Gobierno vs Papel Prensa

El Gobierno necesitaba nombrar nuevos directores en la Sindicatura General de la Nación (Sigen), y así lo hizo, luego necesito nombrar nuevos directores en la Comisión Nacional de Valores (CNV), y lo hizo también. ¿Pero por qué era necesario ese cambio? Porque estos dos organismos fueron los que desde esos cambios coordinaron la embestida oficial contra la empresa. Ambos denunciaron las supuestas vinculaciones de Héctor Magnetto, CEO del Grupo Clarín, y de Bartolomé Mitre, director de La Nación, con violaciones a los derechos humanos; lo que por su puesto más tarde la justicia probaría que tal denuncia no tenía fundamento alguno. No obstante antes de ello los dos organismos ya habían pedido la intervención judicial en la empresa. El Gobierno a través de la Sigen, y la CNV, pretendió haber descubierto irregularidades en una decisión del directorio del 4 de noviembre de 2009. Se argumento que tanto el presidente saliente del directorio, Julio Saguier, como su reemplazante, Alberto Maquieira, ambos representantes del capital privado, firmaron en conjunto un balance comercial. La empresa presenta habitualmente balances ante la Bolsa de Comercio y estos deben estar firmados por dos directores. Esa supuesta falla formal fue el argumento que usó el Estado para pedir la intervención judicial, que el juez Malde decretó. Para eso hacía falta alguien obediente en la CNV. Pero ni el absurdo mas grande, ni los soldados obedientes sirvieron, luego de idas y venidas la Justicia confirmó, a través de una sentencia definitiva, que debe cesar la intervención judicial en Papel Prensa. Se expidió a través de fallos de la Sala C de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, que rechazó los recursos extraordinarios impuestos por el Estado Nacional y la fiscal general Alejandra Gils Carbó ante esa cámara. Los mismos son de aplicación inmediata y no podrán ser recurridos. La Cámara señaló en duros términos que algunos de los argumentos presentados por el Gobierno a través de la fiscal del Estado emulaban la estructura de controles económicos impuestos en el 3º Reich durante el régimen nazi.

No son pocos los cuestionamientos al accionar de la fiscal Gils Carbó. La intervención judicial de Papel Prensa, que designó un coadministrador, arrancó el 8 de marzo, después de una medida cautelar del juez Eduardo Malde, Papel Prensa que es una empresa de grupo Clarín y diario La Nación, en la que el Estado es accionista minoritario protestó esa decisión. Hubo medidas cautelares que le dieron la razón a los accionistas privados, pero el gobierno siempre a través de la CNV y la fiscal del Estado fue apelándolas y logrando ganar tiempo. Papel Prensa abastece hoy de papel a más de 170 diarios. La sentencia de la Cámara obligo a la levantar la intervención judicial, una de las principales medidas impulsada por Guillermo Moreno para obtener el control de la compañía. Para el tribunal, un conflicto dentro de una empresa en la que el Estado es accionista minoritario, no puede ser tratado por el Estado como un caso donde se están juzgando el interés general de la sociedad. En su argumentación, la Justicia demuele las propuestas del Estado para pedir la intervención de la empresa. La Cámara se pronunció sobre la situación de la Comisión Nacional de Valores, que fue la que solicitó la intervención judicial. Allí Moreno destituyó a Eduardo Hecker para nombrar a Alejandro Vanoli, un soldado funcional a los dictados del secretario de Comercio Interior. El tribunal sostuvo que la decisión ahora recurrida en nada afecta la actividad del Estado en lo que hace a la regulación del mercado vinculado con la producción y comercialización de papel para prensa escrita. La postura de la justicia es que no se pueden atribuir promiscuamente al accionista minoritario Estado Nacional, facultades supraestatutarias y supralegales, en contradicción con el principio mayoritario que prevalece en la organización societaria. Lo dispuesto por la Cámara es inapelable, y la Corte Suprema de Justicia sentó doctrina al señalar que las resoluciones referentes a medidas cautelares no constituyen sentencia definitiva o equiparable a éstas a los fines de habilitar la instancia extraordinaria del artículo 14 de la ley 48.

Una delicada situación

La decisión de la Presidenta de crear el Ministerio de Seguridad estuvo influenciada principalmente por la presión de organismos de derechos humanos. Es así entonces como la nueva titular de la cartera Nilda Garré, asume primordialmente con dos objetivos, uno el de cambiar la imagen que las Fuerzas Armadas arrastran desde el proceso de reorganización nacional, para transformarlas en un sector afín al discurso progresista del Gobierno y el otro muy probablemente el de quitarle protagonismo y poder al jefe de gabinete Aníbal Fernández quien salió mal parado del conflicto en Villa Soldati, y quizá, éste sea uno de los peores momentos por los que atraviesa desde que se hizo cargo de su Jefatura. La presidenta Cristina Fernández no sólo le quitó el manejo de las fuerzas de seguridad, que administraba desde que era ministro de Justicia y que sostuvo cuando se fue como jefe de Gabinete, sino que además puso al frente de la cartera a una enemiga íntima suya, la ex titular del mismísimo ministerio de Defensa, Nilda Garré. El jefe de Gabinete fue uno de los funcionarios más señalados desde aquellos sucesos. En cuestión de horas, quien fuera un "superministro" vio desaparecer su influencia histórica sobre las fuerzas de seguridad en manos de una de sus principales adversarias. El objetivo de Cristina Kirchner fue el de oxigenar una de las áreas más sensibles en los últimos tiempos, pensando en 2011. El jefe de Gabinete intenta ahora sostener su poder, tenía el manejo absoluto de todas las fuerzas de seguridad, una relación de confianza con la cúpula policial desde sus épocas como ministro del Interior, a tal punto que, fuera de su viejo cargo Fernández siempre siguió cada detalle, aún como jefe de Gabinete.

El ministro de Justicia, Julio Alak, sólo tenía un mandato formal, firmar las decisiones controladas por Fernández. Inmutable, el jefe de Gabinete mantuvo todas sus funciones. Encabezó los anuncios oficiales. Habló también con los jefes de la Policía. Y sus colaboradores se comunicaron con varios comisarios. Como si nada hubiera pasado. La nueva ministra tiene mala relación con Fernández. En 2007, llegaron a un pico de tensión que los enfrentó definitivamente. A fines de aquel año, la ministra hizo echar al jefe de Inteligencia del Ejército, Osvaldo Montero, a quien acusaba de comandar operaciones en su contra. Garré aseguraba que Montero respondía a Fernández. En la semana de los hechos se Villa Soldati, se aceleró un cambio que la Presidenta ya evaluaba con la idea de robustecer la reelección, y ya durante el confuso accionar policial en el asesinato de Mariano Ferreyra posó las primeras miradas sobre Fernández. Se multiplicaron con las peleas dentro del Gabinete y las revelaciones de WikiLeaks. Los muertos de Soldati fueron la gota que colmo el vaso. La jefa de Estado sin duda ha tenido mucha culpa respecto de la actuación de Fernández en el desalojo del Parque Indoamericano, sin embargo, no será la mandataria quien asuma el costo. Se ha cuestionado absolutamente todo el accionar de la policía, también le cuestionaron la ausencia de un cordón de prevención al que Fernández se negó rotundamente dos días más tarde se vio obligado a aceptarlo. ¿Se enojó la Presidenta con Fernández? No se sabrá nunca. El funcionario aún conservaba mucho poder de decisión.

