El gobernador gobernado

El relato oficial ofrece diariamente nuevos sorprendentes, y algunos desopilantes capítulos y por otra parte también es sabido que Néstor Kirchner y Cristina Fernández acostumbran comentar temas de la realidad como si no llevaran siete años en el poder, pero este discurso del ex Presidente merece un lugar en el podio, sobre todo porque no sólo volvió a desvincular a las dos gestiones Kirchneristas, de cualquier responsabilidad en el tema inseguridad, sino porque aparte sin miramiento alguno, ridiculizó públicamente al hoy gobernador Daniel Scioli, y ex vice del propio Kirchner, al sugerirle que no tenga miedo y diga quién le tiene las manos atadas. Las críticas del oficialismo a los jueces, luego de 7 años ya aburren, y más considerando el impulso que ha dado el oficialismo a numerosas leyes que acotaron penas y favorecieron excarcelaciones, es así como puede enmarcarse la habitual actitud política de este gobierno eludiendo sus responsabilidades, pero con el agregado de poner a Scioli en la situación de decir quién le ata las manos y no tener miedo no permite muchas interpretaciones. Esta fue la primera advertencia pública, un ultimátum, y también un acto de disciplinamiento interno. Si Scioli no habla, es porque sin duda es el propio Gobierno quien lo condiciona.

Los habitués de las tertulias políticas de Kirchner en Olivos se veían venir desde hace tiempo este disciplinamiento, para un títere como lo es el gobernador Daniel Scioli. Hace tiempo ya que el ex presidente cuestiona con ganas al gobernador, tanto en la intimidad de la quinta presidencial, como fuera de ella, aunque nunca antes de esta manera. Suele decir que no hace política y que no defiende las políticas del Gobierno. Más de una vez se quejó de su tibieza para hablar de la ley de medios y de su defensa débil del matrimonio gay. Renuente a que Scioli mida mejor en los sondeos y obsesionado por mantener el control territorial en el conurbano bonaerense, Kirchner no sólo instruyó a los ministros nacionales para que hagan campaña bonaerense y condicionen su crecimiento: ahora también ordena que hagan saber de sus molestias personales. Kirchner venía criticando a los jueces porque dejan que los delincuentes entren por una puerta y salgan por la otra, y también apuntaba a los dirigentes opositores por su discurso simplista. Hasta ahí su discurso era el habitual, escuchado hasta el cansancio, pero solo hasta ahí, seguramente Scioli no esperó la frase que seguía, no tenga miedo gobernador Scioli, porque usted nunca lo tuvo. Diga quién le ata las manos, porque hay que hablar con nombre y apellido, hay que solucionar el problema de la justicia, porque todavía nuestra justicia, no toda, porque generalizar es malo, no sólo retarda, sino que en el propio retardo de investigaciones genera acciones que permiten que escondiéndose en un falso garantismo, los delincuentes entren por una puerta y salgan por la otra. El aplauso que siguió a la frase, y la mueca de Scioli, que como siempre será, esa cara de póker, quedarán en el anecdotario de Néstor Kirchner.

En el encuentro nadie esperaba que Kirchner hablara de la inseguridad en la principal provincia del país y menos que cuestionara a Scioli así en público. El jefe del PJ lo desafió en público, al comienzo y al final del discurso en el galpón de La Boca, después de criticar también a la Justicia, a las fuerzas policiales y a los medios. Estamos cansados de que no nos digan la verdad o que la digan a medias, le dijo al gobernador, ante legisladores e intendentes que se miraban atónitos, y con inocultable sorpresa. Desde el Gobierno, además, admitían que quieren forzar al gobernador a que explique, expresamente, quién le ató las manos. Por su parte el jefe de gabinete Aníbal Fernández minimizo los dichos, y explico que el ex presidente Néstor Kirchner no le apuntó a Scioli cuando le pidió que diga quién le ata las manos, ya que según su visión, siempre muy amplia y acertada a él, le parece que es bueno que las cosas se hablen, y agrego que cuando escucho el planteo de las manos atadas lo llamo a Scioli en ese mismo momento para ver qué quería decir, e indicarle además que es momento de ser contundentes, si hay responsables hay que darlos a conocer con todas las letras.

El juez federal

Tal y como reza el dicho del saber popular, “El que mucho abarca, poco aprieta”, y esto es en parte lo que sucede con el juez federal Norberto Oyarbide. Nótese que digo: “en parte” ya que este particular personaje de la justicia Argentina tiene su cargo varias causas de singular relevancia y muchas de las cuales se encuentran relacionadas directamente con la vida política nacional. El magistrado quien con excusas ridículas, e inadmisibles trata de evadir y esconder no sólo su ineptitud sino que también, una realidad aun más complicada; su subordinación al poder político. Sus reclamos o excusas son de hace meses atrás, es decir las demoras que vienen dándose en todas las causas que tiene a su cargo, no son producto de lo expuesto anteriormente sino que, todo tiene que ver según parece, con los problemas sin solución que sufre el juzgado a su cargo. Por ejemplo, ha pedido que le den más espacio, pero no se lo dieron, y sus empleados no tienen dónde apoyar los expedientes. Aparentemente también de vez en cuando tiene que convocar a un médico para atenderlos por el polvo y las alergias que provoca tanta acumulación de cajas y documentos. Sin duda entonces, el magistrado no es culpable y menos merecedor de sanción alguna, es decir si consideramos los reclamos realizados y olvidamos la realidad que implica estar subordinado al poder del matrimonio presidencial.

Entre otras, el juez federal Norberto Oyarbide, está a cargo de la causa por la mafia de los medicamentos, y acaba de conseguir un nuevo llamado de atención de parte de la Cámara Federal que le reclamó avanzar en indagatorias a funcionarios públicos para determinar, también, las responsabilidades que le caben en esta investigación. Al excarcelar a Gabriel Brito, un empresario vinculado a las droguerías que aportó 310.000 pesos a la campaña electoral de Cristina Kirchner en 2007, los camaristas Horacio Cattani, Martín Irurzun y Eduardo Farah le recordaron a Oyarbide, con énfasis, que ya el 14 de abril último le habían advertido que investigara al ex superintendente de Salud Héctor Capacciolli, recaudador de esa campaña, junto con Sebastián Gramajo y Hernán Diez, recolectores de fondos y funcionarios; el primero en la Anses y el segundo como director de la Lotería Nacional. En su escrito, los camaristas son lapidarios, sostienen que es poco es lo que se ha avanzado en la causa y buscan imprimir a la investigación un impulso compatible con su finalidad. En este marco, instan al magistrado a profundizar los vínculos entre Capacciolli y Lorenzo pero también de Diez y Enrique Dratman, esposo de la diputada Diana Conti y hombre vinculado al negocio de la salud. De modo que para ellos es imperioso escuchar a los responsables de las áreas públicas encargadas de la adquisición de los productos y la obtención de elementos que permitan analizar la forma en que se ejecutó el presupuesto destinado a los reintegros en el Ministerio de Salud, apuntan los jueces.

Sus jefes ya habían señalado al magistrado que profundizara el aspecto financiero de esta causa, que en la convicción de los camaristas se trata de un caso de fraude económico, donde colateralmente se puso en juego la salud pública. Por eso le mandaron a Oyarbide investigar a las cooperativas de crédito donde se cambiaban cheques, supuestamente producto de los manejos ilícitos. Particularmente los manejos financieros del empresario detenido Néstor Lorenzo, dueño de la droguería San Javier. En especial, señalaron los jueces, la necesidad de hacer un estudio para determinar el volumen diario de operaciones de la Cooperativa Vernet, el listado de las operaciones de crédito de San Javier y el destino de los fondos. Los camaristas saben que el caso es complicado y voluminoso, pero le dijeron al juez que esto no puede convertirse en un salvoconducto automático para evitar que avance. Oyarbide sabe que está en la mira de sus superiores. Además, la otra sala de la Cámara Federal, integrada por Eduardo Freiler, Eduardo Farah y Jorge Ballestero, también lo había apurado para que avanzara con el caso Skanska (referido a las coimas en el Senado), y hace unos meses recibió otra advertencia de la Cámara Federal por sus inadecuadas declaraciones públicas. Es importante finalmente entender que no importa cuánto quieran apurar al juez Oyarbide, nadie logrará que las causas a su cargo avancen más allá de lo que sus verdaderos jefes, Néstor y Cristina le ordenen.

Idas y venidas en la ley de medios

La historia es larga y aun no ha terminado, pero aquí tratare de resumir como se fueron dando los hechos. La ley de medios audiovisuales, que pretende introducir fuertes cambios en el mercado de las empresas del sector, fue sancionada en octubre de 2009 y a partir de ese momento, cuatro jueces y dos cámaras federales dictaron distintas medidas cautelares. La articulación de la norma 26.522, también conocida como Ley de Medios, fue oficializada mediante del decreto 1225/2010 , firmado por la presidente y el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández. El decreto faculta a la AFSCA, que aún no fue completamente constituida porque la oposición no designó a sus representantes, a dictar las normas complementarias y aclaratorias de la reglamentación que se aprueba por el presente decreto. En junio último la Corte Suprema había revocado una de las medidas cautelares que paralizaban la aplicación de la ley de medios. Sin embargo, la norma siguió suspendida porque otros cuatro fallos seguían, y siguen vigentes. En aquel fallo, el máximo tribunal dejó expresamente en claro que la sentencia no se pronunciaba sobre la validez o inconstitucionalidad de la ley 26.522, sino sobre la falta de atribuciones de un legislador, Enrique Thomas del Peronismo Federal, para cuestionar una ley del Congreso y sobre la falta de autoridad de los jueces para paralizar la aplicación de toda una ley. Thomas afirmaba que los diputados kirchneristas habrían incurrido en irregularidades durante la sanción de la norma.

