La polémica ley de medios

El Grupo Clarín, que había presentado una demanda ante la Cámara Federal Civil y Comercial, recibió buenas noticias, cuando la misma confirmó que continuará suspendido el artículo 161 de la ley de medios, que originalmente estableció el plazo de un año para que los grupos se adecuen a la nueva normativa y vendan las licencias y empresas que exceden los nuevos límites legales. La ley 26.522 modificó las reglas de juego a las cuales las empresas habían ajustado su comportamiento y realizado sus inversiones, con afectación de derechos adquiridos cuando se les otorgaron las licencias, autorizaciones y prórrogas o la suspensión, dice la sentencia, que evaluó a su entender que ese caprichoso artículo, produce un claro desmedro de la libertad de prensa. La decisión que fuera adoptada por la Sala I del citado tribunal con la firma de María Susana Najurieta y Francisco de las Carreras, confirmó la sentencia dictada en diciembre pasado por el juez Edmundo Carbone. El tribunal, en cambio, revocó la suspensión del artículo 41, que prohibió la transferencia de las licencias, porque esto debería dilucidarse y llevarse a cabo en un proceso más dilatado. El tribunal de apelaciones también sostuvo que la desinversión forzada se impone abruptamente mientras están en curso las licencias y prórrogas acordadas por las normas, y por el mismo poder que las otorgara originalmente, sin que se hubiera constatado ninguna infracción.

Hace dos meses ya, en una causa iniciada por un legislador, la Cámara Federal de Mendoza paralizó la aplicación de toda la ley, caso que ahora es estudiado por la Corte. A diferencia de lo que ocurrió en esa causa, la medida cautelar confirmada fue solicitada por un medio, que planteó la suspensión de tan sólo algunos artículos que la afectan. Según indicó el tribunal, el artículo 41, por una parte, impide la libre disposición de las licencias y autorizaciones sin definir el ámbito temporal de aplicación de esta regla, estableciendo excepciones que requieren previa autorización y que comprenden las transferencias resultantes del desprendimiento de activos. Por otra parte, obliga a los titulares a transferir las licencias que hoy explotan en tanto excedan los límites del nuevo régimen legal, y ello debe suceder en el plazo de un año bajo apercibimiento de sanciones. Sin embargo, la sala I resaltó que la aplicación conjunta a la parte actora (el Grupo Clarín) de los artículos 41 y 161 de la ley 26.522 importan consecuencias que modifican de modo sustancial las reglas de juego a las cuales tales empresas habrían ajustado su comportamiento y realizado sus inversiones, con afectación de derechos subjetivos adquiridos al amparo de la legislación vigente al tiempo del otorgamiento de las licencias y autorizaciones, o de su prórroga, o de la suspensión de los términos que estuvieran transcurriendo (art. 1° del decreto 527/05). Todo hace suponer que nada, no sólo estos artículos sino que la ley en su totalidad debería ser revista ya que no es más que volver atrás en tiempo. Nada afecta más a una sociedad, que sus gobernantes comentan sistemáticamente errores del pasado.

¿Cada vez más complicado?

Hay que prestar atención, debido a que los nombres de los actores de esta película son muchos y se repiten casi en cada renglón. Son muchos los cargos que se le imputan, son muchas las pruebas que existen en su contra, son muchos los negocios realizados durante su gestión, pero lo cierto es que Ricardo Jaime ex secretario de transporte no será condenado por ninguno de ellos. Así es como funciona la justicia cuando se trata de los amigos del poder político, en la Argentina. El ex secretario de Transporte Ricardo Jaime, entre otras cosas investigado por enriquecimiento ilícito, tuvo un ascenso social meteórico desde su llegada de su Córdoba natal al centro del poder porteño en 2003. En aquel momento pidió de favor un lugar en el hotel gremial Facón Grande, del microcentro, donde una habitación costaba $35 por día, pero en tres meses ya habitaba un departamento de 100 metros cuadrados sobre la avenida 9 de Julio, frente a la recova de Posadas en Retiro. El ex secretario de Transporte vivió, y vive en un departamento que entre 2007 y 2009era alquilado por Alfredo Pielach, síndico suplente de TEBA una empresa a la que Jaime benefició con la extensión de un contrato desde 2005 a 2015, TEBA S.A es la empresa que explota la Terminal de Ómnibus de Retiro y que debía ser controlada por el ex funcionario kirchnerista. Tanto el pago del adelanto del alquiler de ese piso y las negociaciones para concretar la operación las realizó la empresa Terminal Buenos Aires (TEBA), a través de su vicepresidente, Edgardo Preiti, quien fue el fiador del entonces funcionario, según el contrato de locación. La misma empresa avaló la operación de alquiler de otro piso, ocupado por Jaime, que era mucho más grande, situado en Avenida del Libertador 654, piso 12. El fiador que figura en el contrato es Gabriel Akerman, también directivo de TEBA. El último inquilino de esa vivienda, antes que Jaime, fue Claudio Minicelli, concuñado del ministro de Planificación, Julio De Vido, y esposo de la actriz Celina Rucci. En ese contrato de alquiler aparece otra vez la empresa TEBA, pues el fiador es Néstor Otero, concesionario de la Terminal de Omnibus hasta 2015.

Todas estas revelaciones las hizo en Tribunales Leonardo Redondo, presidente, junto con su hermano, el ex futbolista Fernando Redondo, de la sociedad Frans Bell SA, propietaria de esos inmuebles y de otra veintena, situados en las cuadras más caras de Retiro. El contrato firmado entre la empresa Frans Bell presidida por Leonardo Javier Redondo, y Pielach. La empresa de los Redondo le alquiló a Pielach ese departamento desde el 1 de abril de 2007 hasta el 31 de marzo de 2009. Los investigadores judiciales que tienen a su cargo el expediente sobre enriquecimiento ilícito de Jaime aseguran que en la causa hay varias maneras de probar que en esa época el ex funcionario vivía en ese inmueble. Cuando declaró ante Oyarbide, Redondo dijo que en esa época el departamento estaba desocupado. Entonces, los funcionarios judiciales le preguntaron cómo explicaba que en el expediente hubiera facturas de varios servicios a nombre de Jaime en el lapso en el que según declaró el lugar estaba deshabitado. Redondo quedó en averiguar y explicarle al juez sus dudas.
La aparición de ese contrato aporta un nuevo dato en la investigación judicial que llevan adelante el juez federal Norberto Oyarbide y el fiscal Carlos Rívolo ya que Jaime tendrá que explicar por qué vivía en una casa alquilada por un directivo de la empresa que regentea Néstor Otero. Pielach figura como síndico suplente de TEBA en el Boletín Oficial del 25 de febrero de 2008 cuando estaba vigente el contrato de alquiler a su nombre y en ese departamento vivía Jaime. Redondo explicó que en 2009 la esposa de Jaime lo llamó por teléfono y le preguntó si no tenía un piso más grande y ahí le ofreció el de la Avenida del Libertador, que fue allanado por la Gendarmería Nacional. Jaime pagó el 60% de los alquileres en efectivo y el 40% con cheques de terceros, dijo el testigo. No recordaba de quiénes eran, pero sí que los depositó en su cuenta del Banco Galicia, donde serán rastreados por la Justicia para saber a quién pertenecen. El misterio es dónde vivió Jaime entre 2007 y 2009. Dijo Redondo que el piso de Libertador estaba vacío. Pero allí se encontraron recibos de TV por cable y tarjetas de crédito a nombre de Jaime de esos años, por lo que Leonardo quedó en preguntarle a su hermano Fernando si él lo había prestado o alquilado.