Pero los días transcurren y su poder se debilita; por ejemplo: Masquelet hombre de Aníbal Fernández había sido beneficiado con varios cargos dentro de la administración desde 2003. Fue un voto cautivo del kirchnerismo en el Consejo de la Magistratura, saltó de la subsecretaría de Culto a la conducción del Consejo de Seguridad Interior, en 2007 fue nombrado secretario de Seguridad Interior y en agosto de 2009 pasó a ser el secretario de Justicia, detrás de Alak. Hoy, por orden de la presidenta Cristina Kirchner, debió renunciar convirtiéndose en otro funcionario incondicional de Aníbal Fernández, obligado a abandonar su incondicionalidad, lo que constituye otro duro golpe al poder del jefe de Gabinete, cuya influencia aparece día tras día más recortada. Ya había perdido el control de la seguridad y, había sido descabezada la cúpula de la Policía Federal, que le respondía desde 2004. Estas son las consecuencias de las usurpaciones ilegales en Capital y en el conurbano, que desataron una crisis en el Gabinete. La orden de remover a Masquelet provino de Olivos. Pero no se comunicaron los motivos, la propia Presidenta le dio la directiva a Alak y en forma automática ambos firmaron el decreto 2017/10, que fue publicado en el Boletín Oficial. Asumió en su lugar un joven militante de La Cámpora, Alejandro Julián Alvarez. El cargo que ocupará Alvarez y que perdió Aníbal Fernández es por demás estratégico: coordina la relación con el Poder Judicial, gestiona los programas de mediación, de protección de testigos, de acceso a la Justicia, de trata de personas, y representa al Estado ante el Consejo de la Magistratura, el órgano que elige y controla a los jueces nacionales. La Presidenta parece haber optado por no excluir a Aníbal Fernández del gabinete en el corto plazo, pero sí dejarlo acotado a sus competencias formales. En el entorno de la Presidenta hablan de una situación que caía de madura y referida a la crisis de Villa Soldati que terminó con tres muertos y varios heridos. La situación de tensión social por las tomas de predios no terminó aún y puede deparar nuevos dolores de cabeza al Gobierno, en Balcarce 50. Precisamente eso llevó a la Presidenta a dar un golpe de timón y le quitó a Aníbal Fernández el control de las fuerzas federales de seguridad. Dispuso luego una sucesión de medidas que recortaron la influencia del jefe del Gabinete.

La canasta navideña

La presidenta Cristina de Kirchner continuando con una política orientada a lo que normalmente puede denominarse como pan y circo, lanzó una suerte de canasta navideña de bajo costo. Ahora bien, este lanzamiento da cuenta principalmente de que los números del instituto nacional de estadística y censos, siguen siendo manipulados, y por otra parte demuestra que el gobierno insiste en ocultar los niveles de inflación. No se trata de una política que prioriza la igualdad social, sino que simplemente seguimos insistiendo, con la manipulación de las voluntades de aquellos menos tienen. Este, y nada más que éste, es el fin del anuncio realizado por la primera mandataria. La presidente destacó el buen momento que atraviesa el consumo, durante el acto en la Casa Rosada, y aparte destacó que las reservas aumentaron en unos 5.000 millones de dólares en un año, a pesar del pago de deudas, y subrayó que la balanza comercial alcanzará los U$S12.000 millones en el 2010. Además la Presidenta aseguró que está todo dado para que empresarios y trabajadores alcancen acuerdos salariales sensatos y racionales, teniendo en cuenta que ya se habla de aumentos por encima del 30%. En una maratón que marcaba con este su tercer discurso de la jornada, extrañamente, no asistió nadie al acto realizado en Casa de Gobierno para anunciar la canasta navideña de bajo costo.

La mandataria expresó que al leer los diarios encontraba títulos que criticaban al Gobierno, pero por la cantidad de publicidades que ve en esas mismas páginas consideró que a todos los argentinos les va bien, porque si no, ¿a quién le venden todo lo que se vende? Entonces reflexionó, si uno mira hoy nuestro país y miramos cómo están las cosas en el mundo, no nos está yendo mal, afirmó la Presidente, quien recordó que hay países del primerísimo mundo donde están recortando beneficios sociales. Luego y en referencia al pago de la deuda pública, la jefa de Estado dijo que "hace un año lanzábamos el tema de las reservas, que en ese momento estaban en u$s47 mil millones y hoy en u$s52 mil millones y con menos deuda, porque se han hecho pagos en efectivo; nos hemos desendeudado afirmo. Dijo también que habían valido la pena todas las políticas aplicadas para mantener la demanda agregada y el empleo, que fueron estas las que sostuvieron el crecimiento. Pero aunque todo suene muy importante, crecimiento, demanda agregada, empleo que ciertamente cuando lo genera el estado nunca es empleo genuino, la realidad es tristemente otra. Los precios subieron más en productos como pasas y conservas de frutas, con aumentos que van desde el 44 al 46% respectivamente, aunque hubo subas superiores aun en algunos artículos en particular, por ejemplo entre los turrones o algunas bebidas como el strawberry fizz. La canasta de productos para el brindis navideño se encareció un 27% en el último año, respecto de 2009.

La muestra fue tomada en 41 productos exhibidos en 12 supermercados de la ciudad de Buenos Aires y el conurbano. El dato del incremento promedio de la canasta indica un encarecimiento muy superior al que le asignaron a la canasta navideña desde los supermercados chinos. Según el secretario de la Cámara de Supermercados Chinos, Miguel Calvete, el conjunto de productos tradicionales para las Fiestas de fin de año tendría un aumento que, en promedio, sería del 14%. Los datos sobre la evolución de los precios de estos productos se conocieron el mismo día en que la presidenta Cristina Kirchner anunció el lanzamiento de la canasta navideña de "bajo precio". Cristina Fernández agradeció el esfuerzo de todos para poder construir estas canastas de acceso a la sociedad durante la presentación de las distintas variantes de canastas conformadas por asociaciones de consumidores y supermercados que parten desde los $25. En la lista de empresas y entidades que presentaron sus canastas figuraban las cadenas de supermercados Disco y Jumbo, ambas del grupo Cencosud, las asociaciones de autoservicios chinos Casrech y Cedeapsa, y la Corporación del Mercado Central. El proyecto de las canastas navideñas fue impulsado por el secretario de Comercio Interior, que invitó a las principales cadenas de supermercados y a las cámaras de autoservicios chinos para que diseñaran sus listados de ofertas. Es importante mencionar que sólo en algunos de los autoservicios chinos, al igual que en el mercado central pudieron verse las mencionadas canastas, contrariamente a lo sucedido en las dos cadenas de supermercados. Tanto en Disco como en Jumbo, varios encuestados respondieron que en estas cadenas las canastas estaban siempre agotadas.

Una remozada mentira, El Club de Paris

El Club de París ha dejado su postura bien clara, cobrar la deuda que la Argentina mantiene en default desde 2001 en un plazo no mayor a 18 meses. Lamentablemente la idea del Gobierno es de cancelar dicha deuda con un plan de pago algo más largo, 72 meses, o seis años. Pocos días antes del viaje a París del ministro de Economía, Amado Boudou, para negociar la deuda de unos US$ 7000 millones con el Club, tres importantes países acreedores precisaron los términos que esperaban escuchar del funcionario. Frente a la versión del ministro de que deseaba proponer un plan de pagos de seis años, los tres países indicaron que con ese plan, ni siquiera se sentarían a comenzar la negociación. El propio Boudou había mencionado un período de tres máximo, y luego hablo de la necesidad de estirarlo más por cuestiones de política interna. El Club de París le había enviado una carta al Gobierno en respuesta a su solicitud en la que habilitaba una vía para pagar la deuda sin que hubiera un programa del Fondo Monetario Internacional (FMI). Pero se aclaró que para ello, debía existir una propuesta de pago "realista" por parte del Gobierno, considerando que según dichos de la presidente, el país tiene recursos suficientes para hacerlo. Entonces, si Cristina Kirchner habla de los recursos, reservas y superávit, en cada discurso, un plazo superior a los 18 meses excede la categoría de "realista".

Por otra parte superar este plazo pasaría a ser una reestructuración o refinanciación, por lo tanto, merecería la intervención del FMI, como ocurre en todos los casos analizados por el Club, formado en 1956 para tratar, justamente una deuda de la Argentina. Uno de los que mencionaron en forma tajante este plazo fue el representante del Tesoro francés en el país, Philippe Cristelli. En el mismo sentido se expidieron los representantes de Alemania, Japón y Estados Unidos, que consideraron que la Argentina no debería demorar más el pago si quiere lograr la reapertura de las garantías oficiales de las agencias de crédito de esos países para fomentar las inversiones. El capital atrasado que debe Argentina es de unos US$ 6000 millones y el total de intereses compensatorios y punitorios entre 2000 millones y 3000 millones de dólares más. El Gobierno quería tomar como antecedente el pago que le realizó a España en seis años por los US$1000 millones que ese país había aportado en plena crisis de 2000-2001. Como la Argentina ya arregló esa cuestión, se esperaba que España tuviera una posición más amigable en el Club de París hacia la Argentina, pero en estos casos, todos los países debían decidir en forma unánime sobre la propuesta del Gobierno. Esto incluye desde grandes acreedores como Alemania y Japón que tienen el 50% de las acreencias hasta algunos que reclaman pocos millones, como Israel y los países nórdicos.

