El Canciller

“Hay que hacer todo lo necesario para evitar que se contamine el Río Uruguay”. Bien, en base a este comentario se suscitaron todas las declaraciones, y rectificaciones que surgieron más tarde. En la reunión mantenida a principios del corriente, no se logró generar una lectura pareja entre los representantes de la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú, ya que algunos salieron conformes y otros no, los últimos se llevaron algunas respuestas y muchas dudas. El ministro de Relaciones Exteriores, canciller Héctor Timerman, refiriéndose a sus dichos intento aclarar lo que ya era de público conocimiento. Yo nuca pude decir eso, sobre cerrar Botnia ¿Quién soy yo para cerrarla?, aclaraba el funcionario al tratar de desmentir la información trascendida. Y explicó que a los asambleístas no les prometió nada sino que les indicó que si se comprueba que contamina, se va a hacer todo lo necesario. El intendente de Gualeguychú, quien participó también de la reunión, informó sobre lo conversado y contribuyó a disipar las dudas con respecto a los dichos y a la posición oficial. Juan José Bahillo, ante la consulta sobre los supuestos dichos de Timerman de que si Botnia contamina cierra la fábrica, el intendente respondió que sí, que en varios momentos se habló de la contaminación, y que el canciller tomó siempre esa posición, si es ilegal, se cerrará. Pero mas allá de sus aclaraciones, lo cierto es que Timerman se puso cómodo y sin dudarlo aclaro que, la solución al conflicto por Botnia es simple si la fábrica contamina, se cierra.

Tras casi siete años de diferencias y un litigio internacional por la instalación de la pastera hoy, UPM y ex Botnia frente a las costas de Gualeguaychú, el ministro sostuvo que el acuerdo firmado entre la Argentina y Uruguay no se presta a dobles lecturas. Si la pasera UPM llega a contaminar, cierro la fábrica. Timerman, que confirmó ese intercambio pero minimizó sus efectos, puso en palabras simples uno de los aspectos más controvertidos del pacto sellado el 28 de julio por la presidenta Cristina Kirchner y su par uruguayo, José Mujica y es el límite de 12 inspecciones anuales a la fábrica por parte de la comisión de científicos que se encargará del monitoreo de la cuenca del río Uruguay. Y se explayo, ¿Usted cree que si Botnia o todas las fábricas sobre el río Uruguay, si yo me doy cuenta o si el presidente de la, Comisión Administradora del Río Uruguay se da cuenta de que están envenenando el agua, usted cree que voy a esperar un mes hasta la próxima inspección?, preguntó el canciller, y dio una primera respuesta. Voy a salir a anunciarlo públicamente, directamente saco una solicitada. Y por ultimo para despejar cualquier duda, el canciller comparó la situación de la pastera y la comisión científica binacional con la relación entre un médico y su paciente. Si el médico le dice al paciente que está muy mal, no le va a pedir que vuelva el mes siguiente, lo interna ahí, en el momento. Entonces fue que sentencio, no se va a cerrar porque sea uruguayo o sea argentino. Estamos a favor del medioambiente no en contra de Botnia, acá el problema es medioambiental, por eso creamos la comisión que va a estudiar todo el problema de contaminación en el río Uruguay. Ahora, depende la contaminación que haya, se tomarán medidas para remediarlo.

La reforma del Instituto

La oposición no se inmutó, sin perder tiempo, impuso su mayoría y aprobó el dictamen para normalizar el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), con el propósito de poner fin a tres años de intervención del Gobierno. Más allá de la manipulación y el falseamiento de los instrumentos de medición oficial, enumerar con precisión cuántas víctimas dejó a su paso la intervención del secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, en el organismo se volvió una tarea sumamente confusa. Todos los números son turbios en el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), entre desplazados, obligados a renunciar y despedidos directa o indirectamente hay más de 180 personas. El desmantelamiento fue tan violento como el rearmado de la estructura, y desde que comenzó la intervención, hace más de tres años, ingresaron en el Indec más de 600 personas, entre ellas quienes forman parte de la denominada "patota" de Moreno y, al menos, dos barrabravas del Club Nueva Chicago. El proyecto le podría infligir un duro golpe al Gobierno, ya que, de convertirse en ley, el Indec será un organismo autónomo e independiente del Poder Ejecutivo. La idea básicamente consiste en el cese automático de la intervención designar un director provisional por 90 días, y en reincorporar al personal despedido por la intervención siempre que fuere por causas sin justificación.

El proyecto, que tomó como base una iniciativa del ex diputado del PRO Luis Galvalisi, plantea que el nuevo organismo sea considerado una persona jurídica de derecho público independiente, con autonomía funcional y autarquía financiera del Gobierno nacional. También establece que la administración y conducción del instituto quede a cargo de un directorio integrado por cinco miembros, los que permanecerán cinco años en sus funciones y podrán ser reelectos por un nuevo período, previo al concurso público. La elección de los directivos deberá contar con el aval del Congreso, donde además se creará una Comisión Bicameral de Control y Seguimiento del Sistema Estadístico Nacional, que estará integrada por cinco senadores y cinco diputados. El oficialismo no se quedará quieto y advirtió que impugnará el dictamen opositor. Por varias razones, primero, porque la oposición impuso el dictamen en la Comisión de Comercio antes de discutir la presidencia de este cuerpo, que había quedado vacante y le correspondía al kirchnerismo, y segundo, porque no se abrió el debate, ya que los opositores se presentaron en la comisión con su dictamen ya cerrado. El líder de la bancada de la UCR aludió a la posibilidad de que, si la Cámara de Diputados lo aprueba y se convierta en ley, el proyecto sea vetado por Cristina Kirchner. Luego de más de cuatro horas de debate lograron aprobar el proyecto de reforma con 39 votos positivos contra 26 negativos. Le dieron así media sanción a la iniciativa que busca normalizar y darle autonomía al organismo. El proyecto también establece un cronograma de 150 días para la "normalización" del instituto y convoca a los trabajadores que hayan sido desplazados de su cargo entre el 31 de diciembre de 2006 y la fecha de promulgación de la ley, a fin de considerar su reincorporación.

Luego aparecieron grietas en el oficialismo, ya que se sumó a la oposición el voto del misionero Luis Viana y la única abstención fue del chubutense Marcelo Guinle, enfrentado en su provincia al gobernador Mario Das Neves. Así se concretó la mayor derrota kirchnerista en un debate del Senado. Tampoco estuvieron en el recinto Carlos Menem, el presidente provisional José Pampuro y el chaqueño Favio Biancalari. Es un proyecto responsable que repone calidad institucional, que le devuelve al país el índice de costo de vida, entre otros, como parámetro para las discusiones salariales. Sería importante que el Gobierno reflexione sobre este tema para poder recuperar confianza hacia adentro y hacia fuera. Por otra parte estos datos toman otro color si se encuadran en el Censo de Población 2010 que se realizará a fines de octubre de este año. Esa información, que costará más de $300 millones y moverá a 600.000 encuestadores por todo el país, servirá para armar la radiografía de la Argentina de los próximos diez años.

La crisis energética

Es casi el PBI completo de Bolivia en seis años, o más del doble de lo que se le debe al Club de París. Son aproximadamente unos US$ 15.000 millones para subsidiar la luz y el gas los que el Gobierno gastó desde el otoño de 2004, después de aplicar cortes rotativos de electricidad durante un mes a 31 plantas industriales. Fue entonces, que Néstor Kirchner entendió que la Argentina tenía serios problemas energéticos. De esta situación particular en la que vive Argentina, corresponde hacerse dos preguntas: ¿Unas 15 usinas como las dos que se construyeron en Campana y en Timbúes no hubieran sido una mejor alternativa? ¿Tal vez diez gasoductos del Nordeste, obra anunciada una decena de veces y nunca empezada que podría terminar para siempre con la escasez de fluido? La respuesta es inobjetable, pero mejor será hoy tener presentes estas cifras y estos ejemplos para cuando empiecen a llegar las facturas más caras tras la reducción de subsidios aplicada por la Casa Rosada. El tema hizo explotar al ministerio de Planificación, al igual que en noviembre de 2008, cuando se anunció la medida y se argumentó que sólo alcanzaba a esos que usan el gas para calefaccionar sus piletas, en aquel momento el ministro defendió el descongelamiento con el mismo énfasis que meses antes había usado para rechazarlo. Existen diferencias conceptuales entre los aumentos tarifarios que reclaman desde 2002 las corporaciones y la decisión gubernamental que impactará en las próximas facturas. La más elemental de todas, es que las alzas que pagarán los usuarios no irán a las empresas proveedoras de servicios públicos, sino al fondo que el Gobierno utiliza para financiar las importaciones de electricidad y combustibles líquidos más caros que los locales, operaciones cada vez más crecientes y derivadas de no haber incentivado la producción nacional. El kirchnerismo ha hecho, con la energía, una curiosa sustitución de exportaciones. Es decir que el cliente no estará pagando el producto que compra, sino por las consecuencias de una política que fracasó si es que se proponía incentivar el abastecimiento a través de la inversión.