Una comparación que hace temblar al viejo continente

España no es Grecia, no eso es cierto, pero la sola comparación animó todo tipo de especulaciones sobre la salud de las finanzas públicas y la banca españolas, que hasta hicieron saltar el termómetro de una Bolsa de Madrid que acumuló fuertes pérdidas en la semana. La economía española no goza de buena salud desde hace un tiempo, y es un hecho innegable que la posibilidad de ser empujada al abismo griego existe. Los problemas españoles que la han llevado al precipitado deterioro actual apareció ya a mediados de 2007, cuando la abrupta paralización de la industria de la construcción volvió evidente la dependencia que la "España pujante" de ese momento tenía de aquel sector. Desde ahí, el proceso de desaceleración del PBI, que pronto se transformaría en caída, comenzaría a coincidir con una gradual suba del desempleo, que hoy afecta al 20,05% de la población activa. La evolución negativa del crecimiento, que en 2009 llegó al 3,6% y que este año hundiría los ingresos totales del país un 1,8% más, potenció su efecto devastador para los ojos de los mercados internacionales en el mantenimiento de un elevado gasto público por parte del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Esta política, tendiente a sostener el creciente número de subsidios por desempleo, elevó el déficit público al 11,2% del PBI, lo que situó a España, junto con Irlanda y Grecia, en el nada deseado "club de los dos dígitos", una sociedad letal para la credibilidad financiera de cualquier país. El Gobierno no pudo poner las cuentas públicas en orden, pese a los anuncios de ajuste de los últimos meses, y terminó por gastar un 8% más de lo que recaudó en el primer trimestre. A eso debe sumársele el mal estado de las cuentas privadas. Según estadísticas oficiales, la deuda de ese sector alcanza el 178% del PBI, un cuadro de situación que parece difícil de cambiar por la renuencia de las autoridades a asumir una reforma laboral tendiente a reactivar el detenido aparato productivo.

La necesidad de ejecutar cambios en la economía, sugerida por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y las agencias calificadoras de riesgo, ha puesto de manifiesto el determinante ADN político de esta crisis financiera. Zapatero intentó la semana última una mediática reacción para cambiar el humor de los mercados y anunció el cambio de sistema de las cajas de ahorro, un hecho que aprovechó para mostrarse unido en esta decisión con el principal líder de la oposición, Mariano Rajoy, con quien no se reunía a solas desde hace más de año y medio. Estos interrogantes, que han contribuido a encarecer los costos de financiación de la deuda española y a disparar el riesgo país a un máximo histórico, han llevado a los operadores a comparar nuevamente la situación española con la debacle griega. España es el único país del "top ten" de las potencias mundiales que aún no logra salir de la recesión, para los analistas locales aún existen marcadas diferencias entre la crisis de este país y la griega. En primer lugar, la carga de la deuda pública respecto del PBI trepa en Grecia hasta el 113% y ha sido siempre superior al 100% en los últimos 10 años, mientras que en España esas obligaciones "apenas" llegan a 55,2% de sus ingresos, con una media en la pasada década del 52%. Esto, claro, sin tener en cuenta que el tamaño del PBI español cuadruplica al griego. En cuanto al déficit respecto del PBI, si bien en España su ascenso ha sido espectacular el año último y se ubicó a poco más de dos puntos del griego, el originado por la administración de Atenas se ha mantenido siempre por encima del 5% del PBI desde 2000, por lo que su origen es más estructural que circunstancial para la evaluación de los mercados. Estos dos factores, sumados a la sostenida acusación que pesa sobre Grecia de haber "engañado" a los mercados con números falsos, imponen una distancia considerable entre ambos Estados, aun cuando España posee un índice de desempleo que duplica con creces al griego, hoy ubicado en 9 por ciento.

El engaño como política del gobierno

Después del fallido tren bala, el hoy procesado ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime, emprendió el año pasado un raid de anuncios preelectorales que incluyó la inauguración de, por lo menos, cinco ramales ferrourbanos en el interior del país. Hubo una sobreabundancia de anuncios y la realidad es que nunca hubo dinero para el financiamiento de esos proyectos. Y la decepción llegó para quienes esperaban la reactivación ferroviaria cuando desde la Secretaría de Transporte realizaron el contra anuncio, no hay fondos, en las oficinas que ahora están a cargo de Juan Pablo Schiavi, no saben cómo explicar los incumplimientos. A estas alturas decir que no se cumplió con los anuncios de los trenes ferrourbanos por falta de fondos es casi un insulto hacía cualquier ciudadano pensante. El sector ferroviario es uno más de los silenciosos testigos de la distancia que hay entre los anuncios y los hechos. Una distancia tan grande que se mide en kilómetros de vías muertas por las que no corre ningún tren, pese a todas las promesas del Gobierno. Como sea, explicarle estas cuestiones de anunciocracia a la que nos tiene acostumbrado el gobierno de la nación a los habitantes de Realicó, en La Pampa, es una tarea imposible. Es que el tren de pasajeros que uniría Lincoln con esa ciudad llegó una sola vez y sólo para la foto, quince días antes de las elecciones legislativas de 2009, la estación de trenes había vuelto a colmarse de gente y de sueños, pero alguien alguna vez dijo, que los sueños, sueños son. Ese día más de un centenar de personas con banderas argentinas saludaron el paso de la locomotora, sin saber que nunca más volverían a verla. Facundo Sola es el intendente peronista de Realicó e integrante del Consorcio Unión Pacífico, que apunta a la reactivación del ramal ferroviario entre Buenos Aires, La Pampa, San Luis y Mendoza. Hoy está muy preocupado, le mandó una carta documento a la presidenta Cristina Kirchner. Queremos que la palabra presidencial se cumpla; no vamos a bajar los brazos.

Todavía resuenan las palabras del gobernador bonaerense, Daniel Scioli, cuando dio por reinaugurado el ramal. Es un tramo estratégico, aseguró. A falta de grandes obras ferroviarias que inaugurar, y con el proyecto del tren de alta velocidad caído por falta de financiamiento, al igual que el soterramiento del ramal del ferrocarril Sarmiento, Jaime, hizo lo imposible por acercar anuncios a la campaña electoral. Varios meses antes en Tucumán, por el mes de octubre de 2008, la Presidenta había anunciado la rehabilitación del tren que recorrería 12 km para unir San Miguel de Tucumán con uno de los puntos turísticos más importantes de la provincia, Tafí Viejo. El servicio uniría las estaciones de Tafí Viejo con la estación Tucumán C del ferrocarril Belgrano, en la capital provincial. Las formaciones que se utilizarían para este recorrido incluirían las duplas Apolo, importadas de España, pero acondicionadas en talleres locales. Cada uno de los vagones cuenta con capacidad para 120 pasajeros sentados. Bien, nada de eso ocurrió, un golpe a la esperanza para los taficeños que soñaban con volver a otras épocas. Durante esa reinauguración que uniría el sur con el norte de la capital salteña, la Presidenta dijo que los argentinos recuperábamos algo más que esos trenes, se recuperaba un proyecto de país, en clara referencia a quienes según la visión oficial, añoran las políticas "de los 90". Pero ese tren nunca se puso en marcha. A pesar de toda la pantomima montada, en la que Kirchner inclusive había subido a una locomotora y tocado la bocina para realizar los anuncios. En la misma campaña de anuncios, en el Chaco, el Gobierno prometió invertir $ 90 millones en el ramal C3 del ferrocarril Belgrano, sobre el cual correría el servicio urbano de pasajeros. Tampoco se cumplió hasta la fecha. En Córdoba, Jaime fue el encargado de poner en funcionamiento otro tren urbano. Además, pidió a los cordobeses que fueran custodios de estos logros. Y con esas palabras dejó habilitada la primera etapa del "ferrourbano", que recorrería los 6,3 km entre la estación de Rodríguez del Busto hasta Alta Córdoba. El proyecto contemplaba la ejecución de otros dos tramos, desde la estación Mitre hasta el barrio Flores y Ferreyra, además de unir Alta Córdoba con Monte Cristo y con Alta Gracia. De todo esto y como era de esperar, no se concretó nada.

