Lo que quedo de 2010 Parte II

En Argentina, es así damos un paso adelante, y dos atrás, y no se trata de una broma o un comentario que tenga intención de ser gracioso, lejos muy lejos de ello, es la lectura más clara del impacto que tuvo el alza de los precios en 2010 sobre la principal política oficial, la redistribución del ingreso. Esta frase utilizada como caballito de batalla por la Presidente de la nación jamás ciertamente tuvo significado alguno, los pobres siguen siendo pobres los indigentes siguen siendo indigentes mientras el gobierno no acepta, que las supuestas mejoras en planes sociales, salarios y haberes jubilatorios implementadas fueron erosionadas por la inflación. El alza de precios afectó obviamente a los estratos más bajos de la sociedad, que destinan sus ingresos a bienes básicos. Esta demás repetir que los números del Indec, siguen falseando la realidad ya que ubicó en 10,9% la inflación de 2010. La marca a grandes rasgos se ubicó encima del 27,8%. Pero el aumento de la canasta de alimentos fue mayor, por ejemplo, veámoslo en el paquete de productos básicos el cual se encareció 33% de enero a diciembre, hasta los $1122,3. En cambio, el costo de la misma canasta básica alimentaria (CBA), según el Indec, fue cercano a la mitad, unos $578,58. La inflación real golpeó también el poder de compra de la asignación universal por hijo, que es de $220 desde septiembre pasado. Así, esta forma de alimentar vagos y de comprar votos, o también llamada asistencia social tampoco cumplió el objetivo de combatir la pobreza. La inflación evaporó los beneficios de la asignación universal en términos de la tasa de incidencia de la indigencia y la pobreza. El aumento provoco una reducción del 12% en el nivel de compra del monto de ese plan en relación con lo que se podían comprar al momento de implementarse el programa, en diciembre de 2009, teniendo en cuenta que la canasta de alimentos de trepó 39% en ese período.

Desde otro enfoque, cuando se lanzó el programa, el monto representaba el 70% de la canasta básica alimentaria para un adulto y, en la actualidad, equivale sólo al 48%. El poder de compra de los beneficiarios, según marcan los números se achicó a $130 en diciembre, la conclusión surge del lógico contraste entre el avance de los alimentos y por consiguiente el retroceso del poder adquisitivo. Para mantener el poder adquisitivo inalterado, el plan debería haber pagado $261 en diciembre es decir un 40,5% más que en igual mes de 2009 y haberse ido ajustando sucesivamente por inflación. Por otra parte, el coeficiente de variación salarial del Indec avanzó 22,4% hasta noviembre en el nivel general, sin embargo, ese indicador oficial de remuneraciones quedó por detrás o casi a la par según qué medición se tome. Ahora bien, hay un problema más grave, y se da en el sector informal, donde el Indec estimó un 23% de alza salarial allí el aumento de la canasta duplicó al de los salarios en negro y generó una pérdida del 13% en el poder adquisitivo, fácilmente visible al contrastar las mediciones oficiales. En cuanto a jubilaciones se refiere, existió un deterioro del 10%, aún sobre las dos subas del año, que sumaron cerca del 27% por la ley de movilidad, esa normativa, protegió en gran parte a los haberes de la inflación. El mínimo pasó a $1046,5, y con PAMI, a $1091,5. Sin embargo, la cifra quedó muy lejos de la canasta elaborada por la Defensoría de la Tercera Edad, de $2458,81. La inflación hizo crecer la recaudación y el Estado así pudo transferir más a los hogares, pero en el tiempo eso se termino licuando y acabo siendo una mentira más.

Inflación 2011

Para el INDEC, los precios subieron en todo el 2010 sólo un 10,9%. Pero la inflación de 2010 fue más del doble lo que dijo el cuestionado INDEC. De modo que nadie, con un poco de criterio puede esperar que la suba sea menor para este año. Mientras que el INDEC dijo que en todo el año, los precios subieron un 10,9%; en el bolsillo por ejemplo la carne acumuló subas de más del 40% en el mostrador para los cortes más populares mientras que el precio de la hacienda en pie se duplicó en un año. Así se puede seguir con muchos ejemplos, entonces veamos; la medicina prepaga acumuló subas en las cuotas de sus afiliados en torno al 35 y 40% anual, quienes pagan colegios privados las cuotas en 2010 subieron un 20% y para este rubro se espera otro tanto en este nuevo año lectivo. La brecha entre las mediciones del INDEC y los números de la realidad fueron a lo largo de los últimos tres años de intervención de a poco reflejándose en innumerables episodios de la vida cotidiana. Basta ver a los sindicatos más cercanos al oficialismo, son ellos los primeros que desconocen al INDEC cuando de negociar paritarias se trata. De hecho en los últimos acuerdos sectoriales, de diciembre pasado, se estipulo que la referencia de inflación sería la medida por una consultora privada, y no por el INDEC.

Otro ejemplo fue la escasez de billetes de 100 pesos, que parece haber mermado respecto del problema de diciembre. Para ponerlo en palabras simples, la escasez de billetes de 100 pesos tuvo que ver con que se usan más porque duran menos. Por eso se hablo de que circularían billetes de 200 pesos, el punto es que si eso pasa, el Gobierno debería reconocer una inflación que no admite. De todos modos, por la falta de credibilidad en sus mediciones, el propio Gobierno debió salir a pedirle ayuda al Fondo Monetario Internacional para elaborar un nuevo índice de precios nacional. Ya hubo una primera misión técnica y llegaría otra el mes próximo. Como sea, lo que paso es que el Instituto Nacional de Estadística y Censos finalmente mal o bien informo que 2010 cerró con la mayor inflación oficial de los últimos cinco años. Entonces para encontrar un índice más alto hay que retroceder hasta 2005, cuando el Indec no estaba intervenido por Moreno y la inflación oficial se había ubicado en 12,3%, esa medición fue la más alta desde que en 2002 el costo de vida saltara un 41% en medio de una fuerte devaluación del peso. Pero, volviendo a la actualidad cabe destacar que ni aun la desaceleración de fin de año alcanzó para cambiar la tendencia alcista de la inflación de 2010 que se ubicó por encima del 25,1%, en lo que constituyo la mayor suba posdevaluación.

