tendrían que sacarlo por decreto, porque no habría acuerdo. Si esto hubiera ocurrido, hubiera sido la primera vez desde que en 2005 se negocia dentro del llamado al Consejo el salario mínimo de cada año. Y de haber mantenido la CGT esa posición irreductible, también hubiera sido el primer año en que el número del nuevo sueldo básico era acordado entre el Gobierno y los empresarios del sector privado. Desde la UIA entendían que éste no era un dato menor, la interpretación que hacia la central industrial que dirige José Ignacio de Mendiguren era que éste sería un paso más en el sendero de acercamiento que intenta el Gobierno para con los empresarios, fundamentalmente los relacionados con la actividad manufacturera. Sería además, según esta visión, un guiño del oficialismo a los empresarios, ante la posibilidad de una llegada de los coletazos de la crisis económica y financiera mundial a la Argentina, debido a que este no sería el momento de grandes cambios en los fundamentos económicos, sino de apoyar cierto esfuerzo privado en sostener el nivel de empleo actual. En total, el nuevo salario mínimo comprendería directamente a unos 500.000 trabajadores de todo el país, especialmente dedicados al empleo doméstico, choferes, seguridad, textiles y algunas tareas rurales. Indirectamente afectaría también a otras 300.000 personas, cuyos mínimos están hoy muy cerca de un nuevo piso de $2.400. Más lejos que Moyano quedaría igualmente el reclamo de la CTA de Pablo Micheli, lejana a la posición oficial, que reclamaba $2.700 para el salario mínimo.
De paso, Micheli anunciaba que en el Consejo reclamaría también la modificación de la Ley de Asociaciones Sindicales, y el inmediato otorgamiento de la personería gremial a la CTA. En el fondo, se trataba de que fuera eventualmente la propia Cristina de Kirchner tomase esa decisión, lo que resultaba ser el verdadero temor de Hugo Moyano ante un nuevo mandato de la Presidente. Entonces, había que aflojar, aun sin dejar de dar pelea; y en una maratónica negociación que se extendió por más de once horas debido a las rígidas posiciones, el Consejo del Salario, integrado por el Gobierno, empresarios y gremialistas, dispuso el aumento del haber mínimo de $1840 a 2300. Es decir, se elevó solo un 25%. La suba, que beneficio a unos 400.000 trabajadores, rige desde este mes y fue anunciada por Cristina Kirchner. Ni la CGT ni el sector empresarial lograron imponer las cifras que habían barajado antes del encuentro en el piso 18 del Ministerio de Trabajo. Moyano había reclamado elevar el mínimo a $2600, un alza del 41%. Los empresarios deseaban plantarse en un 18%, y no superar los $2100. Finalmente, tras la mediación de la Casa Rosada, el convenio se cerró en $2300 aunque todavía se prevé una futura discusión para modificar el tope de las asignaciones familiares.
septiembre 08, 2011
Aquellos fondos
Por diferentes motivos, a Sergio Acevedo, Sancho y Peralta, los tres gobernadores que sucedieron a Néstor Kirchner, siempre les tocó dar más explicaciones que al ex presidente sobre la aplicación de los fondos sobre los que existió y existirá siempre una falla de origen, la inexistencia de rendiciones contables de esos fondos entre 1996 y 2003. Recordemos que aquel año una ley, sin documentación respaldatoria, fue aprobada por la mayoría oficialista del Frente para la Victoria en la Legislatura, y blanqueó el bache de información existente entre 1996 y 2002; la ley sostuvo que en esos años ingresaron en la provincia US$ 532 millones de sus ahorros originales y que aún había un restante de US$ 529 millones por ingresar. Es decir, Kirchner manejó un total de US$ 1061 millones sin problemas y con una provincia pujante que durante su gestión solo genero ganancias. Esa ley fue el principal argumento del juez local Santiago Lozada, que en el año 2005 archivó la causa por delitos vinculados con el manejo y la administración de los fondos públicos en el exterior que realizo el ex presidente por indicación de Domingo Cavallo. Lo que el ex ministro de economía no le indicó y sin embargo el ex Presidente realizó fue depositar ese dinero en cuentas a su nombre, a nombre de su mujer y una pequeña porción a nombre de la provincia. Entonces de aquellos fondos extraordinarios que recibió Santa Cruz durante la gestión como gobernador de Néstor Kirchner, que llegaron a rozar los US$ 1100 millones, hoy solo quedan menos de US$ 100 millones en las arcas provinciales.