Acceso a la información publica

El libre acceso a la información pública es un derecho humano, vinculado a la libertad de expresión, reconocido por tratados internacionales que en la Argentina cuentan con rango constitucional. La última vez que el asunto se debatió en el Congreso fue en 2004. Dos años más tarde, el proyecto que había sido aprobado en la Cámara de Diputados perdió estado parlamentario. Fue después de que, a instancias de la entonces senadora Cristina Kirchner, la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado introdujera cambios inaceptables para los promotores del proyecto original. En la actualidad, si fuera por la cantidad de proyectos presentados, al respecto podría concluirse que en el Congreso apareció, por fin, un punto de consenso, tanto el oficialismo como la oposición, ambos bloques coinciden en que hace falta sancionar una ley de libre acceso a la información pública. Las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia de la Cámara de Diputados comenzaron el debate sobre el tema. Durante horas, expusieron directivos de Poder Ciudadano, la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), el Centro de Estudios Legales y Sociales, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, y Fopea. En total, hay 20 proyectos de ley presentados 16 de la oposición, tres del kirchnerismo y uno del ex intendente de Morón Martín Sabbatella, de posturas cercanas al oficialismo.

La mayoría de las iniciativas en tratamiento en la actualidad garantiza la gratuidad de los pedidos de información y propone ampliar a los tres poderes el ámbito de aplicación de la ley. Como ocurrió en 2004, la discusión tendrá como punto de conflicto el alcance que tendrá la norma sobre las empresas privadas. Oficialismo y oposición consideran que las empresas que reciben subsidios o aportes del sector público nacional y aquellas que prestan servicios públicos deberán entregar la información vinculada con estos fondos o actividades. Pero los proyectos de Diana Conti (Frente para la Victoria) y de Sabbatella (Nuevo Encuentro) van más allá: prevén que cualquier ente privado que tenga fin público o posea información pública estará obligado por la norma. Para Laura Alonso (Pro), autora de un proyecto que propone avanzar en la publicación en Internet de gran cantidad de información en poder del Estado, el peligro de lo que propone el oficialismo es que información de empresas privadas que no tiene que ver con recursos públicos quede dentro de la órbita de la nueva norma. Al margen de las diferencias entre los bloques, las organizaciones civiles impulsan la sanción de una ley. La Argentina no se puede permitir un nuevo fracaso en la sanción de una ley de acceso a la información pública. Más de 15 países de América latina ya cuentan con este tipo de normas. Cuanto más sencillo y allanado es el camino para el acceso a la información pública, la tarea periodística podrá contribuir al control de los actos de gobierno, al fortalecimiento de la democracia y a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.

Corrupción institucionalizada

Sin lugar a dudas, las relaciones con el chavismo les siguen deparando dolores de cabeza a los Kirchner y alimentando a una opinión pública en la que la mala imagen del Gobierno parece haberse instalado para quedarse. Esto se debe a que esta instalación de permanentes escándalos de corrupción en los medios, como ha sido, y por citar solo un ejemplo, el caso de las insólitas comisiones que pagaban a intermediarios empresas argentinas que exportaban maquinaria agrícola a Venezuela. Estos casos reducen notablemente las chances de que el ex Presidente remonte la cuesta que hoy lo muestra con un techo del 30% de votantes. Si el objetivo de Néstor Kirchner que es tan claro como parece, es decir, llegar a los comicios de 2011 con altas probabilidades de lograr el 40% de votos e imponerse ante una oposición muy debilitada y fragmentada sin llegar a un peligroso ballotage, el matrimonio presidencial deberá cambiar sin duda su estrategia. A Kirchner le queda la esperanza de vencer a todos sus rivales peronistas en la interna abierta del PJ para convertirse en una suerte de líder indiscutido del movimiento. Se trata de un deseo de difícil concreción, ya que prácticamente, ninguno de sus rivales en el justicialismo, y el primero ha sido Felipe Solá parece dispuesto a competir contra Kirchner en una interna. Es que, por un lado, difícilmente alguien que venza al ex presidente en una contienda interna estaría gustoso de llevar en la lista de diputados a candidatos kirchneristas. Y, por otra parte, las diferencias ideológicas entre un Kirchner y un Duhalde, o entre el primero y un De Narváez tornan utópica la idea de una coexistencia en un mismo partido político.

Ahora bien, volviendo al tema de corrupción y de imagen pública, es tradición, en Argentina que la corrupción en la administración pública sea asociada en el imaginario colectivo con sobres que se pasaban por debajo de una mesa o con bolsas llenas de dinero que se escondían en el baño de un despacho ministerial. Más recientemente, los mecanismos habrían alcanzado un nivel de sofisticación mayor, a tal punto que una coima podría aparecer disimulada como el pago de una comisión por servicios de intermediación de dudosa realización. Un ejemplo de las nuevas modalidades para hacer negocios con el sector público, es el mencionado anteriormente. Por ejemplo si una empresa propone una obra pública o un contrato con el Estado, puede ocurrir que, a propuesta del funcionario interviniente, se pacte un estudio de factibilidad del proyecto o el asesoramiento de una consultora normalmente extranjera, que cobrará jugosos honorarios por un trabajo muchas veces innecesario. El desmesurado monto por esos servicios, que abonará la empresa que pretende hacer el negocio, hará sospechar siempre el pago de un retorno al funcionario. Pero probar la existencia del delito no es nada sencillo, a menos que de una investigación sobre la ruta de ese dinero se desprenda que una parte llegó a manos de un funcionario, o que se demuestre una relación societaria o familiar entre éste y el comisionista. Y lo cierto es que en el caso de las coimas pagadas por empresarios exportadores de maquinarias agrícolas, las sospechas son muchas en función de que los porcentajes eran muy superiores a los habituales por esos servicios y por la posibilidad de que fueran los gobiernos argentino y venezolano los que indicaran los comisionistas a quienes los exportadores debían acudir forzosamente para aceitar las operaciones. Aun así, no habría que esperar ni rápidos ni concluyentes resultados judiciales en esta cuestión, después de los escasos avances de la Justicia en escándalos más resonantes, como el de Skanska o el "valijagate".

La mafia de los medicamentos adulterados

Rafael Díaz Flaque, uno de los abogados, que intentó pedir la excarcelación extraordinaria de su cliente, el empresario farmacéutico que fuera detenido dos semanas atrás por orden del juez federal Norberto Oyarbide en el marco de la causa que investiga los medicamentos adulterados, recibió una bofetada en respuesta a su pedido. El recurso solicitado por Diaz Flaque fue rechazado de plano por el juez, al menos hasta formalizar la indagatoria. Gabriel Brito, el hombre de negocios que otrora fuera uno de los más poderosos en el rubro, y uno de los principales aportantes de la campaña electoral de 20071, que llevó a Cristina Kirchner a la presidencia, está en los tribunales de Co4modoro Py para ser indagado por el juez Norberto Oyarbide, entre otros cargos que se le imputan, por extorsión y prometió revelar cómo era el circuito de recaudación que realizaba el ex superintendente de Salud Néstor Capaccioli. Brito denunció ante la Justicia a los recaudadores de la campaña electoral por supuesto lavado de dinero. La querella de Brito apunta a los responsables políticos y financieros de la campaña electoral Hernán Diez y Sebastián Gramajo, a Capaccioli y a la ex ministra de Salud Graciela Ocaña. Según Brito que aparece donando $310.000 a la campaña electoral, a través de cuatro cheques, el dinero no era suyo, sino de Néstor Lorenzo, el detenido empresario farmacéutico del laboratorio San Javier, que negociaba con el secretario general de La Obra Social Bancaria, José Zanola, el pago de reintegros del Estado que recibía la obra social de los bancarios. Dijo que Lorenzo le pidió los cheques como un favor y que terminó luego firmando recibos.

