Aun cuando el fallo de la corte suprema esta en firme, y la orden es clara, el gobierno de la provincia debe devolver su cargo al ex procurador Eduardo Sosa la respuesta del gobernador Peralta sigue siendo la misma. En lo que pareció ser entonces el último capítulo de la pelea entre el gobierno de la corte suprema, finalmente diez días atrás se concretó el acto en apoyo al gobernador de Santa Cruz. El principal orador fue Néstor Kirchner quien agradeció a los gobernadores oficialistas que totalizaban más de una docena y a sus ministros por acompañarlo según él a defender la institucionalidad, y el federalismo de la patria. Cambiando totalmente el ángulo de su discurso, y para el asombro de muchos, el diputado por la provincia de Buenos Aires sorprendió a todos al anunciar que cambiaría una vez más su domicilio, a Santa Cruz, para volver a luchar junto a ellos. Cabe recordar que el ex presidente se había radicado de forma escandalosa y fraudulenta en la provincia de Buenos Aires antes de las últimas elecciones para competir como diputado nacional por el distrito más grande y poderoso del país. Emocionado, Néstor Kirchner fue así la figura principal de una masiva manifestación en Río Gallegos para repudiar como decíamos por última vez a la Corte Suprema, que ordenó al gobernador santacruceño Daniel Peralta a reponer al ex procurador Eduardo Sosa en su cargo y denunció penalmente al mandatario provincial.
Para asistir al acto, Néstor Kirchner voló desde buenos aires a la provincia casualmente en el mismo avión que Guido Alejandro Antonini Wilson usó para ingresar al país un maletín con 800 mil dólares, destinados a financiar parte de la campaña presidencial de su esposa Cristina Fernández. La aeronave supuestamente de origen y matrícula venezolana nunca había vuelto al país, pero lamentablemente la realidad es que nunca salió del país y por supuesto sigue siendo utilizada por autoridades nacionales. Volviendo a su discurso el ex Presidente también cargó contra la oposición en el Congreso por su postura frente a la rebeldía de Peralta, e interpreto que resulta inadmisible que estos representantes sean capaces de preparar un proyecto de intervención, en el contexto de un país que vive en democracia. Finalmente dedicó palabras muy medidas sobre la independencia del Poder Judicial, para quienes sólo dijo espera que se consolide, como un poder independiente. La gran ausente de la jornada fue la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, cuya presencia estuvo en duda hasta último momento. Finalmente, la mandataria llegó proveniente de Alemania y se dirigió de forma directa a descansar a El Calafate, obviando pasar por Río Gallegos para el acto en apoyo a Peralta.
El gobernador anfitrión, Daniel Peralta, tuvo el tono más duro de los discursos y calificó a la intervención como una forma de patotear las instituciones lisa y llanamente. Aseguró que no iba a permitir que con el uso de la fuerza sacaran del cargo al fiscal Claudio Espinosa para reponer a Eduardo Sosa. Desde el sector de invitados y funcionarios, el fiscal Espinosa asentía a cada palabra de Peralta. De esta forma, el acto, que se pensó en un comienzo como un claro desafío a la Corte en el marco de la disputa por el caso de Eduardo Sosa, el ex procurador santacruceño echado por Kirchner hace 15 años y que el Ejecutivo santacruceño se niega a reponer, se transformó en una demostración de fuerza rumbo al 2011. En su exposición, Kirchner lo evidenció. Mostro una falsa intención de no confrontar y de no agresión. La estrategia oficial cambió luego del fallo adverso por la ley de medios, en el cual la Corte, mediante una decisión unánime, mantuvo la suspensión del artículo 161 (que ordena la desinversión de los multimedios en el plazo de un año) y que era la principal bandera del oficialismo. Por ultimo Kirchner le pidió a Cristina que siga luchando por la ley de medios. Ya que a partir del último fallo, el oficialismo evitó apuntar contra la Justicia y se centró en las críticas a la oposición.