Así surge de un informe del Ministerio de Economía, que fue presentado al Tribunal de Cuentas de la provincia. El documento, presentado por fuentes oficiales, expresa que durante 2004 se gastaron US$ 105 millones de esa partida para cubrir el déficit presupuestario, que rondó los $800 millones. Se agrega así por consiguiente un nuevo capítulo a una historia que estuvo siempre bajo sospecha, porque durante largos años el destino de ese dinero, recibido por Santa Cruz en 1994 en concepto de regalías petroleras mal liquidadas, no fue informado, pese a los reclamos de la oposición y a una investigación de la Justicia. El trabajo presentado al Tribunal de Cuentas es parte de la metodología aplicada desde 2004 para tener control sobre esos fondos, que son considerados extrapresupuestarios. Cuando el oficialista Daniel Peralta asumió la gobernación, en 2007, en medio de una profunda crisis política y social tras la renuncia del gobernador Carlos Sancho, había en las arcas provinciales poco más de US$ 500 millones. En los últimos años, el gobierno fue gastando a un ritmo de US$ 100 millones por año, partidas que se fueron ingresando al presupuesto a la cuenta gastos generales. El informe de Economía, que se evalúa en el Tribunal de Cuentas, detalla que al 31 de diciembre de 2010 la provincia sólo conservaba $390.883.816 millones, es decir, unos US$ 94 millones. El año pasado, el ministro de Economía había asegurado que estaba previsto afectar al presupuesto 2010 cerca de US$ 80 millones de esos fondos extrapresupuestarios. Pero finalmente éstos no fueron 80, sino que alcanzaron los US$ 105 millones para paliar un déficit presupuestario de $ 700 millones. El presupuesto aprobado para 2011 fue de $ 7600 millones, con un déficit ya anunciado de $ 863 millones. A esto habría que sumarle otros $ 314 millones que la provincia perdió por las regalías no liquidadas durante el paro petrolero y los bloqueos de los yacimientos que realizaron los docentes en la zona norte provincial. Para poder pagar los aguinaldos, el gobierno provincial debió recurrir a fondos de la Anses y al adelanto de regalías de empresas petroleras.
Al 31 de diciembre de 2006, el fondo de Santa Cruz contaba con US$ 507 millones, según el informe del Tribunal de Cuentas de ese año. En la última campaña electoral el tema salió nuevamente al ruedo desde la oposición, pero el gobierno evitó polemizar, al respecto. Uno de los únicos que pudo justificar el uso de la parte de los fondos repatriada fue el ex gobernador Acevedo quien le otorgó en 2005 un crédito a Petroquímica de Comodoro Rivadavia para la construcción de una cementera en Pico Truncado por US$ 38 millones. En estos años, esa es la única obra visible realizada con esos recursos. Las demás partidas fueron ingresadas en los diferentes presupuestos para hacer frente al supuesto déficit provincial, y orientadas a frenar crisis de una provincia que, según los datos del último censo, tiene un habitante por kilómetro cuadrado. El gobernador Peralta, Robles y parte del gabinete santacruceño estuvieron en la Capital Federal, donde fueron recibidos por la presidenta Cristina Kirchner y el ministro de Economía, Amado Boudou. Todos sentados analizando como explicar el por qué de las pérdidas sufridas por las arcas provinciales. Tal vez por supuesta falta de producción y falta de liquidación de regalías, o tal vez han estado tratando de encontrar como ocultar bien los US$ 250 millones que aun siguen depositados en el exterior pero no precisamente a nombre de la provincia, y que hace rato salvaguardan el futuro de los hijos de los hijos, de los hijos, de la familia Fernández de Kirchner.