Ahora Brito está preso por extorsión y como supuesto organizador de la asociación ilícita que mantiene detenidos a Lorenzo y a Zanola. La justicia tendría grabaciones de conversaciones donde Brito exigía dinero para no hacer público todo lo que sabía sobre el mecanismo que se ejecutaba para los aportes de campaña y sobre cómo se hacían los negocios con los reintegros de medicamentos oncológicos muy costosos que debía pagar el Ministerio de Salud a las obras sociales. Hay otras charlas de Lorenzo con Gramajo y con Diez donde parecen aludir a la extorsión de la que eran víctimas por parte de Brito, que se conformaba con que le dieran participación en uno de los negocios en los que estaban. Pero parece que la defensa alega que tenía sus razones, Brito le había entregado cheques a Lorenzo, que a su vez los había entregado a su financiera, Vernet, pero como uno de esos cheques no tenía fondos, la entidad crediticia terminó pidiendo la quiebra de Brito. Y concluye dando a entender que Brito está dispuesto a hablar, y no es culpable de nada, dijo su abogado Díaz Flaque, quien interpretó que su cliente está más cerca de ser un testigo que un imputado, claro es el abogado que otra cosa puede decir. Y aunque Brito se presentó tres veces en el juzgado de Oyarbide ofreciendo su testimonio, el juez tenía evidencias sobre su intervención en la causa de los medicamentos y le pareció mejor, escucharlo, pero como acusado de cometer delitos relacionados con esos negociados. El fiscal Luis Comparatore ya había pedido su indagatoria al sostener que le daba dinero Lorenzo pero al mismo tiempo tiene datos que pueden ser más importantes para el caso, y que complicaran más la situación de Brito.

Mejor no festejemos más

El festejo del Bicentenario de la Revolución de Mayo ha sido motivo generador de un nuevo decreto de necesidad y urgencia mediante el cual, se transforma en feriado al día 24 y crea a último momento un fin de semana larguísimo tal vez intentando conmemorar aquella semana de mayo, o no, no lo sé. Lo cierto es que estamos ante uno de los nuevos artilugios presidenciales para ocultar otras realidades. Por tal motivo debemos entender que este no es el primero de tantos desatinos, sino que es una muestra más de una cantidad de fallidos e improvisaciones del gobierno nacional y muy probablemente no sea la última. De hecho, la novedad que esconde este larguísimo fin de semana, ha sido la modificación por medio de otro decreto del régimen de contrataciones y compras del Estado para reducir los controles y facilitar los gastos de los actos por el Bicentenario. El decreto permite que la Unidad Ejecutora haga compras desde $600.000, hasta $1 millón mediante concursos privados y sólo será necesario llamar a licitación pública cuando los montos superen el $1,2 millón doscientos mil. Aun cuando existe una reglamentación, que exige se hagan licitaciones o concursos públicos para gastos superiores a $300.000, en este caso la Unidad Ejecutora no tendrá limites para los festejos del Bicentenario. Es decir, el trámite habitual se multiplicó por cuatro y llegó a $300.000 y por el decreto 259, otra vez la misma multiplicación. La Secretaría General órgano del que depende la unidad ejecutora ha estado corriendo hasta último momento para contratar el servicio de iluminación, de sonido, el catering, el escenario, la grabación de TV y sonido, todo utilizando el decreto 259, lo que permitió no hacer en ningún caso licitaciones públicas. La Unidad Ejecutora esta exceptuada casi de todo, incluso de la contratación de personal. El director ejecutivo de esta unidad para los arreglos del bicentenario es Javier Alberto Grosman, a su lado trabajan el secretario General de la Presidencia, Oscar Parrilli, el secretario de Cultura, Jorge Coscia, y el presidente del Sistema Nacional de Medios Públicos, Tristán Bauer.

En este compendio de horrores en torno al festejo, no debemos olvidar que en diciembre último la presidenta Cristina Kirchner anunció una serie de festejos dedicados al Bicentenario, y dio una larga lista de fiestas regionales que para ser sinceros, en casi todos los casos, se realizan todos los años. Ahora, el tema es que el gobierno nunca en la confección del presupuesto 2010 tuvo en cuenta los recursos necesarios para solventar los festejos. Por eso es lógico preguntarse, de donde saldrán los fondos para el financiamiento de tanto festejo. Es fácil, de la reasignación de partidas a las que el jefe de Gabinete Aníbal Fernández recurre a través de los superpoderes para asignar dinero discrecionalmente. Días atrás, en el Boletín Oficial con la decisión administrativa 236/2010 el jefe de Gabinete finalmente argumento que resultaba necesario modificar los créditos vigentes por compensación a fin de posibilitar la realización de diversos eventos previstos en el marco del festejo del Bicentenario de la Revolución de Mayo. Esta argumentación se invento para quitarle poco más de $16 millones a la Secretaría General, de quien depende la Unidad Ejecutora, que fue creada por también por decreto, en octubre de 2009. En abril último se debió hacer una modificación legal retroactiva, porque la designación del director y de su gabinete no cumplía todas las formalidades. Ahora a la Secretaría General le quitaron los mencionados $16millones para distribuirlos entre las secretarías de Cultura, los ministerios de Justicia y Trabajo y los estados mayores de las tres Fuerzas Armadas. Todo, para el Bicentenario. Es algo extraño, porque la Unidad Ejecutora, según el decreto de creación debe administrar los recursos asignados a la Conmemoración del Bicentenario de la revolución de Mayo y efectuar la coordinación del diseño, la planificación y la ejecución de los programas de actividades y actos conmemorativos a desarrollarse. El 18 de marzo último ya se había hecho una modificación presupuestaria para los mismos festejos asignando recursos a la Unidad Ejecutora, y otra se efectivizó el nueve de abril.

Síntomas que agotan

Sin otra razón que tratar de mejorar las chances electorales del oficialismo para 2011, el matrimonio Kirchner actúa, a pesar de la reactivación, como si la economía estuviera aún en recesión. El aporte de la producción agrícola a distintas actividades permitirá, a mediados de año, completar cuatro trimestres consecutivos de recuperación del PBI, a una tasa anualizada encima del 6%. En la industria, la reactivación es récord en los sectores que exportan, a Brasil (como automotores y metalurgia), son estos los que más habían caído durante la recesión de 2009. Repuntaron las ventas de electrodomésticos, con las financiaciones de los bancos hasta 50 meses. La mejora en sectores de consumo masivo como alimentos y bebidas, es sensiblemente más notoria ya que estos rubros son los que menos habían sufrido la retracción del año pasado y ahora tienen más demanda. Una cosecha récord encabezada por la soja, con 55 millones de toneladas vuelve a ser la vedette de la economía argentina. Esto beneficia la actividad en el interior, el superávit de la balanza comercial y la recaudación impositiva producto lógicamente de las exportaciones del agro. La Jefa de Estado, Cristina Kirchner dejó hace tiempo de referirse a la soja, como el "yuyo", sobre todo interesada por los mayores ingresos en concepto de retenciones para solventar un gasto público que no para de crecer. Los altos rindes obtenidos, en muchas zonas productoras se traducen en un fenómeno lógico, habrá más excedentes para volcar al consumo. Hasta aquí el panorama productivo daría para festejar y estimular planes de inversión, como ocurre en la mayoría de los países de América latina. Sin embargo, éste no es el clima que se percibe hoy en la Argentina. La reactivación argentina se ve opacada por factores políticos y económicos que aumentan la incertidumbre, especialmente, sobre lo que vaya a ocurrir desde la segunda mitad del año en adelante.