Una especie de colecta para pagar un precio mayor y tener una producción de luz y gas cada vez más exigua. Cualquier distraído podría entender, que lo que hará el Gobierno no es otra cosa que reemplazar su esfuerzo económico por el de los consumidores de gas. Pero la verdad es que las cosas no son así, el dinero de los subsidios provenía ya de los bolsillos de esos contribuyentes. Por supuesto, hay quienes no estarán disgustados con el esquema de compras crecientes a Venezuela, Bolivia, Brasil, Paraguay o Trinidad y Tobago. Además de Hugo Chávez o Evo Morales, importadores argentinos de gas natural licuado como YPF o Diligentia SA, la nueva compañía energética de Roberto Dromi, el artífice jurídico de las privatizaciones de los 90, convertido ahora en empresario energético. Las vueltas de la vida no, "Yo estudié con sus libros", le dijo años atrás a Dromi Alessandra Minnicelli, la mujer de De Vido, Lali, como la conocen en el Gobierno, es ahora consejera jurídica de la presidenta Cristina Kirchner. Dromi, una eminencia del derecho administrativo, tiene clientes que espantarían a cualquier kirchnerista convencido, tiene dos grandes clientes, uno es el grupo Clarín y el otro es la Iglesia. En cuanto al cardenal Jorge Bergoglio, su contacto con Dromi es a través de la Universidad del Salvador el abogado es el director de la Escuela de Posgrado Ciudad Argentina (Epoca) de esa casa de estudios. Afinidades aparte, la caída de la inversión y la oferta tienen ya consecuencias importantes. Tal vez no tan escarmentadoras como el apagón del invierno de 2007, cuando la industria tuvo que someterse, durante 69 días seguidos, a cortes rotativos de electricidad durante ocho horas diarias. Ese mal trago sobrevoló la última discusión de la cúpula de la Unión Industrial Argentina (UIA) cuando uno de sus miembros argumentó que el Gobierno había hecho esta vez una elección exactamente opuesta a la de Raúl Alfonsín en la crisis del fin de su gestión. Esta gente eligió que el costo lo pagara la producción, no los hogares. Una vez más, el olfato no engaña a Kirchner. Conquistar al electorado de clase media puede llevar años. Para unos cuantos empresarios basta con un par de horas.

La clase dirigente Argentina

Cristina Kirchner se disponía a realizar una serie de anuncios, entre los que se encontraba una rebaja y eliminación de retenciones a las exportaciones de algunos productos agropecuarios, y lo haría mediante el instrumento de las compensaciones, resistido por casi todo el sector rural incluidos los productores pequeños y medianos a los que se destinarían las compensaciones, pero ni ellos ya se dejan seducir por este sistema de compensaciones que nunca se pagaron, como aquellas que se anunciaron para el trigo, entre otras, el año pasado. La otra parte del plan consistía en el anuncio de un aumento de todas las jubilaciones del 16,9%. Con estos anuncios, la Presidenta procuraba terminar el reclamo del campo, y restarle fuerza al reclamo de los jubilados, y también quitarle racionalidad a la ofensiva opositora. Todo estaba dirigido a anticiparse a la oposición y a desactivar su proyecto de ley que fijaría el 82% móvil para las jubilaciones mínimas y actualizaría todas las escalas jubilatorias. Hoy, si definitivamente se convirtiera en ley, en Senadores, la Anses debería elevar el gasto previsional en $30.000 millones de anuales. El objetivo de la Casa Rosada es debilitar la embestida de la oposición respecto de la disminución en las retenciones, ya que esto significaría una caída de ingresos fiscales, actualmente el Gobierno recauda por retenciones $33.000 millones promedio, por año. El análisis de esas medidas sólo fue en parte una estrategia oficial para frenar a la oposición y mantener el manejo de la caja del Tesoro Nacional. Desde la óptica del Gobierno, todo se trata de una batalla por los ingresos y los egresos, mediante la que se busca desfinanciar al Estado. La estrategia oficial era originalmente la de ganar tiempo usando todas su capacidad en el Senado para bloquear o dilatar leyes y que la oposición denuncie coimas y debata la estructura de ingresos y gastos en el presupuesto. Si esto fracasaba, el último recurso, será el veto de la Presidenta a la suba de jubilaciones y a la baja de retenciones.

El control de caja será clave para Kirchner hasta las elecciones presidenciales de 2011, en las que pretende regresar al poder, planea acelerar un plan de obras públicas; aumentar aún más las jubilaciones, los salarios y los planes sociales. Pero más cerca de las elecciones. El gobierno de Cristina Kirchner se preocupaba por el avance de la oposición en la sanción de proyectos de ley como el aumento de las jubilaciones y la reducción de retenciones. La Presidenta había señalado que le causaba fastidio que quienes provocaron una de las crisis más formidables del país se nieguen a instrumentar las medidas para solucionar los problemas que ellos provocaron, inclusive dijo que nunca, ni siquiera durante el gobierno de Néstor Kirchner, había visto una oposición tan virulenta, que quisiera dejar sin recursos al Estado. Pero el temor a que logren "desfinanciar" al Estado, como denunció la Casa Rosada, se disipó. Operadores del oficialismo aseguran que en el Senado "morirán todos esos proyectos" ¿Por qué?, porque parece que ahora la Casa Rosada considera que, según cada proyecto, podría operar sobre una decena de senadores ajenos, y dicen haber recibido señales de que ciertos sectores de la UCR y del peronismo disidente amagan con avanzar en esos proyectos en su discurso público, pero que no irán a fondo porque en 2011 podrían acceder al poder y creen que entonces se encontrarían con problemas de caja. Sin ir más lejos, en el conteo para diversas iniciativas, el Gobierno negoció y negociará votos, abstenciones o ausentismos con una gama de senadores peronistas no kirchneristas, Carlos Menem (La Rioja), Roxana Latorre (Santa Fe), Luis Viana (Misiones), Graciela Di Perna (Chubut), y Carlos Verna y María Igonet (La Pampa). Otros opositores, más o menos confiables para el Gobierno, son Samuel Cabanchik (Capital, ex Coalición Cívica), Josefina Meabe (Corrientes), María Rosa Díaz y José Carlos Martínez (ARI-Tierra del Fuego), y Horacio Lores (MPN- Neuquén). El Gobierno se entusiasma, además, para ciertas leyes con la colaboración voluntaria o no del jefe del bloque de la UCR, Gerardo Morales, y del presidente del radicalismo, Ernesto Sanz, como ocurrió en la aprobación del casamiento gay.

El oficialismo y la oposición

La oposición aunque todavía no muy bien organizada ha venido preparando una ofensiva a gran escala en el Congreso. Su intención es la de apurar en particular a una serie de dictámenes para doblarle la apuesta al Gobierno y demostrar que no cederá la iniciativa política en su hoy único bastión, que es el Parlamento, ahí donde el oficialismo se empecina en quitarle las ganas de cualquier iniciativa. Esta es, la única forma que encuentra el oficialismo para contrarrestar su falta de mayorías, en ambas cámaras. En definitiva, la oposición maneja la agenda parlamentaria, y está claro que hoy domina buena parte de la escena política. Si bien es cierto, que la oposición se hizo fuerte en el Congreso, y hasta tiene mayoría en todas las comisiones existentes, el Gobierno con mucho mérito propio es quien maneja los resortes estratégicos y los recursos de la administración, y con ellos ha procurado neutralizar cada ofensiva opositora, pero nada dura para siempre. Por ejemplo, en los últimos tres meses el gobierno anunció un programa de desendeudamiento de las provincias por medio del fondo de Aportes del Tesoro Nacional los famosos ATN, la suba del 20% del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias y, el último, un aumento del 16,9% en las jubilaciones. Y por ahora la oposición como todos sabemos lleva ganadas las dos primeras batallas, la primera respecto de la reforma del Instituto Nacional de Estadística y Censos y la segunda, respecto del 82% en las jubilaciones, en ambas ya obtuvo media sanción en diputados. El Gobierno se ve, y se verá forzado a adoptar medidas considerando que la oposición, en el Congreso, se encamina a la aprobación de una serie de iniciativas como las mencionadas. Pero la pelea no termina ahí muy por el contrario, los opositores, que aseguran que esos anuncios presidenciales se quedan como siempre a mitad de camino, van por más e insistirán temas como un nuevo esquema de reparto de los ATN, que incluya también a las provincias no endeudadas, que el Gobierno excluyó de su programa. Asimismo, insistió en una mayor suba del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias.