Entonces la jueza federal de Mendoza Olga Pura Arrabal dictó una medida cautelar y la Cámara Federal de ese distrito la confirmó. Frente a esa situación, el Gobierno presentó un recurso extraordinario, y el tribunal se expidió con una celeridad poco usual en la Justicia por la presión y los reclamos del Poder Ejecutivo para que la Justicia restableciera rápidamente la vigencia de la ley. Tras la reglamentación de la Ley de Medios por parte del Ejecutivo, el titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), Gabriel Mariotto, ratificó que las empresas del sector que superaran la cantidad de licencias permitidas tendrían un año para ajustarse a derecho, y dijo que luego se vería lo que decidiera la Corte, pero la corte no lo favoreció. La reglamentación de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual generó repercusiones inmediatas, y muchos constitucionalistas coincidían en que se puede sólo reglamentar aquello que no está suspendido, pero de ninguna manera los artículos que están suspendidos por decisión judicial, y que la presente reglamentación correspondía parcialmente, y sólo para aquello que refería a los artículos no suspendidos. En relación con los objetados judicialmente, todo avance del Ejecutivo sobre decisiones del Poder Judicial, implicaba desobediencia a ese poder y un avasallamiento de principios de la separación de poderes. Si se obligara a que se cumpla con esos artículos se trataría de una medida inconstitucional, ilegítima y contraria a derecho.

Posteriormente y sin importarle lo actuado por la justicia y las medidas que la suspendían, el Gobierno reglamentó la Ley, sancionada por el Congreso Nacional el 10 de octubre de 2009, y fue formalizado mediante la publicación en el Boletín Oficial de la resolución 297/2010, que lleva la firma de Gabriel Mariotto, titular de la AFSCA y de esta forma comenzó a regir. Y aquí Mariotto, explicó lo inexplicable argumentando que esta reglamentación permitía la aplicación de la totalidad de los artículos de la ley. El artículo 161 que está cuestionado en la Justicia y pesa sobre él una medida cautelar presentada por empresas periodistas dice: Establéese que el plazo no mayor a un año, que comenzará a regir a partir del día siguiente de la publicación de la presente resolución, y dispone la medida que consta de tres artículos y un anexo que detalla qué deben hacer los medios que tengan más licencias de las permitidas. Las opciones son, la adecuación voluntaria, donde los titulares de las empresas que no cumplan con los requisitos podrán iniciar el trámite de adecuación mediante declaración jurada, a través de la cual propongan la regularización de su situación, la adecuación por transferencias, que podrá ser voluntaria en caso de que el titular de la empresa presente una propuesta con un potencial adquiriente de alguna de sus licencias y que la misma sea autorizada por la AFSCA. En caso de no encontrar en un plazo de 180 días un potencial comprador o si el mismo resultara rechazado, inmediatamente se podrá autorizar al organismo para que oferte públicamente las licencias o bien realice un concurso de precios y condiciones de adquisición. En caso de que los titulares de las licencias no dieran cumplimiento a las disposiciones de la ley, se dispondrá la transferencia de oficio. Respecto del texto de la ley, el mismo suma regulaciones sobre los contenidos que podrán difundir los canales de TV y las radios, y añade medidas que afectarán no sólo a los grandes grupos, cuyas licencias quedan expuestas a ser transferidas de oficio por el Poder Ejecutivo, sino que también expone a los propietarios de pequeños medios a una mayor injerencia estatal, profundizando el control oficial sobre los medios de comunicación privados.

La asignación universal

El decreto que puso en vigencia a fines de 2009 la asignación por hijo establecía como condición que los chicos de más de 5 años deberían asistir a escuelas públicas, otro requisito por ejemplo era que se debía cumplir con los planes de vacunación obligatoria. Sobre estas bases, se fijó inicialmente una asignación mensual de $180 por chico, de los cuales el 80% o $144 se pagaban en el mes y el 20% o $36 restantes se acumulaban en una cuenta a ser cobrada contra la presentación del certificado escolar y de salud. Desde principio del mes pasado, la asignación se subió a $220 mensuales. Para registrar la asistencia escolar y demás requisitos, la ANSeS empezó a entregar a cada familia una Libreta especial que debía ser cumplimentada por la escuela, y luego vuelta a entregar a la ANSeS para verificar el cumplimiento de los requisitos. Así, si la escuela certificante de la escolaridad del año era de gestión privada, el chico dejaría de seguir cobrando la asignación y por ello no se reintegraría el 20% retenido. Entonces, en una medida que solo desato polémica, y provocó protestas en todo el interior del país, el Gobierno había decidido dejar de pagar la asignación universal por hijo a unos 300.000 niños de familias de bajos recursos por que asisten a escuelas privadas, o gratuitas o con pequeños aranceles.

Los padres se enteraron que habían sido dados de baja sin ninguna fundamentación oficial, y ahí comenzaron los reclamos. El gobernador José Alperovich de Tucumán, entre otros inició gestiones de inmediato para que se reviera la decisión. Las mismas también se llevaron adelante en las provincias de Santa Fe y Entre Ríos. Pero la circular GAFyD N° 79/10 del 27 de agosto de la Administración Nacional de Seguridad Social era clara, y fijaba que se suspendería el pago de la Asignación Universal Mensual y no se liquidaría el 20% acumulado a todo niño, niña y/o adolescente cuya Libreta se encontrara registrada en este Organismo bajo un número denominado CUE, Código Único de Establecimiento correspondiente aquellos Establecimientos Educativos de Gestión Privada. Según la Gerencia de Asuntos Jurídicos de la ANSeS, el decreto original de Cristina Kirchner era claro e inequívoco en que no correspondía pagar la asignación si los chicos asistían a escuelas privadas, aunque estuvieran becados o pagasen una cuota baja porque pertenecen a familias de bajos ingresos. Tras las fuertes movilizaciones de familias que dejaron de cobrar la asignación por hijo porque ellos asisten a escuelas privadas, a las que se sumaron reclamos de varios Gobernadores y la avalancha de protestas de la Iglesia, de la Defensoría del Pueblo y otras organizaciones sociales, entonces, el Gobierno tuvo que dar marcha atrás con la medida.

Ante la amplitud que iban adquiriendo las protestas y los llamados de Gobernadores, la Presidenta Cristina Kirchner llamó a Diego Bossio para que reviera la medida, no sin antes recibir un duro reproche presidencial. Fue entonces que desde el Gobierno confirmaron que la presidente Cristina de Kirchner instruyó a la ANSeS para que la Asignación Universal por Hijo a los alumnos que asisten a escuelas privadas continúe hasta fin de año y resaltaron que se estaba realizando un exhaustivo estudio. Además, se aclaro que las denuncias respecto de la cantidad de damnificados no se trataba de 300 mil sino que se que solo eran 42.124 niños los enmarcados en esta situación. Por su parte, el director ejecutivo de la ANSeS Diego Bossio admitió que ante la compleja situación que no permite aportar certeza sobre estos casos, la Presidenta de la Nación había decidido prorrogar el pago hasta que se pudiera analizar de forma fehaciente y pormenorizada cada caso en particular. Sin embargo la realidad de los hechos no tiene nada que ver con una compleja situación, o con falta de certeza de los datos. Si consideramos que el código único de establecimiento determinada claramente quiénes eran los que asistían a escuelas privadas, aún, bajos aranceles queda claro que no existía error alguno o falta de certeza de los datos, la Presidenta reprendió al titular de la Anses y dio marcha atrás con la decisión tomada porque semejante error sin duda, podría haber llevado al gobierno a una derrota política más que importante.

Aníbal Fernandez

Las peleas, los cruces de acusaciones, y los agravios por Papel Prensa parecen no tener fin. Nuevamente y erigido en vocero oficial el jefe de Gabinete Aníbal Fernández volvió a salir en defensa del gobierno para detractar al ex fiscal del Juicio a las Juntas, Julio César Strassera, al que acusó de maltratar a los detenidos durante el proceso de reorganización nacional, y como es habitual, sus dichos al respecto no fueron muy felices que digamos. Se refirió al ex fiscal como alguien que hoy intenta ser tan bueno como “el abuelito de Heidi”. Criticó también al hijo de Tato Bores, Alejandro Borensztein, por haber cuestionado al flamante kirchnerista Osvaldo Papaleo por censurar a su padre cuando era funcionario de Isabel Perón. Según Fernández, Strassera pasó a ser buen personaje con el juicio a las juntas militares, pero en el Proceso tuvo gestos horribles de un maltrato a los detenidos. Así Aníbal Fernández sigue sumando perlas en su rosario, el jefe de Gabinete de Ministros acusó al ex fiscal Julio Strassera, de haber maltratado a Lidia Papaleo durante su detención en la dictadura. Según Fernández, Lidia Papaleo dice de Strassera menos bonito cualquier cosa, y agrego que la aparición de estos personajes despreciables que se ocupaban de maltratar a los detenidos y ahora quieren resultar ser buenitos, no, yo no le creo a este señor, que venga a contarnos la verdad de la milanesa, disparó Fernández.