La inflación, aparece como el flagelo más temido. No sólo porque hoy ya se ubica en un piso del 25% anual para 2010, sino por las expectativas que genera. Aunque en abril se desaceleró un poco el ritmo previo de aumento de precios, la presión inflacionaria se mantiene, el Gobierno sigue empujando la demanda bien por encima de lo que crece la oferta. De ahí que el gasto público crezca por encima de 30% anual y la política monetaria acompañe, mientras los aumentos salariales se negocian en paritarias, con un piso de 25% y apuntan más a cubrirse de la inflación esperada que a compensar la inflación pasada. Sólo actúan como freno de un eventual desborde, el congelamiento de tarifas de servicios públicos, a costa de subsidios que superaran los $40.000 millones en 2010 y un dólar absolutamente controlado. Pero, con la inflación existente, estos elementos llenan de duda el futuro inmediato. Lo que se atrasa mucho en algún momento debe corregirse, por las buenas o por las malas. No son pocos los que atribuyen esta retracción al permanente clima de confrontación política que vive la Argentina, donde existe un desprecio oficial que oculta permanentemente los problemas más importantes, inflación, pobreza, inseguridad, capacitación laboral, competitividad, debilidad institucional, dibujo estadístico, corrupción, etc. Prueba de esto, es el ya insostenible conflicto por el uso de reservas del Banco Central, que fue resuelto en favor del Gobierno, con la inevitable consecuencia que tendrá, la de una nueva emisión monetaria para financiar más gastos y subsidios alimentando más la inflación. Con una economía inflacionaria, con el oficialismo en campaña y aprovechando hasta donde pueda la confusión opositora, la recuperación del PBI dejó de ser sinónimo de mejora. Para el Gobierno, el cálculo es simple, si el PBI supera el 3% y la recaudación el 19% previsto en el presupuesto que fuera calculado con una inflación de 8% anual, habrá más excedentes para distribuir discrecionalmente.

¿Valiente declaración de un arrepentido?

La causa se inició en 2008 impulsada por una denuncia de la denunciadora compulsiva, como la han tildado muchos integrantes del ejecutivo nacional; la diputada Elisa Carrió, quien incluyó entre los sospechosos a algunos de los políticos y empresarios con más poder en el país. Los acusó de manipular licitaciones y permitir que un selecto grupo de compañías hicieran fortunas con sobreprecios pagados por el Estado. Además de los Kirchner, Carrió acusó al ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y al secretario legal y técnico, Carlos Zannini. También al ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime, y a Claudio Uberti, ex titular del Organo de Control de las Concesiones Viales (Occovi) y hombre clave para los negocios con el régimen de Hugo Chávez. En la lista de empresarios presuntamente beneficiados por el kirchnerismo Carrió incluyó a Cristóbal López (juego), Lázaro Báez (construcción) y Rudy Ulloa (medios). Hay que destacar también, la actitud del embajador Sadous, quien no dudó en declarar, sabiendo, probablemente, que sería desmentido no sólo por los funcionarios, sino por los empresarios que él mencionó como víctimas del esquema kirchnerista. El pago de coimas de alrededor del 15% a funcionarios por parte de empresarios dedicados a la venta de maquinaria agrícola para Venezuela no era desconocido, pero el testimonio brindado ante la Justicia por Eduardo Sadous, le ha dado una sólida base a la investigación a cargo del juez federal Julián Ercolini. La declaración judicial del ex embajador argentino en Venezuela no sólo ha confirmado lo que sería otro capítulo de la corrupción del kirchnerismo, en este caso, el de las coimas que se pagaban para hacer negocios con la Venezuela de Hugo Chávez, sino que también confirma las interminables denuncias de la líder de la Coalición Cívica Elisa Carrió. Y al mismo tiempo, pone de manifiesto el empleo de un modus operandi único del kirchnerismo en prácticamente todos los rubros, el del cohecho como única manera para seguir en el mercado.

El expediente podría convertirse en una megacausa que abarcaría distintos tipos de casos caracterizados por una pauta común y que se vio en detalle en el caso de las coimas y los sobreprecios en la ampliación de los gasoductos durante el gobierno de Néstor Kirchner. Se trata del caso Skanska, que el juez federal Norberto Oyarbide mantiene paralizado pese a los numerosos indicios y pruebas documentales sobre la existencia de sobreprecios en las obras y el pago de coimas. Similar esquema es el que puede discernirse a partir de la información sobre la investigación de Ercolini, la obligatoriedad, para los empresarios, de pagar una comisión ilegal para poder exportar a un gobierno amigo del kirchnerismo. También se investiga el desvío de dinero de un fideicomiso de 90 millones de dólares para financiar ventas de productos argentinos a Venezuela. Por su parte el fiscal federal Gerardo Pollicita amplió la nómina de investigados y mencionó a 18 empresas que podrían haber sido parte de las supuestas maniobras. Entre ellas, las concesionarias Metrovías, Ferrovías y Trenes de Buenos Aires. Como puede advertirse, surge como figura central, pero no excluyente, el Ministerio de Planificación. Allí se desempeñaba Uberti, abrepuertas del comercio con Caracas y, no por casualidad, compañero de viaje del venezolano Guido Alejandro Antonini Wilson en el avión privado que en 2007 llegó de Caracas con la famosa valija de los U$S800.000 secuestrados al venezolano y destinados a la campaña electoral de Cristina Kirchner. Del ministerio de De Vido dependía también el Enargas, protagonista del caso Skanska, y Ricardo Jaime, quien durante su paso como titular de la Secretaría de Transporte habría multiplicado su patrimonio y es ahora investigado en casi una veintena de expedientes. Se trata, en su mayoría, de funcionarios y ex funcionarios que, como De Vido, gozan de la máxima confianza de Néstor Kirchner y, también como De Vido, lo acompañaron en la gobernación de Santa Cruz. Fue en aquellos lejanos años aparentemente cuando se montó, a escala provincial, este sistema por el cual los empresarios que querían prosperar debían, previamente, contribuir al enriquecimiento de los funcionarios.

Ley de medios audiovisuales

Algunos días atrás, La Cámara de Mendoza había ratificado una medida de la jueza Olga Pura de Arrabal, al considerar que aparecían vicios de ilegitimidad, arbitrariedad y gravedad institucional en el proceso de sanción de la ley, en octubre pasado. Le dio la razón a un planteo del diputado nacional por el peronismo disidente Enrique Thomas. Según la Cámara, su medida no está vinculada con el fondo de la cuestión, que es el pedido de declaración de inconstitucionalidad de la ley. Por lo tanto, igual que la sentencia que había dictado anteriormente la jueza Arrabal, no cuestiona los artículos de la ley que generaron más controversia, como por ejemplo el plazo perentorio de desinversión de un año para que los grupos de medios vendan los canales y radios. Al mismo tiempo y con un duro discurso, Cristina Kirchner durante las celebraciones por el 33º aniversario de la fundación de la Asociación Madres de Plaza de Mayo que se realizo en donde funcionaba la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) dijo que la libertad de expresión es para todos en la República Argentina. “Para todos. Para todos, aseguró la jefa del Estado cuando promediaba su mensaje, y en una obvia alusión a los fallos judiciales que dictaron la inconstitucionalidad de algunos artículos de la ley de medios. Estamos ante decisiones que no entran en ninguna biblioteca ni en ninguna cabeza, como la de impedir el funcionamiento de una ley por una medida cautelar. El eje de su mensaje fue, justamente, que, según ella, la libertad de expresión no es un derecho del que gocen todos los argentinos.