Todos estos temas se discutieron en la Comisión de Presupuesto, luego de que la oposición obligara al oficialismo, a fuerza de votos, a convocarla. El oficialismo no se amedrentara, y dará batalla. Su último recurso será el veto presidencial, si la oposición tiene éxito en su embestida parlamentaria. Acusa a sus rivales de pretender desestabilizar las arcas fiscales cuando el Gobierno, con sus anuncios, ya ofreció todo lo que podía dar, por lo que sostendrá que un eventual veto estará más que justificado. El veto presidencial, más que una derrota, será visto como un éxito para la oposición, convencida de que el Gobierno pagará un costo político por ello. Pero no todo es color de rosa en el camino opositor, el parlamento tiene por delante desafíos complicados, de difícil acuerdo, y que serán temas dominantes en el segundo semestre de este año. Dos de ellos serán predominantes: las facultades delegadas al Poder Ejecutivo que caducarán hoy, las retenciones al campo incluidas y el proyecto de presupuesto 2012, que ingresará en el Congreso a mediados de septiembre. Esas dos leyes definirán cuáles serán los límites de la oposición, hasta qué punto sería capaz de acorralar al Gobierno. ¿Qué sucedería si los opositores rechazaran el presupuesto o si dejaran al Poder Ejecutivo sin delegaciones legislativas esenciales para el normal desarrollo de la gestión? La oposición intuye la complejidad de lo que se viene. Pero, por ahora, se concentra en el aquí y el ahora: senadores y diputados opositores se han reunido para definir la agenda económica, ATN, jubilaciones, mínimo no imponible, como también una serie de iniciativas de índole institucional que quedaron pendientes antes del receso legislativo. En carpeta figura una nueva ley de acceso a la información y de publicidad oficial, la creación de tres comisiones investigadoras de la obra pública, exportaciones agropecuarias y deuda pública, la reestructuración del Indec y de la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (Oncca). Es así como se puede afirmar que esto no es una pelea por la agenda parlamentaria, es una verdadera pelea de poder.

El federalismo del matrimonio presidencial

No es nueva la práctica de favorecer con obras públicas a provincias y municipios cuyos gobernantes son aliados de la Casa Rosada, pero la reiteración de este manejo extorsivo de los fondos públicos resulta francamente inaceptable. En lo que va del año, Buenos Aires, Santiago del Estero, Tucumán, Santa Cruz y Chaco recibieron prácticamente el 60% de los fondos destinados para obras públicas en las provincias, $1868 millones, sobre un total de $3234 millones. El año pasado, cinco distritos se habían beneficiado con el 53% de los fondos, eran las mismas provincias, menos Santa Cruz, desplazada por Chubut en 2009. Pero en el corriente año, y confirmando el criterio político clientelar de las asignaciones, la provincia gobernada por Mario Das Neves, quien quiere enfrentar a Néstor Kirchner en las internas del justicialismo, descendió al 16° puesto del ranking de fondos recibidos. No es un hecho causal que Julio De Vido, el ministro más poderoso del gabinete y el más allegado a Néstor Kirchner, sea el responsable, como titular de la cartera de Planificación Federal, de llevar a la práctica una selectiva adjudicación de fondos, basada no en la necesidad y conveniencia de las provincias, sino en la lealtad de sus gobernadores con el gobierno central. El criterio político clientelar de las asignaciones vuelve a confirmarse si se repara en que los cinco distritos menos favorecidos, Neuquén, Tierra del Fuego, Corrientes, Catamarca y San Luis no tienen gobernadores proclives al kirchnerismo. Estas cinco provincias parias suman apenas 150 millones de pesos en partidas efectivamente pagadas, menos del 5% del total del gasto discriminado por provincias. Dentro de los programas del Ministerio de Planificación Federal, el de la Dirección Nacional de Vialidad otorgó a la provincia de Buenos Aires, gobernada por el oficialista Daniel Scioli, $711 millones. Le sigue Santa Cruz con 264 millones, también privilegiada en los niveles de ejecución, ya que en seis meses y medio usó el 82% de los fondos presupuestados para todo 2010 (321 millones).

En el extremo opuesto, y no sólo en lo geográfico, La Rioja sólo usó 18 millones de Vialidad de los 55 presupuestados (32 por ciento). En tiempos de Carlos Menem, La Rioja solía ser la provincia más beneficiada con todo tipo de recursos, incluidos los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). A su vez, los planes sociales son el puente de De Vido con las organizaciones piqueteras y barriales en todo el país. En el caso del programa de Fortalecimiento Comunitario del Hábitat, con un total de 452 millones de pesos presupuestados, no se gastó nada en Catamarca, Chubut, La Pampa y San Luis, pero sí 78 millones en Jujuy (aunque se habían presupuestado 39 millones para todo el año) y 48 millones en Tucumán (sobre 50 millones presupuestados). Kirchner siempre tuvo bien en claro la utilidad política del manejo de la caja para la compra de voluntades. Con un régimen de coparticipación federal inexistente, recursos que deberían estar en manos de las provincias se encuentran en las arcas de la Nación, y es el Poder Ejecutivo el que decide a qué provincia beneficiará, cuándo y con cuánto. Por supuesto, la contrapartida es el apoyo no sólo de los gobernadores, sino de los senadores nacionales por esas provincias cuando se trata de aprobar los proyectos de ley que impulsa el Gobierno. Mientras no se reforme el régimen de la coparticipación federal otra deuda que la clase política arrastra desde hace varios años muchos gobernadores seguirán cumpliendo el papel de tristes títeres, y muchos senadores, por dinero y una mal entendida lealtad, seguirán obligados a votar leyes sin tener en cuenta los legítimos intereses de las provincias que representan. Es decir, una burla de lo que significa el federalismo.

La presidenta del Banco Central

Ante sus más estrechos colaboradores empezó a admitir que el Banco Central debería hacer algo para frenar la ascendente inflación real que empezó a notarse con más fuerza en julio, y por supuesto no existen hasta ahora indicadores que muestren que nada pueda aminorar su marcha en lo que resta del año. Por otra parte, y más allá de los problemas respecto las internas políticas dentro de la institución, las alarmas en el Central comenzaron a sonar, cuando una de las variables indicativas aunque no la meta obligatoria a cumplir, del programa monetario, el llamado M2 “privado”, se desbordó, la suma del circulante en poder del público, más depósitos a la vista del sector privado creció casi 23% en términos interanuales. En otras palabras, hay demasiada plata dando vueltas, y su impacto sobre la tasa de inflación resulta imposible de ocultar. Sabido esto, Marcó del Pont intentó ensayar una solución, que por ahora le trajo solo problemas busco impulsar una suba de los encajes (el dinero que los bancos se ven obligados a inmovilizar a cambio de nada) para así “secar” la plaza de liquidez. La funcionaria intentó, literalmente, “enfriar” la economía, y desató la ira del matrimonio presidencial. Parece que sin notarlo Mercedes Marcó del Pont está navegando en aguas turbulentas. No hay mucho misterio, si se resta cantidad de dinero, subirá su precio, es decir, las tasas de interés. Y he ahí otra contradicción, ya que tanto el Gobierno como el Banco Central apuestan a que las tasas de interés bajas reactiven el crédito, pero lo que predomina, por ejemplo, es que no crecen los depósitos a plazo fijo, entonces por que alguien querría depositar plata que rinde menos que la inflación real.