En el medio, Estados Unidos pujó para que el Club aceptara explorar una alternativa sin un programa con el FMI, a cambio de que el Gobierno se acercara al organismo multilateral por la espinosa cuestión de la manipulación estadística. De ese intercambio surgió la decisión de que viajara a Buenos Aires la misión del FMI que comenzó a trabajar en el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) para revisar el cuestionado índice de precios al consumidor oficial. En paralelo, tras las críticas que recibió por dejar de lado el informe de las universidades sobre el Indec y priorizar al FMI, el ministro recibió a los rectores y les propuso trabajar en conjunto para hacer un nuevo IPC. En medio de estas negociaciones que muestran el reacercamiento del Gobierno a los mercados, importantes funcionarios habrían comentado a empresarios locales su intención de que haya una emisión de deuda soberana si la tasa de interés baja al 5% anual. Pese a estas señales, el banco Credit Suisse First Boston en una acertada visión de la realidad, dijo en un informe que no preveía ningún cambio en la política económica antes de las elecciones, ya que el Gobierno lanzaría solo medidas populistas, junto con algunas iniciativas pragmáticas. Una de estas iniciativas, sería la renovada mentira de pagarle al Club de París, pero no aceptar la revisión de sus cuentas por parte del FMI, demorada desde 2007.

Encuestas

En momentos precisamente no muy buenos para el gobierno nacional, si tenemos en cuenta que la situación social se torna cada día más complicada. Que la toma de parque indoamericano y los otros doce predios pusieron de manifiesto las falencias de las fuerzas de seguridad controladas hasta la semana pasada por el jefe de gabinete Aníbal Fernández. La creación de los dos nuevos ministerios, y la depuración dentro de la policía federal no solucionarán el problema de fondo, ya que la corrupción en Argentina se genera desde el propio poder político. Por estos días el país ha recibido la peor de las calificaciones en lo que refiere a la prevención del narcotráfico, y el lavado de dinero. La GAFI calificó al país sencillamente como uno de los peores de la región en materia de prevención. Ahora bien, decíamos que no es un momento y explicamos por qué, a lo mencionado entonces deben sumarse los números, que reflejan los estudios realizados justamente en relación a la corrupción en el país. En Argentina los resultados, son importantes aunque de todos modos no llaman mucho la atención. Para empezar, el 62 por ciento de los encuestados le apuntó a los partidos políticos y a los funcionarios públicos, que son los más perjudicados. Pero el relevamiento también incluyó a otros órganos de poder como el Congreso, la Policía y el Poder Judicial. De la encuesta realizada y difundida a propósito del Día mundial de la lucha contra la corrupción, surgen datos relevantes. Por ejemplo, seis de cada diez argentinos cree que aumentó, y el sondeo detalla, en primer lugar, cuáles son los sectores más cuestionados por los encuestados; así como también, cuáles son los esfuerzos que hacen los gobiernos para combatir los niveles de corrupción. El estudio se llevó a cabo entre el 1 de junio y el 30 de septiembre de este año y abarcó a 86 países e incluyó a 91 mil personas. Más datos, seis de cada 10 argentinos (62%) encuestados para este estudio, el más importante sobre corrupción a nivel mundial consideran que el flagelo aumentó en el país durante los últimos tres años. Y casi ocho de cada 10 (77%) creen que el Gobierno es ineficaz para combatirlo.

Esto muestra una involución con respecto a lo registrado en 2007 y 2005, en línea con la posición del país en el Indice de Percepción de la Corrupción en el que la Argentina figuró 105° sobre 176 países. Skanska, Antonini Wilson y la valija con 800.000 dólares, los aportes a las campañas electorales, los medicamentos truchos, la bolsa con dinero de la ministra Felisa Miceli, la Oncca, los sobreprecios en la obra pública, el patrimonio del matrimonio Kirchner, el de Ricardo Jaime, la diplomacia paralela, etc. Esos y otros escándalos provinciales y locales parecen haber impactado en la percepción que los argentinos tienen sobre la vida pública del país. Algunas conclusiones en la Argentina coinciden con los resultados globales. Entre ellos, que la corrupción se percibe en aumento durante los últimos tres años. También, que los partidos políticos son señalados por los entrevistados como las instituciones más corruptas. Por el contrario, otras respuestas marcan fuertes contrastes entre la visión global y lo que se recoge en América latina. Así, mientras que la principal razón alrededor del mundo para coimear es para evitar un problema con las autoridades, aquí es para acelerar un trámite (44%). En la misma línea, los medios de comunicación figuran al tope de las respuestas globales sobre la institución más confiable para detener la corrupción, pero en América latina no, ninguno es confiable 30%, frente al 29% de los líderes gubernamentales y el 22% de los medios. Y mientras que la policía aparece como el primer receptor global de sobornos, en la región es el Poder Judicial (23%). La Argentina figura, además, con el segundo peor resultado de la región al evaluar cuán eficaces resultan las acciones del gobierno actual para combatir la corrupción. Frente al 50% global que califica a sus autoridades de ineficaces y el 32% que piensa lo mismo en América latina, el 77% de los encuestados en el país calificaron de ineficaz a la Casa Rosada, quedando sólo por debajo de Perú (85%) y por encima de Venezuela (65%), llevándonos al tercer puesto. Una de las tantas frases que hizo famoso al ex Presidente Carlos Menem, me viene a la memoria y verdaderamente cae como anillo al dedo; “estamos mal pero vamos bien”.

Moyano, la UIA, y Cristina

Durante casi todo el transcurso del último mes, la cúpula de la Unión Industrial Argentina, (UIA) preocupada por lo que pueda suceder el año próximo ha sondeado informalmente al líder de la CGT para que los reclamos de incrementos salariales no se escapen más allá del 18 por ciento. Sin importar el esfuerzo, y los reclamos realizados por los empresarios, desde la Casa Rosada, donde el fantasma inflacionario es una preocupación excluyente de cara al año electoral, dejaron saber al camionero que los reclamos no deberían superar el 20 por ciento. Pero como era de esperar, al respecto, Moyano rechazó cualquier límite; Ni piso. Ni Techo. Ni nada. Con esas palabras, Hugo Moyano echó por tierra los intentos por ponerle algún margen a las paritarias que se reanudarán a principios del año próximo. Una discusión por aumentos de sueldos interminable y abrió así nuevamente la caja de pandora en la puja salarial para 2011. En otra muestra de presión a la administración de Cristina Kirchner, también hizo referencia a que el Gobierno debía ocuparse de evitar que la inflación llegue a mayores, y de esa manera no tendría que darle órdenes respecto de las negociaciones salariales.

A pesar de las declaraciones, el verdadero disgusto de Moyano pasa por atribuirle al Gobierno la responsabilidad por el supuesto acoso judicial contra la obra social de los camioneros en la causa de la mafia de los medicamentos. La gerenciadora de esa obra social es la esposa de Moyano, Liliana Zulet. El jefe de la CGT se reunió con cuatro dirigentes de su confianza en Mar del Plata y les transmitió su preocupación por el avance de la causa. Culpó al jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, por ser amigo de Bonadio, uno de los jueces que investiga el caso de los remedios. En la lógica de presionar cuando se siente acorralado, algo que le ha quedado del ex Presidente Néstor Kirchner, Moyano embistió contra todo y contra todos, inclusive contra el Diálogo Social, una de las metas que el Gobierno alienta para controlar precios y salarios. La explicación que dio para suspender la participación cegetista en las negociaciones del Pacto Social, fue que no se ven avances en el diálogo y que debería ampliarse el temario y no limitarse exclusivamente a la discusión de precios y salarios. Esto ya había sido anticipado y fue confirmado por Moyano, al sostener que se requería de un análisis más profundo. Los sindicalistas quieren que se incorporen al debate el aumento del mínimo no imponible, la fijación de un mayor tope salarial para otorgar asignaciones salariales y el reclamo del proyecto cegetista sobre participación de los trabajadores en las ganancias empresariales.