Cuando hablamos de desaceleración, nos referimos a la de los precios y haciendo una comparación entre diciembre y noviembre vemos que en diciembre, hubo un incremento del 1,3% frente al 1,6% de noviembre. A pesar de esta moderación en el ritmo de los aumentos, la inflación de 2010 mostro un salto muy marcado frente a las cifras de 2009, y como dijimos sin mucha perspectiva de cambio para este año. El 2011 nos depara una inflación en que rondara como mínimo el 25%, y aumentos salariales que ya se han comenzado a negociar por encima de ese 25%. Con un dólar controlado por el Banco Central, tarifas contenidas y precios en aumento, la inflación en 2011 podría finalizar con suerte algún par de puntos por encima de la de 2010. Lo que en algún momento fue solo una percepción, es decir, que la inflación real es mucho más alta que la oficial hoy es un concepto compartido por la mayoría de la población, de hecho las expectativas de inflación de los argentinos para los próximos doce meses se ubica en 31%. La percepción que tiene la población según sus niveles culturales y socioeconómicos, la inflación esperada por el estrato de mayores ingresos es del 30%, mientras que los sectores más pobres esperan alegremente un 21%, lo que los hará más vulnerables al verdadero golpe.

El Superministro

Pocos días atrás, Aníbal Fernández, volvió a negar que hubiera perdido espacio dentro del Gobierno y afirmó que sigue teniendo el mismo poder de decisión en las políticas contra el delito, bueno en realidad respecto de ese tema verdaderamente no se sabe quien tiene sólo un poco, se han creado ministerios cargos públicos y demás pero el crimen la delincuencia y la inseguridad crecen a un ritmo vertiginoso. Según su humilde y modesta visión, cuando el tiene que tomar una decisión, la toma y listo. Y según declaro a los medios él es el jefe de Gabinete de Ministros y sigue ejerciendo la Jefatura de Gabinete con toda la botonera completa, “pobre”. Toda esta convulsión en el Gobierno comenzó el 10 de diciembre. En el pico de su popularidad tras la muerte de Néstor Kirchner y antes de la fuerte caída del último mes, la Presidenta anunció la creación del Ministerio de Seguridad, el nombramiento de Nilda Garré al frente, y esa fue la primera muestra del claro recorte al poder que ostentaba Aníbal Fernández. Resistido por un sector muy próximo a la Presidenta y cuestionado en esos días por la acción policial en los sucesos por la ocupación del Parque Indoamericano, la Presidenta pudo acelerar la decisión de hacer nuevos y más profundos cambios en su equipo de ministros. Los anuncios serían inminentes y el más sonoro de ellos, implicaría el reemplazo del Jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, por el ministro de Trabajo, Carlos Tomada. Las buenas nuevas eran que Cristina haría los anuncios de los cambios previamente a su larga gira de 10 días. Pero no hubieron anuncios y la gira ya termino.

En su gira, primero llego como turista al Valle de los Reyes en Luxor, Egipto. Desde allí siguió hacia Qatar, Kuwait y Turquía, resultados o logros ninguno. La Presidenta quería apurar un cambio en la gestión kirchnerista, similar al que se produjo cuando Alberto Fernández había dejado la Jefatura de Gabinete después de más de cinco años. El probable nuevo Jefe de Gabinete, Tomada, está desde el primer día en el gobierno kirchnerista, fue ministro de Néstor y de Cristina. Tomada había insinuado su intención de dar pelea electoral en la Capital. Para apoyar la eventual candidatura de su amigo, el senador Daniel Filmus. Y era un modo de oponerse, suavemente al desembarco de Amado Boudou en el kirchnerismo porteño. Cuando la estrella de Aníbal Fernández se opacó súbitamente al crearse el Ministerio de Seguridad y perder el control político de la Policía Federal, también quedó muy dañada la posición de Julio Alak. Fue, como ministro de Justicia, quien sufrió el recorte de jurisdicción pero el que más sufriría seria el jefe de gabinete. De todos modos, en esos momentos, la impresión era que los cambios podían ser en cuestión de horas, y de haberse producido como se especulaban, reforzarían la idea de la Presidenta a cerrarse sobre su propio núcleo de consulta y decisión. Allí están el secretario Legal de la Presidencia, Carlos Zannini, y el ministro de Planificación, Julio De Vido. Ellos siempre fueron eje de poder en el Gobierno. Los dos habían sonado, más fuerte en las especulaciones, como posibles reemplazos en la Jefatura de Gabinete. Pero a Zannini no le atraía la posibilidad de ocupar un puesto de alta exposición pública, acostumbrado a oficiar de influyente y poco visible consejero presidencial. Tampoco De Vido parecía a gusto con la posibilidad, por razones funcionales, políticas y personales. Lo cierto es, que nada ha cambiado y todavía no se sabe si cambiara.

El yuyo

Seis meses después del freno, por las represalias que sufrieron sus productos por parte del gobierno argentino, en octubre de 2010 se reanudo parte de sus importaciones de aceite de soja de la Argentina, y todo fue algarabía. Hoy solo tres meses y medio más tarde las sonrisas se desdibujaron, ya que China volvió a discontinuar sus compras de este producto. Realizaron efectivamente compras después de la reapertura, pero después no lo hicieron más, no ha habido información oficial alguna respecto de los motivos, y no hay nuevos negocios desde hace un mes y medio. Mientras tanto, desde el Ministerio de Agricultura dicen no tener notificación alguna, al menos oficialmente nada se ha dicho. Pero las versiones sobre las causas del nuevo freno de China son varias y van desde un nuevo malestar de ese país por la continuidad de las trabas a algunos de sus productos y a una acusación sobre una supuesta estrategia especulativa para usar reservas de granos, reducir su dependencia de la importación y presionar a la baja el precio de la soja, además de controlar su inflación interna. En noviembre pasado, Han Changfu, ministro de agricultura chino, vino a la Argentina en una visita que se interpretó como el cierre del anterior conflicto comercial.

Según todas las proyecciones, luego de reabrir su mercado, China hizo contratos por la compra de unas 120.000 toneladas por este producto. Sin embargo, oficialmente, si se observan las estadísticas del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), en noviembre solo se embarcaron 61.247 toneladas. En los primeros meses de 2010 China se llevó de la Argentina 168.793 toneladas de aceite de soja por un valor de US$150,1 millones, lo que representa una baja de 91% en volumen y 89 por ciento en valor versus igual período de 2009. Con el parate de China, el 45% de este producto, en los primeros diez meses de 2010 fue comprado por Egipto, Irán, Venezuela y República Dominicana quienes cobraron protagonismo como compradores del famoso yuyo. Egipto adquirió, con 230.720 toneladas, un 12% más de aceite de soja e Irán incrementó sus compras un 100%, con 125.170 toneladas. Hubo un salto llamativo de las ventas a la Venezuela de Hugo Chávez, que con una suba del 143% de su demanda se llevó 187.040 toneladas, y a la paradisíaca República Dominicana, que compró 194.150 toneladas, un 145 por ciento más respecto de enero/noviembre de 2009.