octubre 29, 2010
octubre 28, 2010
La pelea con el FMI
Todo lo que sigue a continuación fue dicho después de una reunión que en forma reservada mantuvo con la Presidenta, que se preparaba para el cierre de su gira alemana, una reunión con empresarios locales a los que invitó a invertir en la Argentina. Entonces y bien alineado con las órdenes recibidas el ministro hablo; Nosotros vamos a llevar la postura que venimos sosteniendo, estas entre otras, fueron palabras textuales de ministro de economía Amado Boudou, quien señalo también que era necesario regular los mercados financieros porque no se avanzó nada en eso desde la crisis de 2008, sostuvo por otra parte que poco le importaban las críticas que hicieran desde el organismo internacional de crédito hacia la Argentina y las advertencias sobre sanciones. Fue así y entonces como todas las posibilidades de que empresarios alemanes se acercaran a invertir en Argentina quedaron truncas. El ministro, Boudou no se detuvo y manifestó que el Fondo cuestiona los números argentinos y que nosotros cuestionamos mucho más sus ideas. Pero en la apertura formal de la Asamblea Anual Conjunta del FMI y el Banco Mundial, la última docena de preguntas que atendieron Lipsky y el director gerente del Fondo, Dominique Strauss Kahn fueron todas referidas a la actitud argentina. Pero sus respuestas dieron por tierra con las especulaciones sobre una eventual expulsión del país del ente o incluso una multa, no prevista en los estatutos. Como miembro del G-20, la Argentina aceptó la obligación implícita de aceptar revisiones financieras cada cinco años.
Es claro que esa obligación dentro del G-20 no es en términos legales, pero sí implica que la Argentina debe formar parte de la respuesta coordinada continua tras la crisis financiera internacional. La tensa relación con el FMI ya había aterrizado en la gira alemana durante el almuerzo entre la Presidenta y Ángela Merkel en Berlín. En esa ocasión, Merkel le planteó a Cristina Kirchner su postura acerca de la necesidad de acordar con el organismo internacional para negociar un plan de pago de la deuda con el Club de París. En la Casa Rosada saben que buena parte de los países miembros del FMI no aceptarán que se sancione a la Argentina. El Gobierno considera que son las autoridades de ese organismo y no las naciones que la integran los que impulsaban la posible sanción a nuestro país. Es por eso que Boudou también insistió en Washington con un argumento que el Gobierno repite hace tiempo, que el Fondo debe reorganizarse, y que las calificadoras de riesgo deberían ser dejadas de lado ya que estuvieron en medio de la crisis. El Gobierno entró en una confrontación absoluta con el FMI. El organismo además duda absolutamente de los índices oficiales de crecimiento en su último reporte sobre la economía mundial. Boudou también en línea con el ejecutivo, asevero que el FMI no puede cuestionar los números porque ellos impusieron las ideas que hundieron a la Argentina, en 2001. Todos esos conceptos los repitió, en Washington donde participo de las reuniones del Fondo Monetario Internacional (FMI) en medio de un clima negativo para la Argentina.
Es claro que esa obligación dentro del G-20 no es en términos legales, pero sí implica que la Argentina debe formar parte de la respuesta coordinada continua tras la crisis financiera internacional. La tensa relación con el FMI ya había aterrizado en la gira alemana durante el almuerzo entre la Presidenta y Ángela Merkel en Berlín. En esa ocasión, Merkel le planteó a Cristina Kirchner su postura acerca de la necesidad de acordar con el organismo internacional para negociar un plan de pago de la deuda con el Club de París. En la Casa Rosada saben que buena parte de los países miembros del FMI no aceptarán que se sancione a la Argentina. El Gobierno considera que son las autoridades de ese organismo y no las naciones que la integran los que impulsaban la posible sanción a nuestro país. Es por eso que Boudou también insistió en Washington con un argumento que el Gobierno repite hace tiempo, que el Fondo debe reorganizarse, y que las calificadoras de riesgo deberían ser dejadas de lado ya que estuvieron en medio de la crisis. El Gobierno entró en una confrontación absoluta con el FMI. El organismo además duda absolutamente de los índices oficiales de crecimiento en su último reporte sobre la economía mundial. Boudou también en línea con el ejecutivo, asevero que el FMI no puede cuestionar los números porque ellos impusieron las ideas que hundieron a la Argentina, en 2001. Todos esos conceptos los repitió, en Washington donde participo de las reuniones del Fondo Monetario Internacional (FMI) en medio de un clima negativo para la Argentina.