Así surge de un informe del Ministerio de Economía, que fue presentado al Tribunal de Cuentas de la provincia. El documento, presentado por fuentes oficiales, expresa que durante 2004 se gastaron US$ 105 millones de esa partida para cubrir el déficit presupuestario, que rondó los $800 millones. Se agrega así por consiguiente un nuevo capítulo a una historia que estuvo siempre bajo sospecha, porque durante largos años el destino de ese dinero, recibido por Santa Cruz en 1994 en concepto de regalías petroleras mal liquidadas, no fue informado, pese a los reclamos de la oposición y a una investigación de la Justicia. El trabajo presentado al Tribunal de Cuentas es parte de la metodología aplicada desde 2004 para tener control sobre esos fondos, que son considerados extrapresupuestarios. Cuando el oficialista Daniel Peralta asumió la gobernación, en 2007, en medio de una profunda crisis política y social tras la renuncia del gobernador Carlos Sancho, había en las arcas provinciales poco más de US$ 500 millones. En los últimos años, el gobierno fue gastando a un ritmo de US$ 100 millones por año, partidas que se fueron ingresando al presupuesto a la cuenta gastos generales. El informe de Economía, que se evalúa en el Tribunal de Cuentas, detalla que al 31 de diciembre de 2010 la provincia sólo conservaba $390.883.816 millones, es decir, unos US$ 94 millones. El año pasado, el ministro de Economía había asegurado que estaba previsto afectar al presupuesto 2010 cerca de US$ 80 millones de esos fondos extrapresupuestarios. Pero finalmente éstos no fueron 80, sino que alcanzaron los US$ 105 millones para paliar un déficit presupuestario de $ 700 millones. El presupuesto aprobado para 2011 fue de $ 7600 millones, con un déficit ya anunciado de $ 863 millones. A esto habría que sumarle otros $ 314 millones que la provincia perdió por las regalías no liquidadas durante el paro petrolero y los bloqueos de los yacimientos que realizaron los docentes en la zona norte provincial. Para poder pagar los aguinaldos, el gobierno provincial debió recurrir a fondos de la Anses y al adelanto de regalías de empresas petroleras.
Al 31 de diciembre de 2006, el fondo de Santa Cruz contaba con US$ 507 millones, según el informe del Tribunal de Cuentas de ese año. En la última campaña electoral el tema salió nuevamente al ruedo desde la oposición, pero el gobierno evitó polemizar, al respecto. Uno de los únicos que pudo justificar el uso de la parte de los fondos repatriada fue el ex gobernador Acevedo quien le otorgó en 2005 un crédito a Petroquímica de Comodoro Rivadavia para la construcción de una cementera en Pico Truncado por US$ 38 millones. En estos años, esa es la única obra visible realizada con esos recursos. Las demás partidas fueron ingresadas en los diferentes presupuestos para hacer frente al supuesto déficit provincial, y orientadas a frenar crisis de una provincia que, según los datos del último censo, tiene un habitante por kilómetro cuadrado. El gobernador Peralta, Robles y parte del gabinete santacruceño estuvieron en la Capital Federal, donde fueron recibidos por la presidenta Cristina Kirchner y el ministro de Economía, Amado Boudou. Todos sentados analizando como explicar el por qué de las pérdidas sufridas por las arcas provinciales. Tal vez por supuesta falta de producción y falta de liquidación de regalías, o tal vez han estado tratando de encontrar como ocultar bien los US$ 250 millones que aun siguen depositados en el exterior pero no precisamente a nombre de la provincia, y que hace rato salvaguardan el futuro de los hijos de los hijos, de los hijos, de la familia Fernández de Kirchner.
