El caso Ferreyra

Finalmente y luego de los reiterados pedidos y presentaciones para su excarcelación, la Cámara del Crimen había confirmado el procesamiento con prisión preventiva del titular de la Unión Ferroviaria, José Pedraza, acusado de ser el "instigador" del crimen del joven militante del Partido Obrero, ocurrido el pasado 20 de octubre en el barrio de Barracas. La Sala I del Tribunal tomo la determinación luego de haber evaluado que la agresión hacia los trabajadores tercerizados tuvo sus raíces en un interés político y económico, y ciertamente el accionar de Pedraza y otros dirigentes del gremio tuvo como objetivo "aleccionar" a ese sector para evitar nuevos cortes de vías como ocurrió aquella tarde, en la que los incidentes terminaron con el asesinato del joven Ferreyra. En su fallo, la Sala I también confirmó los procesamientos con prisión preventiva del segundo del gremio Juan Carlos Fernández, y del dirigente Gustavo Alcorcel, y así, junto a Pedraza, ya son diez los detenidos en el marco de la causa. Los jueces Jorge Rimondi, Alfredo Barbarosch y Luis Bunge Campos evaluaron que Pedraza temía a la oposición que se gestaría por parte de algunos empleados ferroviarios, lo que podría dar lugar a la puesta en peligro de la continuidad en el cargo que ejercía, y en ese sentido recordaron que el dirigente lleva al frente de la Unión Ferroviaria unos 17 años ininterrumpidos y que desde el 2000 no cuenta con oposición política dentro del mismo. El ingreso de los empleados tercerizados implicaba, como efectivamente sucedió, que las cooperativas creadas para nuclear a estos trabajadores dejasen de existir, dando lugar a nuevas y diversas cooperativas como la Cooperativa de Trabajo Unión de Mercosur Limitada y Belgrano Cargas, gerenciada a través de SOE S.A.

Con relación a la primera, cabe mencionar que fue reiteradamente señalada la relación existente entre la esposa de Pedraza, Graciela Coria, quien se desempeña como directora de la misma, al tiempo quien se desempeñaba como tesorera es su hermana, Silvia Coria. Por otra parte aunque se desconoce qué cargo ocupa, el sobrino del acusado, Maximiliano Pedraza, también es empleado. Para la Cámara, esta evidencia resulta por demás suficiente para establecer la relación económica que unía a ambas partes y el interés en cuanto a que no se modifique el status quo obtenido durante tantos años por el principal acusado. Los jueces también advirtieron que la incorporación de 1.515 trabajadores "tercerizados" a la planta permanente, fue con posterioridad a los hechos, y que ello se debió, justamente, a raíz de la investigación que se lleva adelante. La Cámara tuvo como prueba que la cúpula estaba al tanto de lo que ocurría aquella tarde, a raíz de la comunicación telefónica que hubo entre Fernández y el delegado del Roca, Pablo Díaz, presente en el lugar donde el primero de ellos le ordenó que se retirase tras los disparos, uno de los cuales dio muerte a Ferreyra. En ese sentido, concluyeron que Díaz no actuó solo sino que lo hizo secundado por Fernández y Pedraza, lo que quedó comprobado en una llamada que recibieron los dos en forma casi simultánea. Por eso resultó lógico entender que los tres actuaron de manera conjunta y coordinada, desde el día anterior en el armado y diagramación del plan, que fue puesto en marcha desde las primeras horas de la mañana del día siguiente. En la causa, hay entonces un total de diez personas detenidas: Pedraza, Fernández, Alcorcel, el delegado Díaz, los presuntos barrabravas Cristian Favale Gabriel Sánchez, y los trabajadores ferroviarios Juan Carlos Pérez, Salvador Pipito, Jorge González y Armando Uño. Apremiado, por los tiempos el fiscal Fernando Fiszer pidió entonces que el titular de la Unión Ferroviaria, José Pedraza, y otros procesados y detenidos por el crimen del militante del Partido Obrero vayan a juicio oral por el delito de homicidio calificado.

En un escrito de más de un centenar de páginas, el fiscal consideró probado que hubo un concurso premeditado y una organización para escarmentar a los empleados tercerizados que reclamaban su efectivización. Además de los dos jefes sindicales están acusados de homicidio calificado Cristian Favale y Gabriel Sánchez, como autores de los disparos que mataron a Ferreyra e hirieron gravemente a otros tres manifestantes. Fiszer sostuvo la teoría de que el crimen fue orquestado para asegurar la continuidad del poder económico y político del gremio. El fiscal contestó con su escrito el pedido que realizará la jueza de la causa, Susana Wilma López, para declarar definitivamente cerrada la investigación y se pasara a juicio oral y público a los acusados. Los abogados del Partido Obrero, en representación de Elsa Rodríguez, la más afectada de los otros tres heridos, ya habían pedido el cierre de la causa. Sólo falta que haga su presentación el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que patrocina a la familia de Ferreyra y que había pedido se determinara la responsabilidad de los policías federales que no se interpusieron entre agresores y agredidos. La jueza deberá decidir si da por cerrada esta parte de la investigación, aunque aparentemente habrá una nueva pericia sobre la bala que mató a Ferreyra. Según el primer informe realizado por Policía Federal, el proyectil habría rebotado antes de impactar en el cuerpo dado que se habrían encontrado restos de silicio y aluminio, componentes frecuentes en las mezclas asfálticas. Esta teoría del rebote es funcional a la idea de que los tiradores no buscaban matar a Ferreyra, lo que modificaría la calificación legal, de homicidio agravado, con una pena de prisión o reclusión perpetua, a homicidio culposo, cuya pena va de seis meses a cinco años.