octubre 27, 2010
Argentina Trabaja
Los integrantes del Movimiento Barrios de Pie, cuyos intereses no responden al gobierno de Cristina Kirchner, por cuarta vez consecutiva en los últimos dos años se concentraron una vez más frente al ministerio de desarrollo social, para reclamar los planes sociales dentro de los que no se encuentran incluídos precisamente por no responder a los mandos del matrimonio presidencial. Luego de 24 horas, finalmente levantaron el acampe que mantenían en la avenida 9 de Julio a la altura del Ministerio de Desarrollo Social. Al igual que en las anteriores oportunidades, el reclamo dejó sobre el tapete una vieja cuestión, con acusaciones contra el Gobierno, que nunca podrá ser resuelto por el simple hecho de que las mismas constituyen una forma de hacer política implementada por el ex Presidente Néstor Kirchner desde que asumió su mandato. De todos modos, aun cuando ésta sea una práctica habitual de este gobierno, eso no significa que este modo de operar sea de su autoría intelectual. Así entonces, según denunciaron algunos integrantes del movimiento Barrios de Pie, punteros Kirchneristas, utilizan los planes Argentina Trabaja como anzuelo para acarrear gente a los actos del oficialismo, situación que hasta aquí no significa nada que no sea de público conocimiento. El acampe que se inició dos semanas atrás en la avenida 9 de Julio, provocando un caos vehicular de importante magnitud, fue levantado, en el tiempo que los integrantes del grupo habían estipulado. Sin embargo el mismo grupo había informado que volverían con la misma protesta, en tanto no obtuvieran respuesta del gobierno durante esas 24 primeras horas. Entonces el siguiente viernes y la semana pasada volvieron a la carga como lo habían anunciado.
Pero ese mediodía los integrantes de Barrios de Pie decidieron desconcentrarse y se comprometieron también llegarse hasta Tigre para hacer otro acampe en la estación fluvial. Denunciando nuevamente, que punteros políticos kirchneristas presionan a los beneficiarios de planes “Argentina Trabaja” para ir a los actos oficiales. ¿Pero cómo funciona?, fácil, la red de corrupción alrededor de todos los planes sociales gubernamentales tiene un modus operandi, muy similar. Para empezar en los últimos seis años se han conformado miles de cooperativas en donde sus autoridades son punteros políticos vinculados con los intendentes y movimientos sociales afines al Gobierno, según denuncia Daniel Menéndez, coordinador nacional del movimiento Barrios de Pie. Estos constituyen sin duda hechos mafiosos y delictivos que nada tienen que ver con acciones cooperativas, y como ejemplo puede mencionarse lo que pasó en la localidad de Tigre, donde punteros políticos presionaban a beneficiarios para ir por ejemplo a un acto del Gobierno, entonces cuando éstos se negaban a asistir, llegado el momento de pagarles sólo les abonaban una mínima porción de aproximadamente $300 cuando que lo que debían cobrar eran $1200, y esa reducción representa el 20 % del total de los haberes a percibir. No es la primera vez que el plan "Argentina Trabaja" esta en el centro de la polémica. En noviembre del año pasado, los piqueteros ya habían acampado en plena 9 de Julio y habían acusado al Gobierno nacional de propiciar, a través de los intendentes, el manejo clientelar de los planes. Por su parte, el líder de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), Juan Carlos Alderete, ya había denunciado estas maniobras que realizaban punteros políticos alineados con el gobierno nacional pidiendo coimas de 300 ó 400 pesos a beneficiarios del programa Argentina Trabaja.