septiembre 05, 2011
Anuncios para todos
Su deseo se transformó en anuncio en noviembre de 2008, si, Cristina Kirchner expondría los tesoros de Tutankamón en la Argentina, y por primera vez fuera de Egipto. Pero los secretos del hombre que reinó diez años y murió cubierto por una máscara de oro jamás llegaron. Así como este fallido anuncio, también la ciencia y las aplicaciones de la tecnología en la vida cotidiana han servido a los discursos públicos a prometer mejoras que se asemejan a cuentos de ciencia ficción. Por ejemplo, si aún nadie subió al Tren Bala para viajar a Rosario y Córdoba es porque el salto a la modernidad que se juró dar en abril de 2008, con una inversión multimillonaria, nunca se concretó. Se llegó a mostrar en la Casa Rosada una maqueta de juguete de la formación que iba romper records, pero los pasajeros siguen viajando en un tren, que tarda 14 horas en recorrer sólo 706 kilómetros. Tampoco aparecieron los trenes de Alta Velocidad previstos para llegar a Mar del Plata o a Mendoza en un suspiro. Y ni hablar de la electrificación de las líneas metropolitanas y la reparación pendiente de 500 kilómetros de vías. Lo que sí se puede es repasar las palabras oficiales sobre todos los avances en ciencia y tecnología por venir. La radarización dispuesta por Néstor Kirchner en octubre de 2004 no solo no está operativa sino que aparte no alcanza a cubrir la totalidad del territorio. Eso impide perseguir a la flota permanente de avionetas con droga que sobrevuela las provincias y aterriza en pistas clandestinas emplazadas en campos, ubicados en medio de la nada casi en todo el territorio nacional. Existen denuncias de más de 100 vuelos ilegales por día.
Apenas el 45% del espacio aéreo continental está cubierto por radares y a fin de año, con la reciente entrada en funcionamiento del primer sistema móvil 3 D del Escudo Norte y próximamente de 22 radares secundarios, se llegará solo al 60% de cobertura. Puntos claves como la Patagonia, el Atlántico y la frontera andina seguirán sin protección. Las fronteras son literalmente un colador, pero para el Gobierno, ese radar 3 D, desarrollado en el país, es la primera respuesta en 40 años al problema, una visión demasiado optimista si consideramos los números mencionados. El control inalámbrico del Riachuelo, una promesa del secretario de Medio Ambiente, Juan José Mussi de febrero pasado, es un plan casi desconocido por los empleados de esa dependencia, absolutamente nadie conoce detalle alguno del proyecto. La idea era adquirir un mecanismo de monitoreo permanente similar al que se utiliza en el Rin, río alemán que hoy luce bastante más limpio que el Riachuelo, un foco de contaminación ambiental que afecta a más de tres millones de argentinos, esos mismos que no son ni pobres ni indigentes. Los chips para vacas, la solución aprobada en 2006 por la Legislatura bonaerense para terminar con el robo de ganado y su venta en el circuito clandestino, nunca fueron colocados. Se realizo una evaluación, se consultó a cuatro empresas proveedoras, pero no nada paso todavía. No queremos hacerlo de atropellada, sino avanzar despacio, la idea es empezar con terneros para tener todo cubierto en tres o cuatro años, describía Pedro Apaolasa, a cargo de la Confederaciones de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa. Mientras tanto este año, tentados por la suba del precio de la carne, los cuatreros ya llevan perpetrados más de 600 robos, en los que se llevaron unos 4000 animales. Los aviones no tripulados que iba a usar la Administración Federal de Ingresos Públicos para detectar evasión en los campos jamás despegaron. En septiembre de 2009, el titular de la AFIP Ricardo Echegaray, había prometido contratar no uno, sino un montón de aviones para controlar el volumen de las cosechas y afinar el control sobre el pago de impuestos.