En medio de este juego de presiones, Moyano también acusó a los empresarios de elevar los costos para obtener mayores ganancias, cuando que en los últimos encuentros con el sector no presagiaban ese nuevo ataque del camionero. Además, Moyano insistió en que prefiere un poquito de inflación, golpeando otra vez al Gobierno donde más le duele lo que no significa una inflación sin control, como la que tenemos. El líder de la CGT siente, que el Gobierno le soltó la mano. Pero en declaraciones radiales, el dirigente intentó minimizar sus quejas sobre el acoso judicial que denunció en privado respecto de las investigaciones a la Obra Social de Camioneros (Oschoca). No tiene sentido, es un absurdo expreso. Y agrego, qué acoso de la Justicia. No tengo ninguno. En última instancia, pidieron documentación a cuarenta y pico de obras sociales. Moyano cree ver detrás de la avanzada del juez Claudio Bonadio el impulso del jefe de Gabinete, Aníbal Fernández cada vez más debilitado en su poder. Moyano no debe esperar de Cristina la misma complacencia que obtenía de su marido Néstor. Los hombres más cercanos a la Presidenta afirman que ella nunca le tuvo simpatía. Nadie la ve muy predispuesta a manejar el tira y afloje que mantenía su esposo con el camionero y mucho menos negociar con nadie para sacarle las papas del fuego ante el avance que se ve en los estrados judiciales.

Inflación, causas y efectos

La política monetaria del gobierno ha dejado de ser contemplativa con la inflación y como era de esperarse paso a ser una aliada activa de ella. Los escépticos, que hasta hace poco presentaban diferencia de opiniones, han ido actualizando su discurso con el correr de los últimos meses. Si bien el desborde que muestra la emisión monetaria, es uno de los principales problemas la realidad se reparte entre la emisión y el manejo de la política cambiaria, pero cierto es que ambas bien pueden verse como dos caras de una misma moneda. Este debate ganó actualidad en los últimos días al crecer la posibilidad de que el Banco Central (BCRA), por primera vez tras 29 trimestres, incumpla con las metas de su plan monetario, una inoportuna señal que irrumpe en momentos en que vuelve a dinamizarse la inflación, pese a que dichas metas fueron actualizadas hace apenas 3 meses, cuando la entidad que dirige Mercedes Marcó del Pont readecuó las proyecciones heredadas de la gestión Redrado para validar la sobreemisión de unos $20.000 millones más. La variable más sensible a la emisión es el denominado M2 privado, incluido como meta monetaria anual desde 2008 para tener una mejor medición de la demanda de dinero del sector privado. Se trata de la suma de los medios de pago, es decir, el dinero circulante más los depósitos bancarios a la vista de los privados, que actualmente se expande a una tasa del 34%, cuando la recientemente actualizada meta para diciembre imponía una tasa del 29,9%.

Para poder alinear la realidad con la meta, el M2 privado debería crecer en diciembre apenas por encima del 4%, pero como se trata de un mes de alta estacionalidad en la demanda de dinero por los pagos de aguinaldos y de vacaciones, entre otras cosas, la expansión en el último mes del año suele ser mayor aun cuando la economía crezca menos. De hecho, creció casi 8% en diciembre de 2009, al 6% en igual mes de 2008 y al 5,8% en diciembre de 2006. Estos datos hacen que ya se juzgue por incumplida la meta, aunque en el BCRA no se hayan dado aún por vencidos. En rigor de verdad, será la segunda vez que se incumpla un plan basado en agregados monetarios, ya que en 2008 se había registrado una expansión levemente inferior a la proyectada. Lo que preocupa es que ahora lo incumplirán en exceso. Es de remarcar, el aporte que la política monetaria está haciendo a una escalada inflacionaria que mostró signos de vitalidad en los últimos meses. Entonces, no hay dudas de que la política monetaria tiene responsabilidad en la inflación, estimada en el orden del 26%. En los últimos 12 meses el circulante, emisión neta se incrementó en $29.000 millones. Al tiempo, que el BCRA financió al Tesoro en más de $25.000 millones por utilidades devengadas giradas. En otras palabras, 85% de la emisión monetaria neta de operaciones de esterilización tuvo su origen en el financiamiento monetario del déficit del Gobierno. Así se descubre que la principal variable que considera el BCRA al fijar el programa monetario no es la tasa de inflación ni el tipo de cambio ni las reservas, sino las necesidades financieras del Tesoro Nacional.

Además, entre fines de octubre de 2009 e igual mes del año en curso la política monetaria permitió una tasa de expansión nominal del circulante del 35,2% cuando la economía en igual período habría crecido en torno al 8% real anual. La política monetaria del BCRA este año fue consistente con el objetivo de acompañar la dinámica de las políticas de ingresos y fiscal fuertemente expansivas, sin interferir mayormente en su desenvolvimiento, pero esta conducta nos llevo a una aceleración en el ritmo de crecimiento de los precios internos. Ahora apuntemos la mirada al retraso que muestra el tipo de cambio contra el dólar para buscar el gatillo inicial de la inflación. El tipo de cambio nominal depreciado es como decíamos, la otra cara de una política monetaria expansiva. Entran dólares y, para que no se aprecie el peso, el BCRA los compra y después no llega a esterilizar todo. En conclusión, gran parte de la inflación en ese período fue importada. La conducta complaciente del BCRA está a la vista. Con una inflación moviéndose en torno al 24% anual, es evidente que se requiere una moderación en las políticas fiscal y monetaria. Los anuncios de gasto electoral que arrancaron con el pago de una vez a jubilados, montados sobre una dinámica del gasto público que desde septiembre volvió a crecer al 40% interanual, y una política monetaria que mantiene las tasas que remuneran el ahorro en la mitad de la inflación y emite pesos para sostener el tipo de cambio en un mundo donde el dólar se devalúa, claramente no apuntan a un objetivo que implique bajar significativamente el ritmo de aumento de los precios, apuntan a un nuevo año electoral.

Los secretos de inteligencia difundidos sobre Argentina

Ya bajo la Administración de Obama, existe un documento de la CIA en el que se hablaba de la inestabilidad del por entonces ministro Taiana, y de que ya se habían pedido informes sobre él, para medir el nivel de colaboración entre él y otros posibles funcionarios ¿Por qué? Aparentemente otro telegrama de la Embajada norteamericana en Buenos Aires informaba de la visita a la capital argentina del candidato japonés a la presidencia del Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA), Yukiya Amano, y que sería recibido por Taiana. Estados Unidos desarrollaba una amplia ofensiva diplomática para conseguir que Amano ocupara el cargo y finalmente es la abstención crucial de la delegación argentina la que permite que el japonés acceda al OIEA, en julio de 2009. El consejero de la Embajada en Buenos Aires asegura que la secretaria de Estado, Hillary Clinton, telefoneó a Taiana para que convenciera a la presidenta para que cambiara las instrucciones de voto de la delegación argentina, lo que permitió el apoyo al japonés y su victoria. Pero lo ocurrido en el OIEA no impidió, sin embargo, horas más tarde otro telegrama de la Embajada norteamericana describiera, con enfado, el viaje de Cristina Kirchner a El Salvador en un intento para restaurar a Manuel Zelaya en la presidencia de Honduras, depuesto por un golpe militar en junio de 2009. La Embajada asegura que la presidenta actuó en contra de los consejos de Taiana, que no quería que viajara a Centroamérica sin que hubiera algún acuerdo precocinado. "Este episodio", mantiene el informe, es otra muestra de la ineptitud de los Kirchner para la política exterior. De hecho, el documento explica la actitud de Cristina Fernández de Kirchner como una decisión política para sacar de la primera página de los periódicos la noticia de la derrota electoral de su marido Néstor Kirchner en las elecciones legislativas celebradas el mismo 28 de junio de 2009. Documentos posteriores esgrimen argumentos sobre la precaria psique del matrimonio presidencial, hablan de que no han cambiado en los últimos años, de que son impermeables al consejo ajeno e incluso paranoicos con respecto al poder. Lo mismo durante más de seis años de poder, y siguen en la Casa Rosada.

Entonces, el estado de "salud mental", la "intolerancia a las críticas", " la paranoia de poder", la "ineptitud para las relaciones exteriores y “la economía" del matrimonio Kirchner fueron algunos de los motivos de preocupación del Departamento de Estado norteamericano en los últimos años. De los 251.287 telegramas confidenciales difundidos, entre 3000 y 4000 contienen información sobre la Argentina, y no se salva nadie. Un cable, de noviembre de 2009, contiene una definición de Sergio Massa, ex jefe de Gabinete de Cristina Kirchner, Massa, en el, trató a Néstor de psicópata, de monstruo y de cobarde, en quien la búsqueda de enfrentamiento político disimula una profunda inseguridad y un sentimiento de inferioridad, y que Kirchner no era un genio perverso, sino sólo un perverso, una definición casi perfecta. El escándalo por las revelaciones seguira su curso y los cables secretos seguirán mostrando cuáles eran las preocupaciones de Estados Unidos. En el caso argentino, además del interés demostrado por la salud mental de la presidenta Cristina Fernández, hubo especial preocupación por la falta de medidas para combatir el lavado de dinero y el narcotráfico. Los Kirchner y su círculo tienen mucha experiencia al respecto, basta mencionar sólo dos casos casualmente ambos relacionados con los fondos de campaña de la Presidente; el primero, el valijero Antonini Wilson, y el segundo, el triple crimen de General Pacheco. Ambos relacionados con dinero sucio. Los controles laxos y un gobierno que se mantiene indiferente a las políticas antilavado, ofrece un atractivo para encontrar pronto un sistema financiero contaminado por dinero de la droga. En otro cable, con fecha de diciembre de 2009, la embajadora norteamericana Vilma Martínez, reportó como se estaba reteniendo información financiera sobre las declaraciones patrimoniales de los propios Kirchner, procedentes de Suiza, Liechtenstein y Luxemburgo.