Pero ese mediodía los integrantes de Barrios de Pie decidieron desconcentrarse y se comprometieron también llegarse hasta Tigre para hacer otro acampe en la estación fluvial. Denunciando nuevamente, que punteros políticos kirchneristas presionan a los beneficiarios de planes “Argentina Trabaja” para ir a los actos oficiales. ¿Pero cómo funciona?, fácil, la red de corrupción alrededor de todos los planes sociales gubernamentales tiene un modus operandi, muy similar. Para empezar en los últimos seis años se han conformado miles de cooperativas en donde sus autoridades son punteros políticos vinculados con los intendentes y movimientos sociales afines al Gobierno, según denuncia Daniel Menéndez, coordinador nacional del movimiento Barrios de Pie. Estos constituyen sin duda hechos mafiosos y delictivos que nada tienen que ver con acciones cooperativas, y como ejemplo puede mencionarse lo que pasó en la localidad de Tigre, donde punteros políticos presionaban a beneficiarios para ir por ejemplo a un acto del Gobierno, entonces cuando éstos se negaban a asistir, llegado el momento de pagarles sólo les abonaban una mínima porción de aproximadamente $300 cuando que lo que debían cobrar eran $1200, y esa reducción representa el 20 % del total de los haberes a percibir. No es la primera vez que el plan "Argentina Trabaja" esta en el centro de la polémica. En noviembre del año pasado, los piqueteros ya habían acampado en plena 9 de Julio y habían acusado al Gobierno nacional de propiciar, a través de los intendentes, el manejo clientelar de los planes. Por su parte, el líder de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), Juan Carlos Alderete, ya había denunciado estas maniobras que realizaban punteros políticos alineados con el gobierno nacional pidiendo coimas de 300 ó 400 pesos a beneficiarios del programa Argentina Trabaja.
octubre 26, 2010
La visita a Alemania
Para pasar el mal trago del reclamo alemán, respecto del pago que viene dilatándose desde 2004 con el Club de Paris, Cristina Kirchner eligió el contraataque en lugar de mantener una actitud más moderada. Así entonces le pidió a Ángela Merkel, en una conferencia de prensa conjunta, que contemplara, a la hora de los reclamos por el Club de París, los beneficios fiscales que reciben las empresas alemanas en la Argentina, y le planteó una fuerte queja por las restricciones a las exportaciones de carne por parte de la Unión Europea. Alemania es el segundo destino de las ventas de carne argentina, explico la primera mandataria. Con sustanciales diferencias sobre el papel del FMI en la reestructuración del pago de los 6700 millones de dólares que la Argentina les debe a los 19 países que integran el grupo, en el que Alemania es el principal acreedor, Merkel y la Presidenta acordaron relanzar una comisión binacional para abordar los temas conflictivos. Fue una suerte de tregua ante la falta de acuerdos. Lo cierto es que el tema deuda no estaba previsto en la agenda argentina y Merkel se encargó de ponerlo frontalmente sobre la mesa, obligando a CFK a responder sobre el tema. Respecto de la renegociación de la deuda, Fernández de Kirchner dejó en claro que es conocida la posición argentina respecto de la participación del Fondo Monetario Internacional en esta negociación, ya que el gobierno nacional no está de acuerdo con las supervisiones previstas en el artículo cuarto de ese organismo internacional de crédito. La voluntad de la Argentina siempre ha sido la de pagar sus deudas, de hecho, antes de que cayera la consultora Lehmann Brothers, habíamos comunicado la decisión de pagar esta deuda. Obviamente el escenario mundial cambió, pero seguimos con la misma vocación.