Una historia sin fin

La oposición había decidido convocar a la ministra de Seguridad, Nilda Garré, y al secretario de Medios, Juan Manuel Abal Medina, al Congreso de la Nación para que dieran explicaciones sobre la postura del Gobierno frente al bloqueo que sufrieron los diarios Clarín y La Nación debido a un supuesto conflicto sindical. Al mismo tiempo, la Ministra de Seguridad Nilda Garré aseguraba que ella había cumplido estrictamente las directivas de los magistrados actuantes y calificaba de "infundadas e irresponsables" las advertencias sobre un posible juicio político. En Diputados, el plenario de Comisiones de Libertad de Expresión, Justicia y Asuntos Constitucionales decidió hacer efectiva la citación de Garré. La decisión fue tomada en una reunión celebrada en el despacho de la diputada radical Silvana Giudici, presidenta de la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara baja, de la que participaron varios legisladores de distintos bloques opositores y donde además resolvieron ampliar una denuncia presentada en 2010 ante la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos e inclusive ante la OEA. De todos modos, y demostrando una vez más la impunidad que manejan dentro del gobierno nacional la ministra se negó, y no asistió a la convocatoria realizada por la cámara baja.

Por su parte el juez civil Gastón Polo Olivera que fue el magistrado que intervino desde el principio en este conflicto también pidió a la ministra de Seguridad, Nilda Garré, que explique por qué fue ineficaz para cumplir las órdenes que él dio para que no se reiterasen bloqueos a las plantas impresoras de Clarín. El magistrado pidió explicaciones porque no sabía que la falta de acción y la ineficacia habrían sido a causa de una orden directa de esa funcionaria al jefe de la Policía Federal, Enrique Capdevilla, la que determinó que los efectivos toleraran pasivamente la medida de fuerza. Garré, que fue denunciada ante la justicia penal como corresponde por incumplimiento de los deberes de funcionario público, aunque según ella la Policía Federal sí intervino en los hechos y por ese motivo calificaba de infundadas las acusaciones en su contra. Pero los hechos, sin embargo, la contradijeron. Las imágenes televisivas eran bien claras. La pasividad policial no sólo facilitó que los autores del bloqueo cometieran dos delitos del Código Penal que prohíben obstruir a los medios de comunicación, sino que también permitió que los manifestantes pasaran por alto dos resoluciones del juez Polo Olivera y, también, que la policía no cumpliera la orden que había dado la fiscal contravencional Marcela Solano para que la Policía Federal hiciera cesar aquel delito. La saga de reclamos en la justicia civil por los bloqueos comenzó en diciembre pasado, luego de la primera medida de este tipo tomada por delegados de la comisión interna de Artes Gráficas Rioplatenses S.A. (AGR), la empresa perteneciente al grupo Clarín que imprime las revistas Viva, Genios y otras guías para todo el país. En esa primera oportunidad, el reclamo fue en la planta de AGR pero en enero, la protesta se trasladó a la imprenta desde donde todos los días salen los diarios Clarín y Olé hacia los kioscos.

Fue entonces cuando la jueza de turno durante la feria de verano, Nora González de Rosselló, dio lugar a una medida cautelar presentada por AGR y dispuso que el ministerio de Seguridad arbitrara los medios necesarios para que no sólo los delegados de la comisión interna de AGR y las organizaciones que los representan, sino también cualquier persona o agrupación de cualquier índole se abstuviera de toda conducta que implicase impedir u obstruir el normal y regular ingreso y egreso de personas y de bienes de la planta industrial AGEA. En este ultimo capitulo la manifestación comenzó a las once y media de la noche con un grupo reducido de familiares de los seis delegados identificados por la justicia, de los cuales dos fueron filmados por abogados del matutino pidiendo $9.3 millones para llenar sus bolsillos y de esa manera no parar la salida del diario. Hubieron también mujeres y niños, sin embargo, a la madrugada, el bloqueo comenzó a ser poblado por más gente, entre ellos activitistas vinculados al líder de la CGT, Hugo Moyano. Esta información surge no sólo de las imágenes tomadas de las filmaciones y fotografías tomadas sino también por el propio oficio que manda la fiscal contravencional, Marcela Solano, a la comisaría 30° con intervención en Barracas para que le informen por qué no se había actuado conforme a sus instrucciones. En ese escrito, la fiscal consigna un llamado del subcomisario Garay a las 02.48 de la madrugada, quien le avisaba que estaba completamente bloqueada la salida de la planta, por 300 personas, habiéndose sumado a los manifestantes gente de una villa de emergencia lindera como así también personas pertenecientes al sindicato de camioneros que lidera el Sr. Moyano.

El Instituto

Ana Edwin, es la actual directora del organismo al que nos referiremos en esta nota. Es uno de los puntales de la llamada intervención oficial, es socióloga al igual que su hija, pero en su currículum que puede encontrarse fácilmente en la página oficial del Ministerio de Economía deja además constancia de clara de otra de sus capacidades. En el mismo dentro del rubro orientación profesional, la aptitud que ha demostrado claramente en el último tiempo: "Especialista en Recursos Humanos". Entonces, casualmente María Sol Padín, hija de la directora del Indec Ana Edwin, fue ascendida pocas semanas atrás a uno de los cargos más altos en el organismo y a partir de ahora se encargará nada menos que del fortalecimiento de las estadísticas públicas. Esto fue anunciado como corresponde en el Boletín Oficial con las firmas del jefe de Gabinete, Aníbal Fernández y el ministro de Economía, Amado Boudou. Padín controlará, de ahora en más, el proyecto "Fortalecimiento de las estadísticas básicas y derivadas" con un contrato que la administración pública designa como, A 4 que se extenderá durante todo el año y por el que percibirá 12.233, 4 pesos mensuales sin contar las horas extras. Como bien reza el dicho del saber popular, lo primero es la familia, y este dicho parece ser el que impera a la hora de definir las vigas que construyen la política de recursos humanos en el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Es que los círculos cercanos a la denominada "intervención" prosperan más rápido en el organismo estadístico manejado por el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno desde 2007, de lo que lo hace de su fortuna personal. La relación filial fue confirmada oficialmente y extraoficialmente desde el Indec. Para eliminar suspicacias, en la oficina de prensa afirmaron que el nombramiento retroactivo de Padín en el Proyecto de Fortalecimiento de las Estadísticas Básicas y Derivadas no es "raro".