Párrafo aparte merecen las expresiones para el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, a quien recomiendan tratar con cautela, y después de señalarlo por sus vínculos con el narcotráfico, se sostiene que este ministro es el más "pro-americano” del Gabinete aunque es uno de los más responsables del escaso avance en la lucha antilavado. Otros informes de la Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires se refieren en duros pero reales términos al jefe de Gabinete. En uno particular, que lleva la firma del encargado de negocios de la Embajada, Thomas Kelly, dice sin vueltas que como muchos políticos argentinos está salpicado por numerosas denuncias de corrupción, incluidos los vínculos con el narcotráfico que figuran en todos los medios de prensa pero también surgen de informes de inteligencia. Según el documento, Fernández también está sospechado de dirigir equipos de inteligencia para monitorear los correos electrónicos de políticos de la oposición. Los informes explican además como el Jefe de Gabinete recurrió a medios dudosos para vigilar a opositores políticos por ejemplo Francisco De Narváez y Juan Carlos Blumberg. También mencionan que Fernández habría creado un equipo de inteligencia privada integrado por militares retirados y funcionarios de inteligencia para clandestinamente supervisar los correos electrónicos de los gobernadores provinciales y federales, funcionarios gubernamentales, ejecutivos de negocios y periodistas sospechosos de trabajar contra la administración nacional. De acuerdo al mismo informe, en noviembre de 2007 Fernández habría utilizado dos técnicos informáticos para ver correos electrónicos del presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti y la jueza Sandra Arroyo Salgado. La magistrado tiene a cargo al menos dos causas vinculadas al kirchnerismo: la de la identidad de los hermanos Noble Herrera y la investigación por la "ciberbanda", justamente el escándalo de espionaje a mails de políticos, periodistas y celebrities locales que estalló a mediados de 2008.

Mafia de los medicamentos

La causa, Medicamentos: Además de la Obra Social de la Asociación Bancaria, que fuera la primera en ser investigada, e intervenida, el juez Oyarbide investigaba en un principio otras 50 obras sociales que adquirieron medicamentos en las droguerías sospechadas de vender remedios adulterados. San Javier, Baires Med, Multipharma, entre otras. La estafa: La sospecha de que se fraguaban los troqueles para recibir reintegros de la Administración de Programas Especiales (APE) por la provisión de remedios que nunca habrían sido entregados a los pacientes. Detención: en el procedimiento realizado en la gerenciadora Asistencia Solidaria quedó detenida una persona identificada como José Raes, que estaría vinculada con los remedios provistos a la obra social de ministros, secretarios y subsecretarios del Estado. Otro empresario farmacéutico vinculado con la llamada "mafia de los medicamentos". Fue detenido en el barrio porteño de Almagro. Se trata de un hombre de 66 años, de nacionalidad argentina, titular de una empresa llamada "Asistencia Solidaria", en la que se encontró documentación relacionada con la droguería San Javier. Por orden del juez federal Noberto Oyarbide y en el marco de la causa, se realizaron más de 40 allanamientos a distintos domicilios vinculados a las obras sociales sindicales. En total, son ahora 85 las obras sociales bajo la mira de la Justicia por negocios con remedios truchos. Entre ellas, las del Sindicato de Choferes de Camioneros, la Unión Obrera Metalúrgica, Aeronavegantes, Lotería, Portuarios, Petroquímicos, Turf, Telepostales, Docentes y ACA.

Se estima que muchos de esos domicilios inspeccionados son delegaciones administrativas donde funcionan centros médicos o farmacias, que pertenecen a las obras sociales. El objetivo del operativo múltiple fue "secuestrar elementos de interés para la causa", como documentación relacionada con las prestadoras que efectuaron compras directas a las droguerías vinculadas con el procesado Néstor Lorenzo, luego de que quedaran probados numerosos casos de adulteración de productos medicinales dedicados a fines terapéuticos. En un renovado impulso de la causa que investiga a esta mafia, y que genera preocupación en el ámbito gremial, la Justicia allanó otro medio centenar de obras sociales sindicales. Norberto Oyarbide ordenó buscar los expedientes de un centenar de compras realizadas por los gremios a droguerías sospechosas a partir de denuncias formuladas en la causa por la ex ministra de Salud Graciela Ocaña. De este modo, el juez Oyarbide relanzó la causa, que mantiene detenido entre otros a José Zanola, y a Néstor Lorenzo, de droguería San Javier, proveedora de remedios a sindicatos. El propio Lorenzo admitió ante la Justicia que vendió medicamentos a la obra social del gremio de Moyano hasta 2006. Luego, la obra social de los camioneros le adquirió medicamentos a Droguería Urbana, cuyo presidente Marcos Hendler, fue indagado ya en la causa y el juez Oyarbide definitivamente resolvió su situación procesal, al igual que con el ex superintendente de Salud Héctor Capaccioli, quien fuera el recaudador de la campaña electoral que consagró a la presidenta Cristina Kirchner, en 2007.

Algo más de Ricardo Jaime

Según se desprendía de una cadena de mails que ahora investiga la justicia federal, el asesor del ex secretario de transporte Ricardo Jaime, facturó 1.150.000 dólares a una empresa perteneciente al grupo LAN Airlines por supuestos servicios de consultoría para realizar un estudio de todas las rutas aéreas de la República Argentina. El negociador por la compañía chilena fue Ernesto Ramírez, un ejecutivo de la empresa que reside en Miami y que fue el encargado de manejar la llegada de la aerolínea chilena a la Argentina en 2005, tras la caída de Southern Winds después de los escándalos de la valija con droga encontrada en Madrid. Incluso fue uno de los que acompañaron al actual presidente chileno, Sebastián Piñera, entonces directivo de la aerolínea, a presentar el proyecto LAN Argentina a Néstor Kirchner en la Casa Rosada, en marzo de 2005. Es una verdadera caja de Pandora, y esta vez los archivos de Manuel Vázquez, el numero uno de del ex secretario amenazan con desatar una tormenta de consecuencias inciertas que incluso podrían tener derivaciones en Chile.

El proceso utilizado con la compañía aérea es el mismo que se usó con una veintena de compañías de primera línea, argentinas y extranjeras, a las que Vázquez les enviaba contratos de consultoría por cifras muchas veces millonarias y que tenían por objeto facilitar negocios en el país. Vázquez recibió el 16 enero de 2007 un mail de Ernesto Ramírez, hombre de la firma Lan Cargo con sede en Miami con el contrato de consultoría en su versión final y estaba fechado en octubre de 2006, época de la emisión de la primera de las facturas. Esa factura, la número 26 del talonario de CAESA, fue emitida el 18 de octubre de 2006 por US$ 300.000 a nombre de la LAN Airlines S.A con sede en Santiago de Chile. La segunda factura es del 21 de noviembre de ese año y fue emitida por un monto de US$ 300.000 pero a nombre de la firma Atlantic Aviation Investments LLC con domicilio en Centerville Road suite 400, Wilmington, Delaware, EE.UU. Ramírez aparece como apoderado de esa sociedad. La última factura, la número 33 del 16 de enero de 2007 fue emitida a nombre de la misma empresa con domicilio en Estados Unidos por un monto de US$ 550.000. No vamos a hacer ningún comentario sobre el asunto hasta que no llegue a instancia judicial, fue la respuesta de la filial local de la empresa.