Sin embargo, Fernández de Kirchner señaló que también que en la renegociación de esta deuda con el Club de París se debe contemplar todo el tema de inversiones de los países que lo integran y que están en la Argentina ya que se trata de empresas que reciben beneficios y promociones fiscales. Se les permite a estas empresas girar utilidades a estas casas centrales en base a los beneficios fiscales, préstamos y promociones que hace la Argentina, y esto tiene que ser contemplado. Todos sabemos que el Club de París tiene más que nada préstamos vinculados con las actividades de las empresas a través de sus agencias de inversión, fundamentó la mandataria. La canciller alemana, Ángela Merkel, se mostro firme ante la negativa de Cristina Kirchner a aceptar el monitoreo del Fondo Monetario Internacional (FMI) para saldar la deuda con el Club de París. Fue el principal reclamo que la mujer más poderosa del mundo le planteó a la Presidenta en el almuerzo cordial, pero intenso que compartieron en el gigante edificio de cemento y vidrio de la cancillería federal. Las relaciones son buenas, pero queremos ampliarlas, respondió la líder alemana. Entre buenos amigos, deben ganar ambos, retrucó la Presidenta y planteó que mientras que las exportaciones alemanas hacia el país subieron un 50% el último año, las argentinas cayeron el 2%. Merkel dedicó buena parte del almuerzo, en un salón de estilo minimalista con vista a los jardines de la sede gubernamental, a testear a la Presidenta sobre su postura respecto de la integración del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y su posición sobre el cambio climático. Hubo diferencias, y Cristina Kirchner le ratificó que pretendía eliminar los miembros permanentes del organismo de la ONU, a contramano del lugar que reclama Alemania, y le ratificó su posición sobre que los países desarrollados se hicieran cargo de la contaminación en una mayor proporción que las economías emergentes.
Sin embargo, Fernández de Kirchner señaló que también que en la renegociación de esta deuda con el Club de París se debe contemplar todo el tema de inversiones de los países que lo integran y que están en la Argentina ya que se trata de empresas que reciben beneficios y promociones fiscales. Se les permite a estas empresas girar utilidades a estas casas centrales en base a los beneficios fiscales, préstamos y promociones que hace la Argentina, y esto tiene que ser contemplado. Todos sabemos que el Club de París tiene más que nada préstamos vinculados con las actividades de las empresas a través de sus agencias de inversión, fundamentó la mandataria. La canciller alemana, Ángela Merkel, se mostro firme ante la negativa de Cristina Kirchner a aceptar el monitoreo del Fondo Monetario Internacional (FMI) para saldar la deuda con el Club de París. Fue el principal reclamo que la mujer más poderosa del mundo le planteó a la Presidenta en el almuerzo cordial, pero intenso que compartieron en el gigante edificio de cemento y vidrio de la cancillería federal. Las relaciones son buenas, pero queremos ampliarlas, respondió la líder alemana. Entre buenos amigos, deben ganar ambos, retrucó la Presidenta y planteó que mientras que las exportaciones alemanas hacia el país subieron un 50% el último año, las argentinas cayeron el 2%. Merkel dedicó buena parte del almuerzo, en un salón de estilo minimalista con vista a los jardines de la sede gubernamental, a testear a la Presidenta sobre su postura respecto de la integración del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y su posición sobre el cambio climático. Hubo diferencias, y Cristina Kirchner le ratificó que pretendía eliminar los miembros permanentes del organismo de la ONU, a contramano del lugar que reclama Alemania, y le ratificó su posición sobre que los países desarrollados se hicieran cargo de la contaminación en una mayor proporción que las economías emergentes.
octubre 22, 2010
La mafia de los medicamentos, y los aportes de campaña
Héctor Capaccioli, ex titular de la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación (SSS) y recaudador de la campaña presidencial de Cristina Fernández, ha declarado como imputado en la causa por la ya famosa "mafia de los medicamentos", donde rechazó los cargos que se le imputan y aseguró ante la Justicia que en 2007 el Frente para la Victoria recibió todos los aportes conforme a la ley. El ex recaudador Kirchnerista admitió en su declaración haber integrado la junta promotora del Frente para la Victoria junto con otras siete personas, y que la junta depósito los fondos recaudados en la cuenta abierta a tal efecto, así como emitió las órdenes de pago correspondientes. Según su declaración hubieron muchos aportantes que querían participar colaborando pero siempre conforme a la ley electoral, así como también explico que ningún aporte de los que él recibió y luego derivo a los responsables político y económico del Frente se había efectuado sin cumplir los requisitos de la ley. Esto quiere decir entonces, según Capaccioli, que todos los depósitos que han pasado por su persona fueron bancarizados. Capaccioli, de 52 años, dijo que su ocupación es la de "operador de radio", actividad a partir de la cual se convirtió en dirigente sindical del gremio de ese rubro.