Precisamente antes de las acusaciones de Fernández, habitual caballito de batalla del kirchnerismo, Strassera había desmentido que hayan existido presiones para comprar Papel Prensa durante la dictadura, tal como lo señaló la viuda de David Graiver, Lidia Papaleo, y su hermano Osvaldo. Al tiempo que acusó al Gobierno de utilizar los derechos humanos para inventarle causas a sus enemigos políticos. El ex fiscal dijo haber hablado mucho con Lidia Papaleo, y que esta jamás había dicho siquiera una palabra respecto de Papel Prensa en ese momento. Recordó además, que Isidoro Graiver salió a defenderlos y dijo que vendió las acciones con total libertad, mencionando a su vez que la única presión que tenía Lidia Papaleo, provenía del lado de Montoneros. Aníbal F. también se ocupó de defender a Osvaldo Papaleo en su disputa con Alejandro Borensztein, quien había escrito una columna en el diario Clarín asegurando que el ex funcionario de Isabel Perón censuró a su padre y hasta tenía vínculos con la Triple A. Entonces para contradecir al hijo de Tato, a quien el mismo Osvaldo Papaleo llamó "columnista de Magnetto" en una dura réplica que difundió Fernández comparó a Borensztein con el de Elisa Carrió, por su accionar en cuanto a realizar falsas denuncias. Y agrego que Borensztein es parte de lo que llamo, Clarín dependientes, aquellos que por temor dicen amén a cada cosa que Héctor Magnetto indica.

Por su parte Papaleo había asegurado en su carta abierta "al hijo de Tato", que nunca fue alfil de López Rega, ni de nadie, y que al ideador de la Triple A no lo conoció ni lo trató jamás. Sin embargo, Papaleo se había sincerado con anterioridad en un acto kirchnerista en el que dijo públicamente que no hablaría mal de López Rega, dando muestra de que sin duda había tenido trato, y conocía al famoso personaje. Allí también llamó "borracho" e "hijo de puta" a Strassera; "gil de cuarta" al juez del juicio a las Juntas Ricardo Gil Lavedra, "pelotudos" a Alberto Fernández y Pino Solanas; y "miserable y canalla" a Elisa Carrió. Por otra parte Fernández, también se refirió a Graciela Fernández Meijide que había definido como “sospechosas” las denuncias de Lidia y Osvaldo Papaleo. No sé cuánto conoce o cuánto deja por conocer, no voy a opinar sobre lo que pueda decir Meijide apuntó Aníbal. Graciela Fernández Meijide, volvió a reforzar sus argumentos sobre las dudas que le generan las denuncias de Lidia Papaleo y defendió lo actuado por el fiscal Strassera. Meijide también menciono en favor del ex fiscal, que Strassera se había hecho cargo de las penurias de muchos ciudadanos. Aquí sin duda lo llamativo es que en más de 25 años, la señora Papaleo y su hermano, que seguramente fueron detenidos y torturados perversamente, no se animaron a denunciarlo. No se les puede creer mucho, y tampoco se entiende cómo un jefe de Gabinete puede creerles, conociendo la historia.

Abuso sin límites

La primera fue una denuncia por la contratación irregular en la compra de resmas de papel y artefactos de iluminación por unos $2.500.500. No contento con la denuncia mencionada, por cierto bastante poco posible de explicar, el ministro de Economía, Amado Boudou, ha sumado una nueva causa judicial en su contra junto el actual gerente general del Banco Central, Benigno Vélez, y otros funcionarios, que fueron denunciados penalmente por la compra de automóviles en forma directa, esto es, sin llamar a una licitación pública, como debe hacerse en cualquiera de los dos casos. No se trata de comprar, un vehículo para uso personal o en el primer caso comprar artefactos de iluminación y papel para la impresora de su casa, y menos considerando semejante cifra. El juez federal Sergio Torres libró tres órdenes de allanamientos para el Ministerio de Economía, la concesionaria Guido Guidi y la automotriz Ford, en el marco de la causa donde se investigan las irregularidades en la compra de 19 coches de alta gama, en diciembre de 2009. En la denuncia se deja constancia de la compra a través de de la resolución 347 firmada por el entonces secretario Legal y Técnico de la cartera de Hacienda, Benigno Vélez, por $2.301.227 millones, operación que se cerró en $2.131.400 para satisfacer necesidades operativas.

Los autos adquiridos fueron tres Volkswagen Passat, tres Vento y 13 Bora, de las líneas Trendline, Advance y Exclusive. Para cualquier tipo de adquisiciones por montos superiores a los $300.000 se debe llamar a licitación pública que, en estas ocasiónes, fueron evitadas. Boudou decidió saltear esa regla para los autos y llevó adelante la compra luego de que la concesionaria Guido Guidi hiciera una subasta privada de los autos buscados. El fiscal que intervino en la causa, Federico Delgado, cuando impulsó la investigación e imputó al ministro y a Vélez, pidió que funcionarios de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) establezcan si se justificaban las razones de urgencia por las que no se efectuó una licitación pública y, además, si el valor de los autos se ajustaba al precio de mercado. En principio, los autos iban a ser para los ministerios de Economía, Planificación, Industria y Agricultura. La SIGEN no estaba contemplada entre los que iban a recibir los autos. Pero días después de haber intervenido por orden de la fiscalía, y a pedido del Ministerio de Economía en el trámite de la compra, uno de esos autos fue a parar a manos de quien encabeza la SIGEN, Daniel Reposo, en una maniobra más que clara.

Esto es, una vez que la SIGEN brindó los precios testigo para que se hiciera la compra, uno de los flamantes y lujosos autos pasó a formar parte de uno de los organismos que debe controlar la transparencia del Ejecutivo. Reposo pidió a Economía un auto en comodato. La Sindicatura había pedido el auto debido a la imposibilidad de cubrir con el único automóvil utilitario de propiedad de la SIGEN la totalidad de las necesidades que actualmente demanda el desempeño de funciones de este organismo. El ministro de economía le dio entonces en comodato a la SIGEN un auto de lujo, un VW Passat 2.0 FSI Exclusive Tiptronic. Por supuesto desde el ministerio debieron aclarar, que ese auto ya había sido devuelto por la SIGEN. El juez señaló la incoherencia de que el Ministerio de Economía haya alegado motivos de urgencia para la compra directa de los vehículos, doce de los cuales se entregaron al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, a cargo de Julián Domínguez para ser usados por funcionarios de dicho Ministerio. Mientras jubilados, docentes y trabajadores en general sufren cotidianas carencias, el despilfarro de dinero del patrimonio nacional parece no tener límites, y el juez señalo que de corroborarse la evidencia presentada en las dos causas, estamos frente a la figura penal de asociación ilícita, y malversación de fondos públicos, en la cartera de Hacienda.

Una sola palabra, indignante

Punta Delgado, Río Negro, allí se encuentra emplazada Alcalis, la misma se presenta como la única planta productora de carbonato de sodio de América del Sur. Comenzó a producir en 2005, sumida en deudas y un año después, ingresó al universo de empresas del grupo Indalo. El frío no sólo ha provocado cortes de gas, ahora también genera demandas multimillonarias contra el Estado por las pérdidas causadas. Y lo curioso de esta historia es que la primera no la presentó una liga de consumidores o un empresario crítico del Gobierno, no, la radicó nada más y nada menos que el magnate patagónico del juego y del petróleo Cristóbal López. Es decir, a las ventajas empresarias que tiene por su llegada directa a la Casa Rosada, el zar del juego y nuevo operador fuerte del negocio petrolero Cristóbal López ha sumado otro raro beneficio otorgado por la Justicia. Cristóbal López se convirtió en el primer gran empresario que demanda al Gobierno nacional por la crisis energética y por otra parte lo demandara en relación con el incidente de la turbina, que provocó que se rompieran todos los sistemas del control de la planta, por ello planean otra demanda más grande que llegaría a los $100 millones. Alcalis de la Patagonia, la principal productora de carbonato de sodio de América del Sur, que forma parte de su holding empresario, está transitoriamente exenta de pagar los dos últimos aumentos tarifarios de gas que dispuso el Gobierno para el repago de obras y la importación de combustible.

Alcalis de la Patagonia SAIC c/ Estado Nacional s/ daños y perjuicios por corte de suministro de gas. Año 2007, es el resumen de su ofensiva, según consta en el balance contable 2009 de la compañía. El monto reclamado, $43,5 millones, una suma que podría crecer de manera exponencial en cuestión de meses. Por una medida cautelar, la compañía que controla López dejó de pagar el cargo tarifario correspondiente al Fideicomiso II que el ministro de Planificación, Julio De Vido impuso a todas las industrias para la ampliar los gasoductos. En tanto, otro amparo le permite no abonar el cargo adicional que creó el Gobierno para cubrir las importaciones de gas natural de Bolivia y de GNL por barco. El balance detalla que el empresario inició su reclamo en 2008, con el expediente administrativo 326499/2008. Solicitó una indemnización por daños y perjuicios provocados en la maquinaria y lucro cesante. Pero no le fue bien. No nos dieron ni bola, resumió uno de sus colaboradores. Quizá porque para el gobierno de Cristina Kirchner no hay una "crisis energética", algo que desmiente de manera tajante. La falta de respuesta oficial entonces, llevó a López y sus colaboradores a abrir varias sendas. Por un lado, mantienen el reclamo administrativo. Pero también acudieron a la Justicia con al menos tres amparos, contra el Estado y la distribuidora Camuzzi.