En su discurso, la jefa del Estado pidió que ojalá podamos tener pronto la vigencia de la ley, y planteó visiblemente molesta, “permítanme hablar de libertad de expresión, un tema tan llevado y traído en estos días”. Es algo que todavía no pudimos lograr, que todas las voces puedan escucharse en todos lados, se le olvido mencionar que mientras sea Presidenta eso no va a suceder, y luego volvió a defender la política oficial de no represión de las protestas sociales, y exclamo: Que quede claro, mientras sea Presidenta, no va a salir una sola orden para que haya una víctima, exclamó. Cristina Kirchner hizo esta definición después de una semana en la que los cortes de ruta, en particular el bloqueo de la frontera con Uruguay en Gualeguaychú, volvió al centro de la escena tras el fallo de la Corte de La Haya por la instalación de Botnia en Fray Bentos. Así entonces sin importar los discursos de la Jefa de Estado, la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza no concedió el recurso extraordinario presentado por el Estado nacional contra el fallo del mismo tribunal que, en marzo último, y confirmó la medida cautelar que dispuso la suspensión de la aplicación de la nueva ley de medios audiovisuales. Lo que cuestionan los jueces son vicios en el origen de la ley, en el momento de su sanción. El tribunal señala que el diputado Thomas estuvo legitimado para demandar porque los diputados estuvieron imposibilitados de actuar en el Congreso en defensa de los representados que los eligieron. Al respecto, dijo que del examen de la presentación surge que se han cumplido con todos los recaudos formales que hacen a la admisibilidad formal del recurso intentado. Se cercenó el ejercicio efectivo de la función parlamentaria con procedimientos irregulares, dice el texto, y señala que los diputados tuvieron que expedirse en el recinto sin haber tenido tiempo para estudiar el proyecto, de más de 160 artículos.

Argentina, y el lavado de dinero

El GAFI es un organismo intergubernamental, creado en los albores de los 90, con sede en París, que fue establecido por el Grupo de los 7 países más industrializados y que tiene por misión combatir el lavado de dinero. El organismo está integrado por 33 países, la mayoría de ellos desarrollados. En los próximos días llegará a manos del Gobierno la evaluación preliminar que hará el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) sobre la Argentina, en ese informe que tendrá un tono crítico y que será muy voluminoso, la Argentina no cumple con el 40% de las recomendaciones establecidas por el organismo para perseguir el lavado de dinero, y esto no significa que el país haya cumplido con el 60% restante, sino que también se registran muchos incumplimientos parciales, de ahí lo critico y extenso del documento. El GAFI prevé mecanismos de autoevaluación que debe hacer cada país internamente para corroborar y comprobar el cumplimiento interno de las recomendaciones establecidas, y un mecanismo de evaluaciones mutuas, que está a cargo de especialistas de diferentes países de las áreas financiera, legal y operativa, fundamentalmente, quienes integran a su vez un equipo evaluador que visita cada país. En el caso de la Argentina, esta visita tuvo lugar en noviembre pasado, cuando vino al país un grupo de evaluadores que se reunió con funcionarios y personalidades del sector privado, para examinar cuánto avanzó o retrocedió el país desde el último informe de evaluación mutua sobre la Argentina, que había sido aprobado en 2004. En aquel viejo documento, se señaló, entre otras deficiencias, que la Argentina no había logrado ninguna condena por lavado de dinero y que había deficiencias en la actuación de la Unidad de Información Financiera (UIF, un ente oficial encargado del combate al lavado), que ejerce escasos controles.

Las cosas desde aquel entonces parece que no habrían cambiado demasiado, según el informe que se divulgará próximamente. La Argentina nunca fue un país perfectamente cumplidor. Cumplimos sólo cuando nos amenaza una sanción inminente, para adaptarnos, es decir, cuando las papas queman. En 2005, el GAFI envió al Gobierno dos cartas para expresar su malestar por distintos incumplimientos, y en 2007 logró evitar un llamado de atención gracias a que, a último momento, tipificó el delito de financiamiento del terrorismo. Este año, desde que José Sóbatela asumió como presidente, la UIF comenzó a aplicar sanciones a distintos bancos, quizá con la intención de mostrar mayor actividad y esquivar las críticas que, se descuenta, hará el GAFI. Pero el organismo comenzó a ser usado como un mecanismo de presión política sobre algunas empresas, por el ya conocido Guillermo Moreno como una nueva táctica. Pocos días atrás se realizo el VI Encuentro Nacional sobre Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, que organiza la Fundación Argentina para el Estudio y Análisis sobre la Prevención del Lavado de dinero, y casi al mismo tiempo, aunque el informe preliminar todavía no está disponible para la Argentina, se descuenta, que el resultado y el diagnóstico del mismo no es nada auspicioso. La mala evaluación que recibirá la Argentina, sin embargo, no significará todavía que el país aparezca en la lista negra, donde está, por ejemplo, Ecuador. Por lo pronto, se trata de una evaluación preliminar, elaborada por los expertos que visitaron el país el año último, en un documento al que la Argentina le puede hacer observaciones o sugerir correcciones antes de que se redacte el informe final, que estará listo para la reunión que el GAFI celebrará en París, en junio o julio próximo.

Una situación difícil de remontar para Rodríguez Zapatero

En los tres primeros meses del año, la actividad industrial en España aumentó 0,3% respecto al año pasado. En todo 2009, el balance de la producción industrial española fue negativo, con un retroceso del 15,8% respecto al 2008, y se acaba de registrar una suba del 5,4% interanual en marzo, según anunció el Instituto Nacional de Estadística (INE). Esta subida es posterior a una caída del 1,9% registrada en febrero y sobre todo animada por el aumento en la producción de bienes de consumo (+6,6%) y de bienes intermedios (+6,4%). Aun así el deterioro de la economía española sigue siendo noticia a través de su indicador más doloroso. Por primera vez en los ultimos13 años, el desempleo logró perforar la barrera del 20% y, al mismo tiempo, el techo de los 4,5 millones de personas que viven al margen del mercado laboral. Aunque el dato no fue comunicado de forma oficial, ya que fue publicado involuntariamente en la página web del Instituto Nacional de Estadística, el nuevo índice de 20,05% no fue desmentido y resultó, además, avalado por el presidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, quien ante esta filtración optó por mantenerse cauto y optimista respecto de las posibilidades de revertir esta situación en el corto plazo. La tasa de paro [desempleo] ha tocado techo y va a comenzar a descender desde este mes, afirmó Rodríguez Zapatero en el Senado, donde sus declaraciones recibieron la silbatina de la bancada del Partido Popular (PP). Siempre hemos tenido en democracia el doble de paro de la media europea. Con nosotros alcanzó el 8%, añadió, y generó nuevos abucheos por parte de legisladores de la oposición. No obstante, el mandatario enfrentó el recinto legislativo con datos sobre la cobertura social que beneficia a los desocupados. Tenemos la protección por desempleo más amplia de la historia, ya que llega al 80% de las personas sin trabajo, comentó, aunque reconoció que el índice de desempleo es excesivamente alto.