Para una profesional con posgrado, calidad técnica y cerca de 13 años en el instituto, esta designación es absolutamente normal. Entrelíneas, la palabra oficial arguye que Padín no fue consentida por su cercanía a la cúpula oficial, ya que pertenecía al staff del Indec antes de que se diera la criticada intervención del secretario de Comercio Interior hecho que produjo a su vez el arribo de cientos de trabajadores alineados con el proyecto oficial para las estadísticas públicas. Sin embargo, en la carrera de Padín desde que asumiera la cúpula afín al kirchnerismo, puede detectarse una sospechosa afinidad para con la hija de Edwin, la socióloga era personal transitorio con un nivel y un grado D3 en 2006 (un escalafón relativamente bajo). Según el Sistema Nacional de Empleo Público (Sinep), debía tener un piso salarial de $4631. Ya en 2009, a dos años del manejo morenista de la estadísticas, María Sol había ascendido hasta B4 en la escala estatal, con un salario mínimo $8659, el doble de lo que cobraba. A eso habría que sumarle las horas censales, una especie de extra que reciben los trabajadores. Hasta octubre pasado seguía con el mismo cargo pero con un importantes aumento en las horas censales y horas cátedra, se les paga a los que enseñan o capacitan dentro del mismo instituto. Por esa época, cuentan, su salario ascendía a cerca de $15.000. Lamentablemente más alta de toda información el de Padín no es el primero ni el último caso de crecimiento político que normalmente se registran en muchos organismos públicos dentro de lo que se encuentra el Instituto. El director técnico del organismo, Norberto Iztcovich trabajó cerca de 16 años como coordinador en el Indec hasta que llegó la nueva administración. De allí ascendió a director de y luego a director nacional de Planificación y Coordinación Estadística para secundar a Edwin. En el medio pasó de firmar un acta de protesta contra la llegada de la intervención en 2007 a participar de asados navideños en la organización Pueblo Peronista creada por Moreno.

Desconfianzas, y desaciertos

Las cosas han cambiado para casi todos, porque la presidenta Cristina Kirchner hoy desconfía de todo, entonces no sólo escatima confianza, sino que ni siquiera les contesta los llamados, era más fácil con él. No es lo único, Julio De Vido es otro. Hasta octubre pasado, todo empresario que se contactara con el ministro se encontraba con un dirigente seguro de sí mismo, que se anticipaba a los requerimientos de la Casa Rosada casi sin consultar con nadie. Hoy, ante una propuesta similar, el mejor intérprete de Néstor Kirchner puede hacer mil preguntas y objeciones. Los empresarios llaman al ministro de Planificación para tratar con él, tal la costumbre, y reciben solo cuestionamientos. Parecen haber caído parte de los asuntos más ríspidos de la gestión de esa cartera y aparte, De Vido tampoco tiene con la Presidenta la relación que tenía con su jefe anterior. Es que por esta desconfianza que tiene hacia todo, ella le toma examen. El ministro era el único y más importante nexo entre el establishment y el poder. Hoy las decisiones ya no pasan por él, los que deciden hoy son Boudou, Echegaray, y hasta Máximo Kirchner de temas que atañen a negocios específicos e incluso en temas como con el pago del impuesto a las ganancias.

Con los aumentos de salarios que se están acordando en las paritarias de este año, ya han sido algo más de 2 millones de asalariados y 100.000 jubilados los alcanzados por el impuesto a las Ganancias. Si se considera la manera en la que los acuerdos vienen perfilándose como en bancarios, metalúrgicos o alimentación, casi con seguridad más de 2,5 millones de empleados y asalariados pasarán a tributar Ganancias. Y parte del aumento de salarios irá al Estado. Así, mientras entre los trabajadores en relación de dependencia hasta hace poco el reducido grupo de empleados jerárquicos como gerentes o supervisores tributaban el Impuesto a las Ganancias, en los últimos años entre los contribuyentes de este impuesto aparecen maestros, camioneros, bancarios, siderúrgicos, petroleros, petroquímicos, operarios de otros gremios y hasta jubilados. Y no se trata solo de Ganancias; luego, cada vez que consumen, el ingreso de bolsillo aparece castigado por otra cadena de tributos, fundamentalmente con el IVA, que cuenta con una alícuota altísima, del 21%, para la inmensa mayoría de los consumos. Ahora bien, la pregunta es; ¿Corresponde que todo ese universo de gente que vive de su trabajo personal, como empleado de un comercio o una industria pague Ganancias? Si, las rentas del trabajo personal deben ser alcanzadas por el impuesto a las Ganancias, dado que la renta es una de las formas de exteriorizar la capacidad de contribuir con el Estado. Los parámetros ‘renta’, ‘patrimonio’ y ‘consumo’ constituyen la base de todo sistema tributario y, por ende, la renta del trabajo personal no puede quedar eximida de la tributación.

Sin embargo, el problema actual no es la existencia de un Impuesto a la Renta sobre el trabajo personal, sino su gran incidencia sobre trabajadores que no tienen capacidad para contribuir con el Estado en la medida que se les exige. Así, actualmente hay una gran cantidad de trabajadores que han sido alcanzados por el impuesto a las Ganancias solo porque no les aumentaron las deducciones personales (mínimo no imponible, cargas de familia, etc.). Existen aparte dos enormes problemas sin resolver, diferencias entre los desvelos del secretario de Comercio Interior y los de miembros del Gobierno que han perdido poder o ya no están. Aunque acaso no los sintieran en el fuero íntimo, De Vido o Kirchner tuvieron siempre discursos cuidados o prefabricados para con el empresariado, pero se ocupaban también de las cosas concretas, coincidieran o no con las palabras. Guillermo Moreno, el INDEC y la inflación, que acarrea el Gobierno con los manoseos en el Instituto, que alcanzara este año del 30% anual. Esta será la principal derrota de funcionarios que empiezan su día de trabajo a las 6 de la mañana y pueden terminarlo a las 23, sin haber solucionado nada. Solo habiendo tapado agujeros con herramientas como el aumento mencionado de ganancias. Y como dicen, no se puede tapar el sol con un dedo.