Como sea, la mera insinuación de “enfriar” la economía fue la excusa que encontró la parte kirchnerista del directorio del Banco Central para frenar en seco a Marcó del Pont. En términos políticos, en tiempos de campaña presidencial, el kirchnerismo entiende solo una idea, cualquier cosa que busque desacelerar el crecimiento económico es mala palabra. Es más que claro que Marcó del Pont firmó su salida del Central con solo haber pensado en enfriar la economía. A su alrededor, hablan de que no son más que meras operaciones de las que abundarán de ahora en adelante. Todos quieren imponer candidatos, pero no hay nada dicho. Aquellos más cercanos a la titular del BCRA señalan que, en términos estrictamente monetarios, las metas obligatorias que trazó Martín Redrado antes de ser echado se están cumpliendo. Y explican, que si hay un crecimiento del circulante es porque se está acompañando el crecimiento de la economía, mentira, nada dicen de la emisión de moneda, generada por las compras de dólares para frenar la suba. Es cierto que el PBI crece más de lo planificado, un 3%, hoy vamos rumbo al 7%, y sí reconocen que la avalancha de dólares que está entrando al país por la cosecha de soja y los muy buenos precios a los que se vende, los está superando. No alcanza con esterilizar pesos emitiendo más Lebacs, por eso se impulsa una suba de los encajes que saque pesos del mercado, intentan explicar desde la presidencia del BCRA. A Marcó Del Pont, las directivas del Gobierno no le dejan mucho margen de acción, y por otra parte existen dos problemas que la funcionaria debe enfrentar; por un lado, el traspaso de las utilidades va a impulsar una suba mensual del 3% de la base monetaria, y así es inevitable que los precios sigan subiendo, y por otro; Marcó del Pont tiene un desafío del que difícilmente salga bien parada, solucionar el problema de la inflación sin provocar más enojo de los Kirchner.

El viejo mundo

Aun cuando de la mano de Alemania, los países de la zona euro están repuntando, en su seno todavía hay problemas sin solución. El índice de desempleo en España sigue trepando, al llegar a su peor cifra en 13 años aumentando al 20,09% finalizado el segundo trimestre del año, con un mercado laboral que refleja el sombrío panorama de la economía española en los últimos dos años. Aunque el desempleo trepó respecto del 20,05% de los tres primeros meses del año, el Instituto Nacional de Estadística informó que creció el número de las personas con trabajo. Sin embargo, la tasa general de desempleo subió a su nivel más elevado desde 1997 debido a un incremento considerable de la fuerza laboral. España dio en el primer trimestre sus primeros pasos para salir de la recesión con un avance del 0,1% en el PBI después de casi dos años de contracción económica, pero sin despejar los temores de los inversionistas, temerosos por el abultado déficit y la posibilidad de que el sector bancario necesite un rescate financiero como el de Grecia. La oficina estatal de estadísticas dijo en su informe que hay 4,6 millones de desempleados, es decir, al menos de medio millón más de parados respecto al mismo período del año pasado. El jefe del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, dijo que los presupuestos para el próximo año 2011 serán "restrictivos y austeros" con la intención de seguir reduciendo el déficit público del 11,2% en 2009, hasta llegar al 3% del PIB en 2013. Los presupuestos que se presentaran en septiembre serán necesariamente restrictivos y austeros, con una reducción media de gasto en los ministerios en torno al 15%.

Los compromisos establecidos para la reducción del déficit en nuestro país para llegar al 6% en 2011 y al 3% en 2013 se están cumpliendo, insistió mandatario Español. Pese al aumento en la tasa de desempleo, el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero aprecia señales de moderación en la destrucción de empleo. El aumento de la ocupación demuestra que la intensidad del ajuste económico se está estabilizando, dijo el secretario de Estado de Economía, José Manuel Campa. El número de personas que carecen actualmente de trabajo en España es el mayor desde que el INE comenzó a contabilizar el desempleo siguiendo el actual sistema hace nueve años. La situación es especialmente dramática en Andalucía y en las Islas Canarias, donde la tasa se acerca al 30 por ciento. En lo que refiere a la desocupación en el resto de la Eurozona, la tasa de desempleo se mantiene estable en los 16 países que la completan, en julio finalizado el primer semestre la cifra se mantuvo en el 10%, con 15,7 millones de personas inscriptas en las listas de paro, según informes de la oficina europea de estadísticas Eurostat. El índice ya se había colocado en el 10% en marzo y abril, un récord desde la creación de ese espacio monetario en 1999. En total, había en junio 15,77 millones de inscriptos en las listas de personas que buscaban trabajo en la Eurozona, 6000 personas más que en mayo. En la Unión Europea, la desocupación seguía afectando a 9,6% de la población activa, sin modificaciones respecto a mayo. Un total de 23,06 millones de personas se hallaban en el paro. La tasa de desempleo más alta fue la de España y la más baja se dio en Austria (3,9%). En Alemania y Francia, el índice se situó en 7% y 10%, respectivamente.

El 24 de agosto

En el marco de la pelea por los superpoderes, y las facultades delegadas el ministro del Interior avivo aún más el fuego cuando señaló erróneamente que los efectos jurídicos de las decisiones tomadas por las facultades delegadas no caducan. El titular de la cartera política, señaló que, sin dudas, habrá una discusión en torno a este tema que se va a dar en el Parlamento. En su confusión, Florencio Randazzo, entiende que lo que caduca el próximo 24 de agosto es la facultad del Poder Ejecutivo de fijar entre otras cosas las retenciones agropecuarias y aclaró que eso no implica que ese día caerán definitivamente las retenciones. Es por ese motivo, es decir, tan compenetrados esta con las retenciones al sector agropecuario que el ministro todavía no ha logrado entender, cuáles son las atribuciones que vencen el próximo 24 del corriente.
El gobierno de Cristina Kirchner comenzó su batalla para defender los recursos fiscales en contra de la embestida opositora por aumentar aún más las jubilaciones y disminuir las retenciones al agro. Los bloques opositores advirtieron, tras el anuncio de la suba de jubilaciones del 16,9% anunciada por la Presidenta, que avanzarán con la ley para fijar el 82% móvil de las jubilaciones. Es claro que implicaría un aumento de erogaciones para el Estado, pero de ninguna manera puede decirse que ello signifique desfinanciarlo. También adelantaron que no renovarán las facultades delegadas al Poder Ejecutivo que vencen el 24 de agosto, entre las cuales está la de fijar las retenciones al agro. Y luego reducirían por ley los derechos de exportación agropecuarios, lo que supone menores ingresos fiscales. Lo que está en juego entonces para el ejecutivo es la discusión por ingresos y egresos.

Por ese motivo, el jefe de gabinete Aníbal Fernández dijo que el vencimiento del plazo de la ley no afecta las relaciones jurídicas nacidas en consecuencia. Y agregó, que lo que se busca es maquillar de legalidad constitucional un intento de desfinanciación salvaje del fisco, a la par que claman por el inmediato pago de insostenibles jubilaciones luxemburguesas, bueno, de esto mejor sería ni opinar, o realizar comentario alguno ya que es perder el tiempo. Esta parte es más cómica y merece atención, ya que en sus declaraciones Randazzo pidió en nombre del Gobierno que hubiera seriedad y responsabilidad, porque según su visión, la Argentina está pasando un muy buen momento, no producto de la casualidad, no claro, seguramente producto de las políticas implementadas por el gobierno de Cristina Kirchner. Al ser consultado sobre si el Gobierno presentará un proyecto de prórroga, Randazzo dijo que se va a evaluar. Pero la mayoría opositora lo tornaría poco viable. Se especula que la Presidenta podría vetar tanto la ley que reduzca las retenciones como el 82% móvil para las jubilaciones, aunque con un fuerte costo político. Y como no podía ser menos, por su parte, el ministro de Economía, lanzó fuertes críticas contra la oposición y el Campo por impulsar un proyecto para eliminar las retenciones a la exportación de productos agropecuarios. Además, los acusó de alinearse con la Sociedad Rural, dando un espectáculo muy triste en el que genero un debate y dijo que si se recortan recursos debieran recortarse también ¿derogaciones?, y ahí habría que preguntarle a los congresistas de la oposición si quieren ¿bajar jubilaciones?, como se hizo en otro momento, o restringir el gasto en educación, en obra pública o si están pensando crear otro impuesto. El titular del Palacio de Hacienda, debería dedicarse a sus tareas y no a opinar sobre legislar que evidentemente es un tema que no maneja.