Meses antes, en agosto, un largo decreto, el 1012, firmado por el presidente Néstor Kirchner, por el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, y por los ministros de Planificación Federal, Julio De Vido, y de Economía, Felisa Miceli, había resuelto uno de los problemas más grandes que tenía LAN en el país. La norma utilizó 3200 palabras para prorrogar la emergencia aerocomercial y autorizar un aumento de las bandas tarifarias. El artículo 10, en apenas 18 palabras, destrabó uno de los escollos que frenaban la expansión de LAN. Sucede que el Código Aeronáutico establece que la mayoría accionaria de las empresas aéreas debe estar en manos de socios argentinos. Esa limitación fue cambiada en 1994, con la apertura económica, pero en 2000, con la crisis de Aerolíneas Argentinas se volvió a implantar el viejo sistema del código. Cuando LAN llegó al país, en 2005, dos abogados, Jorge Pérez Alati y Manuel Benites, fueron los socios mayoritarios de la empresa. Pero a medida que había que aportar capital para expandir el negocio, la restricción complicó la operación. Finalmente, el artículo 10 del decreto 1012 volvió a la apertura de 1994. Meses más tarde, una compañía de LAN contrataba los servicios de Caesa por un poco más de 1 millón de dólares.

Sindicatos, negocios sucios y muerte

Pasó de dirigente ligado al marxismo en los 60 a integrar el grupo de "los Gordos" desde los 90, e incluso convertirse en empresario. José Pedraza accedió a la jefatura de la Unión Ferroviaria en 1985 y no la abandonó más. Desde hace 25 años dirige un sindicato que desde la privatización de los ferrocarriles ha mezclado el gremialismo con los negocios. Estuvo al lado del dirigente gráfico Raymundo Ongaro en la CGT de los Argentinos y fue un militante peronista del Grupo de los 25 junto a Antonio Cafiero, en la renovación peronista. Enfrentó a la ortodoxia peronista de Herminio Iglesias y de Lorenzo Miguel, y en los 80 trabajó activamente con quien fue secretario general de la CGT Brasil y después de la central unificada, el cervecero Saúl Ubaldini. Una vez más, para no quedar descolocado, se alejó de Cafiero cuando perdió la puja interna peronista contra Carlos Menem, en 1988, y se fue acomodando al lado del riojano. A pesar de las fuertes críticas que generó Menem por su política en contra de los ferrocarriles y que se encarnó en la célebre frase "ramal que para, ramal que cierra", en 1990 Pedraza obtuvo una gerencia en Ferrocarriles Argentinos y enseguida su gremio fue beneficiado con la concesión del Belgrano Cargas. Así, Pedraza cumplió también el papel de empresario. Fue cuando su gremio recibió la concesión privatizadora del Belgrano Cargas, allí colocó al frente a su segunda esposa, Graciela Coria. Hoy, la Unión Ferroviaria conserva sólo una pequeña parte de esa empresa, junto a La Fraternidad (maquinistas) y el Sindicato de los Camioneros, de Hugo Moyano.

La fiscal de instrucción Cristina Caamaño había pedido que se llamara a prestar declaración indagatoria al titular del gremio de la Unión Ferroviaria, José Pedraza, en el marco de la causa por el asesinato del joven militante del Partido Obrero (PO) Mariano Ferreyra. El pedido, realizado a la jueza de instrucción Susana Wilma López, incluyó además la solicitud de indagatoria de Juan Carlos el gallego Fernández. La intención de la fiscal era que ambos respondieran por el asesinato del joven quien recibiera una bala en su abdomen el pasado 20 de octubre, en las inmediaciones del barrio porteño de Barracas. Pedraza ya había declarado a los dos días del hecho pero en calidad de testigo, aunque en esa ocasión dijo desconocer cómo ocurrieron los hechos y fue poco lo que aportó. Este pedido fue realizado luego que se conociera la resolución de la jueza de la causa, quien procesó con prisión preventiva a los siete imputados el delegado de la Unión Ferroviaria en el Roca, Pablo Díaz; los barras bravas Gabriel "payaso" Sánchez y Cristian Favale; y los ferroviarios Juan Carlos Pérez, Francisco Uño, Jorge González y Salvador Pipito. A todos se los acusa de homicidio calificado y también de tentativa. Para la jueza la convocatoria de los agresores fue por parte de la Unión Ferroviaria, lo que derivó en el pedido de la fiscal de la citación de Pedraza y Fernández. Además, la jueza da por cierta la comunicación de Fernández a Díaz por handy, donde le ordena luego de los disparos que se retirasen del lugar, lo que fue ratificado por el delegado del Roca. Para la jueza López, a los barras bravas, Favale y Sánchez, los sindica como los autores de los disparos, uno de los cuales quitó la vida a Ferreyra e hirió a los otros tres manifestantes. En cuanto a Uño, da por hecho que éste también portaba armas aunque no que efectuó disparos, y el ferroviario Juan Carlos Pérez fue el que guardó las armas una vez producido los hechos.

Por otra parte a Pedraza se lo acusó recientemente por una estafa millonaria a los trabajadores de su gremio consumada por medio de un seguro de sepelio. En el procedimiento cuestionado se verificó en que el gremio ordenó aplicar un descuento mensual en los salarios de los trabajadores para garantizarles los servicios fúnebres. Sin embargo, más de la mitad de esos recursos, unos $34 millones nunca volvió a los ferroviarios, de acuerdo con los informes periciales. En lo político-gremial, Pedraza abandonó la CGT que conduce Hugo Moyano e integra el grupo de "los Gordos", que componen también los sindicatos de Luz y Fuerza, la Federación de Empleados de Comercio, y de Sanidad. Los integrantes del sector le endilgaron siempre al camionero una conducta personalista y, aunque no lo dicen en voz alta, les molestaba de Moyano el trato exclusivo que tenía con el ahora fallecido Néstor Kirchner. Sin embargo, Pedraza no dejó de pertenecer a la CATT (la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte), que preside el taxista Jorge Viviani pero lidera Moyano. El trato entre Pedraza y Moyano era distante, pero ambos dirigentes evitaban las disputas, comprensivos si se quiere de la historia de lealtades y traiciones que atraviesa a la dirigencia sindical. El estallido de esa relación se produjo con el asesinato de Mariano Ferreyra y la vinculación directa con el hecho del dirigente de la Unión Ferroviaria. Frente al crimen de Barracas, Moyano ordenó que la CGT repudiara el hecho en un comunicado y en posteriores entrevistas tomó distancia de Pedraza. Viene poco a la CGT, dijo, y así ya no quedaban dudas de que le había soltado la mano.

Cristina, y su campaña presidencial

En otro anuncio por cadena nacional, y solo un par semanas después del veto de la ley que asignaría del 82% con movilidad del sueldo mínimo, sancionada en noviembre pasado la Presidenta en un acto magnánime que según anunciaba significaría un esfuerzo muy importante, para el gobierno, en un mundo donde solo se escucha la palabra ajuste, aquí en argentina, se escucha hablar de derechos y de inclusión social. Según la mandataria se puede ser una potencia del mundo, pero no se puede dejar a la gente tirada en la calle. La Presidente insistió en recalcar el esfuerzo que la medida significaba para el país, y también hizo referencia a lo que según su particular visión hemos avanzado desde 2003 hasta la fecha, en materia de inclusión social y en articulación entre el Estado y la sociedad, en obvia referencia a los planes sociales implementados sólo para generar más vagancia, y menos trabajo genuino. Entonces antes de realizar definitivamente el anuncio pidió a todos los argentinos que hiciéramos un gran esfuerzo para cuidar lo que se ha logrado. Sin más preámbulo la presidente Cristina de Kirchner anunció entonces el pago extra de fin de año de 500 pesos para los jubilados y pensionados que cobran la mínima.

No convocó, como se especulaba que lo hiciera, al Consejo para el Diálogo Económico Social(CDES). En efecto la medida trato, casi sin consenso de ninguno de sus ministros y solamente intervinieron en la decisión el ministro de economía y el jefe de gabinete, utilizando los súperpoderes. En el acto realizado en el Salón de las Mujeres Argentinas de la Casa de Gobierno, la medida anunciada abarcará al 63,3% de los jubilados e implica un desembolso de la Anses (agencia nacional de seguridad social), de 2.031 millones adicionales en diciembre. El haber más bajo por consiguiente pasará de 1.500 pesos a 2.069. La suma única alcanzará a más de 4 millones de personas de la clase pasiva, y se otorgará por única vez. Durante el acto no hubo presencia ds representantes de las cámaras patronales, empresariales, pero si representantes sindicales. Cristina volvió a utilizar la estrategia del llanto, para no perder la costumbre en una oportunidad, al repasar acciones de gobierno del ex presidente Néstor Kirchner. Entre lágrimas y con un nudo en la garganta, por unos segundos como lo viene haciendo últimamente interrumpió su exposición y los invitados estallaron en un aplauso generalizado. Luego, retomó su discurso, que por la cantidad de cifras y datos que citó, requirió de apoyo en textos sobre el atril, ya que lógicamente son números y datos que no maneja.