Un lobo disfrazado de cordero PARTE II

El secretario general de la CGT, Hugo Moyano, como era de esperar, logro acordar en la Casa Rosada un primer aumento salarial del 24% para el sindicato de Camioneros, que sirvió como referencia para las recomposiciones salariales de varios otros gremios, y algo que los empresarios festejaron como un número suficiente y acertado. El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, por su parte informó que la modalidad será, en tres tramos, el primer aumento será del 12%, el siguiente será del 6% y el último, también del 6%. Todo esto en tanto y en cuanto el titular de camioneros, que sigue ganando terreno en el poder no pretenda reabrir paritarias a mitad de año aludiendo los niveles de inflación que hoy maneja el país. Entre otras cosas se acordó que el aumento será no acumulativo y que los trabajadores reciban 69 pesos por cada día que se tomen de vacaciones. Hugo Moyano, el titular de la cartera laboral, Carlos Tomada y el ministro de Economía, Amado Boudou realizaron el anuncio en la Casa Rosada, Así los camioneros obtendrán entonces un primer aumento del 24%. La primer parte será otorgada en julio, y por ahora los otros dos incrementos se entregarán en noviembre y marzo de 2012, respectivamente. Tomada destacó que los aumentos serán no acumulativos, lo que en palabras simples significa que se aplicarán en función de los haberes antes del primer aumento.

Si bien la relación entre el líder sindical y la presidenta Cristina Kirchner no atraviesa su mejor momento, este es un tema que al camionero no le quita el sueño, y no tenía intención de ceder o negociar en dos temas muy puntuales, paritarias y el cambio en el mínimo no imponible, para elevarlo y así despejar del pago de ese impuesto a la mayor cantidad de trabajadores posibles. Moyano logró lo que pidió, una vez más, el líder de la CGT demostró que sus caprichos son tomados en cuenta por el Gobierno. Por eso y sin previo aviso, el camionero llegó a una reunión que el armo y no estaba anunciada, pero que los participantes tenían claro cuales serian los contenidos. Así, las paritarias pretendidas por el camionero son mayores a las que se ofrecía desde la cartera de Trabajo que encabeza Carlos Tomada. Los gremios, a partir de esta negociación han pedido en términos generales aumentos que superan el 20% que se planteaba desde Olivos. De alguna manera, el Gobierno considerando no tensar más la relación entendido que lo mejor sería ofrecer una cifra que estuviera más cerca de la inflación real, tal como definió el líder cegetista al decir la que "la inflación se mide en los supermercados". De su muy breve reunión en la Casa Rosada Hugo Moyano se dirigió y llegó tarde al acto en homenaje a uno de sus antecesores al frente de la CGT, lo primero que hizo fue pedir disculpas, y luego de señalar que Saúl Ubaldini fue “uno de los compañeros más importantes que tuvo el movimiento obrero argentino”, lanzó un discurso desafiante, donde convocó a “reventar” la avenida 9 de Julio en el acto del día del Trabajador.

Respaldó a Amado Boudou como su candidato para la ciudad de Buenos Aires y arremetió, otra vez, contra Clarín. En su discurso dijo que en el movimiento obrero organizado tienen una prueba de fuego para conmemorar el día del Trabajador, y así convocó a los trabajadores a “reventar la avenida 9 de julio” en el acto previsto para el 29 de abril. Antes, se encargó de confirmar su jugada política en la principal ciudad argentina con el apoyo a Amado Boudou para que sea el candidato oficial por la jefatura de Gobierno. El cegetista dijo que va a poner a esta hermosa ciudad de buenos Aires en el lugar que corresponde. Y agrego, que si hubiese estado Boudou, ese cantante de ópera hubiera podido cantar en el Teatro Colon porque no hubiera habido problemas con los trabajadores, indicó respecto de Plácido Domingo. Y siguió con la exaltación del ministro diciendo que el compañero candidato, además de ser joven, y capaz va a poner de pie a la ciudad de Buenos Aires pues todos los ministros de Economía fueron odiados, y el único amado es Amado Boudou. Moyano no entiende absolutamente nada, pero sí sabe que no va a retroceder un centímetro y va a pelear palmo a palmo, desafió una vez más, mostrando que nada va a modificar en su lucha por espacios de poder. El sindicalista camionero antes de concluir aseguró que no es Moyano quien como dicen es tan poderoso, y que no es a Moyano al que le tienen miedo; a quien le tienen miedo es a los trabajadores, pero cuando se trate de lucha y de pelea, ahí si va a estar él cuando y para lo que sea necesario. Después de tanta alharaca pidió al gobernador de la ciudad Mauricio Macri, permiso para realizar el acto del día del trabajo.

Detalles, solo eso

Las distintas culturas han manifestado a lo largo de los años diferentes maneras de venerar a sus muertos. Pero en este caso en particular, hablaremos únicamente del padecimiento de una viuda cuando el que fallese el marido. No existe un protocolo universal que establezca cuánto tiempo debe vestir de negro una viuda, y tampoco si hablamos de una presidenta o una primera dama. Solo para dar un ejemplo, en Portugal, la tradición dice que las viudas deben vestir de negro el resto de sus vidas, otro ejemplo podría ser el de algunas tribus Indias, en las cuales las mujeres suelen marcar para siempre su dolor mutilándose un dedo de la mano. Sin lugar a dudas podría decirse que la manifestación de este tipo de duelo varía respecto de los usos y costumbres de cada lugar, o de cada cultura en particular. Aquí en Argentina, la duración del luto sólo depende del dolor y la voluntad de la viuda, entonces la pregunta que sigue es la explicación a todo este preámbulo, ¿Cuánto durará el luto de Cristina Fernández de Kirchner? Ciertamente sólo ella lo sabe, aunque se han elucubrado miles de especulaciones al respecto y casualmente todas las teorías tienen que ver con el futuro político, por venir en la Argentina.