Cada avioncito iba a costar $20 millones y se iban a comprar en Israel, para empezar a fabricarlos, con el tiempo, aquí. Se estudió un pliego de licitación y se pensó en pintarles el logo del organismo recaudador a estos mosquitos zumbadores para generar una sensación de riesgo muy fuerte en los evasores, pero…, nunca volaron. Los dispositivos de trazabilidad, necesarios para acabar con los troqueles que tienen las cajas de remedios y que permitieron la irrupción de una mafia que los falsifica, los rellena y los vende, todavía no llegaron al mercado. La capacitación docente en el uso de la tecnología es nula, lo que influye en uno de los más promocionados planes oficiales, el reparto de netbooks a todos los alumnos de escuelas secundarias públicas del país. La idea que se anuncio en julio de 2005, cuando las máquinas costaban 100 dólares, cifra que creció a casi el triple. El plan según lo prometido alcanzaría a tres millones de estudiantes, hoy, seis años más tarde solo se cumplió con un 30% de lo prometido. Las oficinas de Conectar Igualdad de Callao y Córdoba, que se utilizan para la capacitación de los maestros, están curiosamente vacías.
Apenas el 45% del espacio aéreo continental está cubierto por radares y a fin de año, con la reciente entrada en funcionamiento del primer sistema móvil 3 D del Escudo Norte y próximamente de 22 radares secundarios, se llegará solo al 60% de cobertura. Puntos claves como la Patagonia, el Atlántico y la frontera andina seguirán sin protección. Las fronteras son literalmente un colador, pero para el Gobierno, ese radar 3 D, desarrollado en el país, es la primera respuesta en 40 años al problema, una visión demasiado optimista si consideramos los números mencionados. El control inalámbrico del Riachuelo, una promesa del secretario de Medio Ambiente, Juan José Mussi de febrero pasado, es un plan casi desconocido por los empleados de esa dependencia, absolutamente nadie conoce detalle alguno del proyecto. La idea era adquirir un mecanismo de monitoreo permanente similar al que se utiliza en el Rin, río alemán que hoy luce bastante más limpio que el Riachuelo, un foco de contaminación ambiental que afecta a más de tres millones de argentinos, esos mismos que no son ni pobres ni indigentes. Los chips para vacas, la solución aprobada en 2006 por la Legislatura bonaerense para terminar con el robo de ganado y su venta en el circuito clandestino, nunca fueron colocados. Se realizo una evaluación, se consultó a cuatro empresas proveedoras, pero no nada paso todavía. No queremos hacerlo de atropellada, sino avanzar despacio, la idea es empezar con terneros para tener todo cubierto en tres o cuatro años, describía Pedro Apaolasa, a cargo de la Confederaciones de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa. Mientras tanto este año, tentados por la suba del precio de la carne, los cuatreros ya llevan perpetrados más de 600 robos, en los que se llevaron unos 4000 animales. Los aviones no tripulados que iba a usar la Administración Federal de Ingresos Públicos para detectar evasión en los campos jamás despegaron. En septiembre de 2009, el titular de la AFIP Ricardo Echegaray, había prometido contratar no uno, sino un montón de aviones para controlar el volumen de las cosechas y afinar el control sobre el pago de impuestos.
Cada avioncito iba a costar $20 millones y se iban a comprar en Israel, para empezar a fabricarlos, con el tiempo, aquí. Se estudió un pliego de licitación y se pensó en pintarles el logo del organismo recaudador a estos mosquitos zumbadores para generar una sensación de riesgo muy fuerte en los evasores, pero…, nunca volaron. Los dispositivos de trazabilidad, necesarios para acabar con los troqueles que tienen las cajas de remedios y que permitieron la irrupción de una mafia que los falsifica, los rellena y los vende, todavía no llegaron al mercado. La capacitación docente en el uso de la tecnología es nula, lo que influye en uno de los más promocionados planes oficiales, el reparto de netbooks a todos los alumnos de escuelas secundarias públicas del país. La idea que se anuncio en julio de 2005, cuando las máquinas costaban 100 dólares, cifra que creció a casi el triple. El plan según lo prometido alcanzaría a tres millones de estudiantes, hoy, seis años más tarde solo se cumplió con un 30% de lo prometido. Las oficinas de Conectar Igualdad de Callao y Córdoba, que se utilizan para la capacitación de los maestros, están curiosamente vacías.