En Casa Rosada todo fue hermetismo, nerviosismo e incertidumbre antes de su llegada al salón. Hermetismo porque si bien se sabía que Cristina anunciaría el pago de una suma fija adicional para jubilados, desde el momento en que veto la ley se filtró que también podría llamar a la constitución del CDES, pero no lo hizo. También circuló que los CEO's y ejecutivos de importantes firmas estaban invitados, pero jamás asistieron. El nerviosismo se palpó por los 15 minutos de retraso y la incertidumbre reinó por las cancelaciones que se iban sucediendo de la lista de invitados. En la previa a la cadena nacional, ya se pudo advertir la ausencia de los empresarios. Funcionarios, líderes gremiales, militantes políticos y artistas sí estuvieron presentes. Las primeras filas fueron ocupadas por el titular de la CGT, Hugo Moyano, y el jefe de la CTA, Hugo Yasky, además del metalúrgico Antonio Caló y el judicial Julio Piumato, las Madres de Plaza de Mayo, la presidente del Banco Central, Mercedes Marcó Del Pont, el líder piquetero que regresó a la Rosada, Luis D' Elía, el músico ganador de dos premios Oscar Gustavo Santaolalla, el intendente de Florencio Varela, entre otros. Osvaldo Cornide, de la CAME y abonado a este tipo de puestas en escena, fue uno de los pocos empresarios que escuchó a la Presidente. También estuvieron el banquero Carlos Heller, el senador Daniel Filmus, el secretario de la Gestión Pública y ex asesor personal de Kirchner en UNASUR, Juan Manuel Abal Medina, y el secretario de Cultura, Jorge Coscia.

Así comenzó todo, Parte II

El juez federal Claudio Bonadio recibió las pericias realizadas por el Instituto Nacional de Alimentos y Medicamentos (INADE) y por la Gendarmería Nacional que confirmaron definitivamente que los troqueles secuestrados, son apócrifos. En la causa se investiga si el gremio de camioneros defraudó al Estado al cobrar subsidios de la Administración de Programas Especiales (APE) con la presentación de esos troqueles falsos y que se los hizo pasar como si los remedios hubieran sido entregados a pacientes. Los troqueles que se analizaron correspondieron al medicamento oncológico Erbitux que en sus variantes de 50 y 100 mililitros eran apócrifos, mientras que los de 200 mililitros eran auténticos. Esos remedios, destinados a afiliados de la obra social de Camioneros (Oschoca) habían sido provistos por la Droguería Urbana, propiedad de Marcos Hendler, quien el 23 de noviembre pasado debió prestar declaración indagatoria ante el juez Bonadío. Así la situación de Hugo Moyano quedó aun más comprometida judicialmente en la causa por los medicamentos, por los resultados de las pericias realizadas a los troqueles de los mencionados remedios contra el cáncer secuestrados en la Obra Social de Choferes de Camiones, que dirige junto a su esposa. La defensa de Moyano, a cargo del abogado Daniel Llermanos, había planteado la nulidad de la decisión de Bonadío de ordenar un el estudio de los troqueles, bajo el argumento de no haber presenciado la declaración testimonial de la experta María Butti, quien asesoró al juez sobre los interrogantes que debía emprender en la pericia.

Luego de ello, Bonadío ordenó, en base a los consejos de la experta, realizar este estudio que luego recibió. La investigación se orientó hacia la obra social de Camioneros luego de que Alexia Bergalli, encargada de compras en Droguería Del Plata, negoció la venta de troqueles truchos con un hombre llamado Marcos, que se trataría de Marcos Hendler, uno de los titulares de la droguería Urbana, proveedor exclusivo de esa obra social. Esa conversación entre Bergalli y "Marcos" se registró el 19 de junio de 2009 y se encuentra incorporada a la causa en la que uno de los detenidos es el jefe del gremio La Bancaria, Juan José Zanola. Urbana tiene la venta exclusiva de remedios a la obra social de Camioneros, Oschoca, que es gerenciada por Conducir Salud SA, también conocida como Iarai SA, una compañía de Liliana Zulet, esposa de Moyano. La droguería integra la lista de las más de 22 empresas farmacéuticas investigadas por el juez federal Oyarbide. Semanas atrás, la Sala II de la Cámara Federal también había rechazado un planteo de Moyano, quien pretendía que se anulara la resolución de Bonadío, en la que ordenaba realizar un nuevo estudio. La vía de nulidad, en este marco, aparece como una forma indirecta de convertir en recurrible una disposición que, por previsión legal, no lo es. Cabe, por ende, avalar la decisión de rechazar este nuevo planteo formulado por la defensa, habían dicho los magistrados. Esta investigación se inició luego de una presentación del dirigente de la UOCRA Juan "Pata" Medina, un enemigo histórico de Moyano en la interna sindical, y en ella se investiga también la posible defraudación en perjuicio al Estado Nacional, que no tardara mucho en soltarle la mano al titular de la CGT.

¿Compra de votos?, no...

La sesión en Diputados en la que la oposición frustró la aprobación del proyecto del Presupuesto 2011 enviado por el Gobierno, terminó, tras 14 horas de debate, con un escándalo de proporciones pocas veces vista, luego de que varios legisladores del arco opositor denunciaran la existencia de presiones y ofrecimientos de soborno para prestar su aval al oficialismo. Digo pocas veces vista, ya que el caso Pontacuarto, durante el gobierno de Fernando de la Rua que terminó con la renuncia del vicepresidente Álvarez, involucrado en una situación de características similares pero que fueron comprobadas, y definitivamente llevadas a la justica. Fue en particular, la diputada del monobloque Valores para mi País Cinthya Hotton, cercana al PRO, quien realizó la primera advertencia, y dijo que había recibido llamados en los que le ofrecieron significativos beneficios, sin especificar de qué tipo. De igual modo hubieron otros diputados, como Elisa Carrió, Elsa Álvarez, Patricia Bullrich, Federico Pinedo y Felipe Solá, que se sumaron a las acusaciones. Aparentemente el nombre que sonaba más fuerte era el del jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, y el ministro de Planificación, Julio De Vido. La diputada radical por Santa Cruz, Elsa Álvarez fue un poco más lejos, y en su denuncia aclaró intentos de soborno a los que respondió que su voto no estaba a la venta.

Carrió, una de las más duras en su discurso desde el inicio de la sesión, acusó directamente a Fernández por la maniobra y pidió que aparte la comisión de Asuntos Constitucionales investigase dónde estaban los diputados opositores que faltaban. Casi 30 legisladores estuvieron ausentes en la votación. Dura en sus críticas la líder de la coalición cívica recordando el caso mencionado habló de que otra vez hubo Banelco, pero no de Fernando De la Rúa, sino de Cristina Kirchner, en alusión al caso de coimas en el Senado ocurrido durante la gestión del ex presidente para la votación de la ley de flexibilización laboral. Por otra parte, aquellos diputados que se fueron deben ser investigados por su conducta de traición a su representación popular, en la investigación que debería realizar de lo sucedido la comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara baja. De las ausencias que mas llamaron la atención fue la de cuatro diputados macristas, que llevaron al propio jefe de bloque, Federico Pinedo, a decir que había ausencias en su bloque que no podía explicar. Los diputados Silvia Majdalani, Christian Gribaudo, Soledad Martínez y Laura Alonso son los apuntados por sus colegas de la oposición. Hoy, una de esas personas señaladas la diputada nacional Laura Alonso afirma que no participó de la discusión sobre el Presupuesto 2011 porque quería votar a favor y no quería generarle una situación difícil a su jefe de bloque. Esta explicación complicó aún más las especulaciones que se hicieron, respecto de la conducta de los macristas y de supuestas negociaciones que un importante dirigente del sector habría efectuado con un alto funcionario nacional, vinculado a las obras públicas.