Acceso a la vivienda propia

Se está hablando de que la Anses subsidie una parte de la tasa de interés, y de que haya facilidades para darles liquidez, en caso de que sea necesario, a los bancos que extiendan los plazos de sus créditos. Por su parte, muchos de los banqueros, que participaron del acto por el 156° aniversario de la Bolsa de Comercio, admitieron que si hay créditos a tasa subsidiada para financiar el capital de trabajo de las pymes, perfectamente se puede armar algo similar para el otorgamiento de líneas de créditos hipotecarios. Pero consultados al respecto, diversos banqueros aseguraron no tener definiciones, aunque no descartaron que el Gobierno les informe de nuevos detalles al mismo tiempo en que decida anunciar una medida, tal como sucedió muchas otras veces en el pasado. Actualmente en la Argentina, el acceso a la vivienda a través de la toma de créditos hipotecarios para la clase media, no es sólo una misión imposible sino que es aparte una asignatura pendiente de la gestión kirchnerista, que en reiteradas oportunidades anuncio, e intentó luego atacar el problema con el, por dar un ejemplo, fugaz Plan Inquilinos que posteriormente buscó suplir la demanda con diversas líneas inalcanzables del Banco Nación. Ya hace algunos días, en su blog personal, el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, había anticipado la intención del Gobierno de avanzar en la creación de créditos hipotecarios para este segmento de la población. Hoy, tanto en la banca pública como en la privada, hay créditos hipotecarios a tasa fija y hasta 20 años de plazo, pero la realidad es que las tasas de interés siguen siendo tan altas que el costo financiero total de las hipotecas está en el orden del 20% anual.

Y por ello la mayoría de las líneas disponibles están acotadas a una clase media alta. Al menos, de acuerdo con resultado de un estudio básico realizado en varios bancos, respecto del sector Inmobiliario, con la oferta de crédito vigente para acceder a un departamento usado en la Capital Federal haría falta contar con ingresos del orden de los 13.000 pesos. El Gobierno está evaluando “aparentemente”, alternativas para lanzar una nueva línea de créditos hipotecarios para la clase media. Aunque sin dar detalles, así se lo hicieron saber a varios banqueros funcionarios de la administración Kirchner, en distintos contactos informales que vinieron manteniendo en los últimos días. Diego Bossio, director ejecutivo de la Anses, estaría de acuerdo en armar algo de estas características, es decir que la entidad que preside subsidie parte de las tasas. Por otra parte, la única línea hipotecaria más accesible, "Casa Propia", anunciada por el Banco Nación en abril de este año, en tanto, tiene un tope de financiación que, la hace atractiva casi exclusivamente para operaciones de compra de inmuebles en el interior del país donde suelen ser mucho más accesibles que en la Capital Federal y el Gran Buenos Aires. Por eso, la idea ahora sería lograr, con un subsidio de la Anses, bajar las tasas de interés y facilitarle el acceso a la vivienda a la clase media, y en particular, la clase media urbana, que en las últimas elecciones demostró no serle muy afín al kirchnerismo que, de hecho, perdió en casi todos los grandes centros urbanos del país. A un año de que el Gobierno vuelva a probar suerte en las urnas, bien vale la pena el esfuerzo, siempre y cuando no tengamos que pagar la intervención de la Anses con más impuestos.

Problemas en el Banco Central

No sólo continúan los desplazamientos de técnicos, sino que, existe una interna política que está repercutiendo en el funcionamiento habitual del banco. El 23 de septiembre vencen los mandatos de seis de los diez miembros del directorio del BCRA, incluyendo el de la propia presidenta, Mercedes Marcó del Pont, y la puja por asegurarse un espacio de poder dentro del banco está a la orden del día. Seis meses han pasado desde que Martín Redrado dejo el Banco Central (BCRA) y, sin embargo, la situación dentro de la autoridad monetaria está lejos de haberse solucionado. La conspiración vaga por los anchos pasillos del Banco Central y ya se han cobrado su primera víctima. El gerente de dictámenes de la Superintendencia de Entidades Financieras, Gabriel Del Mazo, fue separado de su cargo y confinado a un destino marginal. Se dijo que no había informado al Directorio de la existencia de un arbitraje en el CIADI, tema que, según la presidenta Mercedes Marcó del Pont, impedía el pago de la compensación por pesificación asimétrica que reclamaba el Scotiabank. Sin embargo, el verdadero motivo habría sido que la orden de resolver con celeridad esa cuestión provino del Gerente General Benigno Vélez, un íntimo amigo del ministro de Economía Amado Boudou, con quien Marcó del Pont mantiene un intenso conflicto por el comando de la entidad. Desde el ministerio, dicen que la relación con Boudou está en su mejor momento, no obstante, desde el BCRA, hablan de un serio conflicto. Marcó del Pont y Boudou se reunieron la semana pasada y hablaron sobre varios temas, como la transferencia a Economía de las utilidades del banco, unos $ 20.000 millones. Pese a que el vocero del BCRA negó terminantemente cualquier confrontación, diversas fuentes del banco destacan, por caso, que la relación de Marcó del Pont con Benigno Vélez es extremadamente tirante. Tanto, que para el manejo diario de la entidad, la economista prescinde del hombre de Boudou siempre que puede y, en su lugar, se vuelca a sus mujeres de confianza, Cecilia Todesca Bocco y Silvia Traverso.

Si bien la Carta Orgánica del BCRA establece que el presidente de la entidad puede nombrar y remover al gerente general sin necesidad de contar con la aprobación del directorio, por ahora, Marcó del Pont habría optado simplemente por aislar a Vélez de las decisiones del banco. Después de todo, en la cúpula del BCRA no quieren polémicas, más considerando que en septiembre se define la suerte de gran parte de sus miembros. Mientras tanto, en los primeros seis meses del año, el Banco Central ya emitió $27.000 millones. De ese total, $22.234 corresponden a pesos que la autoridad monetaria imprimió para comprar los dólares del superávit comercial, las divisas generadas, sobre todo, por las exportaciones del producto estrella del país, la soja. Ahora que se frenó la salida de capitales y que los exportadores están vendiendo gran cantidad de divisas, el Banco Central compra dólares, evita que el precio caiga y, de paso, acumula reservas. Desde comienzo de año las reservas aumentaron en US$ 2.857 millones. Esto sin contar los US$3.000 millones que el Gobierno usó para cancelar deuda con organismos multilaterales y con tenedores privados de bonos vía el Fondo de Desendeudamiento. En total, se trata de casi 6.000 millones de dólares que adquirió el Central desde que comenzó el 2010. Pero cada vez que el Central compra dólares, emite pesos. Y esa emisión, si ocurre en niveles demasiado altos, puede tener un impacto en la suba de los precios. Entre 2003 y 2008, el incremento de reservas fue un reflejo del abultado superávit comercial que había. Pero desde 2008, tras la pérdida del superávit fiscal, la totalidad de las reservas el Banco Central lo compra con inflación a un ritmo de US$ 4.000 millones por año, apoyado en el impuesto inflacionario de 1,2% del PBI.

Los problemas del sector energético, parte II

Julio De Vido afirmó que finalmente está asegurada la energía tanto de gas como de la luz para el sector residencial y el industrial, en respuesta a las quejas de los industriales por los cortes de suministro de gas. El ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, descartó que se vayan a producir cortes de energía y así como si nada hubiera ocurrido dijo muy alegremente que si no hubieron cortes hasta ahora, no iban a haber de ahora en adelante. El ministro fundamentó esta aseveración en que durante la segunda mitad de julio se produjo un récord de bajas temperaturas en todo el país incluso con nevadas en la mayoría de las provincias y según el no hubo problemas de suministro lo cual por supuesto es mentira. ¿Por qué es mentira?
Sólo a 35 kilómetros de la Capital Federal, en pleno Florencio Varela, hay poco gas natural. La famosa garrafa social de 10 kilos, cuyo precio oficial es de $16, se vende por arriba de $25. Los compradores ni chistan y pagan lo que les piden, hay que pasar el invierno. Aluar, Acindar, Siderar, Siderca y cuanto gran consumidor de gas o electricidad haya en el país reciben llamadas del Gobierno. ¿La orden? Consumir menos, en momentos en los que todos demandan al sistema energético. Por otro lado, pueden verse alrededor de 80 camiones por día que se turnan para descargar gasoil en la central térmica General Belgrano, en la zona de Campana. Van y vienen desde el puerto de Zárate, donde están los tanques de almacenamiento. No hay gas suficiente por los gasoductos que llegan a la central y hay que recurrir a combustibles alternativos. Así transcurren los días, sean de frío o de calor, en la Argentina, esa es la verdad y no la que plantea el ministro De Vido. La energía no alcanza para todos cuando la temperatura juega su rol, frio o calor. No hay manera de calefaccionar o refrigerar a más de 40 millones de argentinos juntos y, mientras tanto, hacer funcionar a la industria. O una cosa u otra. Y se han destinado miles de millones para atenuar la crisis. Los números son sorprendentes.