Los datos filtrados del INE, difundidos por el periódico madrileño ABC, dan cuenta de que el número total de desocupados asciende a 4.612.700 personas, por lo que se han registrado 286.200 nuevos desempleados respecto de diciembre del año último. En términos porcentuales, en ese período el índice creció del 18,83% al 20,05% actual, por lo que se transformó en la tasa más alta desde el último trimestre de 1997, cuando alcanzó el 20,11%. La cifra es récord desde que se unificaron los índices en España, hace 13 años. Las novedades fueron recibidas con desazón en las dos grandes centrales sindicales, que nunca objetaron los lineamientos de la política económica oficial. Sin embargo, el titular de Comisiones Obreras, Ignacio Fernández Toxo, reconoció que no está "sorprendido", aunque sí "preocupado" por los nuevos datos. Pero la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, calificó de dramática la cifra, y cree que el haber alcanzado el 20% del paro debería mover a reflexión. Es una situación dramática para muchísimas familias españolas, dijo la dirigente del PP. En la misma línea, el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, Gerardo Díaz Ferrán, volvió a reclamar la implementación de una profunda reforma laboral que permita volver a generar puestos de trabajo. Pero las críticas a los efectos negativos de la política económica española no se agotaron en las revelaciones sobre la desocupación. El vicepresidente del Banco Central Europeo, Lucas Papademos, señaló a España como ejemplo de deterioro fiscal y colocó a este país en la misma categoría que Irlanda y Grecia. Papademos pareció responder así a las declaraciones de la ministra de Economía de España, Elena Salgado, quien en Washington intentó diferenciar la crisis de su país de la griega. España está en una situación mucho mejor que Grecia, si, pero esta afirmación no es compartida por la entidad bancaria más importante del continente.

Julio De Vido, ¿Será la próxima cabeza que ruede?

Desde que Eduardo Sadous, embajador argentino en Caracas entre 2002 y 2005, declaró ante la Justicia, bajo juramento, que los empresarios que querían hacer negocios con Venezuela en esa época debían pagar entre un 15 y un 20% de coimas a funcionarios del ministerio de planificación federal, que comanda Julio De Vido, y de que mencionó además que miembros del Gobierno se habrían beneficiado con testaferros en esos negocios de exportación y que la relación comercial con el país caribeño la manejaba, en forma paralela a la Cancillería, el entonces director del Órgano de Control de Concesiones Viales (Occovi), Claudio Uberti, las voces que dan crédito a la denuncia se multiplican cada hora que pasa. Es importante destacar, que todo esto ocurría durante la gestión de Néstor Kirchner, los empresarios debían entonces pagar coimas de hasta el 20 por ciento. El senador cordobés Luis Juez y el presidente de Federación Agraria, Eduardo Buzzi, como dos de los ejemplos que se pueden citar, avalaron los dichos de Eduardo Sadous ante la Justicia. Me consta que lo que dice [Sadous] es cierto, en mi provincia, se mencionaba como moneda corriente. El comentario de los empresarios era que tenían que arreglar con funcionarios, afirmó Juez. El senador dijo que en la Argentina "no se les dan garantías a los honestos", que "se persigue a los que denuncian en lugar de protegerlos" y que "no tenemos una cancillería paralela, tenemos una Aduana paralela". Buzzi fue igualmente crítico. "El rumor de que había que arreglar con [el Ministerio de] Planificación porque sino no tenías cómo vender nada circulaba por todos lados", aseguró. El dirigente admitió que "es muy difícil que alguien denuncie" los sobornos ante la Justicia porque, "se trata de pedidos que no dejan pruebas". Pero no se trata solo de un pedido que no deja pruebas, como dice Buzzi, se trata de que tanto uno como el otro los dos cometen un delito. Porque de hecho, es tan culpable el que la pide como el que paga.

Por su parte el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, exigió que tanto el ex embajador en Caracas, como el senador Luis Juez y el presidente de la Federación Agraria, Eduardo Buzzi, se retracten de sus dichos respecto de esos presuntos sobornos. El ministro les envió cartas documento en las que los "intimó" a que aclaren sus denuncias. En los casos de Juez y Buzzi, De Vido aludió sólo a sus dichos y en el caso del ex embajador Eduardo Sadous, a su declaración ante la Justicia. El ex embajador añadió en su denuncia que la relación comercial con Venezuela la manejaba, Claudio Uberti en forma paralela a la Cancillería, y el senador Juez (Alianza-Frente Cívico) había mencionado con nombre a una empresa de maquinaria agrícola que realiza negocios con Venezuela y uno de cuyos directivos le habría confesado que había que pagar una "comisión". Se trata de Pauny SA, una empresa de tractores de Las Varillas, Córdoba, que vende unos 400 equipos por año a ese país, lo que equivale al 45% de su producción, el titular de esa empresa es el Padre del automovilista José María López quien, confesó horrorizado cómo para poder vender tractores de Pauny al gobierno de Venezuela había una comisión integrada por funcionarios de la cancillería venezolana y hombres del Gobierno vinculados con De Vido que le pedían un 25 o 30%. Vivimos en la República Argentina, hoy más que nunca, paraíso de la corrupción y gobernada por Néstor Kirchner y por Cristina Fernández, reyes de una corrupción sin límites.

Un Gobierno muy necesitado

El lanzamiento del aparentemente exitoso canje de deuda con los denominados holdouts por más de $20.000 millones no modificó de ninguna manera los hábitos de financiamiento del Gobierno, y más considerando el déficit con el que cerró el mes de marzo. Surgido de dos normas conjuntas, la 25 y 11, y la 30 y 12 firmadas por el secretario de Hacienda, Juan Carlos Pezoa y el de Finanzas, Hernán Lorenzino que disponen de una operación de financiamiento en el marco del artículo 74 de la ley 26.422 a favor del Tesoro Nacional. A través entonces de estas dos resoluciones publicadas en el Boletín Oficial, el Ejecutivo se ha hecho de más de $5600 millones para hacer frente a sus gastos, léase gasto publico. En total suma $ 5656,8 millones. La primera de las resoluciones, en su artículo primero, prevé un crédito de $900.000 millones del Banco Nación al Gobierno. La devolución será en 24 cuotas mensuales y el Ejecutivo comenzará a pagarlas en noviembre de este año. La tasa que deberá pagar el oficialismo es la Badlar, una tasa variable que promedia todos los depósitos de más de un millón de pesos en el sistema financiero.

Pero el segundo artículo otorga un préstamo al Gobierno de US$156 millones, más de $606,8 millones, que será a pagar en dos años pero a una tasa fija por un crédito en dólares de 2,75% anual. Los desembolsos llegan después de que el Gobierno lanzara los créditos hipotecarios, "Casa Propia" y en medio de una falta estructural de financiamiento para privados. En tanto, la segunda resolución publicada en el Boletín Oficial autoriza al Banco Nación a prestar al Gobierno $4150 millones en diez desembolsos a partir del pasado 8 de marzo el arribo del dinero a las arcas oficiales no queda del todo claro, ya que no estaba explicitado en la primera resolución. La devolución será también en dos años, a partir de noviembre, y con un interés variable fijado también por la tasa Badlar. No es la primera vez que el Gobierno se financia con fondos de dependencias públicas. Más bien lo viene haciendo a través de la colocación de bonos en diferentes organismos como Pami, Anses, Lotería Nacional y el Banco Nación. Incluso, ya tomó utilidades y US$1100 millones del Banco Central (BCRA) a partir del decreto que creó el Fondo de Desendeudamiento firmado por la Presidenta. La operación se conoció mientras el Gobierno encaraba el proceso de reestructuración de la deuda en default con los bonistas que no entraron al canje cerrado a fines de 2005 para lograr emitir deuda barata en el mercado voluntario. Además cuando ya no puede pedir más fondos a Hugo Chávez, su principal financista en el exterior, hoy en una situación económica más delicada.