En su primer amparo ante la jueza federal de Viedma, Mirta Filipuzzi, López pidió una medida cautelar para impedir que Camuzzi redujera el suministro por debajo de los 220.000 metros cúbicos diarios a la planta, a lo cual hizo lugar el juez con una medida cautelar. Para eso, se apoyó en un peritaje que fijó en esa cifra el volumen mínimo técnico para mantener operativa la maquinaria. En su segundo amparo, Alcalis reclamó por $850.000 mensuales, desde enero de 2007 a la fecha. La Justicia también le otorgó una medida cautelar. Esta vez, les ordenó a Camuzzi, al Ministerio de Planificación Federal, que dirige Julio De Vido, y al Fideicomiso II que se abstuvieran de perseguir el cobro del cargo adicional que se impone a todas las industrias para las obras de ampliación de Transporte Gas del Sur, por confiscatorio. En su tercer amparo, López fue más lejos. Pidió que Alcalis quedara exenta del cargo autorizado por De Vido mediante otro fondo fiduciario para cubrir las importaciones de gas natural. Esta vez, estimó el monto en $600.000 más IVA por mes. Y así llegó a su tercera medida cautelar. Mientras siguen de cerca el avance de las causas iniciadas contra el Estado, los ejecutivos de Cristóbal López no descartan la presentación de nuevas demandas por las restricciones de gas que afrontaron en 2009 y en lo que va de este año.

Facultades delegadas

No iba a ser un día más para el Congreso el 24 de agosto pasado, para muchos legisladores a partir de este vencimiento se abriría un vacío legal sobre la validez de las normas tomadas por el Ejecutivo con el uso de dichas facultades. Pero para muchos otros, en cambio, sería un día más, en el que nada cambiaría, y hasta ahora no se han equivocado. Vencieron finalmente las famosas facultades delegadas, y tal como su nombre lo indica, son leyes, más de mil que delegan potestades al Poder Ejecutivo. A partir de ahora el Poder Ejecutivo, cuando puede erigirse en legislador sin serlo, deberá ir al Parlamento. Por más que el Gobierno, o cualquier analista se dedique a decir lo que piensa, la realidad es que la Constitución de 1994 estableció restricciones en torno a la delegación de facultades y a las potestades legislativas del Ejecutivo. Desde 1999, se fueron prorrogando en bloque todas las leyes que tenían facultades delegadas en el Ejecutivo. Ahora, aquellas leyes que delegaban en el Poder Ejecutivo actividades que le son propias al Poder Legislativo ya no tienen más delegación. La titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, Graciela Camaño, fue la encargada de confirmar la caducidad de las Facultades y anunció que, ahora, el Gobierno deberá acudir al Parlamento para avanzar en materia legislativa. Aún es incierto el accionar del Congreso, los referentes de los bloques opositores en la materia se han reunido para analizar las alternativas. Si bien sin prórroga las facultades vuelven automáticamente al Poder Legislativo, algunos sectores de la oposición están pensando en impulsar un proyecto de ley que ratifique expresamente la caducidad de las leyes delegantes.

Además una parte del grupo de asesores de los diputados opositores comenzó a estudiar 434 leyes. De todas ellas, seleccionaron 34 que resaltaron como relevantes.
Aún no se logró consenso en el Congreso. Graciela Camaño, plantea que debe estudiarse cada ley en particular, para ver cómo actualizarlas. Otros, como el GEN, consideran que hay algunas que deben ser prorrogadas por ser cruciales para la gestión, mientras el Congreso se toma un año para analizarlas. Entre los juristas aún no hay un criterio único en torno a lo que podría suceder. Por ejemplo, en relación a las retenciones, para los abogados constitucionalistas, caduca la delegación, pero no las decisiones tomadas con las facultades, porque son derechos adquiridos. Y si la oposición quiere modificar algo tiene que hacer una ley nueva. En cambio, para algunos otros juristas, junto a las facultades delegadas van a caer las decisiones tomadas por el Gobierno. Es decir, que sin nuevas leyes podrían desmoronarse, por ejemplo, las retenciones. El jefe del bloque oficialista en la Cámara de Diputados, Agustín Rossi explico que el Gobierno mandará un proyecto de ley cada vez que sea necesario. En caso de que la oposición no quiera otorgarle ciertas facultades, tendrá que ser el Parlamento el que se reúna rápidamente para resolver la cuestión sensible. Las lentitudes, lo engorroso del trámite administrativo, los perjuicios que pudieran existir serán responsabilidad del Congreso. Además, reconoció que esperarán a ver posibles soluciones por parte de los partidos opositores.

Football para todos

A un año ya, se ha cumplido el primer aniversario del acuerdo que el Poder Ejecutivo selló con la entidad madre del fútbol argentino arrebatándole al Grupo Clarín el negocio por cierto monopólico, y esto no puede ponerse en duda, de las transmisiones de los partidos de primera división. Aquel día la jefa del Estado había apelado a un paralelismo hasta el momento inédito, inexplicable, y para muchos muy doloroso, sin importar de qué lado lucharon. En su discurso la mandataria se arrogo el derecho de comparar aquella exclusividad en la transmisión de los goles con las personas secuestradas durante el proceso de reorganización nacional. Así entonces dijo, "no quiero que se secuestren más los goles", el Estado no quiere ganancias, explicaba la Presidenta, y de hecho no las tuvo ni las tendrá. Ahora, por su parte, el dirigente más nefasto que ha conocido el football argentino, el presidente de la AFA, desde hace algo más de tres décadas Julio Grondona decía, que Dios había sido generoso con él y le había dado todo lo que se puede esperar de la vida y aparte, un profundo amor por el football. Aparentemente lo que Dios no le dio fue nada más y nada menos, que la hombría de bien. Ese fue un día histórico, había nacido un nuevo orden dentro del fooball argentino. De esa manera se anunciaba oficialmente que la AFA rompía su contrato con Torneos y Competencias, es decir que el gobierno expropiaba los derechos de la televisación, para dejarlos en manos del Estado.

Tan contundente y lapidario como aquellas palabras pronunciadas por la Presidenta fue el informe que presentaron, en el primer aniversario de la estatización de los partidos, algunos senadores de la oposición en el que se denuncia que el Football para Todos ha generado pérdidas por $960 millones. La acusación que recae sobre el Poder Ejecutivo y el presidente de la AFA, Julio Grondona, intenta demostrar que ambos, han sacado réditos personales a partir del contrato firmado hace un año. La denuncia intenta demostrar que el football para Todos en parte es para garantizar los negocios de Julio Grondona y la campaña de Néstor y Cristina Kirchner. Además del radical Morales, presentaron la denuncia los senadores Ernesto Sanz, presidente del Comité Nacional de la UCR; Alfredo Martínez, y Mario Cimadevilla. Nada quedó librado al azar, en la presentación y con el auxilio de imágenes reproducidas por un proyector, Morales aseguró que entre los torneos Apertura 2009 y Clausura 2010 el Poder Ejecutivo gastó $973,9 millones, cuando que durante el anuncio oficial, se habló solamente de un contrato que sería por $600 millones anuales, mientras que en concepto de publicidad de terceros, es decir, no oficial, sólo recaudó $6,6 millones. El jefe del bloque radical contrapuso estas cifras con las declaraciones de Aníbal Fernández ante el Senado, cuando dijo que la idea del contrato era no pagar un solo centavo, sino ganar por encima del monto comprometido.

A un año del contrato entre el gobierno y la AFA, no podemos negar que estamos de acuerdo con que es correcto que la pasión más grande de todos pueda disfrutarse gratuitamente, pero no con la plata del pueblo argentino. El problema es la falta del ingreso principal que es la venta de publicidad a terceros, y que junto a muchos otros negocios vinculados, hacen del football un negocio muy rentable, en cualquier lugar del mundo menos en argentina. En el apertura 2009, apenas se recaudaron $4.236.583 de publicidad de terceros, es decir un 12% del total de ingreso. El restante 88% lo puso el Estado a través de pauta oficial. En el clausura 2010: se recaudaron $2.447.908 de privados, un 9%, y lo restante fue publicidad oficial. El tema es algo más que preocupante porque no se conocen a ciencia cierta las condiciones en que se sigue con este contrato, y este será seguramente un tema de debate a la luz del nuevo presupuesto nacional 2011. Además de solo generar perdidas para el Estado, el football para Todos ha significado la apropiación del principal deporte nacional como pantalla propagandística de un gobierno que sólo piensa en cómo llegar a más gente para hacer campaña. Y Don Julio se ha transformado en un puntero más pero de lujo del ex presidente, un puntero que miente en forma deliberada y descarada, cuando dice que las transmisiones del football no se pagan con el dinero del pueblo argentino.