China posee 20 millones de toneladas de grano de soja como reserva, y esto alimenta la versión de que como la industria de molienda de ese país trabaja con márgenes negativos se intenta por esa situación presionar sobre los precios. Hay rumores de que China incluso intentaría aflojar sus ritmos de compras en los Estados Unidos luego de haberlas adelantado en un nivel importante. Sin embargo, las estadísticas dan cuenta de que China continúa siendo una locomotora a la hora de comprar. A nivel global, en diciembre pasado compró 790.000 toneladas de aceite de soja, 32% más que en noviembre último. En todo el mundo, en 2010 adquirió un récord de 54,8 millones de toneladas de poroto de soja. Para los analistas, el freno chino podría chocarse con la realidad de la sequía en la Argentina, que tendrá menor oferta de soja. Esa estrategia tuvieron que reverla ya que acá la seca ha mermado y el yuyo sigue avanzando. Si bien es cierto que estos niveles de precios pueden generar alguna pausa en la demanda China, la solución no es optar por una producción más baja ya que esto impactará los demás mercados compradores antes mencionados, y pese a los deseos chinos no podemos darnos el lujo de perder compradores.

Pobreza e Indigencia

La suba de precios de los alimentos durante todo el 2010 confirmo, una vez más, el dato de que contrariamente a los desafortunados dichos del ministro de economía, la inflación afecta con mayor fuerza a las familias más pobres, y no a una clase media bastante desvalorizada. Los productos más básicos se encarecieron un 33% en todo el año pasado y, en diciembre último, un hogar integrado por un matrimonio joven y dos niños necesitó un ingreso de por lo menos 1122,30 pesos para acceder a esos productos, cuyo valor en conjunto marca el umbral de la indigencia. Según varias mediciones de precios realizadas, en el último mes del año la canasta básica de alimentos se encareció un 1,2% en comparación con el mes previo. La canasta básica total, también llamada índice de precios al consumidor, que incluye otros bienes y algunos servicios básicos y cuyo precio señala cuánto debe ganar una familia para no caer en la pobreza, subió un 1% en el mes y un 22% en el año en diciembre registró un valor de 2076 pesos para un hogar como el descripto. Si se miden los valores por persona, un adulto varón habitante del área metropolitana necesitaba por lo menos $363,2 para acceder a la canasta básica de alimentos, y un mínimo de $671,8 para el conjunto ampliado de productos básicos. En rigor de verdad, los productos incluidos en el listado de alimentos básicos, y cuyos precios se relevan mes tras mes, son los que definió hace años el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) como componentes de las canastas básicas para la medición de los indicadores sociales.

Pero entre los datos de precios reales y los consignados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), existe una diferencia que se acerca al ciento por ciento. Para el organismo oficial que desde 2007 está fuertemente afectado en su credibilidad, sobre todo en lo que a datos de inflación se refiere, una familia necesita al menos 576,13 pesos para no ser indigente, y 1244,11 pesos para no caer en la pobreza, según los últimos datos disponibles, de noviembre pasado. Hasta el penúltimo mes del año, los números del Indec marcaban un incremento del valor de la canasta básica del 19,5%, un nivel muy inferior al que indican las mediciones hechas por otras fuentes del sector privado. Pero más allá de las diferencias en los números, algo que sí admite el Gobierno es que los productos más básicos sufrieron un mayor encarecimiento que el conjunto de bienes y servicios en general. Hasta noviembre, el Indec da cuenta de un crecimiento del nivel general de precios del diez por ciento. En los últimos días, se conoció el dato para todo el año, y fue una vez más vergonzoso. Entretanto, ya se estimaban los resultados reales sobre la inflación que hubo en todo 2010 y el índice resultó del 22,9%, más del doble de lo que admitió el organismo oficial. Ese nivel de alza de precios marca también la aceleración que hubo en comparación con 2009, cuando se había estimado su nivel en alrededor del 15 por ciento. Unos $1122 Canasta de indigencia; es el costo de los alimentos más básicos para un matrimonio joven y dos niños, a diciembre último. Y unos $2076 Productos básicos, es el precio de una canasta de bienes y servicios básicos. Una familia que hoy no llega a esos ingresos es pobre, o indigente.

Algo sobre el caso Juliá

La Contadora, ex ministra de Salud de la Nación y ex titular del PAMI Graciela Ocaña reveló que la empresa propietaria del avión que intentó ingresar 940 kilos de cocaína a España también habría sido contratada irregularmente por el PAMI para realizar vuelos sanitarios. Esa firma se llama Medical Jet y pertenece a la familia Juliá. Por el caso de tráfico de drogas fueron detenidos en Barcelona Gustavo y Eduardo Juliá, hijos del ex jefe de la Fuerza Aérea durante la gestión de Carlos Menem, José Juliá. En ese operativo también fueron apresadas otras dos personas, Gastón Miret, copiloto de la aeronave, un jet Challenger 604, e hijo del ex brigadier José Miret, ex secretario de Planeamiento durante el proceso de reorganización nacional, que aparte tuvo participación en la Guerra de Malvinas, y otro argentino del que no trascendió su identidad. Según reveló Ocaña en sus declaraciones, Gustavo Juliá estuvo involucrado en casos de corrupción cuando ocupó la gerencia económico financiera del PAMI. Juliá fue echado en julio de 2003 y ella asumió su cargo como titular de la institución a principios de 2004. La contadora Ocaña desembarcó en la institución de la mano del ex presidente Kirchner, y como una de las políticas para desarmar la corrupción dentro de la institución, se trataba de hacer que todas las personas que habían perjudicado al PAMI con hechos de corrupción llegaran a la Justicia, y en esos casos, el PAMI se presentaba como querellante, eso declaro y aparte presentó una cantidad relevante de pruebas al respecto. La ex funcionaria de Néstor y Cristina de Kirchner aseguró que las sospechas sobre Juliá se instalaron a partir de una investigación iniciada en 2003 por la Auditoría General de la Nación y a pedido del ex mandatario, luego que el Congreso intervino la obra social de los jubilados.