Semejante duda sólo admite una certeza, cuando Cristina Fernández vuelva a ponerse una prenda de color, la imagen será tapa de todos los diarios del país. La Presidenta lleva cinco meses sin sumar un detalle de color en su vestuario. Desde el 27 de octubre de 2010, día de la muerte del ex presidente Néstor Kirchner, Cristina Fernández guarda un exagerado, premeditado y riguroso luto. Durante este período ha realizado distintas giras y atravesó todos los climas. Sin embargo, nada logro modificar el tono de su vestuario, siempre encontró la prenda negra perfecta para cada ocasión. En Turquía lució un tapado de cuero y piel, ideal para combatir las temperaturas bajo cero. Y durante el verano porteño, prefirió las faldas justo por debajo de la rodilla, que combinó con blusas. Durante su última gira por Oriente Medio, también ajustó su vestuario a la tradición musulmana: cubrió su cabeza con un hiyab negro. El vestuario de Cristina Fernández de Kirchner es responsabilidad de Susana Ortiz, su diseñadora de cabecera. De todas maneras alguien debería avisarle a la jefa de estado que sería bueno contratar un asesor de imagen, ya que su diseñadora no da sinceramente con la responsabilidad que se le asigno.

La misma que le hacía los tailleurs blancos o estampados que lució durante los primeros años de su mandato. Hoy, cambió el guardarropa de Olivos por trajes sobrios, pantalones de corte recto o faldas de cintura alta y camisa sin escotes. La mayoría de los modelos están confeccionados siempre en base a gasas, sedas, crêpes y brocados. Y en el zapatero predominan los diseños de Claude Benard, todos con taco alto, por expreso pedido de ella. La Presidenta usa pocas joyas. Aunque hay dos que repite en la mayoría de sus salidas su infaltable collar de perlas, un reloj Rolex President de oro amarillo con brillantes y aros sobrios. También tiene un cinturón ancho de cuero negro con hebilla cuadrada, que combinó con distintos equipos. Al momento de elegir sus carteras, prefiere los clásicos modelos de Louis Vuitton o la famosa Birkin de la prestigiosa maison Hermès. Por supuesto, confeccionados en cuero negro. Y también suele utilizar anteojos de marco grande y patillas anchas, muy a la moda pero otro error que habría que marcar a la hora de confeccionar el vestuario de la Presidenta de la Nación.

El avión

La crisis diplomática con Washington que se inició el 10 de febrero, aun promete varios capítulos más, mientras la Argentina continúe en esta postura ridícula entendiendo que se actuó de forma ordenada, y de acuerdo con la legislación que rige mundialmente para este tipo de situaciones. Aquel día un avión C-17 Globemaster III de la fuerza aérea de EE.UU., llegó al aeropuerto de Ezeiza con personal militar y material bélico. El C-17, es una de las aeronaves logísticas, más sofisticadas del mundo, y sumado a ello podemos destacar que es el más grande de su categoría, sin incluir ninguno de los Tupolev rusos que aún quedan luego de la guerra fría. El objetivo del aterrizaje, y la llegada de fuerzas militares norteamericanas era brindar un curso a la Policía Federal para situaciones de crisis en la toma de rehenes, como parte de un acuerdo firmado entre los dos gobiernos en el que también se incluían entre otras el manejo de distintos escenarios críticos en la lucha contra el narcotráfico. Sin embargo, y sin tener en cuenta el acuerdo mencionado la aeronave y su carga fueron inspeccionadas por la Aduana. En el procedimiento, los inspectores que dicho sea de paso, cuando se trata de detectar valijas con dinero sucio como el famoso caso de Guido Alejando Antonini Wilson que ingresó al país con dinero del narcotráfico para financiar la campaña electoral de Cristina Fernández; no encontraron absolutamente nada.

Pero en esta oportunidad aparentemente se detectaron presuntas irregularidades entre el material que había informado Estados Unidos por medio de su embajada y lo que realmente llegaba al país. Los militares norteamericanos equivocadamente se negaron a abrir parte del equipaje dando pie a lo que a continuación sucedido. Inmediatamente empezó un operativo que encabezó el propio canciller Héctor Timerman, en el que se abrió por la fuerza el cargamento. La Aduana incautó equipos de transmisión, medicamentos y partes de armas que, indicó, no habían sido declaradas en forma adecuada, y esto esalo que vale mencionar hablamos de que “supuestamente no habían sido declaradas en forma adecuada”. El avión despegó dos días después, en coincidencia con los primeros reclamos formales de la diplomacia norteamericana para que aparte le fueran restituidos los materiales secuestrados. Pero aquí se negó la devolución y así se dio inicio al conflicto diplomático más grave desde la asunción de Cristina Kirchner. El vocero del Departamento de Estado criticó la falta de colaboración del gobierno argentino, luego de la negativa al reclamó de la devolución del material militar y habló de un incidente serio. Desde el primer momento hemos tratado de colaborar, pero es como si en el gobierno argentino no quisieran escuchar, dijeron en Washington. La justicia argentina determinó que no existió delito y cerró la causa. Pero aun así el material quedó en manos de la Aduana.

Barack Obama, luego de haberse mantenido en silencio, casi expectante y esperando una reacción lógica determinó que se trataba de un incidente serio y que no sería a través de la diplomacia, sino que personalmente le exigiría a Cristina Kirchner que devuelva los equipos de incautados. Con sus declaraciones Obama dejó en claro que el malestar por la reacción argentina había llegado a lo más alto del poder en Washington, ya que respaldó al pie de la letra la línea argumental que expresó desde febrero el vocero del Departamento de Estado, Philip Crowley que luego renunció por viejas diferencias con el Pentágono por la forma en que se manejó el caso WikiLeaks. En el Gobierno, que hasta hace unas semanas se desconocía el contenido de las declaraciones de Obama ratificaron que no está en agenda la devolución del equipamiento militar norteamericano. Según entienden, la Aduana debe decidir qué hacer, pese a que es sabido que la decisión se tomará al máximo nivel político, y aunque la Justicia dictaminó que los militares norteamericanos no cometieron delitos y que el episodio sólo puede ser encuadrado como una mínima infracción aduanera. Finalmente y luego de 40 días de tensión diplomática, Obama al referirse al tema dejó en claro que no lo considera un episodio superado. Por el contrario, dijo que espera la devolución inmediata del material secuestrado que transmitirá en persona su reclamo a Cristina Kirchner, y que de lo contrario podría generarse un gravísimo conflicto diplomático.