El caso Echegaray

Ricardo Echegaray presidió la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (Oncca), entre abril y diciembre de 2008 y después se hizo cargo de la AFIP, desde ese mes hasta octubre de 2009, la Oncca estuvo dirigida por un hombre de máxima confianza de Echegaray, Emilio Eyras, que renunció cuando estalló el caso de las compensaciones irregulares. Hoy jaqueado tanto por la oposición como por la justicia, involucrado en una causa más, en su contra el titular de la administración federal de ingresos públicos debería ser la próxima cabeza que ruede, así como lo han hecho la de la ex ministra economía, la ex ministra de salud, el ex secretario de transporte, el ex Presidente del banco central, y tantos otros funcionarios corruptos de la administración Kirchner. La investigación judicial y parlamentaria involucra al propio Echegaray, a través de la empresa Hacienda Argentina, que habría cobrado $1.200.000 en compensaciones. Recientemente, la Oficina Anticorrupción confirmó en un informe la relación existente entre esta empresa y la esposa de Echegaray, Silvina Oviedo. Diputados entonces de los cinco principales bloques opositores del Congreso le enviaron una carta documento a la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner para que eche de una vez por todas al titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, imputado por serias irregularidades en el otorgamiento de subsidios a feed lots durante su paso por la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA).

En la misiva que lleva la firma de Juan Carlos Morán (Coalición Cívica), Christian Gibaudo (PRO), Enrique Thomas (peronismo federal), Virginia Linares (GEN) y Carlos Ulrich (UCR), los legisladores, en representación de sus bloques, instan a que la Presidenta le pida la renuncia a Echagaray y en caso de que éste se niegue a hacerlo, ponga en funcionamiento el mecanismo establecido en el Decreto y requiera de inmediato la remoción del imputado, conforme lo establece el artículo 7 del decreto 1399/01, que crea una comisión a tales fines. Constituirá justa causa de remoción el mal desempeño en el cargo, que deberá ser resuelta previo dictámen de una comisión integrada por el Procurador del Tesoro de la Nación, que la presidirá, el Secretario Legal y Técnico de la PRESIDENCIA DE LA NACION y el Síndico General de la Nación, reza el artículo. Es decir, hoy el futuro y la suerte de Echegaray, en ese sentido, quedaría librado al análisis que hagan el procurador Joaquín Da Rocha, el secretario Carlos Zannini y el síndico Daniel Reposo. Lo más probable, será que considerando quienes deben integrar la comisión para remover al funcionario nada suceda. De todos modos la última palabra la tendrá sin duda, la justicia.

Existe una preocupación al respecto, y por consiguiente un reclamo de los legisladores. Este tiene que ver con el hecho de que la causa judicial, que se lleva adelante en el Juzgado Federal N° 2, requiere para avanzar de la colaboración de la AFIP. Se han pedido informes a la AFIP sobre la situación patrimonial de Ricardo Echegaray y otros ex funcionarios estrechamente vinculados con él, por lo que se genera una incompatibilidad manifiesta, ya que estando Echegaray a cargo la información jamás llegara a manos del juez. Otra razón para pedir la salida de Echegaray es que se recibieron denuncias desde dentro de la ONCCA, respecto de la desaparición de pruebas relacionadas con la investigación de las oficinas del organismo. El expediente original del feedlot Hacienda Argentina habría desaparecido, y se teme que sigan perdiéndose pruebas. Por otra parte, los diputados ampliaron la denuncia judicial que investiga al organismo. En este marco, los querellantes pidieron que se indague la posible participación de Fernando Villaverde, Oscar Piovanni, Bernardo Calcagno y Marcelo Utge (funcionarios de la Oncca), de Delfina Muñoz (madre de Piovanni), el abogado Héctor Calabrese y el contador Claudio Tayar en la creación de sociedades fantasma para cobrar subsidios de la Oncca. Casualmente también, Emilio Eyras ex titular de la Oncca está imputado en la causa judicial.

La eterna promsa

La oposición todavía no había empezado a festejar la aprobación del 82% móvil del salario mínimo para las jubilaciones, y tampoco el que de esa manera volvía a hacerse fuerte en Diputados ya que lograba dar media sanción al proyecto que fija el piso de las jubilaciones respecto del salario mínimo de los trabajadores en actividad. Lo había hecho tras un extenso debate, que incluyó duras críticas a la presidenta Cristina Kirchner y luego de 12 horas y media de debate se había impuesto en la Cámara baja y lograba dar media sanción al proyecto de ley, en una votación que terminó con 135 votos a favor, contra 88 del oficialismo. De inmediato el oficialismo salió a bajarle la espuma a la celebración, y fue a través del jefe de Gabinete, sino de quien otro más que del nuevo vocero oficial, Aníbal Fernández, quien advirtió que si hubiera que llegar al veto, se vetaría para proteger y cuidar los fondos de la Nación. Además, su amplia experiencia en materia legislativa y económica, lo llevo a considerar que es de imposible cumplimiento la iniciativa que aprobó la Cámara de Diputados. Inclusive no sólo Aníbal Fernández, fue quien realizó comentarios de este tenor sino que la Presidenta Cristina Kirchner también había advertido, claro que de forma más apocalíptica, que si la ley se aprobaba en tres meses la Argentina se encaminaba directo al default.

Textualmente la jefa de estado expresó que; si se aprobaran los proyectos que presentan los bloques opositores en tres meses entramos en default. En un acto en la Casa Rosada para anunciar la asistencia financiera a provincias, la Presidenta exigió a los opositores, haciendo referencia al proyecto con media sanción en la cámara baja que expliquen de una vez cuál es el modelo de país que quieren, ya que sería bueno que produjeran ingresos de ideas y proyectos sustentables, viables, que no alteraran el superávit fiscal. Lo cierto es que la presidenta Cristina Kirchner en parte, y sólo en parte tiene razón, los proyectos de la oposición respecto de la eliminación de las retenciones a las exportaciones agropecuarias y del aumento de las jubilaciones no van la mano. Lo que no significa, que el país caiga en default en un plazo no mayor a tres meses. Implementar el 82% móvil le significará al estado alrededor de $30.000 por año, pero sumados a esto eliminar el total de las retenciones verdaderamente puede llegar a complicar las cuentas del estado. Entonces Cristina condenó el proyecto del 82% móvil de las jubilaciones mínimas que se aprobó en la Cámara de Diputados y aclaro que el Gobierno intentará bloquearlo en el Senado para no llegar a la instancia del veto presidencial, opción que obviamente no descarta.

De acuerdo al proyecto, el haber jubilatorio mínimo pasaría de $1.046 a $1.427, en línea con el salario mínimo de los trabajadores en actividad. También se modificaría el índice de actualización semestral y se incrementarían las jubilaciones que habían quedado congelados entre 1991 y 1995, y entre 2002 y 2006, de acuerdo con lo dispuesto por la Corte Suprema en el caso Badaro. Ahora debe ser tratado por el Senado, donde se aguarda una áspera discusión.
Pero más allá de haber logrado el quórum para abrir el debate, la oposición mostró diferencias a la hora de proponer el financiamiento. El Peronismo Federal, el PRO y la Coalición Cívica apuntaron al Fondo de Garantía de Sustentabilidad y el superávit de la ANSeS. Por su parte, proyecto Sur, el socialismo y el GEN, en tanto, propusieron la restitución de los valores históricos de los aportes patronales. Entonces y como no podía ser de otra manera, fue que Aníbal Fernández expreso estar convencido de que en el Senado habría más racionalidad y se podría detener el proyecto sin ningún inconveniente y si eso no sucedía, en pos de proteger y cuidar los fondos de la Nación y el dinero de los trabajadores para poder cumplir y garantizarle a los jubilados que cobren, se llegara al veto presidencial.

De usos y costumbres

Junto con el ministro de planificación federal Julio De Vido, son sin duda los dos hombres más poderosos de la administración Kirchner, Aníbal Fernández ha mantenido durante siete años casi la misma postura. Hombre duro, y de palabra fuerte no calla ni aun cuando la situación lo amerita. Esta característica particular del jefe de gabinete se ha magnificado con los años y hoy se encuentra fuera de control. Últimamente se ha erigido como vocero oficial y defensor de todas y cada una de las acciones del gobierno nacional. En una de sus últimas intervenciones el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, criticó fuertemente a varios dirigentes de la oposición, Fernández, en su estilo de perfil alto y verborrágico, emprendió contra todos, el ex presidente Eduardo Duhalde, el vicepresidente Cobos, la líder de la coalición cívica Elisa Carrió, el senador por la provincia de Santa Fe Carlos Reutemann, el jefe del gobierno porteño Mauricio Macri, y por último fue durísimo con el ex gobernador de la provincia de buenos aires Felipe Solá, Aníbal Fernández no tiene reparos a la hora de defender a uno de los funcionarios más cuestionados de la gestión kirchnerista como Guillermo Moreno al decir que se trata de un funcionario que hace lo que le dicen. Según su particular visión, esgrime como defensa que no hay que olvidarse nunca que los secretarios de Estado aquí y en cualquier país del mundo hacen lo que dice el presidente. El funcionario por otra parte califica a sus jefes, Néstor y Cristina Kirchner, como cuadros políticos de excepción.