septiembre 01, 2011
Batallas interminables
Tengo instrucciones de la Presidenta para trabajar en los próximos 120 días en la ampliación del servicio de Internet gratis con Wi-Fi en todo el territorio nacional dijo en aquel agosto de 2010 el ministro De Vido. Pasaron más de 365 días y Fibertel está lejos de dejar de existir y la promesa del Wi-Fi para todos, del gobierno se ha convertido en otra mentira más. Fibertel no existe más, había dicho el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, el 19 de agosto de 2010, hace más de un año. Fue durante una conferencia en la que anunció la resolución 100/2011 de la Secretaría de Comunicación, según la cual la administración Kirchner le retiró a Cablevisión del Grupo Clarín la licencia para dar acceso a Internet con su marca Fibertel. Aquella medida les daba tres meses a los usuarios de la empresa, por entonces alrededor de un millón, para que migraran a otro prestador. En esa oportunidad, el ministro acusó al Grupo Clarín de haber incumplido la ley y de usurpar la licencia, al argumentar que ese permiso había sido otorgado a Fibertel SA, empresa que en 2003 fue absorbida por Cablevisión. Las licencias no se transfieren automáticamente, advertía, es cierto, pero su jefe Néstor ya había extendido las licencias en ese mismo 2003 sin cuestionamiento alguno.
La pelea por Fibertel es apenas una de las batallas que el gobierno nacional libra contra empresas de medios privados, y en especial contra el Grupo Clarín. Sin embargo, a pesar de la vehemencia de De Vido, Fibertel no sólo sigue existiendo, sino que este año creció a un ritmo superior a sus propias previsiones. La resolución 100/2010 está suspendida desde el 1° de marzo de este año, cuando la Sala III de la Cámara en lo Civil y Comercial Federal confirmó una medida cautelar solicitada por la Asociación para la Defensa de la Competencia (ADC) y ordenó al Estado nacional abstenerse de ejecutar la Resol. 100/10 garantizando la posibilidad de que nuevos usuarios contraten los servicios de acceso a Internet que ofrece Cablevisión Fibertel. Solo en los primeros seis meses de 2011, sumaron 94.000 abonados a la banda ancha. A principios de año, la empresa había pronosticado un crecimiento de cerca de 110.000 suscriptores de banda ancha y 90.000 nuevos abonados de televisión por cable durante 2011. En ambos casos, creció más que lo esperado. Durante el primer semestre, sumamos 66.000 suscriptores en el segmento de televisión por cable. Según estos números, el grupo empresario sobrepasará sus propias previsiones. El Grupo Clarín cerró el primer semestre del año con 3,19 millones de hogares conectados a sus servicios de TV paga, un 2,8% más que el año anterior en el mismo período. A eso hay que sumar los 210.400 suscriptores que tiene en sus operaciones de Uruguay y Paraguay, un 7,9% más. El segundo trimestre de este año cerró con 1,22 millones de suscriptores de la banda ancha, lo que representa el 24% de ese mercado, en el que Telefónica y Telecom se estarían repartiendo alrededor de 30% cada uno, y el resto queda para los demás operadores, en su mayoría pequeños y medianos.