Corrupción

Los altísimos niveles de corrupción que se ven en la clase dirigente Argentina de hoy se deben, a múltiples razones. La primera, y más importante podría ser el error “voluntariamente” cometido por Néstor Kirchner cuando desmembró o debilitó quitándoles sus funciones a los organismos que deben controlar al Gobierno. Un ejemplo resonante, fue el de la AGN, (auditoría General de la nación). Pero si hiciéramos una interpretación algo más profunda, y autocrítica no podemos sólo echarle la culpa a un ex Presidente, esto también responde a la "tolerancia cultural" de los argentinos hacia estas prácticas espurias. Si pensamos un poco más, el 80% de los argentinos que poseen vehículo propio, alguna vez coimearon a un policía de tránsito para no recibir una infracción. Sin duda es un tema cultural que seguramente muchos, son capaces de negar a muerte. Aparece también en uno de esos cables, de inteligencia norteamericanos una situación aún más grave, aparentemente en septiembre de 2007, Washington había recibido un cable en el que se detallaba que el "principal obstáculo" que explicaría el bajo número de condenas por delitos de corrupción en el país, sería el ineficaz sistema legal atado al poder político e incapaz de investigar casos sensibles políticamente hablando.

Firmado por el entonces segundo de la embajada, Thomas Kelly, el cable estaba titulado; Oficina Anticorrupción, muchas investigaciones, pocos resultados, en el mismo se reflejada la visión de su entonces titular, Abel Fleitas Ortiz de Rozas, quien definía la corrupción como un problema, pero que en la Argentina estaba sobredimensionado. Por supuesto la embajada dejó claro que disentía de la visión de Fleitas Ortiz de Rozas ya que en 2006, el entonces embajador Lino Gutiérrez había evaluado que tras la salida de Gustavo Béliz de credenciales impecables, del Ministerio de Justicia, Kirchner había modificado el rumbo. Pasó de tres primeros años exitosos como presidente, en los que por ejemplo renovó a la Corte Suprema y fortaleció su independencia, a un período en el que dejó de fortalecer la democracia institucional argentina hasta lograr un importante grado de debilitamiento. Casi dos años después, a principios de mayo de 2008, Kelly envió otro cable a Washington en el que alertó sobre perturbadoras novedades. Cristina Kirchner, apuntaba a deshilachar el marco anticorrupción y a debilitar la independencia y eficacia de las agencias argentinas con jurisdicción sobre los casos de corrupción. A continuación, Kelly reportó la salida de Manuel Garrido de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, tras el recorte de funciones que le adjudicó al procurador general de la Nación, Esteban Righi. También, la designación de Julio Vitobello, compañero de partidos de fútbol de Kirchner en Olivos, al frente de la Oficina Anticorrupción, los padecimientos de Leandro Despouy en la Auditoría General de la Nación (AGN) y el debilitamiento de la Sindicatura General de la Nación (Sigen)

Pero el análisis, debería ir más allá de lo que significaban estos organismos para el control de los actos del gobierno. Al mismo tiempo y por aquel entonces, ocurría en el ámbito nacional un caso bien concreto en la provincia de Santa Cruz. La sobrina de Néstor Kirchner estaba a cargo de la investigación que se realizaba sobre la compra de tierras a precios viles, y posteriormente vendidas por varios millones de dólares, esta investigación involucraba directamente a los Kirchner y a su círculo, incluido el actual titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray. La fiscal era Romina Mercado, hija de Alicia Kirchner, y los terrenos en El Calafate el ex presidente los había vendido por US$ 2,4 millones tras haberlos comprado, pocos meses antes, por U$S50 mil. Lo ocurrido en la OA, la FIA, la Sigen y la AGN, al igual que en Santa Cruz, muestran un marco institucional pobre y carente de credibilidad alguna. Los escándalos de corrupción como este frecuentemente hicieron un gran ruido al comenzar, para disiparse hacia el olvido debido al lánguido ritmo que se le imprime a las investigaciones como esta y el interminable ping-pong jurídico al que las someten.

El gran recaudador

La Keka y otros s/delito de acción pública. Así, de este modo se encuentra caratulada la causa que tramita en la Justicia federal e implica a Ricardo Echegaray, hoy titular de la AFIP. Se trata de la primera presentación concreta contra el ex funcionario al frente de la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA), recientemente desmembrada por la Presidenta de la nación, por desvío de fondos públicos. El expediente judicial investiga a Ricardo Echegaray, y a una docena de sus colaboradores por los casos de corrupción detectados durante su paso por la ex ONCCA. Y no es que ésta fue la primera denuncia concreta que llegó a los tribunales acusando sobre el desvío de fondos públicos, solo que es la primera que sobrepasa la instancia de mera denuncia. “La Keka” fue una sociedad creada con el único objetivo de cobrar los subsidios oficiales. Obtuvo de manera ya comprobada y documentada, $1.139.193,49, en cuatro pagos que firmó el propio Echegaray. Hay, en torno de este caso, un dato más curioso todavía, el secretario de Comercio, Guillermo Moreno, fue advertido en abril de 2009, por nota del denunciante, sobre la irregularidad cometida. Sin embargo, decidió no intervenir y mucho menos recurrir a la Justicia, como debe hacer cualquier funcionario público que advierte la presencia de un presunto delito.