Luego, el ministro de Economía, Amado Boudou, el diputado Agustín Rossi y el Jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, salieron al cruce de las acusaciones de la oposición en torno a las presiones para la votación del Presupuesto 2011. Desde Seúl, mientras participaba de la gira por el G20 junto a Cristina Kirchner, Boudou dijo que si se produjeron intentos de compra de votos, el diputado que lo recibió debía ir y denunciarlo ante la Justicia, ya que según su vison no puede vivir diciendo fui sobornado, y después no hacer nada al respecto. Lo que vemos es que hay una dilación, dijo el ministro en conferencia de prensa y agregó que la oposición buscaba dilatar una situación no pero no sabia con qué propósitos. Por su parte, el jefe del bloque de diputados kirchneristas, Agustín Rossi, calificó de chantada las denuncias de varios legisladores opositores sobre las presiones para aprobar el proyecto oficialista. El legislador, al igual que Boudou, reclamó que fueran a la Justicia y lo demuestren. Según Rossi, su estrategia consistía en, anticiparse a una posible derrota en la votación, entonces para evitarlo salieron a hacer denuncias. Y por su parte Fernandez aseguro que se había montado un escenario, una fenomenal operación para tratar de evitar que se apruebe el presupuesto que había enviado la presidenta de la Nación, e indignado. Aníbal Fernández aseguró que el oficialismo nunca actuaria de esa manera. El ministro pidió a Carrió que muestre los presuntos mensajes de texto que el envio a los legisladores y así quedarían comprobados los dichos, pero afirmo que no iva a poder hacerlo, porque este gobierno no se hacen esas cosas, no, es cierto, se hacen cosas peores.

El uso indebido del dinero publico

En medio de todo el escándalo de coimas y demás acusaciones que enfrenta el ex secretario de transporte Ricardo Jaime a quien el gobierno ha abandonado, a su suerte pero no sin antes, dejarlo económicamente acomodado por el resto de sus días, surge una nueva situación rara polémica y que a su vez da por tierra, con todas las causas que apuntan al ex secretario como único responsable de la malversación de fondos públicos. La presidenta Cristina Fernández, también es y ha sido desde hace tiempo una convencida, de que los fondos públicos son de su propiedad y utilización. Poco tiempo después del fallecimiento de su marido, debió asistir a la cumbre del G-20 financiero, ese día había partido a las 15.40 hacia Corea del Sur, para participar de la cumbre, dejando una vez más en manos de su vicepresidente, Julio Cobos, el manejo del Poder Ejecutivo, no obstante esto es simbólico ya que Cobos hace mucho tiempo que no visita la Casa Rosada, y su sola aparición por la sede gubernamental provocaría un episodio de fricción política intenso. Pero mejor, luego de este dato volvamos mejor al tema principal, la Presidenta comentábamos partía desde Buenos Aires en vuelo directo hacía Corea, y la nota distintiva del viaje la daría el avión Bombardier Global que la Presidenta utilizó en esta ocasión, dejando de lado otra vez al Tango 01. El Bombardier es un avión más pequeño, aunque no tanto, pero por ello sólo lo abordaron sus secretarios privados y el médico presidencial, Luis Buonomo.

Los ministros y el resto de la comitiva debieron viajar en un vuelo de línea, ya que el Tango 01 estaba supuestamente en reparaciones. El denominado Tango 01 es el avión presidencial de la República Argentina, comprado en 1992, durante la presidencia de Carlos Menem, por 66 millones de dólares, es un Boeing 757/200, con apenas 18 años de sevicio y algo más de 15000 horas de vuelo. Obviamente debe tenerse en cuenta que una aeronave con estas características difícilmente pueda acusar a problemas significativos, como para dejarla sin uso. Pero Cristina Fernández había probado en 2007 el Bombardier Global 5000, valuado en 46 millones de dólares y quedó, según sus palabras "encantada" con esa máquina. Y claro no es para menos, se lo considera el avión ejecutivo más rápido y lujoso del mundo, y es el avión civil más veloz desde la aparición del Concorde. La nave probada en 2007 matrícula N224GX había llegado al país mediante una gestión de los representantes regionales de la firma canadiense Bombardier, con miembros del Ejecutivo Nacional, en aquel entonces el funcionario del gobierno que habría realizado todas las gestiones para la compra definitiva de la aeronave es nada más y nada menos que Ricardo Jaime. En octubre pasado, la Presidente también utilizó el Bombardier en su visita a Alemania y en ese momento hubo versiones que indicaron que no se había apelado al “veterano" Tango 01 porque corría riesgo de ser embargado si pisaba una pista alemana, a raíz de las demandas de los acreedores de ese país que no ingresaron al canje. Sin embargo la versión real es que la aeronave, está vinculada sólo por el momento con una empresa minera con intereses en nuestro país, y que figura como titular de la misma.

Una nueva sensación

Una inflación mensual del 3,6% significa, acumulativamente, algo más del 40% anual. Este ritmo coloca a la Argentina casi a la cabeza de los países con más inflación en el mundo. Este es un dato que lejos de ser estadístico, afecta nuestra deficiente calificación como país receptor de inversiones, ya perjudicada por la falta de seguridad jurídica y por el incumplimiento de reglas y de compromisos internacionales. Este nivel de inflación lleva, por otro lado, a la aparición de comportamientos que la autoalimentan como la indexación formal, y aunque no haya un reconocimiento abierto de su existencia, en la carrera de precios y salarios se torna clara esta existencia cuando ocurren situaciones tales como los aumentos decididos en paritarias y se en los reclamos de reabrirlas por parte de los gremios que cerraron los primeros acuerdos a comienzos de año. Como ejemplo se puede mencionar al sindicato docente que es uno de ellos. Cualquiera sea la medición que se tome, mostrara un incremento del costo de vida en torno del 2,5% en la comparación de noviembre contra el mes anterior, pese a que para algunos funcionarios del Gobierno, al igual que la inseguridad, la inflación no es más que una sensación.

Aceptando la definición de la canasta básica de bienes del propio Indec para que un matrimonio con dos hijos menores supere la línea de pobreza pero tomando los precios reales de noviembre, se debe llegar a los $2017 mensuales. Ante estas cifras las declaraciones oficiales de carácter defensivo, escapistas y no exentas de agresividad, fue que el ministro de Economía, Amado Boudou, afirmó que la inflación no es un tema en grandes porciones de la población y que les preocupa a algunos integrantes de la clase media alta, en que la inflación que tenemos es la que publica el Indec. El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández por su parte asevero que lo de las consultoras privadas es una mentira. Pero no cabe duda de que la inflación ha echado raíces en la Argentina que obedece a causas locales antes que a externas, y es una consecuencia de las políticas que han venido aplicándose en los últimos años. El empeño en privilegiar fuertemente el consumo sin haber creado las condiciones para la inversión e impedir así un similar aumento de la oferta de bienes termina en aumentos de precios. Es también inflacionaria una política fiscal que en sólo siete años ha llevado el gasto público desde el 30 al 40% del PBI y que hoy desborda los recursos impositivos, requiriendo emisión monetaria disfrazada como transferencia de utilidades del Banco Central. No es casual que esta entidad haya tenido que modificar su programa monetario admitiendo expansiones que no puede frenar ni siquiera colocando letras en cantidades que ya son récord histórico. Es más que problemático tener que recurrir a Brasil para imprimir billetes de 100 pesos porque en la Casa de Moneda, las máquinas ya operan las 24 horas.

El marco externo se muestra hoy favorable para la economía argentina. Las bajas tasas de interés y la fuerte liquidez originada por la Reserva Federal de los Estados Unidos han reactivado muchos mercados financieros e impulsado el precio de materias primas. También han generado un flujo de capitales hacia los países emergentes en busca de mejores rendimientos. La Argentina no logra atraer inversiones de largo plazo, pero recibe dinero especulativo, que unido al saldo comercial produce un excedente de divisas que adquiere el Banco Central con emisión. Esto alimenta, por un lado, la expansión monetaria, pero, por el otro, permite el mantenimiento de un tipo de cambio nominal cuasi fijo, que es en rigor el único instrumento antiinflacionario que expone el Gobierno. Sin embargo, la inflación tiene otras causas y no cede, por ello esta política cambiaria es insostenible. La historia argentina es suficientemente aleccionadora respecto de las consecuencias de retrasos cambiarios, pero es todo un desafío en un año electoral en el que estarán contraindicadas las políticas serias, es decir, combatir la inflación. Debe quedar claro que a diferencia de lo que dice el ministro de Economía, la inflación castiga a todos, y más intensamente a los asalariados a muchos de ellos el impuesto a las ganancias les licua los aumentos de salarios y a los más débiles, quienes, aunque el Gobierno lo niegue, conocen sobradamente el efecto negativo de la inflación en sus bolsillos.