El 1° de enero de 2004, el Gobierno empezó a subsidiar la energía, desde aquel entonces se han gastado $53.744 millones. ¿Qué significa esta cifra? Que desde 2004, se gastan $254 por segundo; cada seis, se va un sueldo mínimo y cada 60, la billetera oficial destina $15.277 para que no se apaguen las bombitas y las hornallas. Las cifras, no son invento, están a la vista en los informes de ejecución presupuestaria que publica la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP), que a su vez, se elaboran con los datos que publica en Ministerio de Economía. Sólo para ilustrar bien valen algunas comparaciones, para afrontar el pago de la Asignación Universal por Hijo en un año, se necesitan, $8000 millones, el presupuesto del Ministerio de Educación para este año es de $15.612 millones, dos ejemplos que están muy lejos de los $53.744 millones que se fueron en subsidios desde 2004 ¿Qué ha sucedido para que la energía se convierta en un problema de esta magnitud? La respuesta es una palabra, exploración. Sin que se perforen nuevos pozos, sean de gas o de petróleo, no habrá nuevos descubrimientos. Y sin descubrimientos, jamás se podrán reponer las reservas que se consumen. Y si no hay reservas, no habrá energía. Entender por qué la Argentina no puede abastecer su demanda de energía en días de mucho calor o frío es sencillo, según los datos del Instituto Argentino de Energía General Mosconi, la inversión en exploración realizada en los últimos 30 años muestra una caída que no puede ser disimulada y que explica la situación en materia de reservas. En la década de 2000 se agotaron 484 pozos de exploración, menos de la mitad de los terminados en los 90, y con una disminución aún mayor respecto de los de la década del 80. Otra manera de medir la declinación energética, es por ejemplo, el dinero que se necesita para mantener el sistema. En 2004, los subsidios al sector fueron de $418 millones; en 2009, llegaron a $16.077 millones. ¿A qué se debe la diferencia?, a la necesidad de comprar combustibles y a la decisión del Gobierno de no aumentar las tarifas y hacerse cargo de la diferencia que existe entre lo que cuesta generar energía y lo que paga el usuario. Y lo que no pagamos como usuarios, lo pagamos en impuestos.

El primer semestre III

Hoy es uno de los más grandes problemas por resolver, ¿Puede haber reactivación económica con escasa creación de empleo? En países como Estados Unidos por ejemplo, el fenómeno ya tiene nombre propio, jobless recovery o recuperación sin empleo, pero veamos lo que pasa en argentina. Ya a partir del último trimestre de 2009, comenzó a notarse la reactivación que se reflejo en la mayoría de las variables, como por ejemplo un boom de consumo de bienes durables electrodomésticos, LCD, autos etc., existió un salto de las importaciones, repuntaron las exportaciones, aumento de la recaudación impositiva, y se vio hasta en la propia aceleración de la inflación. Tras una caída del producto de alrededor del 3% el año pasado lógicamente no registrada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, (Indec), en el primer semestre de 2010 la economía en argentina se expandió al 8 por ciento. Y el pronóstico oficial de crecimiento para todo el año ya fue revisado nuevamente al alza por el Ministerio de Economía y ahora se ubica en 7,3 por ciento. Sin embargo, hasta el momento, el empleo no reaccionó en igual proporción. Las estadísticas del régimen nacional de seguridad social ofrecen una fotografía detallada sobre la evolución del empleo en blanco.


Esa fuente de información desglosa las altas y bajas de aportantes al sistema previsional por actividad económica. Vemos que el panorama que muestran las cifras a fin del primer semestre del año sobre el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), indican que el empleo no ha mejorado. Son múltiples las causas que explicarían la lenta recuperación del mercado laboral. La más obvia es que, con elevada incertidumbre en el mediano plazo, frente al aumento de la demanda los empresarios prefieren pagar más horas extras y forzar al tope la capacidad instalada antes que invertir y tomar más personal. El contexto macro tampoco ayuda, con 29% de inflación y el tipo de cambio anclado, el alza de costos en dólares desalienta las contrataciones. El boom de importaciones de piezas e insumos respondería así en buena medida a un proceso de sustitución de producción local por parte de fabricantes que operan ya al límite y no están dispuestos a emprender nuevas inversiones frente a una ecuación que no cierra para el futuro. Finalmente, hay un dato que debería seguirse con atención para saber cuál es la verdadera demanda laboral en los próximos meses. Según el Ministerio de Trabajo, en el marco del programa Repro, a junio todavía el Estado abonaba parcialmente los sueldos de 73.727 empleados, a razón de $ 600 por mes. Tales puestos de trabajo equivalen al 1% del total del empleo registrado o al 5% de los desocupados. ¿Qué sucederá cuando se eliminen en su totalidad esos estímulos fiscales, ideados para sortear la recesión?

El primer semestre en la balanza

El intercambio comercial cerró el primer semestre del año con un superávit de 7.491 millones, por debajo de la ganancia de 10.011 millones de enero-junio del año pasado, representando una disminución del 25 por ciento. No es la mejor comparación tomar al año pasado, con una Argentina en recesión y que cayó más que el resto del mundo. En esa comparación, el saldo de 2010 cerraría incluso por encima del de 2008. Durante el mes de junio, las exportaciones crecieron un 22 por ciento en términos interanuales para sumar 6.353 millones de dólares, contra importaciones por 5.062 millones, un 40 por ciento más que en el mismo periodo del año pasado. En el primer semestre las importaciones acumularon un aumento del 43 por ciento para quedar en 24.803 millones de dólares, mientras que las ventas al exterior avanzaron 18 por ciento para quedar en 32.294 millones. Todo se debió entonces al mayor nivel de importaciones asociado con la recuperación económica general. Este aumento de las compras estuvo vinculado a una recuperación del nivel de actividad económica del país, que requirió de mayores insumos y de bienes de capital. Los datos, difundidos por el controvertido Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), mostraron que las exportaciones sumaron hasta junio US$ 6353 millones, lo que significó un aumento interanual del 22%, mientras que se importó por un valor de US$ 5062 millones, un 40% más que en el mismo periodo de 2009.

Pero un mejor parámetro de comparación seria tomar lo ocurrido en 2008, año en el que saldo comercial había sido de US$ 12.600 millones. Para este año, se estima que el saldo de la balanza comercial se ubicará entre los US$ 13.500 millones y los 14.500 millones de dólares. En junio, se recortó el avance mostrado por las importaciones en mayo, mes en el que habían trepado 70 por ciento. De todas formas, la suba es importante en términos brutos y fue traccionada por las mayores compras al exterior de bienes intermedios, combustibles, piezas y accesorios para la industria. Hay un recorte continuo del saldo comercial, debido al constante incremento de las importaciones. Básicamente, se atribuye a tres factores. Por un lado, el crecimiento de la actividad económica y la consecuente necesidad de intensificar las compras al exterior de insumos y bienes de capital. Además, el incremento de la demanda de bienes de consumo. Por último, un uso algo más flexible que en 2009 de los instrumentos de restricción de las importaciones. Es que los reclamos de algunos de los mayores socios comerciales de la Argentina, como China, la Unión Europea y Brasil, por la aplicación de licencias no automáticas a la importación, minaron ese camino proteccionista. Los bloqueos informales propuestos por el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, no mostraron la misma efectividad. El Gobierno está preocupado por la tendencia y se viene reuniendo con distintos sectores industriales, a los que instan a exportar más de lo que importan, como por ejemplo, alimentos, medicamentos, autos y autopartes.