La ONCCA recién dio de baja la matrícula de “La Keka SRL” para recibir subsidios en agosto de 2009. Pero nunca, nadie reclamó la devolución del millón y pico de pesos pagados a esa firma fantasma. La causa detrás de la cual se encolumnan en el expediente judicial todas las demás denuncias por irregularidades en la ahora disuelta ONCCA fue presentada en octubre de 2008 por el abogado Javier Sarrabayrouse. Este letrado planteó originalmente que “La Keka SRL” había sido creada como pantalla para que un feed lot de General Belgrano pudiera acceder a las suculentas compensaciones del Gobierno. El feed lot engordaba unos 2.000 vacunos en un campo llamado “Establecimiento San Miguel”. Pero el supuesto propietario, un Sr. Juan Carlos Nogueira, no cumplía mínimamente con la documentación necesaria para acceder por derecha a esas sumas compensatorias. Ahora bien, “La Rosa Ganadera”, la verdadera firma de Nogueira, ni siquiera había declarado ante la AFIP que desarrollaba esa actividad ¿Qué hizo entonces Nogueira para poder cobrar? A fin de 2007 colocó a sus dos hijos, Nicolás y Josefina, al frente de una nueva sociedad a la que llamó “La Keka SRL”, y simuló un contrato de arrendamiento con esa firma. Así, con evidente complicidad oficial, pudo embolsar los subsidios por la actividad de engorde correspondiente al período enero/julio 2008. Todos estos pagos fueron aprobados por Echegaray en cuatro resoluciones, cuando todavía estaba al frente de la ONCCA. La 712/08 fue publicada el 11 de junio; y la 3026/08 el 21 de agosto. Curiosamente las dos últimas resoluciones firmadas por el ahora jefe de la AFIP son posteriores a la denuncia judicial. La 7385/08 es del 7 de noviembre. Y la 8254/08 del 17 de diciembre. En total, la firma trucha embolsó 1,14 millón de pesos. Si hubiese existido un mínimo control de la ONCCA, “La Keka” no podría haber recibido ni un peso del Estado. Por un lado, porque hubiera sido evidente que se trataba de una firma ligada al clan familiar. Pero sobre todo porque su cuenta corriente no registra prácticamente movimiento.

En la denuncia se pone como ejemplo que “La Keka” emitió cheques en febrero de 2008 por un total aproximado de $36.000, mientras que cobró compensaciones por $182.199 por ese mismo mes. Y así en los sucesivos períodos liquidados, es decir, que nunca los gastos operativos de la firma fueron superiores a los subsidios que recibió. Ese imposible solo puede explicarse en dos razones. Uno, la ONCCA nunca exigió la documentación respaldatoria de la actividad del feed lot. Y dos, el verdadero movimiento económico, a pesar del simulacro de arrendamiento, siguió dependiendo de “La Rosa Ganadera”. Preocupado porque, a pesar de la denuncia presentada y a toda la evidencia disponible, Echegaray seguía pagando las compensaciones a la firma fantasma, el abogado denunciante recurrió por nota a Guillermo Moreno, en definitiva el responsable político de que la ONCCA subsidiara a los feed lots. En la misma le indico; Se ponen en conocimiento del Sr. Secretario tales circunstancias a efectos que disponga las medidas que estime corresponder y, en su caso, aplique las sanciones correspondientes y/o efectúe las denuncias a que hubiere lugar, decía esa nota. No obtuvo respuesta. Lógicamente jamás iba a obtener respuesta alguna, considerando la responsabilidad de Moreno respecto de la hoy disuelta ONCCA. Pero afortunadamente hoy la simple denuncia ha pasado a ser un expediente judicial con una carátula punible de sanción penal.

Gobierno vs Moyano

Solo había habido hasta ese momento un silencio total de los ministros durante la crisis sindical del mes pasado, pero como siempre alguien debía salir a la palestra, y quien mejor que el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández. Entonces sin importar o tal vez sin considerar mínimamente la actuación, defendió a rajatabla al jefe de la CGT, pese a que éste había convocado a un paro general, y luego lo había suspendido, obviamente para presionar al Gobierno por una investigación judicial en Suiza. Por su parte y luego de los comentarios de Fernández, la presidenta Cristina Kirchner dispuso dar una fuerte señal pública de que terminaría con los problemas con el jefe de la CGT, Hugo Moyano, pero en la Casa Rosada hasta las paredes podían asegurar que esa alianza histórica, de necesidad mutua, había quedado golpeada y que el Gobierno aprovecharía para disciplinar y condicionar al líder camionero en las negociaciones por aumentos salariales y por los cargos en las listas de candidatos en las elecciones de octubre. Aun cuando, eran todos rumores de pasillo, puertas adentro del Gobierno se comentan cosas menos gratas hacia el líder camionero. Por ejemplo; si hasta el momento Moyano pretendía tres cargos entre los diez primeros de una lista, ahora tendrá menos. Y la vicepresidencia para Héctor Recalde pasaba a ser sólo un sueño imposible. Todo podía pasar, en torno a esta suerte de sociedad política y económica que habían construido Néstor y Cristina Kirchner y Moyano. Pero la sociedad ya estaba en crisis antes de la muerte de Kirchner, y posteriormente empeoró. Entonces ya había comenzado la disputa por el poder, sobre todo en la provincia de Buenos Aires.

Con Kirchner vivo la situación seguramente no hubiese sido la misma, y la violencia y el fascismo hubieran sido más graves. El problema se genera en la falta de conducción en el peronismo. Es una situación similar a la de 1975 solo que a la inversa, los sectores que estaban afuera del poder ahora están con Cristina; y los sectores que estaban en el poder en ese momento, con López Rega, ahora están en crisis con el poder. Esta situación ya la hemos visto, y volverá aunque a la inversa a repetirse, si no pararon ahora fue porque el gobierno arreglo con la CGT, pero ante cualquier situación que no los favorezca pararán. Hay que seguir el proceso histórico de estos hechos. Moyano le ha declarado la guerra a la señora Presidenta. Sólo basta con una simple interpretación de sus dichos: “Los trabajadores vamos por el poder y yo soy el líder de los trabajadores”. El hombre, el que le dio poder a Moyano fue el político más corrupto la historia democrática argentina, Néstor Kirchner. Su esposa Cristina al menos hereda la corrupción pero mantiene los ministros corruptos. ¿Moyano puede terminar preso antes de octubre? En todo caso lo buscará Interpol. Lo más probable es que si las cosas siguen así, Moyano no vaya a estar y Cristina no sea candidata. El acto realizado en el estadio de Huracán, por ejemplo, fue un acto de debilidad que transmitía invencibilidad. No estaba la liga de gobernadores y no estaba el sindicalismo. Pero algunos de los factores generadores del conflicto no desaparecieron, la causa sigue su curso y Moyano sospecha del Gobierno. Para la Presidenta su disgusto con Moyano, no termina no puedo digerir que el paro suspendido incluía una movilización a Plaza de Mayo ni que todo quedo en suspenso tras el acuerdo, frágil, que gestionó el ministro de Planificación, Julio De Vido. CONTINUARA