El caso denunciado por el doctor Manuel Garrido ex fiscal de Investigaciones Administrativas tenía que ver con una renegociación de contratos de audífonos que una empresa no prestó en absoluto, y sin embargo, con un descuento del 10% se pagaron cuatro millones de pesos que por su puesto no correspondían, perjudicando al PAMI. Ocaña, declaro que Juliá era una pieza fundamental para que las empresas cobraran sin prestar el servicio, o entregar los insumos adquiridos. Según dijo Ocaña, el hijo del ex militar fue indagado y la jueza federal María Romilda Servini de Cubría le dictó la falta de mérito en la causa. Otro episodio de corrupción revelado por Ocaña incluye un contrato por un servicio de vuelos sanitarios a precios irrisorios. En el Congreso, todos conocíamos el tema de Medical Jet, que es la empresa que en época de Víctor Alderete prestaba servicios al PAMI con un contrato leonino, sostuvo. Por su puesto ese contrato era diez veces superior a la prestación que el PAMI necesitaba y se había otorgado de manera directa a la empresa de Juliá. Ocaña vinculó el ingreso de Juliá al PAMI por un nexo con el dirigente gremial gastronómico, Luis Barrionuevo y del doctor Horacio Pacheco, luego de un proceso de normalización que se hizo a fines de 2002 y principios de 2003, más vinculado al sector gremial. La ex ministra recordó que en ese entonces la ley de normalización del PAMI indicaba que había que designar a dos representantes por la CGT en el directorio de la obra social. Allí ubicaron Petraca y a Hermoso, dos sindicalistas vinculados a Luis Barrionuevo. Además de Medical Jet, los Juliá son dueños de otra firma que ofrece vuelos comerciales, Federal Aviation. Barrionuevo admitió al ser consultado que durante la campaña electoral para ocupar la gobernación de Catamarca utilizó los servicios aéreos de la empresa de la familia Juliá. Y como para justificarse aseguro que Néstor Kirchner también los utilizaba.

Otro Learjet

Casi en una de las últimas sesiones de la legislatura tucumana, precisamente la del 30 de noviembre de 2010, se autorizó la compra de un Learjet 60 XR, matrícula N545LF, por hasta 7,8 millones de dólares, o 31,2 millones de pesos, mediante la ley 8.372. La aeronave, fabricada por la canadiense Bombardier es una aeronave de mediano alcance cuyo valor ronda los quince millones de dólares, está equipada con dos motores Pratt y Whitrney turbo ventilados de 5000 toneladas de empuje; y según su configuración puede llegar como máximo a una capacidad de seis pasajeros más dos tripulantes. Luego de la sesión parlamentaria que aprobará la compra de semejante avión, el gobierno provincial firmó un nuevo decreto, el 4.280/3, del 9 de diciembre, que elevo la cifra a $32,5 millones por gastos adicionales ¿Pero cuáles fueron esos gastos adicionales? Como supuestamente, el avión fue comprado con un crédito del Banco de Tucumán, una parte de esos gastos correspondía a los intereses que el gobierno provincial debe pagar, algo así como $4,4 millones, por lo cual la suma final asciende a $36,9 millones. Sin embargo hay una realidad que lejos de los números puede verificarse fácilmente, y para ello hace falta solamente ingresar a la página web del fabricante para solicitar la información respecto del precio de un avión como él adquirido, ¿Para qué?, Sólo para confirmar que el gobierno provincial miente cuando menciona un precio de compra de U$S7,8 millones porque el avión ya posee tres años de uso. Es lógico entonces que el precio pagado sea menor a los casi 15 millones de dólares a los que se cotiza un modelo a nuevo. Lo que no resulta lógico, es que el precio disminuya de semejante manera considerando que se trata de una aeronave privada de sólo tres años de uso. No estamos hablando de un jet comercial que seguramente en ese mismo lapso de tiempo cubre una cantidad de horas de vuelo ampliamente superiores.

El gobernador de Tucumán, José Alperovich, es aparentemente otro kirchnerista de alto vuelo. No sólo por su apoyo al oficialismo sino porque aparte era uno de los mandatarios provinciales que se consideraba como candidato a vice en 2011, y por otra parte también porque emula a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y al ex secretario de Transporte Ricardo Jaime en su gusto por los aviones privados. Además de los intereses bancarios, se destinarán $1,3 millones para la gestión administrativa, viajes, viáticos a empleados estatales, combustibles y equipamiento extra. Entre los adicionales se destaca un equipamiento para traslados de emergencia por y para sus problemas de salud, a un costo de $600.000, la mitad de todos los gastos adicionales. La inversión no sería en vano, ya que Alperovich tuvo que ser internado en febrero pasado. La provincia, en definitiva, gasto $37 millones unos US$ 9,3 millones para incorporar la tercera aeronave del gobernador. Primero compró un helicóptero Bell Textron y luego un Cessna Citation Bravo, que iba a ser para uso sanitario y oficial. Las tres aeronaves fueron adquiridas por contratación directa. Es sin duda, cuestionable la discrecionalidad del gobernador para usar los fondos, ya que demuestra una absoluta falta de prioridades. El 40% de la población de la provincia está por debajo de la línea de pobreza, así como hay sectores que no tienen siquiera agua potable y el gobernador gasta más de $30 millones en otro avión. Seguramente la nave será para que el gobernador y su familia paseen cómodamente. Alperovich está en estos momentos de vacaciones en Punta del este. Viajó en el Cessna Citation Bravo que la provincia había comprado en 2006 para uso sanitario y oficial. Nadie puede oponerse a que la provincia tenga un avión sanitario, pero si ya tienen uno no suena razonable el malgastar así el dinero. Y más considerando el gasto realizado para construir una Legislatura que costó más de $140 millones y ahora el avión. Son casi $200 millones que se haber usado para crear fuentes de trabajo genuinas.