Sin embargo existen otros dos motivos por los cuales ninguna de las dos resoluciones firmadas, deberían tener validez. El gobierno continúa tomando fondos y colocando letras de todo tipo, a cualquier tasa, y a cualquier plazo de organismos oficiales desfinanciándolos. El otro problema que surge de este tipo de operatoria, tiene estrecha relación con los fondos que utiliza del Banco Nación, estos fondos son aquellos que el estado recauda y que por supuesto no le son propios ya que son coparticipables. Y aun cuando todo parece indicar que son maniobras absolutamente claras entre el gobierno y el Banco Nación, obviamente la claridad de las mismas queda opacada precisamente porque no es dinero que el gobierno pueda utilizar a su gusto. El mismo pertenece sólo a las provincias.

Un ministerio insostenible

Acaba de terminar el cuarto mes del año, y aun cuando la cifras no son oficiales seguramente el sector público volverá a cerrar con déficit en sus arcas aunque no se tenga la certeza de cuál será el monto. Es así, el sector público nacional volvió a cerrar con déficit financiero en marzo, como había ocurrido en febrero pasado y como ocurrirá muy probablemente en abril. Sólo considerando un balance trimestral, y sin contar el primer mes del año, es decir, hablamos de enero, febrero, marzo, en ese periodo se terminó con un rojo financiero de $1068,7 millones, aunque enero fue el único mes que tuvo saldo a favor. La diferencia es abrumadora ya que frente a poco más de $300 millones de rojo en el segundo mes del año, en el tercero el desbalance fue de $1200,7 millones de todos modos habrá que ver el número final del cuarto mes del año. El Ministerio de Economía en una maniobra infantil anunció que se había logrado en marzo un superávit de $1224,3 millones, pero claro, se refería al resultado primario, es decir, sin computar el pago del servicio de la deuda. Al computarse los vencimientos de deuda, lo que se advierte es que el Gobierno no tuvo recursos para cubrirlos en su totalidad, pero no se dieron los datos de cuáles fueron las fuentes de financiamiento utilizadas. De todas formas, ya es público que en marzo se echó mano de las reservas del Banco Central para pagar vencimientos y que ello se hizo colocándole un bono a la autoridad monetaria.

Las cifras demuestran que, al menos en marzo, el Gobierno no estaba en condiciones de dejar las reservas simplemente como un fondo de garantía y que, por el contrario, debía recurrir a ellas o recortar otros gastos, puesto que el incremento de los recursos no es suficiente para mantener el ritmo de aumento del gasto. Todo ello ocurre a pesar de que hasta el momento una buena parte de la deuda argentina se mantiene en cesación de pagos, lo que comprende los bonos que entraron en la reapertura del canje y los pasivos con el Club de París. Economía sin embargo aseguró que el incremento del gasto se debió básicamente a mayores prestaciones de la seguridad social y pagos de movilidades. También aumentaron las transferencias corrientes al sector privado por el pago de la asignación universal por hijo, el aumento de las prestaciones del PAMI, compensaciones al sector agropecuario y al consumo de alimentos y a subsidios a los servicios públicos. También crecieron las transferencias de capital a las provincias para la realización de obras públicas y el rubro inversión directa, por los gastos para la central atómica Atucha II. Economía informó que el superávit primario acumulado en el primer trimestre fue de $3462,5 millones, pero está claro que habrían hecho falta no menos de mil millones más para poder mantener la situación de equilibrio financiero que se registró en los primeros años del gobierno del matrimonio Kirchner.

Una crisis política interminable

La crisis argentina hoy, no es solo política, es una crisis institucional de proporciones impensadas. La dirigencia política argentina ha profundizado su contradicción hasta el extremo, ya ni se acuerda lo que dicen las normas. La raíz del problema tiene un principio, claro, desde que el kirchnerismo perdió la mayoría en el Congreso, la política argentina se ha vuelto incomprensible, y también tiene dos motivos. La Presidenta y su esposo. Ellos y la forma en la que interpretaron la derrota del 28 de junio pasado. Ellos no creen que la ciudadanía pueda hacer un balance negativo de su gestión, no, ocurrió otra cosa, una conspiración organizada por parte de corporaciones que, con la prensa como referente, buscaron devastar una democratización de por sí exitosa. La creencia de que el triunfo opositor es hijo de una conspiración, alimenta un comportamiento patológico dentro del poder legislativo. Entonces, quienes triunfaron casi un año atrás carecen, de legitimidad. Así, en vez de acordar una agenda parlamentaria común con quienes les ganaron, los Kirchner actúan como si los comicios hubieran ratificado su manera de hacer política. El avance sobre los medios, la reforma del sistema electoral, la apropiación de las reservas del Banco Central, el aumento exorbitante del gasto y las estatizaciones con que fantasean algunos funcionarios, Telecom, una fracción de YPF, responden a una administración que quiere ignorar, en la práctica, que está en minoría en las dos cámaras, y a esa manera de hacer política del matrimonio presidencial. Si los títulos de la agenda del adversario son defectuosos, sólo cabe obstruirlos, y a este fin se dirigen por ejemplo, el retaceo del quórum y la amenaza del veto de las leyes que se juzgan inconvenientes.

Con el cambio de reglamentación para los DNU, en Diputados, los adversarios del Gobierno intentaron corregir lo que la Constitución del 94 entregó a los presidentes, por un plazo a determinar, facultades legislativas extraordinarias, salvo en temas tributarios, penales, electorales o de partidos políticos. Pero el empeño opositor no choca contra los Kirchner, sino contra la Constitución. Ahora bien, si las cámaras no pueden anular un DNU, como prevé la reglamentación actual, quiere decir que las decisiones del presidente tienen fuerza de ley entre la promulgación del decreto y su aprobación por el Congreso. Como es así, la oposición se propone acotar ese período a 60 días. Los rivales de los Kirchner descubrieron que Cristina Kirchner podría escapar de lo que le quieren imponer mediante el veto. De allí que, a pedido de Margarita Stolbizer, introdujeran una cláusula insólita, “Esta ley no podrá ser vetada" (artículo 19). Pero ¿cómo remover una facultad constitucional por ley? He aquí otra nota distintiva del momento político. La oposición, desesperada por mostrarle al electorado que es capaz de cumplir su mandato limitando al oficialismo, juega en el externo de la legalidad. Modifica impuestos con mayorías supuestamente dudosas, o reforma la Constitución sin gozar del poder constituyente. Este comportamiento está incentivado casi sin querer por la actitud del Gobierno. ¿O los adversarios de Cristina Kirchner serían igual de audaces, con los DNU o con el impuesto al cheque, si ella no hubiera anticipado que vetará lo que decidan? Quien ignore como diputado o senador de la nación, qué mayorías exige la Constitución para derogar la asignación específica de un impuesto, en qué se diferencian el veto de la promulgación parcial de una ley o qué recursos tiene un funcionario para no ejecutar un decreto de necesidad y urgencia (DNU) sin incurrir en el delito de incumplimiento de sus funciones, mejor que dedique a otra cosa, pero no a legislar.