Un lobo disfrazado de cordero

Piumato se preguntaba por qué Cancillería daba curso a “tamaño engendro”, según su limitado poder de comprensión, y no lo había rechazado. Fue así que el reclamo al Gobierno nacional llegó por parte del secretario de la CGT. De este modo, la investigación de la justicia suiza desató el enojo con el Gobierno nacional y la diferenciación, bien temprana, de este respecto de los dichos del diputado Carlos Kunkel, un hombre de confianza de Néstor Kirchner y que hoy lo sigue siendo de la Presidenta de la Nación, quien criticó que se convocaran movilizaciones para desafiar temas judiciales. Entonces el titular del Sindicato de Trabajadores del Peaje y Afines, Facundo Moyano, hijo del titular de la CGT, afirmó que su padre era blanco de una embestida política, y justificó el paro que había convocado camioneros al decir que ante una embestida política, hay una respuesta política. No se detuvo y repitió que no se trataba de una cuestión judicial, sino que existía un plan sistemático de ataque a Moyano, padre. El hijo del dirigente gremial remarcó, refiriéndose al paro al que había convocado el gremio camionero, que "los trabajadores tienen libertad de expresarse". Y bien acertado que estuvo en su concepto, pero lamentablemente alguien debería explicarle, que este derecho que es un pilar fundamental de la vida en democracia, sin control, cuando hace colapsar la vida cotidiana de una ciudad, porque no existen medios de transporte, se cortan las calles provocando caos en la circulación de automóviles, etc., es decir, si mis derechos, terminan donde empiezan los de los demás, con este accionar la libertad de expresión termina confundiéndose con libertinaje, y eso no es precisamente democracia.

Al mismo tiempo, Facundo Moyano ratificaba también que la central obrera se reuniría para analizar el pedido de información de la justicia suiza sobre las investigaciones judiciales abiertas en la Argentina en las que aparecían Moyano y su entorno familiar. La sospecha del fiscal general suizo Edwin Beyeler no tenía que ver como se dijo, con publicaciones periodísticas de ningún tipo; sino concretamente con operaciones de lavado de activos y en esa investigación habrían surgido vinculaciones con una empresa relacionada con Hugo Moyano. La empresa mencionada es Covelia, dedicada a la recolección de residuos en varios municipios de la provincia de Buenos Aires y desde hace años vinculada a los Moyano, aunque sin relación accionaria del gremialista o sus familiares. Los fiscales suizos pidieron informes luego de trabar una operación bancaria del propietario de Covelia. Interdictaron una transferencia en un banco de ese país por U$S1.870.000 que habían realizado el presidente de la firma, Ricardo Rubén Depresbíteris, y su mujer, Elvira Marcela Mete. La medida dispuesta por el gremio de Camioneros de parar y movilizarse a la Plaza de Mayo en rechazo a la investigación de la justicia suiza, no tenía asidero ni precedente alguno, y generó reacciones y acusaciones al propio Gobierno nacional por sus lazos con Hugo Moyano. El jefe de la CGT, es salvando las distancias el Jimmy Hoffa argentino, aquí, socio del Gobierno nacional y del matrimonio Kirchner, Moyano se comporta como lo que es un mafioso y un matón. Por ese motivo lo que se planteaba no era un paro, sino un apriete a la justicia, a la misma Presidenta, al periodismo, y a todos los argentinos, y si la Presidenta no lograba parar esa locura, la ciudad de Buenos Aires hubiera sido un caos.

Al respecto, sería importante aclarar que todo lo que necesito Cristina Fernández para terminar con el supuesto paro, fue sólo acceder al reclamo que venía realizando Moyano de tener alfiles propios en las listas del oficialismo para las próximas elecciones. El paro que se proponía era desde todo punto de vista, una locura pero tiene que ver con esta idea argentina de entender que no somos todos iguales ante la ley y a partir de que comenzamos a romper estas reglas empezamos a vivir en la barbarie. Era mucho más fácil, el Ministerio de Trabajo debía llamar a una conciliación obligatoria o haber tomado alguna medida respecto del sindicato, pero no fue así. Por otra parte la investigación por malversación de fondos de la Obra Social de Camioneros orquestada por el jefe de la CGT y su esposa y la causa de los medicamentos falsos eran motivo suficiente y tampoco se los utilizo como argumento para parar la situación. Moyano parece no entender que en esta causa, no son 9 troqueles los falsos, sino que son más de 300, y además no hablamos de troqueles, se trata de la vida de personas, y eso también ha justamente acorralado al sindicalista contra la Justicia. En la CGT hablan de una diferencia de $20 mil respecto de la malversación de fondos, una diferencia contable, que ciertamente no lo es, y la justicia maneja números algo más grandes. Moyano tampoco entendió que robar poco es igual de malo que robar mucho, y es de los que creen que lo ajeno es propio. La denuncia de la Justicia Suiza tiene que ver con el lavado de dinero que es un delito transnacional, y cuando hay movimientos extraños de dinero, entonces lo que se hace es originar una denuncia, por lo que si como dicen el camionero no tiene nada que ver, no deberían ponerse tan nerviosos los dirigentes, y deberían evitar maniobras para demorar la causa, y el mandamás de la central obrera debería abrir sus libros, mostrar sus empresas, su mutual y demostrar a los trabajadores cómo ganó su dinero honestamente y sin robarles un centavo.