E l jefe de gabinete

Cuando todo comenzó, las declaraciones del jefe de gabinete eran del tenor al que nos tiene acostumbrados y que a continuación iremos relatando. Pero con el correr del tiempo tanto sus dichos como los hechos, fueron cambiando y pasando de la agresividad a la cordura y de la mentira a la realidad respectivamente. En el momento en que la Presidente decidió separar al superministro de la conducción de las fuerzas de seguridad, mediante la creación de las nuevas secretarías a cargo de Nilda Garre y Julio Alak, y ahora con la creación de esta nueva secretaría de comunicación con la que ministro ha perdido el manejo del famoso negociado con la AFA, el futbol para todos; parecen no quedar dudas respecto de la decisión presidencial. Cristina Kirchner ha mermado a niveles muy apretados los poderes del controvertido jefe de gabinete. Volviendo a sus declaraciones y ante varios rumores que directamente lo marginaban de la casa rosada, Fernández comenzó con su embestida declarando ante los medios que él no se iría de ningún gobierno, ya que a él nadie le había restado poder. Aníbal Fernández rechazaba así las versiones sobre su eventual salida de la administración, y por si hiciera falta realizó una aclaración que sonó más a una amenaza que a una muestra de lealtad hacia Cristina, al dejar claro que la Presidente tendría su renuncia un segundo después que se la pidiera. Esto significa que la tiene lista desde fines del año pasado.

Así aseveraba el ministro en algunos medios periodísticos los rumores sobre su posible dimisión a partir de los distintos cambios producidos tras la creación del Ministerio de Seguridad. Más tarde, al momento de comenzar a bajar el tono de sus dichos Aníbal Fernández declaraba sin referirse a los temas mencionados, y decía que nunca sucedería que primero un medio supiera que la Presidente va a tomar una decisión como la de pedir la renuncia a uno de sus funcionarios, sino que sucedería siempre al revés. Fernández, también negó que los desplazamientos de algunos de sus allegados que dispuso la presidenta Cristina Fernández hubieran sido producto de que la jefa de Estado estuviese enojada con él, ya que ese tipo de disparates no suceden en una administración seria. Lo que el ministro omitió mencionar fue precisamente a que administración se refería. Por otra parte y de nuevas declaraciones dijo desconocer si tenía buenas o malas relaciones con la flamante ministra Nilda Garré, y al respecto sostuvo que no asignaba ningún valor al arribo de la ex responsable Defensa a esa cartera, que derivó en el alejamiento de altos funcionarios de ese ministerio y continua desmembrando y retirando de sus cargos a varios integrantes de la plana mayor de la Policía Federal, entre otros.

Luego apunto sus cañones en otra dirección y alimento la teoría del complot para desestabilizar al Gobierno, acusar a Eduardo Duhalde de ser uno de los promotores de la conspiración, sobre quien aparte dijo que representa un papel que le asigna el CEO del Grupo Clarín, Héctor Magnetto. Luego volviendo atrás explico que la Presidenta cuando ve que un ministro no funciona, le pide la renuncia, ella no se enoja y como el maneja cosas muy sensibles y complicadas, todos los días, la Presidenta con el no se enoja. También admitió no tener una relación estrecha con la flamante ministra de Seguridad, aunque luego matizó, y dijo que cada vez que le pidió algo como ministra de Defensa, le respondió muy bien y cuando fue al revés, ocurrió lo mismo. Nunca según explico hubieron palos en la rueda al momento trabajar, de ninguna de las dos partes. Fernández, volvió a rechazar versiones sobre internas en el gabinete y señalo su buena relación con todos los miembros del Poder Ejecutivo. Soy amigo personal de Julio de Vido desde hace más de 10 años, y me siento orgulloso de su amistad y cuando escriben que uno tiene peleas con ministros como él, o Amado Boudou, Carlitos Tomada, el Negro Manzur, que son todos amigos míos, uno se amarga, lo mismo pasa con Héctor Timerman y Nilda Garré, afirmo y quedo bien con Dios y con el Diablo.

La aduana paralela

Cuando estalló el escándalo por el pedido de coimas a empresarios para comerciar con Venezuela, en realidad no pesaba sobre él acusación alguna por ese tipo de prácticas. Sin embargo, Eduardo Sigal fue desplazado de la Subsecretaría de Integración Económica Americana. Según ha informado la Cancillería, la decisión fue tomada el martes pasado aunque recién se dio a conocer una semana más tarde y aun no fue oficializada. En el Ministerio de Relaciones Exteriores no dieron detalles sobre los motivos de la decisión del titular de la cartera, Héctor Timerman. En julio pasado, poco después de que Timerman tomará el cargo que ocupara Jorge Taiana hasta su renuncia, Sigal había enviado un cable diplomático en el que advertía que al menos dos empresas le habían expresado que estaban siendo perjudicadas en los negocios que tenían con Venezuela y aseguraban que en su lugar fueron beneficiadas otras con mejor relación con el ministerio de Planificación, a cargo de Julio De Vido. Allí en ese cable se mencionaba a José María Olazagasti, ex secretario del poderoso ministro de Planificación Federal. Cuando transcendió el hecho, Timerman cuestionó a Sigal por haber expresado sus inquietudes a través de un cable diplomático. En rigor de verdad, siempre es mejor decir las cosas como son, y con menos diplomacia. Timerman no lo cuestiono por expresar sus inquietudes, lo mando al banquillo de los acusados, le quito sus tareas, le cayó la boca; y finalmente lo relevo de su cargo por advertir de una verdad cotidiana de la que Timerman no solo estaba al tanto, sino de la que aparte era participe. Y he aquí la frase que resume el accionar mencionado, “si creía que era algo tan grave, tendría que haberme venido a ver a mí o a su jefe inmediato, dijo, y agrego, que un cable que lo iban a ver más de cien personas, era una invitación a filtrarlo o que lo filtrara alguien y lo hiciera público", y así fue, se filtro y se hizo público.

Timerman quería explicar lo inexplicable y aludía haber ordenado no enviar ese tipo de inquietudes por esa vía, antes de investigar a fondo el tema denunciado. El escándalo por la denominada "embajada paralela" tomó estado público a raíz de una denuncia del ex embajador Eduardo Sadous. Según había detallado ante la Justicia, existían negociaciones comerciales entre Argentina y Venezuela que eran manejadas desde el ministerio de Planificación en lugar de pasar por la sede diplomática en Caracas o por la Cancillería. Se mencionó también la existencia de pedidos de coimas de un 15% y de intermediarios sospechosos con vínculos directos con funcionarios de la administración kirchnerista para poder concretar las operaciones. El caso fue investigado tanto en la Justicia como en el Congreso y declararon en el, además de Sadous, dirigentes como el senador Luis Juez y el ex Defensor del Pueblo Eduardo Mondino, además de varios de los empresarios sobornados. Sin embargo, las denuncias, hoy permanecen en el olvido más absoluto. En lo partidario, Sigal se dedica en el último tiempo, desde su lugar como presidente del frente Grande, a trabajar en el armado de una "tercera pata" del Kirchnerismo en la que los transversales de la Corriente Nacional de la Militancia encabecen junto al Justicialismo y sindicalismo el movimiento que impulsa la reelección de Cristina de Kirchner a la presidencia. Quien reemplazo a Sigal en la Subsecretaría de Integración Económica Americana fue Jorge Vittar, otro dirigente del Frente Grande y de estrechos vínculos políticos con la ministra de Seguridad, Nilda Garré. También estuvo cerca del nefasto y desaparecido ex vicepresidente Carlos "Chacho" Álvarez durante los años de gobierno de la Alianza.