En las declaraciones respecto de cada uno de los mencionados, dijo, por empezar, que tiene afecto personal por Duhalde y que lo acompañó honrado en su gestión, pero advirtió que ahora lo ve haciendo papelones y le da mucha pena. Pero lo peor de sus criticas fue para Cobos y Solá, ya que del vicepresidente dijo que es un traidor, en tanto que sobre el ex gobernador bonaerense afirmó que considera que se ha beneficiado con su presencia en el peronismo con mucha suerte y que ha pagado como pagan los traidores, que es con traición, alguien por el que tengo cero respeto como dirigente político; no lo respeto como persona, y no lo respeté como gobernador. Con relación a Carrió, Fernández aseguró que se trata de una dirigente que en algún momento brilló, pero ahora el grado de desquicio que tiene a la hora de presentar políticas la exhibe como una mujer sin sensatez y sin seriedad. Con relación al senador y ex gobernador de Santa Fe Carlos Reutemann, el jefe de Gabinete acotó que es un corredor de autos, no más que eso. Sobre Macri sostuvo que es un dirigente de la oposición que creyó ser más de lo que era; la gente ha comenzado a darse cuenta de lo que realmente es. Por otra parte, y como nota de humor, Aníbal Fernández no ahorra palabras de autoelogio, dice ser un cuadro de la política del peronismo que pone todo lo que tiene para colaborar a su proyecto político sin aspiraciones personales. Fernández no tiene límites para su lengua y para agredir a aquel que piensa distinto. Sus dichos hablan a las claras de cuál es el nivel del Jefe de Gabinete. La violencia verbal trae violencia a la campaña política, y los hechos más aun, no hay que olvidarse que por ejemplo Aníbal Fernández fue uno de los responsables de haber mandado un patrullero a la jueza María José Sarmiento cuando esta tenía a cargo la causa por el uso de las reservas del Banco Central para el pago de vencimientos de la deuda externa.

Obras, anuncios, críticas y leyes

Lanzado en campaña presidencial, el matrimonio Kirchner no para de realizar actos, para inaugurar obras públicas de todo tipo, autopistas, escuelas, hospitales, etc. Que en rigor de verdad sólo quedarán en los anuncios y en la memoria de todos aquellos quienes acudieron a estos interminables discursos. Llegaran los primeros ladrillos y algunos cuantos metros cúbicos de arena, si pero ahí quedarán como testigos una vez más, de las mentiras de la clase política Argentina en tiempos de elecciones. Todo sólo como producto de una práctica orientada exclusivamente a conseguir un voto más para las próximas elecciones. Néstor y Cristina Kirchner estuvieron nuevamente en El Calafate, el lugar en el mundo de la Presidenta. El ex presidente la acompañó y Cristina encabezó la firma de un contrato para la construcción de un hospital para esa localidad y entregó más netbooks a alumnos secundarios de la zona, junto con el gobernador, Daniel Peralta. Durante aquel acto, la Presidenta elogió la gestión de su marido, como el secretario general de la Unasur, en el reencauzamiento de las relaciones entre Colombia y Venezuela, sólo olvido mencionar que luego de esa supuesta acción su marido falto dos veces a los compromisos de la Unasur. Aún así expresó su orgullo como compañera, como argentina y como militante.

Rodeada de montañas y lagos patagónicos, y atenta a lo ocurrido, Cristina defendió la protección de los hielos continentales. En la Cámara de Diputados se había dado la media sanción definitiva a la Ley Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares y Ambiente Periglaciar presentada por Miguel Bonasso. Durante esa jornada se aprobaron los artículos en particular que restaban tratarse desde la última sesión del 14 de julio, para que la ley pudiera continuar su camino a la Cámara de Senadores. El oficialismo había cuestionado esa iniciativa porque según ellos perjudicaría a las provincias y por lo tanto no acompañó el proyecto, aunque Bonasso selló un pacto con el senador Daniel Filmus, que proponía una ley similar.
Apremiada por la media sanción en diputados la presidenta Cristina Kirchner sin perder tiempo, aseguró a sólo 50 kilómetros del Parque Nacional Los Glaciares, que no iba a vetar la ley de glaciares y comentó que se había cansado de recorrer el país explicando lo que significaba el recurso del agua potable cuando era legisladora santacruceña. Pero nada dijo sobre la inicial negativa de los diputados kirchneristas a aceptar el proyecto.

Por otra parte, la Presidenta había vetado la ley anterior muy probablemente para defender los intereses de las empresas mineras que operan en la frontera. Y al respecto Cristina Kirchner explicó que su decisión se había basado en la imposibilidad que le había planteado la Cancillería de hacer un inventario de glaciares en una zona que aún no está demarcada, con relación a los Hielos Continentales, en la frontera con Chile. La presidente advirtió que el gobierno seguirá luchando contra los intereses concentrados que le quieren hacer callar la boca aunque no puedan. Son pocos pero poderosos y concentrados, dijo y aseguró que la batalla contra esos intereses no es económica sino cultural, en clara referencia a la oposición. Para Cristina, y en otro de sus desafortunados comentarios, muchos que hoy hablan decían que ella quería una guerra con Chile y lo único que hacía era defender un patrimonio, ni sabían lo que era un glaciar, agrego. La nueva norma prohíbe el desarrollo de la actividad productiva minera e hidrocarburífera en zonas de glaciares, periglaciares y suelos congelados.
Después del acto, el matrimonio presidencial se recluyo como siempre en la residencia que posee en la villa para descansar durante el fin de semana.

El Indec

El INDEC informó que la inflación de julio fue de apenas la mitad de la real, sin duda agosto será más de lo mismo, la mentira institucionalizada. Con una Intervención instrumentada por la Casa Rosada desde hace más de tres años, el INDEC viene siendo cuestionado por manipular las estadísticas, a tal punto que la mayoría de las decisiones empresarias de peso en la Argentina comenzaron a tomarse solo sobre la base de las proyecciones realizadas por consultoras privadas. Una vez más, el índice de inflación medido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) se ubicó entonces bastante por debajo de la realidad. En julio, según el polémico organismo oficial, los precios subieron un 0,8%, en tanto que en los primeros 7 meses del año se acumuló un aumento del valor de los bienes y servicios del 6,7%. Esas tasas no llegan a ser ni la mitad de las informadas por centros de estudios privados, que se toman en cuenta, por ejemplo, para las recomposiciones salariales.

De todas formas, el índice oficial admite que los precios más afectados por subas son los que afectan el consumo de las clases sociales más bajas. Así, la canasta básica de alimentos, que se utiliza para determinar el umbral de indigencia registró un aumento del 20,6% en los últimos 12 meses y la canasta de bienes y servicios básicos que establece la línea de la pobreza se encareció un 15,9%. Esos niveles de incremento se explicaron principalmente por las fuertes alzas registradas en los primeros meses de este año. Según el Indec, en julio, un matrimonio y dos hijos pequeños necesitó $539,64 de ingresos para no ser considerado pobre, en tanto que con una suma de al menos $1174,49 logró quedar al margen de la pobreza. El índice oficial de inflación general que hubo en el último año se multiplica casi por dos veces y media cuando se observan los resultados de mediciones de otras fuentes: según la consultora Ecolatina, el índice de julio fue del 1,7%, y el acumulado desde enero, del 15,6%, mientras que para Buenos Aires City las tasas fueron del 1,9 y del 15,5%, respectivamente.

Con los datos hasta junio, un informe reciente del IAE, de la Universidad Austral, señala que sólo en el primer semestre la inflación llegó al 12,7 por ciento. Estas estimaciones, rechazadas por el Gobierno, son, sin embargo, las que marcan el ritmo de las negociaciones colectivas, que determinaron para este año ajustes promedio del 27%, avalados oficialmente. Desde enero de 2007, el mes en que el Indec fue intervenido políticamente por el gobierno de Néstor Kirchner, la inflación acumulada fue del 31% en los informes oficiales y del 98% en las estimaciones de la consultora Buenos Aires City. Las alzas de esos meses, concentradas en productos básicos, provocaron una significativa pérdida de poder de compra de la asignación por hijo, que el Gobierno fijó en diciembre último en $180. A partir de septiembre próximo, ese monto pasará a $220. El ajuste no implicará en la práctica una mejora real, sino una compensación por la suba de los precios de los alimentos básicos.

Impunidad, es el nombre del juego

Los datos que a continuación se detallan, no son un invento; surgen de la información brindada por los funcionarios a la Oficina Anticorrupción (OA). Y según lo declarado por los 15 ministros más algunos de los secretarios de Estado, aparentemente solo tres de ellos poseen un patrimonio que supera el millón de dólares. El Ranking está conformado, en orden de mayor a menor y causa indignación solo leerlo. Por ejemplo y para comenzar, el ministro de salud Juan Manzur, sería el más rico de todos. En su última declaración dijo tener bienes por $5.057.489, con 24 propiedades, entre campos, terrenos, departamentos, una casa y locales, además de un Volkswagen Passat de 2007 y un cuatriciclo Honda. Bien de cerca lo secunda, Héctor Timerman, ex embajador en los Estados Unidos, cuya fortuna está repartida entre obras de arte, muebles y tres empresas, una constructora, una sociedad de vitivinicultura y una de servicios. Todas contratistas del estado. En el tercer puesto llega, Débora Giorgi que según lo declarado, cuenta con $2.278.738. En 2008 dijo tener $1.567.358. Declara, un departamento en Puerto Madero y otro en Punta del Este, un yate de $500.000, y un Mini Cooper. El siguiente concursante es Julio De Vido, quien declaró un patrimonio de $1.719.844, solo $336.690 más que cuando asumió, en 2003. Informa tener un departamento en Palermo, un Lada Niva de 2001 y una Toyota Hillux de 2006. Florencio Randazzo, ministro del Interior, pasó en dos años de $1.141.701 en 2008 a $1.657.811. Sus bienes destacados son casas y departamentos en Chivilcoy, Mar del Plata y La Plata, tiene acciones en la empresa Agrometal, en una constructora, en un salón de fiestas y en una heladería y confitería.