El caso Fibertel, que tuvo sus meses calientes en agosto, septiembre y octubre pasados, incluyó la publicación por parte de la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC) de un listado de oferentes alternativos a Fibertel. Sin embargo, pocos días después de aquella difusión, se conocía que la mayoría de las empresas mencionadas no existían, no ofrecían internet o no cubrían las áreas de Fibertel. El 26 de agosto, ante un aluvión de reclamos de clientes, la Secretaría de Comunicación publicó la resolución 102/2010, que obligaba a los competidores de Fibertel a recibir a los clientes que migraran sin costo de instalación, con módem bonificado y al mismo precio que ya venían pagando. Tres días después, el Gobierno comenzó a emitir en los entretiempos de los partidos de la Primera A, transmitidos por el programa Fútbol para Todos, un aviso en el que les pedía a los usuarios de Fibertel dejar la empresa, e iniciarle juicio. Todo siguió adelante y en octubre pasado la empresa lanzó su servicio de seis megas, el de mayor velocidad del mercado argentino para uso residencial en ese momento. Entre tanto hoy ya se anunció el próximo lanzamiento de su nuevo servicio Wideband, que permitirá a los clientes navegar a velocidades de hasta 30 megas.
La pelea por Fibertel es apenas una de las batallas que el gobierno nacional libra contra empresas de medios privados, y en especial contra el Grupo Clarín. Sin embargo, a pesar de la vehemencia de De Vido, Fibertel no sólo sigue existiendo, sino que este año creció a un ritmo superior a sus propias previsiones. La resolución 100/2010 está suspendida desde el 1° de marzo de este año, cuando la Sala III de la Cámara en lo Civil y Comercial Federal confirmó una medida cautelar solicitada por la Asociación para la Defensa de la Competencia (ADC) y ordenó al Estado nacional abstenerse de ejecutar la Resol. 100/10 garantizando la posibilidad de que nuevos usuarios contraten los servicios de acceso a Internet que ofrece Cablevisión Fibertel. Solo en los primeros seis meses de 2011, sumaron 94.000 abonados a la banda ancha. A principios de año, la empresa había pronosticado un crecimiento de cerca de 110.000 suscriptores de banda ancha y 90.000 nuevos abonados de televisión por cable durante 2011. En ambos casos, creció más que lo esperado. Durante el primer semestre, sumamos 66.000 suscriptores en el segmento de televisión por cable. Según estos números, el grupo empresario sobrepasará sus propias previsiones. El Grupo Clarín cerró el primer semestre del año con 3,19 millones de hogares conectados a sus servicios de TV paga, un 2,8% más que el año anterior en el mismo período. A eso hay que sumar los 210.400 suscriptores que tiene en sus operaciones de Uruguay y Paraguay, un 7,9% más. El segundo trimestre de este año cerró con 1,22 millones de suscriptores de la banda ancha, lo que representa el 24% de ese mercado, en el que Telefónica y Telecom se estarían repartiendo alrededor de 30% cada uno, y el resto queda para los demás operadores, en su mayoría pequeños y medianos.
El caso Fibertel, que tuvo sus meses calientes en agosto, septiembre y octubre pasados, incluyó la publicación por parte de la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC) de un listado de oferentes alternativos a Fibertel. Sin embargo, pocos días después de aquella difusión, se conocía que la mayoría de las empresas mencionadas no existían, no ofrecían internet o no cubrían las áreas de Fibertel. El 26 de agosto, ante un aluvión de reclamos de clientes, la Secretaría de Comunicación publicó la resolución 102/2010, que obligaba a los competidores de Fibertel a recibir a los clientes que migraran sin costo de instalación, con módem bonificado y al mismo precio que ya venían pagando. Tres días después, el Gobierno comenzó a emitir en los entretiempos de los partidos de la Primera A, transmitidos por el programa Fútbol para Todos, un aviso en el que les pedía a los usuarios de Fibertel dejar la empresa, e iniciarle juicio. Todo siguió adelante y en octubre pasado la empresa lanzó su servicio de seis megas, el de mayor velocidad del mercado argentino para uso residencial en ese momento. Entre tanto hoy ya se anunció el próximo lanzamiento de su nuevo servicio Wideband, que permitirá a los clientes navegar a velocidades de hasta 30 megas.
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