Los pingüinos

En 2007, el diputado y hoy primera dama Néstor Kirchner había jugado hasta último momento con la dicotomía del "pingüino o pingüina", en alusión a él o a su esposa, hasta que finalmente se oficializó la candidatura de la hasta entonces primera dama y senadora. Pero pocos días atrás y luego de largos meses en los que sus colaboradores se encargaron de pulverizar cualquier rumor sobre una eventual reelección, Cristina Kirchner se permitió insinuar por primera vez esa posibilidad, luego de participar en un acto donde inauguró la instalación de una empresa de software en la localidad bonaerense de Vicente López. La presidente Cristina de Kirchner se anotó en la posible búsqueda de su reelección, al preguntarse ¿por qué otro Néstor? debería ser el candidato del oficialismo, y de inmediato sostuvo, ¿No puede venir otra Cristina? Ahora, la mandataria se refirió a una posible postulación a la reelección tras acusar a la oposición de ser un "aquelarre" y de carecer de un modelo político y económico alternativo al implementado por el kichnerismo desde 2003.
En los últimos tiempos, distintas encuestas mostraron una mejora en las imágenes de Néstor y Cristina Kirchner, aunque en la mayoría de ellas la del ex presidente estaba por encima de la de su esposa.

De buen humor y con ánimo de sumar un nuevo capítulo a la intriga que el oficialismo alimenta en torno de la posibilidad de que las elecciones presidenciales de 2011 tengan un candidato "pingüina", la presidenta Cristina Kirchner se permitió bromear con la posibilidad de su reelección. Casi en línea con las palabras del jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, quien suele afirmar que tanto Néstor como Cristina son los mejores candidatos del oficialismo, o del diputado Alejandro Rossi (Santa Fe), quien hace una semana dijo que prefería a la Presidenta por sobre Néstor Kirchner, porque Cristina demostró capacidad en distintos temas de gestión, según sus palabras, claro pero la pregunta sería, cuáles fueron los distintos temas de gestión en los que la primera mandataria demostró capacidad alguna. Más allá de la enigmática respuesta, el resto del discurso presidencial se sigue basando en la defensa del modelo económico, por cierto agotado. Tanto uno como el otro insisten en la defensa, por su parte Néstor Kirchner durante el acto de lanzamiento de la corriente que encabeza su hermana y ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner. Y la jefa del Estado en su defensa volvió a cuestionar el 82% móvil a las jubilaciones que según entiende, pretende llevar al país al default, como en 2001. Luego advirtió que esos sectores impulsan proyectos para desfinanciar al Estado no constituyen un sector político sólido con un modelo alternativo, repito, según su siempre humilde interpretación.

El primer semestre

El ministro se mostró más que satisfecho con los resultados, ahora, de mostrarse satisfecho a llegar a asegurar que la Argentina se encuentra en presencia de un robusto superávit existe una gran diferencia. Sin duda, no puede negarse el resultado del primer semestre del año pero de reconocer un leve recupero a marcarlo como el retome de la senda de superávit similar a los niveles que tuvimos antes de la crisis de 2009, también encontramos aquí una inconsistencia importante entre aclaraciones, dichos y realidades.
Boudou comunicó los resultados durante una conferencia de prensa en el Palacio de Hacienda, junto al secretario de Hacienda, Juan Carlos Pezoa, y el subsecretario de Presupuesto, Raúl Rigo. Entonces, y para clarificar lo dicho, veamos los números: el saldo financiero en el mes arrojó un déficit de 293,4 millones de pesos, pero en el semestre se logró un superávit de 180,5 millones. Las Cuentas del Estado Nacional cerraron julio con un superávit de 2.713,4 millones de pesos, tres veces el monto obtenido en el mismo mes del año pasado. Según el ministro, este amplio resultado positivo no es producto de una economía de ajuste, sino la economía de medidas implementadas el año pasado y este, que nos permitirá crecer a una tasa no menor al 6 por ciento, bueno, esto parecería ser un poco exagerado considerando la situación global. Por otra parte existe una pregunta que no podemos dejar de hacernos, y tiene estricta relación con el mínimo superávit logrado durante la primera mitad del año.
¿Cuál hubiera sido el resultado financiero si no hubiese podido pagar deuda con reservas del Banco Central?

Y la respuesta esgrimida por el ministro no tiene credibilidad alguna. Según su particular visión si no se hubiera podido recurrir a este financiamiento barato, tendríamos que haber salido a pedir prestado a tasas superiores a los dos dígitos. Seguramente que las tasas hubieran sido superiores a los dos dígitos, pero lo más grave no hubiera sido pagar ese tipo de tasas sino que la Argentina no tiene posibilidad hoy en día de obtener financiamiento en el exterior, esa es la verdad. Por eso entonces, el ministro Boudou aprovechó para volver a hacer una ridícula defensa del uso de las reservas para pagar deuda. Este es un buen momento para hacer un análisis de la medida que se tomó, dijo, y fue ahí cuando precisó que ya se usaron 3.000 millones de dólares y las reservas siguen por encima del nivel que tenían a comienzo de año, suman 50.883 millones de dólares. Además, ponderó algo muy cierto, "se mantiene una estructura de gastos muy distinta a la de otras épocas", sin duda, el gasto publico ha superado todos los limites conocidos. Por último hay que destacar que dentro de los ingresos que registró el Gobierno en julio, llamó la atención el aporte de ANSeS y el Fondo de Garantías de Sustentabilidad (FGS) por las ganancias logradas por sus inversiones, $1.986 millones en apenas un mes. Boudou y Juan Carlos Pezoa, explicaron que se trata de las ganancias que tuvieron estos organismos por sus inversiones, y aseguraron que la cifra puede deberse a que en esta época del año se liquidan ciertas inversiones. En los primeros seis meses del año, el aporte las utilidades de ANSeS y el FGS sumó $3.729 millones. Un número significativo como para que no se entienda el mínimo superávit logrado en la primer mitad del año.

La crisis que no existe

Mediante la decisión administrativa 499/2010 publicada en el Boletín Oficial se cambió el destino, es decir, se han vuelto a reasignar partidas presupuestarias por un total de $1500 millones, y fueron destinadas a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) y a la estatal Enarsa, para palear la crisis energética que según el gobierno nacional, no existe.
Resulta necesario, reza el texto de la resolución, incrementar el presupuesto vigente de la Secretaría de Energía dependiente del Ministerio de Planificación Federal para asegurar el suministro de energía eléctrica, así lo afirma la resolución como parte de sus fundamentos. Por tanto entonces, Cammesa recibirá $1000 millones y Enarsa, $500 millones. Los fondos para Cammesa y Enarsa fueron tomados de partidas correspondientes al Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial, que acaba de ser reemplazado por el denominado Programa de Desendeudamiento de las Provincias. La reasignación presupuestaria coincide con el incremento de compras adicionales de gas y electricidad por parte de Cammesa y Enarsa, también para paliar el déficit de gas natural. La demanda local, a partir de la ola de frío, se ubica en unos 150 millones de m3 diarios, con una capacidad de autoabastecimiento que no supera los 120 millones de m3. Ante esa situación de déficit, se ha mantenido recortado el suministro a unas 300 fábricas, de las cuales 135 pertenecen a la región metropolitana, así como se ha recortado también la provisión de GNC a las estaciones de servicio en unas seis provincias.