Julio Alak, el ministro de Justicia desde 2009, es el sexto en el ranking. Informa un patrimonio de $1.513.660, formado por una casa, terrenos y departamentos en La Plata, Gonnet y Mar del Plata, además de dinero en efectivo y una camioneta Honda 4x4de 2000. Carlos Tomada, titular del área de Trabajo, incrementó de sus bienes de $478.559 en 2003 a $1207.016 en 2009. Declara una casa en Palermo, y un departamento en Congreso, un Golf 2003 y tiene con la AFIP una deuda de $41.533. Aníbal Fernández, Jefe de ministros, llegó al gabinete con $703.488 y ahora jura tener bienes por $1.096.914. Informa casas y locales, un departamento situado en Villa Gessell. Pasó de dos Renault Clío en 2003 a un Peugeot 307 y un Volkswagen Passat, hoy. Carlos Zanini, inició su gestión con $437.943 y ahora declara $974.452. Conserva su casa de Río Gallegos y una empresa de venta de repuestos de autos. Declara además una Toyota Hillux 2007 y un Honda Civic 2006. El patrimonio del ministro de Economía asciende a $880.160. Compuesto por un departamento en Puerto Madero de $673.200, una Harley Davidson de $73.000 y un BMW de $91.600, un Audi A4 y, además, un Honda Civic del Sol de 1992. Tambien tiene una inmobiliaria en Mar del Plata. Nilda Garré es titular de un Registro de la Propiedad Automotor y un patrimonio inicial de $304.200. Ahora declara tener $789.182, una casa en Palermo, otra en Canning y un departamento en Pinamar, todos comprados antes de ser funcionaria. Un Renault Laguna 1996.

Enrique Meyer, el flamante ministro de Turismo, declaró en 2008 bienes por $725.331. Sus bienes son terrenos en El Calafate, donde el más chico de 2000 metros cuadrados, esta valuado en $2749, y el mayor de 8300 metros cuadrados, en $15.200. Tiene una casa de 980 metros cuadrados, en un barrio cerrado de Pilar, que le costó $460.000 en 2006. Julián Domínguez, el ministro de Agricultura, declaró en 2009 un patrimonio de $565.011. De Chacabuco, tiene allí su casa y una compañía de transporte de cargas. Oscar Parrilli, con $472.720 de patrimonio, no declara como se conforma el mismo. Icazuriaga saltó de $73.994 en 2003 a $435.262 en 2009. Sus bienes son su antigua propiedad en Río Gallegos y su departamento de 143 metros cuadrados. El ministro de Educación, Alberto Sileoni, declaró un patrimonio de $239.800. Tiene una casa en Marcos Paz y un departamento en Caballito. Conserva su Ford Galaxi 2001. Lino Barañao, ministro de Ciencia y Tecnología, había informado en 2007 bienes por $182.592 y en 2009, por $320.599. Tiene un departamento en Chacarita y un Ford Fiesta modelo 2005. Por último Alicia Kirchner declaro que su patrimonio disminuyó después de que se separó y su casa quedó a nombre de sus hijas. Creer que alguna de las declaraciones, tienen veracidad alguna es sencillamente imposible. Y la existencia de un organismo como la oficina anticorrupción, funcional a cada gobierno de turno constituye una burla a cualquier ciudadano pensante.

La famosa flotación administrada

El problema de la toma de estas decisiones está en que trasmiten un mensaje peligroso, y es que al Gobierno no le preocupa la inflación, con ellas el directorio del BCRA aumenta las expectativas de inflación porque garantiza que habrá más dinero en circulación. La decisión que anunció Marcó del Pont revela lo que pasa cuando se le pide al Banco Central que se ocupe de todo, menos de lo que se tiene que ocupar, que es cuidar el valor de la moneda. Palabras más, palabras menos, el Banco Central decidió blanquear que este año podría emitir $20.000 millones más de lo que tenía previsto. Con este significativo cambio, están convalidando la inflación, la circulación de dinero y los agregados monetarios se expandieron no sólo acompañando el crecimiento del PBI sino también el de la inflación. Sin embargo, la evolución del PBI es lo menos relevante en esta ecuación, porque en el primer semestre del año, el Central emitió pesos para comprar dólares, mientras que en la segunda mitad deberá imprimir billetes para transferirle al Tesoro las ganancias que obtuvo en el 2009. Entonces luego de algunas jornadas de respiro por la reacción cautelosa del escenario financiero global, el Banco Central (BCRA) debió volver a calzarse el over-all y salir a comprar dólares para evitar agregar más presión sobre la ya menguada competitividad del peso. Para cumplir con ese objetivo mantuvo estable el tipo de cambio, y finalmente se alzó con unos US$150 millones.

Corroborando que en el escenario actual usualmente se le hace imposible matar dos pájaros de un tiro, inyectó en el mercado de una sola vez poco más de $580 millones, y por esta vía ya llevaba emitidos en los últimos 15 días $910 millones, con lo que se complicó en su otro objetivo de cumplir con las metas previstas en el programa monetario 2010, según el compromiso público que había tomado al asumir su actual presidenta, Mercedes Marcó del Pont. Contrariamente a lo que ocurre el balance le sigue dando a favor, ya que el Central había retirado del mercado unos $2300 millones mediante la colocación de títulos de deuda en una subasta récord en la que vendió letras por un total de $3500 millones, que no hizo más que reflejar la elevada liquidez. Sin embargo, en el propio BCRA saben que el actual cuadro de desborde monetario puede y va a agravarse, dado que se han intensificado los pedidos a bancos y agentes cambiarios para que eviten pasarse a la ventanilla de vendedores, lo que lo obligaría a intensificar las compras y, paralelamente, a la emisión de pesos. Hay que tener presente que a la emisión monetaria resultante de la compra de divisas se agregó en esta segunda parte del año la emisión por los $3000 millones que mes a mes el BCRA le girará al Tesoro para financiarlo. En definitiva, son pesos que van al mercado por otra vía. Hasta el momento, el Banco contaba con el Gobierno como aliado a la hora de absorber los pesos excedentes en la economía, a través del ahora menguado superávit primario.

Parte de esos recursos servían para hacer cancelaciones de deuda, ya que el Tesoro compraba los dólares con pesos. Pero como este año, para pagar la deuda, el Gobierno tomó los dólares directamente del BCRA, lo que era una vía de contracción monetaria devino en otra de expansión y eso dio lugar a un modelo que alienta cada vez más nuevos estímulos inflacionarios. La clave pasará entonces, por la fuga de capitales. Pero en el Banco Central no creen que la fuga de capitales vaya a acentuarse en la segunda mitad del año. Por el contrario, prevén que se desacelere, tal como ocurrió en los últimos dos meses. Pese a eso, planean emitir $20.000 millones más, convencidos de que eso no generará inflación. Hace tiempo que la política monetaria no tiene la meta de frenar la inflación, los agregados monetarios están creciendo tanto como la inflación, en la autoridad monetaria no quisieron asumir el costo que implicaba cumplir con las metas, es decir no se animaron a subir los encajes o a aumentar el nivel de las tasas de interés de las Lebac o Nobac para sacar más pesos de circulación. En lugar de eso, en el Central aseguraron que prefirieron sincerarse y modificar las metas del Programa Monetario. La única vez que se modificó el Programa Monetario fue en el primer año de la gestión, de Alfonso Prat Gay pero claro, en aquel entonces el nivel de inflación que tenían era bajísimo, por eso aumentaron la emisión.

El gobierno y la inseguridad

Desde 2008, la creciente ola de inseguridad viene dejando víctima tras victima sin solución aparente en el corto plazo en la Argentina. En aquel momento, quien hoy reconoce finalmente que tal problema existe, había hecho públicas declaraciones en las que manifestaba que la inseguridad en nuestro país era sólo una sensación. Hoy el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, no desconoció los últimos hechos registrados en la Capital Federal y el Gran Buenos Aires, y para minimizar los efectos del accionar de un gobierno al que no le preocupa en absoluto solucionar los serios problemas de inseguridad que existen, los atribuyó, en parte, y según su pobre criterio para realizar análisis alguno; al accionar de jueces permisivos y aseguró que habrá que ajustar las clavijas para no dar oportunidad a que un preso tenga posibilidad de salir con tanta facilidad. Según el funcionario hemos vuelto a una situación óptima en cuanto a las condiciones para prevenir el delito, y destaco que en estos siete años de gobierno kirchnerista han puesto a la Policía al máximo nivel posible y han recuperado la misma cantidad de personal existente hace 20 años, dos afirmaciones estas últimas faltan absolutamente a la verdad. Ni la policía está en condiciones óptimas, ni el gobierno ha hecho nada de siete años para solucionarlo. Sin embargo y antes de recibir ningún tipo de crítica, el ministro aseguró como siempre en sus palabras que decir que la inseguridad está resuelta es una estupidez. Luego volviendo al modo recurrente, de hacer cargo a los demás de errores propios, el funcionario consideró un problema cuando los magistrados interpretan las cosas de una determinada manera y allanan el camino de quien delinque. Si hay jueces que son permisivos en ese marco, nosotros debiéramos ajustar las clavijas para no dar oportunidad a que un preso tenga posibilidad de salir con tanta facilidad, sostuvo el jefe de ministros nacional. Además, el jefe de Gabinete puso de relieve su preocupación a que se sobredimensione la situación de la inseguridad.