El ex funcionario se encuentra imputado por fraude al Estado en el pago a obras sociales de tratamientos médicos complejos que no se realizaban, a través de la Administración de Programas Especiales (APE) del Ministerio de Salud, en la época en que él dirigía la SSS entre enero de 2006 y noviembre de 2008. Respecto de estos cargos intentó tomar distancia y aseguro que no tuvo injerencia directa ni indirecta sobre los subsidios y reintegros otorgados por la APE a los agentes de seguros de salud, y alego en su favor que en las auditorías realizadas sobre los ejercicios 2006y 2007 había convocado a audiencia pública, pero respecto del ejercicio 2008 no pudo realizar la audiencia pública por haber renunciado antes de finalizar dicho periodo. También se defendió manifestando que él no aprobó el fideicomiso mencionado en la imputación, y que mucho menos pude haberlo controlado ya que al momento de haberse aceptado su renuncia el plan de crisis elaborado por la obra social bancaria, estaba a consideración del Ministerio de Salud. El ex secretario negó también haber formado parte de ninguna asociación ilícita con el propósito de defraudar a la obra social bancaria. Pero para refrescar su mala memoria, el juez Oyarbide citó a declaración a los también ex recaudadores de campaña Hernán Diez (director de Lotería Nacional) y Sebastián Gramajo (ex legislador), para el 19 y 21 de octubre respectivamente, y al ex ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Claudio Zin, para el 26 de octubre.
Y a todo esto se sumaron aquellos que ya declararon como acusados, es decir, la jefa administrativa del Policlínico Bancario (POBA), Ana Kapfer; el encargado de la entrega y recepción de medicamentos, Carlos Bonano, y el titular de la farmacia del POBA, Sabrina Alegrito. En la causa ya se estableció que droguerías y empresas farmacéuticas fueron aportantes a la campaña presidencial de 2007 de Cristina Kirchner, entre ellas la droguería San Javier, del detenido Néstor Lorenzo, y la que pertenecía a Sebastián Forza, una de las víctimas del triple crimen de General Rodríguez. Por la llamada "mafia de los medicamentos" ya están presos y procesados el ex líder del gremio bancario, y ex dueño literalmente durante algo más de tres décadas de obra social bancaria, Juan José Zanola, su mujer y ex secretaria administrativa del POBA, Paula Aballay, la ex subdirectora de esa entidad, Susana Fiona, y Néstor Lorenzo. Todos están procesados como integrantes de una asociación dedicada a la comercialización de remedios oncológicos y para el HIV apócrifos o adulterados que se les suministraban a los pacientes de bancarios, varios de los cuales han fallecido. Por otra parte, algunas de las declaraciones de los ya detenidos, echan por tierra los dichos del ex funcionario Kirchnerista.