El Gobierno se niega a admitir la crisis energética, este es un tópico prohibido en ámbitos públicos para los kirchneristas, a pesar de que el sistema no logra aguantar los picos de consumo en un año de recuperación tras la recesión económica que caracterizó a 2009. Los rubros principales de las compras son las importaciones de fuel oil y gasoil para las centrales de generación térmica US$ 800 millones, las compras de gas natural a Bolivia US$ 600 millones y las adquisiciones de GNL, gas natural licuado que arriban por barcos regasificadores desde Puerto Príncipe (Haití) al puerto de Bahía Blanca US$ 500 millones. Este año ya fueron contratados 14 de esos buques, aunque no se descarta que haya más compras de este tipo de combustible antes de fin de año. Las compras de energía eléctrica a países limítrofes Brasil y Paraguay sumarían a lo largo del año otros U$S 400 millones en total, US$ 2.300 millones en compras de energía al exterior. Aun cuando la situación es mejor, o menos critica que en 2007, en los últimos días, muchas empresas recibieron la "sugerencia" de otorgar licencia al personal, adelantar paradas de mantenimiento o adoptar otro tipo de medidas de reducción de la producción con el objetivo de no sobrecargar la demanda eléctrica, y por otra parte, muchas de ellas recibieron la sugerencia oficial de apagar los motores para reducir el consumo y evitar cortes que pudieran afectar a los hogares, el Gobierno así decidió tapar momentáneamente el bache. Entonces, a través de los superpoderes, el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, redistribuyó partidas presupuestarias que pertenecían a un fondo provincial para asegurarse un mayor caudal de energía eléctrica, y lo repito, en una crisis energética que no existe.

El suministro de energía

Una intensa ola de frío se esperaba que hiciera ingreso en la zona central del país, y la misma se expandiría con el correr de las horas hacia el norte, por lo que se esperaban temperaturas mínimas que promediaron entre 2 grados bajo cero y cinco grados en la mayor parte del territorio nacional durante varios días. Así lo detallaba un informe especial emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que también hacía mención a que estos sucesivos ingresos de aire frío tenderían a mantener las bajas temperaturas, al menos durante un periodo no menor a quince días. A partir entonces de aquel informe las proyecciones que manejaban las empresas gasíferas y los técnicos del ente regulador indicaban que comenzaría un período crítico en materia de abastecimiento por el frío y la falta de gas. Ningún escenario podía haber sido peor que el que describía el informe del SMN. De alguna manera, había que salir a desmentir, o tal vez desacreditar el informe emitido. Entonces, sin dudarlo el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, salió a la palestra y sostuvo que en la Argentina "no había problemas energéticos" y por lo tanto, tampoco habría problemas de desabastecimiento. Para explicarse, remarcó que sólo "cuando hay picos de demanda de gas se corta a los que poseen contratos interrumpibles", claro la explicación es absolutamente absurda por donde se la mire ¿por qué? Sencillo, si el gobierno pretende por ejemplo mantener el nivel del modelo productivo nacional de ninguna manera deberían existir este tipo de supuestos contratos interrumpibles únicamente aplicados a medianas y grandes empresas.

Este año, las restricciones de suministro a las industrias arrancaron a mediados de mayo, los cortes se ubicaron entre el 20 % y el 30% de los volúmenes de gas que venían recibiendo los medianos y grandes usuarios; en junio, las restricciones se elevaron, en promedio, al 50% de la demanda de las industrias, y a partir de julio, la poda fue de entre el 55 y el 60%. De Vido cuando acompañó a la presidenta Cristina Fernández en su viaje a Tucumán, con motivo de la celebración del Día de la Independencia, había mantenido una charla con el gobernador Alperovich, a quien le aseguró que a los ingenios no se les interrumpiría totalmente el servicio. Pero si esta promesa fue cierta, como se entiende que el ministro insista en que no hay problemas energéticos en la Argentina, si cuando hay picos de demanda de gas se corta a los interrumpibles. Así entonces, como ocurre todos los años, en invierno, y en particular con la ola de frío que azota a los habitantes de la ciudad de Buenos Aires y otros puntos del país, se vuelve a poner en duda el abastecimiento del suministro. Los usuarios residenciales elevarían su demanda y, por política del ministerio de Planificación, se interrumpe el servicio a industrias con contratos denominados "interrumpibles". Mientras la industria ya recibió en julio, en promedio, un 50% menos de gas que el que demandaba el "comité operativo de emergencia", que integran el Enargas y las empresas productoras, advirtieron que con el nuevo frio que se anticipa para agosto es muy probable que los cortes de gas a las fábricas sean casi totales, pero, el ministro de Planificación, Julio de Vido, insistió en que "no hay problemas energéticos".

Datos de la anunciocracia

En los bolsillos, la medida representa una mejora de los ingresos que puede ser inferior al 1% y llegar a cerca del 3% como máximo. No se convocó una conferencia de prensa, y tuvo muy pocas precisiones. Fue considerado insuficiente por muchos y entre ellos por el secretario general de la CGT, Hugo Moyano. El anuncio se realizó en la Casa de Gobierno con la presidenta Cristina Kirchner, Amado Boudou y el jefe de la AFIP, Ricardo Echegaray. Quizás la medida fue tomada en respuesta a los reclamos gremialistas que vienen realizándose desde hace tiempo encabezados por Hugo Moyano, para elevar el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias. Si bien existe por parte de muchos sectores una serie de reclamos efectuados al gobierno, uno de los más urgentes a resolver era la elevación del piso del impuesto a las ganancias que se aplicaba en los salarios a partir de los $4.015 en el caso de los solteros y de $5.554 para los casados. Cumpliendo con la urgencia del caso, el titular de la cartera económica, Amado Boudou acompañado de Ricardo Echegaray, el titular de la Afip, anunció que el nuevo piso para comenzar a tributar se elevó en un 20%. Así los solteros comenzarán a tributar recién a partir de los $4.818 y los casados con dos hijos a partir de los $6.662,80. La norma se comenzara a aplicar a partir del 1º de julio por lo tanto el beneficio se sentirá con los sueldos correspondientes a agosto. Para tratar de dar argumentos a la crítica el ministro dijo que se lograba arrancarle al gobierno un monto importante con la medida. Boudou asistido con las cifras por Echegaray, explicó que el costo fiscal significa unos $3.184 millones y que significaría dejar de construir unas 31.000 viviendas del Plan Federal, lo cual no significa absolutamente nada, ya que el gobierno dispondrá de los superpoderes para reasignar partidas al ministerio de planificación federal. Por lo tanto, la obra pública, es decir, el gasto público seguirá en aumento. Aclaró que la disposición está inserta en la política que da el gobierno en el sentido de mejorar los ingresos de los trabajadores, y recordó que ya se había elevado este porcentaje en más de una oportunidad. De paso, recordó que el gobierno de los Kirchner fue el que eliminó la tablita de Machinea, esta medida injusta que había provocado gran erosión en los salarios.

El ajuste anunciado es insuficiente porque no compensa la suba de la presión tributaria que, por el alza nominal de salarios para hacer frente a la inflación, sufrieron los trabajadores. Medido como porcentaje del ingreso, la carga tributaria se alivia respecto de los últimos meses, pero es más elevada en comparación con dos años atrás, porque los precios y los sueldos subieron bastante más que 20%. Los pisos que regían hasta ahora para empezar a tributar datan de enero de 2008, a partir de entonces la inflación acumuló un 40% a diciembre de 2009, y un 50% si se agrega el primer semestre de este año. Y los sueldos en blanco subieron un 18,5% en 2008, un 17,3% en 2009 y un 10% este año.
El anuncio llama a confusión para los que tributan, porque por definición el impuesto a las ganancias se determina y se calcula en función de los ingresos anuales, y no de los mensuales. Ese es el motivo por el cual todos los cambios que hubo en los últimos años rigieron desde enero, independientemente del mes en que se decidieron. Eso provocó, en cada año, la devolución posterior de montos descontados de más en función de los cambios dispuestos. Esa vigencia de los cambios para todo un año fiscal no se haría valer ahora, según lo que se dio a entender. El Gobierno no informó cuáles son los aumentos de los montos deducibles del sueldo que llevan a la suba del monto a partir del cual se tributa. El impuesto se calcula teniendo en cuenta los ingresos que se van acumulando durante el año, incluyendo todos los conceptos y descontando los aportes a la seguridad social. Al monto resultante se le deduce una cifra no imponible, que en función de lo anunciado subiría de $52.500 a $62.640 por año, y luego se descuentan los montos por familiar a cargo. Por cónyuge, la deducción pasaría de $10.000 a $12.000 y por hijo, de $5000 a $6000. Las cifras son por año porque así están definidas en las normas, entonces falta aclarar cómo se aplicarán si los cambios regirán sólo por un semestre. Para los que trabajan por cuenta propia, el umbral para tributar es significativamente bajo. Lo anunciado permite calcular que los solteros pagarán el impuesto cuando superen una facturación de $21.600 aproximadamente $1800 por mes y los casados con dos hijos, a partir de los $39.600, o $3300 por mes.