El presupuesto 2011, parte II

En simultáneo con la prórroga del Presupuesto 2010, publicada en el Boletín Oficial, el Gobierno habilitó también el uso de u$s 7.504 millones de reservas de libre disponibilidad del Banco Central, que serán destinadas a crear el tan mentado fondo de desendeudamiento para el pago de la deuda externa. A través del decreto 2054/10, que lleva la firma de la presidente Cristina de Kirchner y de todo el Gabinete, el Ejecutivo estableció disposiciones complementarias a la prórroga del Presupuesto. En esa acción que mencionáramos en la nota anterior se incluyó el uso de los fondos, es decir las reservas del BCRA que, tal como preveía el proyecto que no había logrado aprobación en el Congreso, serán utilizados para cubrir los pagos de la deuda. En uno de los artículos del decreto de ley, más precisamente el número 22 dice textualmente; Instrúyese al ministerio de Economía y Finanzas Públicas a integrar el fondo de desendeudamiento argentino, creado por el decreto nº 298 de fecha 1 de marzo de 2010, por hasta la suma de dólares estadounidenses siete mil quinientos cuatro millones (u$s 7.504.000.000), destinado a la cancelación de los servicios de la deuda pública con tenedores privados correspondientes al ejercicio fiscal 2011. Sin embargo, sólo hace falta ejercitar un poco la memoria para recordar que tal decreto del año pasado había sido llevado a la justicia, y al respecto los tribunales entendieron anticonstitucional la utilización de reservas del banco central para el pago de deuda pública. Esa sentencia en su momento quedó en firme pero parece que todos nos hemos olvidado de lo que la justicia ordenó, principalmente el gobierno nacional.

A fines del año 2009 la Presidente dispuso a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia utilizar reservas de libre disponibilidad para cubrir los pagos de la deuda. La decisión motivó un serio conflicto en el BCRA que derivó en la eyección del principal sillón de la entidad de Martín Redrado, tras frenar la iniciativa. Posteriormente, el Ejecutivo canceló ese DNU y a través de un decreto común destinó fondos para abonarle a los tenedores de títulos públicos. Durante 2010 la Casa Rosada utilizó u$s 6.569 millones de reservas para ese fin. La estrategia se repetirá este año. Ante la falta de Presupuesto, el Gobierno debió extender el actual y reorientarlo para 2011. El gasto, que el año pasado se incrementó casi u$s 65.000 millones por fuera de lo estimado y fue modificado en más de 50 oportunidades, será manejado este año por la lapicera presidencial y la del jefe de Gabinete, Aníbal Fernández. Esta confirmación del uso de más de u$s 7.500 millones para el pago de la deuda se dio exactamente un día después de que el BCRA anunciara antes de fin de año, un nuevo récord de fondos. Según se informó en los últimos días de 2010, las reservas habían alcanzado los u$s 52.429 millones y cerrarían el año en un nivel mayor producto de algunas liquidaciones no contabilizadas al tiempo de ese anuncio.

El presupuesto 2011

Luego de varias idas y vueltas, y en lo que finalmente concluyo como una situación bochornosa, y que incluyo discusiones acaloradas, agresiones verbales y físicas, el Gobierno se quedó sin Presupuesto para el 2011 al no poder o mejor dicho, no querer aprobar el proyecto en la Cámara de Diputados. Es por eso que la presidente Cristina de Kirchner firmó el decreto, publicado en el Boletín Oficial, que prorroga el control de gastos de este año. Es decir, ahora la Casa Rosada será quien reoriente todos los recursos del Ejecutivo. Mediante el decreto 2053/2010 entonces, la Presidente dispuso que a partir del 1 de enero de 2011 rigen las disposiciones de la Ley 26.546 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2010. Así se instruyó al jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, para que efectúe ajustes al Presupuesto 2010 para el próximo ejercicio, ante la falta de aprobación del correspondiente a 2011. Entre los considerandos del decreto se sostiene que la prórroga del presupuesto anterior vigente es una solución técnica y jurídica que salvaguarda la actividad del Estado hasta tanto se sancione una nueva ley. En simultáneo, el Gobierno publicó otro decreto, el 2054/10 a través del cual se establecieron las disposiciones complementarias a la prórroga del Presupuesto. Resulta necesario y urgente incorporar diversas disposiciones incluidas en el citado proyecto de Ley a fin de posibilitar la adecuada atención de distintos aspectos del funcionamiento del Estado nacional, conforme al Programa General de Gobierno, sostiene la norma, dejando dos temas bien claros, jamás le interesó al gobierno nacional que se votara la ley de presupuesto 2011 debido de la oposición exigía para eso demasiados cambios que la primera mandataria no estaba dispuesta a ceder. Y por otra parte con el decreto de prórroga, ahora el gobierno dispone de todas las herramientas que necesita para la utilización sin control del dinero público.