Y en sus dichos aseguro que lo más preocupante es que se genere o se sobredimensione una situación que hace a la gente tener una preocupación mayor. Estas barbaridades se sumaron a las formuladas por la presidente Cristina de Kirchner y su marido, el diputado Néstor Kirchner, quienes salieron en tándem a pronunciarse sobre el problema de la inseguridad, un tema evitan en sus discursos públicos, con fuertes críticas a la Justicia y promesas de inversión en la materia. Para Aníbal Fernández, el tema de la inseguridad no corresponde analizarlo aislado de una perspectiva global, pues según su visión muy malo sería sacar a la Argentina como si fuera una isla sino que se debe hacer un análisis real de lo que pasa en el mundo con este problema. Esta particular visión no resiste análisis alguno, debido a que cada país aborda el tema según sus necesidades. Por otra parte, negó que escuchar ahora voces oficiales como la del propio Néstor Kirchner sobre este tema, obedezcan a necesidades vinculadas al año electoral, el 2011. Para el ministro, de la inseguridad uno no puede dejar de hablar ya que para el gobierno es una tarea cotidiana, y ejemplificó que cuando el robo automotor era un hecho con muchas complicaciones, el tomo las fuerzas de seguridad en 2004 y las dio vuelta hasta lograr acabar con ese delito, y que hoy en lo que a homicidios refiere estamos en un nivel de las mejores condiciones mundiales. En medio de la conmoción generada por el caso de la mujer embarazada que perdió a su bebé durante una salidera bancaria, el matrimonio presidencial salió a reclamar que se cumplan las leyes penales vigentes y una vez más prometió mayor inversión para combatir el delito. La Presidente descartó la necesidad de endurecer las penas, al asegurar que si se cumplieran las leyes que están vigentes y los Códigos Penal y de Procedimiento, bastaría para tener una sociedad más segura. Néstor Kirchner dedica al tema varios minutos en sus discursos y asegura que este es uno de los "pilares" del Gobierno, al tiempo que criticó las excarcelaciones que ordena la Justicia y prometió "mucha inversión" para combatir el delito en los lugares más críticos del país.

El gran burlado

La familia Werthein había pedido la intervención de las autoridades competentes por considerar que con el ingreso de Telefónica de España a Telecom Italia y, por ende, a Telecom Argentina, la empresa tendría presencia en las dos mitades en que se dividió el control de la telefonía fija, lo que constituía una situación monopólica. Entonces y luego de arduas negociaciones, en un comunicado, el grupo italiano precisó que el acuerdo permitirá reforzar la sociedad actual y poner fin al pleito entre los socios. Los italianos, por su lado, venían haciéndose a la idea de que sería mejor seguir tolerando a los para ellos intolerables Werthein que convivir con los recomendados de la Casa Rosada. En Roma, entonces durante casi un mes y en el más estricto secreto, Gerardo Werthein, el ejecutivo de ese grupo empresario familiar, negoció en persona el acuerdo que permitió superar un largo y desgastante conflicto con Telecom Italia por el control de Telecom Argentina, una de las mayores empresas del país, con 15.000 empleados y una facturación que en el primer semestre de este año llegó a los $6717 millones. Desde 2008, Néstor Kirchner, venía impulsando la salida de los italianos de Telecom Argentina para permitir la llegada a esa compañía de empresarios allegados a sus intereses. El argumento esgrimido por el Gobierno para buscar la retirada de los italianos, ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, y presentado en persona por los ministros de Planificación, Julio De Vido, de Economía, Amado Boudou, y por el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno era el riesgo de monopolio en el mercado de telecomunicaciones.
Desde mediados de 2007, Telefónica de España, con una fuerte participación en Argentina, controla el 12% de Telecom Italia. Curiosamente, la empresa española logró mantenerse al margen de ese embate oficial, que incluyó una dura advertencia de De Vido de estatizar la compañía. Las sucesivas medidas adoptadas a instancias de Moreno fueron declaradas nulas por la Justicia y la mayoría de las causas, tras sucesivos fallos y apelaciones, llegaron ya a manos de la Corte Suprema.

La captura de la mitad de Telecom por parte de un grupo de empresarios ligados al Gobierno fue, después del ingreso de la familia Eskenazi en YPF, la operación más ambiciosa que imaginó Néstor Kirchner en el campo de los negocios. Esa operación, que concentró buena parte de la atención del esposo de la Presidenta en los últimos dos años, verificó un fracaso notorio, y definitivo. Durante casi todo ese lapso, la estrategia oficial consistió en aprovechar el conflicto de Telecom Italia con su socio argentino, la familia Werthein, para quedarse con la participación de los italianos en la empresa. Los sucesivos contratiempos judiciales hicieron que en Olivos cambiaran esa vía por esta otra, una alianza con Telecom Italia para quedarse, a través de allegados, con la parte de los Werthein. Kirchner, que es el gran derrotado de esta paz, fue al mismo tiempo su involuntario promotor. ¿Por qué?, sencillo, los Werthein advirtieron que el Gobierno ya no pretendía quedarse con el 50% de los italianos, sino con el de ellos. Los sucesivos fracasos judiciales de la embestida regulatoria oficial hicieron pensar a Kirchner que la expulsión de Telecom Italia era un sueño imposible. A partir de esa evidencia, cambió de plan, y de blanco. Ahora buscaría que un grupo de allegados liderado por Ernesto Gutiérrez y Cristóbal López se asociara a los italianos, comprándoles por US$ 480 millones su derecho sobre las acciones de los Werthein, a los que se indemnizaría por una suma muy inferior. Cuando confirmaron esa intención, los Werthein volaron a Roma. Kirchner condujo a los Werthein, sin querer, hasta esa conclusión, al enviar a Roma a sucesivos candidatos a socios que dejaban en claro, antes que nada, la pretensión de ingresar en la empresa sin poner una moneda. El caso más desopilante fue el de Matías Garfunkel, patrocinado ante los italianos por Julio De Vido. Garfunkel presentó en Italia avales bancarios falsificados por su ahora ex socio Raúl Moneta y por un par de amigos de Moneta ya célebres por su torpeza para las tareas de inteligencia.

Deserciones

Siempre es justo que se diga lo que está bien, y por ello no se puede negar que el matrimonio gobernante cumplió con lo prometido a la provincia de Formosa. De todas maneras, el matrimonio presidencial sólo hizo lo que corresponde al girar los fondos que le corresponden a la provincia según lo indica el régimen de coparticipación federal; ni más ni menos. Pero no obstante lo dicho, me parece que el mecanismo de voto automático altera el principio básico del federalismo ¿Entonces a qué se refiere todo esto? Poco tiempo atrás, otra más de las bancas oficialistas abandono su compromiso con el gobierno. La legisladora sostuvo que tiene serias diferencias con el Gobierno nacional, por lo que no es serio seguir en la bancada oficialista, evaluó también que si para el 24 de agosto el Congreso no reaccionaba, el pueblo no debería pagar más los viajes de los legisladores, en clara referencia a que ellos son nuestros representantes y nuestros impuestos pagan sus dietas. Para la senadora, en la Argentina se cayó el sistema de coparticipación, y por ello entre otros temas Bortolozzi dejó al bloque oficialista en el Senado con 31 integrantes, al terminar de confirmar su alejamiento del oficialismo. En horas de la tarde del 14 del corriente la legisladora formoseña que desde hace meses se mostraba en disidencia con el kirchnerismo abandono definitivamente el bloque K. El punto de quiebre entre Bortolozzi y el bloque oficialista fue el 14 de abril pasado, cuando pese a la orden del titular de la bancada Miguel Ángel Pichetto, se sentó en su lugar en el recinto dando quórum a la oposición y habilitó la sesión en la que se trató la coparticipación del Impuesto al Cheque.

Ese mismo día se trató el pliego para la designación de Mercedes Marcó del Pont al frente del Banco Central, en reemplazo del desplazado Martín Redrado. En aquella oportunidad Pichetto bajó furioso al recinto para hablar al oído de la formoseña. A él siguieron otros miembros del kirchnerismo. La senadora, inmutable en su banca, coronó con una frase aquel episodio, tengo miedo, y estoy sola. La oposición respaldó la postura de Bortolozzi cuando aún el titular del bloque K no se había terminado de retirar del lugar. Esta deserción la séptima que sufre el oficialismo en los últimos dos años no cambia la relación de fuerzas en la Cámara alta. De hecho, Bortolozzi era contada por la oposición en favor de los proyectos más irritantes para el Poder Ejecutivo, como el aumento de la jubilación mínima al 82% del salario mínimo vital y móvil y la normalización del Indec. Pichetto, en tanto, se mostró diplomático al referirse a la nueva deserción ya que muchas alternativas no tuvo. Lamento su salida, dijo el presidente del bloque kirchnerista, quien, no obstante, en el momento aseguró que en el futuro buscaría lograr consensos con Bortolozzi para que apoye los grandes temas que interesan al país. Sin embargo la verdad es otra, y la senadora no será consultada como afirmara Pichetto ya que para el oficialismo, la actitud de Bortolozzi responde a la interna del peronismo en Formosa, donde su esposo, Floro Bogado, actual vicegobernador, habría roto su alianza con el oficialista mandatario provincial, Gildo Insfrán.