Se habilitan, por ejemplo, recursos para diversas obras de infraestructura, entre otras para ampliar redes de agua potable, cloacas, rutas, energía eléctrica, etc. En tanto, también para destinos como la represa de Yacyretá y fondos para el flamante ministerio de Seguridad y sus correspondientes fuerzas Policía Federal, Gendarmería y Prefectura. Asimismo, se autoriza a distintos entes nacionales a realizar operaciones de crédito público, las cuales deberán ser informadas al Congreso de la Nación en un plazo de 30 días, y que revisará una comisión bicameral. Ese endeudamiento podrá ser posteriormente modificado por el Ministerio de Economía. En ese marco, también se habilita a la cartera de Hacienda a endeudarse por $14.000 millones y al ministerio de Planificación por u$s 7.600 millones. Además, se extiende el incentivo docente por otros ocho años. Por el lado de las provincias, se prorroga el pacto fiscal, que establece la coparticipación federal, y habilita a los gobiernos a endeudarse más allá del régimen de responsabilidad fiscal. También se establece como límite $3.700 millones para emitir bonos de consolidación (Bocon) que se utilizan principalmente para cubrir deudas previsionales. Asimismo, el ministerio del Interior fue autorizado a distribuir los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a las provincias. Esos fondos son frecuentemente retenidos por la Casa Rosada y entregados en cuentagotas a los gobernadores. También se prevé un eventual endeudamiento con el BANDES brasileño por u$s 2.500 millones. En momentos en que escasean las naftas, y que también existen en periodos estacionales problemas con la luz y el gas, el Gobierno incrementó el volumen que autoriza a importar combustibles líquidos y de gas. Ahora, el límite será de 3,5 millones de metros cúbicos, con la posibilidad de ampliarlo en un 20%. La prórroga se da un día después de que el Ejecutivo subiera vía decreto el gasto público en $10.118 millones. Así, el manejo de fondos por fuera de lo presupuestado para 2010 alcanzó los $65.000 millones.

Inseguridad

Vive en una de las zonas más seguras y cotizadas de Buenos Aires, pero aun así la ministra Nilda Garré parece no hacer caso o peor, no estar de acuerdo con lo que predicaba su gobierno hasta hace poco. Para ella, la inseguridad no era solo "una sensación" de la cual se desentendía. Por el contrario, su casa en pleno barrio de Palermo está protegida por rejas de hierro pintadas de negro en la puerta principal y ventanas. A raíz de su designación como ministra de Seguridad, luego de los incidentes de tomas y usurpaciones, hubo un fotógrafo de un importante matutino que retrató el primer día de actividad de Garré desde que salió de su casa ubicada en el pasaje Virasoro. Pero antes, la mujer sobre la que Cristina Fernández depositó su confianza para salir de la crisis desencadenada por la toma del Parque Indoamericano en Villa Soldati, recibió al personal encargado de pintar su vivienda. Al parecer según se pudo ver, fue ella misma quien se asomó para abrir la puerta de rejas y dejar pasar al pintor. Pero fue una empleada doméstica la que se encargó de salir a la vereda para regar los plantines que tiene la ministra sobre la ventana, ya que el seguro enrejado no permite hacer esa tarea desde adentro.

Una hora y media después, finalmente Garré dejó su casa, pero solo cuando su custodia pasó a buscarla. No deja de ser una interesante metáfora de la realidad argentina que su ministra de Seguridad viva enrejada, cuando hasta hace poco todos los voceros oficiales insistían en que eran los medios de comunicación los que exageraban y creaban un "clima ficticio" de pánico que intranquilizaba a la sociedad. Garré parece que prefirió curarse en salud, y contrató al herrero del barrio para que protegiera su casa en el renovado y coqueto Palermo Viejo. Como una vecina más. El día que asumió, Garré hizo breves declaraciones pero suficientes para despegarse de su antecesor en el manejo de la Policía Federal, Aníbal Fernández, cuya misión era minimizar los problemas y convertirlos en "sensaciones". La flamante ministra dijo que la inseguridad, era un tema complejo, y explicó que desde su cartera se abocarían con todo el compromiso y toda la fuerza porque lo que a la gente le interesa es vivir en una sociedad segura, tranquila y cuando hay problemas sociales, se resuelvan por una vía que no sea la de la represión. Podrán tildarme de gorila, pero que equivocada esta la ministra, a la Argentina hoy si hay algo que le hace falta sin dudas un poco de mano dura.

Lo que quedo de 2010

Los enfrentamientos ocurridos en 2010, en Villa Soldati pusieron de manifiesto el alto costo que significan muertos y heridos, es decir, lo peor que rodea al drama de la pobreza estructural y que, no se circunscribe solo a las villas de emergencia porteñas. Allí se vio la negligencia estatal, también el uso político y clientelar del problema, como lo demostraron tanto la dudosa espontaneidad de la ocupación y aún más, el dudoso desalojo en tiempo récord del parque Indoamericano. Pero como todo tiene que ver con todo, aparte de los punteros, como en el caso mencionado, hay además un uso clientelar de fondos públicos en la asignación de planes de construcción y de viviendas sociales. Los casos más conocidos son los de la Capital Federal, claro. El parque Indoamericano, el más violento, donde hubo tres muertos antes del desalojo, y también los dos de Retiro, junto a la villa 31, el de Lugano donde siguieron las protestas, y uno en Barracas, donde las familias provenientes de la Villa 21 fueron desalojadas por la policía. Pero no fueron los únicos, en la provincia de buenos aires, resistían el desalojo un millar de personas en varias localidades, como en Quilmes, en Triángulo de Bernal, en San Francisco Solano, en González Catán, en La Matanza, y hasta hubo también un intento fallido en Florencio Varela, en la quinta San Rudecindo. En La Plata hubo un intento de usurpación, en 524 y 132. Y cincuenta familias demarcaron los terrenos pero fueron desalojados por las Policía bonaerense.

Todo esto llego hasta Villa La Angostura, sobre el lago Nahuel Huapi, donde hubieron tres ocupaciones. En la progresión de los hechos, no hubo lugar del país que no sufriera algún intento de usurpación ni siquiera se salvó de lugar en el mundo de la Presidente de la nación. Primero fueron 10 familias que se instalaron en terrenos del barrio Calafate, destinados a la construcción de viviendas y una escuela de música, otras 8 familias tomaron un predio del barrio El Mallín, destinado a una biblioteca, luego 10 familias tomaron otro lote en las inmediaciones de la laguna Calafate. En Córdoba hubieron cinco asentamientos importantes. Alrededor de 30 familias tomaron un predio del ex Ferrocarril General Belgrano en Chumbicha, departamento Capayán, a 90 kilómetros de la capital provincial. La gente ocupó el predio, comenzó a demarcarlo y hasta comenzó a acopiar materiales de construcción en los lotes. Funcionarios del municipio realizaron la denuncia penal porque el predio que la gente usurpó es propiedad del Estado Nacional. Otras 50 familias ocuparon un descampado propiedad del Ejército lindero con las instalaciones del Regimiento de Infantería de Montaña 22, en la localidad de Marquesado, provincia de San Juan. El gobernador José Luis Gioja de inmediato advirtió que no negociaría bajo ningún tipo de condiciones, y de ser necesario utilizaría la fuerza pública. Más tarde, el ministro de Desarrollo Humano, Daniel Molina, anunció que adoptarían la política de suspender los planes sociales a todo aquel que ocupare un terreno.

Ese anuncio basto para que los ocupantes del terreno lo desocupasen antes del anochecer. A tono con la decisión del ministro de Desarrollo Humano, Daniel Molina, el municipio de Rosario anticipó que se le retiraría la asistencia social a aquellos que ocupasen tierras. Desafortunadamente volviendo al principio de la nota, no se trata solamente de la utilización clientelar del dinero público ya sea a través de punteros políticos o del mismo gobierno nacional, sino que lo más preocupante de esta situación fue el modo de resolverla. En la mayoría de los casos la única forma de hacerlo, fue utilizando la amenaza de un ministerio que maneja millones de pesos comprando voluntades. Así los incidentes del año pasado dejaron a la luz la forma de operar de un gobierno al que le interesa más, dibujar números a través del instituto nacional de estadística y censos no reconociendo la pobreza y la marginalidad en la que viven millones de Argentinos, eso sí todos sin excepción cobran algún tipo de subsidio otorgado por la administración nacional. Durante años se ha alimentado la vagancia mediante todo tipo de planes y nada se ha hecho para la generación de trabajo genuino, y verdaderamente eso no habla de una política de estado orientada a la inclusión social tal y como suele repetir hasta el cansancio la primera mandataria.

Una historia sin fin

Después de siete años en el poder, como abanderados de los derechos humanos el kirchnerismo jura no saber aun cuántas víctimas hubo durante el proceso de reorganización nacional. Por el contrario, sigue aferrándose a la cifra mágica “30 mil”, un número que ya nadie sabe de dónde salió. Y por supuesto acusa a cualquiera que se atreva a cuestionarla. Entre las acusaciones más comunes que se pueden escuchar se encuentra la de hacerle el juego a la derecha más recalcitrante para disminuir la dimensión de la tragedia. Ahora bien, podría considerarse que el argumento oficial es sonoro, pero lamentablemente muy frágil, ya que el terrorismo de Estado no es mejor o peor si se mide por el número de víctimas, y en todo caso, si así fuera las cifras más serias que se manejan, que oscilan entre seis mil y nueve mil casos, que revelan la magnitud de la herida que hoy en día aún afecta a los argentinos. Es por eso que, corresponde mencionar que la herida afecta a las dos partes involucradas. La mejor manera de terminar de cerrar esta herida sería averiguar qué pasó con cada uno de los desaparecidos, cuándo y cómo murieron, o dónde están sus restos, respuestas básicas que ayudarían a mitigar el dolor de sus seres queridos. Pero es imposible lograr esas respuestas sin una lista exacta de todas las víctimas, que permita distinguir quienes permanecen aun desaparecidos.

A esta altura, sostener que los desaparecidos fueron 30 mil es convertir ese problema en insoluble, y en una bandera que sirve solo para hacer política con los derechos humanos y nada más. ¿Entonces en realidad cuáles son las cifras verdaderas? Graciela Fernández Meijide publicó el año pasado un libro, “La historia íntima de los derechos humanos en la Argentina”, en él como una de las fundadoras de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas indicó que se habían recibido 7.380 denuncias, las que luego se convertirían en 8.960 con casos mencionados por otros organismos. En su libro también hizo mención a que con el paso del tiempo, la lista fue depurada, al intentar actualizarla, encontró curiosamente que la secretaría de Derechos Humanos de la Nación no brindaba esa información, pero logró tomar los listados de esa repartición y comprobó que incluían a 7.030 personas como víctimas de desaparición y a otros 924 con datos incompletos. Un total de 7.954. Luego frente al Monumento a las víctimas, en la Costanera porteña, encontró los nombres de 8.875 personas, aunque desde antes del golpe, 1969, a 1983. Por otro lado, en un informe realizado por el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, se indicó que hasta el 14 de abril de 2010 se habían pagado indemnizaciones a los herederos de 7.500 víctimas de desaparición de las que ya se habían encontrado los restos. Según informó la secretaría de Derechos Humanos en junio de 2010, esa cifra abarcaba pagos a parientes de personas desaparecidas o muertas antes del golpe de marzo de 1976, que a esa fecha sumaban 1.130, por lo cual el número referido estrictamente a la dictadura llegaría a 6.370 casos.

Este tampoco sería el número definitivo ya que un número incierto de parientes, encabezados por Hebe de Bonafini, la titular de Madres de Plaza de Mayo, se han rehusado a cobrar esa indemnización. El secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, se niega a dar los datos sobre el total de indemnizaciones pagadas, supuestamente para no avivar la polémica sobre cuántos fueron los desaparecidos. Tampoco informa sobre el dinero pagado ni sobre los casos más polémicos, como los guerrilleros que murieron durante el ataque al regimiento en Formosa en octubre de 1975, en pleno gobierno constitucional del peronismo. Duhalde desde su lugar debería aclarar de dónde salió la cifra de 30 mil, pero no lo hace. Fernández Meijide en su libro interpreta que la misma pudo haber sido inventada por los exiliados en Europa para lograr una mayor repercusión a sus denuncias. El gobierno no está solo en el manejo de esos datos, está respaldado por sus aliadas, Hebe de Bonafini y Estela de Carlotto. Podríamos suponer que estas dirigentes deberían estar deseosas de saber lo que pasó con sus seres queridos, pero no es así. Algunos años atrás se publicó una nota en un importante matutino respecto de la ubicación de los restos de Raúl, uno de los hijos de Bonafini, que estaba sepultado como NN en el cementerio de Ezpeleta. No era un invento periodístico, la información provenía de la Cámara Federal de ciudad de La Plata, pero Bonafini se negó incluso a conocerla. Ante la citación que recibió dijo; “No hay ningún juez, ni fiscal, ni diputado, ni presidente que tenga estatura moral para meterse en mi vida privada, nunca voy aceptar la muerte, ni la reparación económica, ni la exhumación de cadáveres si no soy yo quien lo investigué, nadie tiene autoridad para hacerlo”.” Mis hijos están vivos", finalizó. Resulta hilarante que la Sra. Bonafini hable de estatura moral, considerando que todos los meses se publica en el boletín oficial la suma de dinero que reciben con carácter de no retornable, tanto Madres como Abuelas de Plaza de Mayo. Suma de dinero que supera ampliamente el millón de pesos que pertenecen por supuesto, a los impuestos que pagamos todos los argentinos.