El ex funcionario se encuentra imputado por fraude al Estado en el pago a obras sociales de tratamientos médicos complejos que no se realizaban, a través de la Administración de Programas Especiales (APE) del Ministerio de Salud, en la época en que él dirigía la SSS entre enero de 2006 y noviembre de 2008. Respecto de estos cargos intentó tomar distancia y aseguro que no tuvo injerencia directa ni indirecta sobre los subsidios y reintegros otorgados por la APE a los agentes de seguros de salud, y alego en su favor que en las auditorías realizadas sobre los ejercicios 2006y 2007 había convocado a audiencia pública, pero respecto del ejercicio 2008 no pudo realizar la audiencia pública por haber renunciado antes de finalizar dicho periodo. También se defendió manifestando que él no aprobó el fideicomiso mencionado en la imputación, y que mucho menos pude haberlo controlado ya que al momento de haberse aceptado su renuncia el plan de crisis elaborado por la obra social bancaria, estaba a consideración del Ministerio de Salud. El ex secretario negó también haber formado parte de ninguna asociación ilícita con el propósito de defraudar a la obra social bancaria. Pero para refrescar su mala memoria, el juez Oyarbide citó a declaración a los también ex recaudadores de campaña Hernán Diez (director de Lotería Nacional) y Sebastián Gramajo (ex legislador), para el 19 y 21 de octubre respectivamente, y al ex ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Claudio Zin, para el 26 de octubre.
Y a todo esto se sumaron aquellos que ya declararon como acusados, es decir, la jefa administrativa del Policlínico Bancario (POBA), Ana Kapfer; el encargado de la entrega y recepción de medicamentos, Carlos Bonano, y el titular de la farmacia del POBA, Sabrina Alegrito. En la causa ya se estableció que droguerías y empresas farmacéuticas fueron aportantes a la campaña presidencial de 2007 de Cristina Kirchner, entre ellas la droguería San Javier, del detenido Néstor Lorenzo, y la que pertenecía a Sebastián Forza, una de las víctimas del triple crimen de General Rodríguez. Por la llamada "mafia de los medicamentos" ya están presos y procesados el ex líder del gremio bancario, y ex dueño literalmente durante algo más de tres décadas de obra social bancaria, Juan José Zanola, su mujer y ex secretaria administrativa del POBA, Paula Aballay, la ex subdirectora de esa entidad, Susana Fiona, y Néstor Lorenzo. Todos están procesados como integrantes de una asociación dedicada a la comercialización de remedios oncológicos y para el HIV apócrifos o adulterados que se les suministraban a los pacientes de bancarios, varios de los cuales han fallecido. Por otra parte, algunas de las declaraciones de los ya detenidos, echan por tierra los dichos del ex funcionario Kirchnerista.
octubre 21, 2010
¿Qué más hace falta para condenarlo?
Si uno se atiene a las declaraciones de Jaime ante la Oficina Anticorrupción, su paso por la función pública lo empobreció, ya que cuando asumió, en 2003 informó un patrimonio de $266.700, cuatro veces más que en su última presentación de 2008. Jaime fue secretario de Transporte desde que Néstor Kirchner llegó al poder, en 2003, y continuó hasta julio de 2009, cuando fue echado de su cargo tras las derrota electoral que sufrió el oficialismo en las elecciones legislativas del año pasado. Elegido por Néstor Kirchner para secundar a Julio De Vido en el Ministerio de Planificación, acumulaba entonces varias denuncias en su contra. En aquella declaración jurada presentada por Jaime en 2008 reconocía como de su propiedad sólo tres bienes, un inmueble en Santa Cruz de $33.639, un depósito de $2379 y una moto, el bien más caro, de $65.400. Hoy en la causa que lo investiga por el delito de dádivas, que prevé una pena de hasta dos años e inhabilitación para ejercer cargos públicos de uno a seis años para funcionarios, y además, prevé también de un mes a un año a quien ofrezca la dádiva. La Justicia parece complicar cada vez más al ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime, pero es solo eso, “parece”. La Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, luego de su indagatoria, tomó medidas en su contra, al confirmar su procesamiento, el embargo por 40 millones de pesos sobre sus bienes, la prohibición de su salida del país y el llamado a indagatoria en el marco de distintas causas que se le siguen por otros hechos de corrupción.
De esta manera se ratificó el procesamiento dictado por el juez Claudio Bonadío en el expediente donde se le imputa a Jaime haber realizado viajes en aviones privados costeados por empresarios a los que debía controlar. Los jueces de la causa Jorge Ballestero, Eduardo Freiler y Eduardo Farah hicieron lo mismo con Manuel Vázquez ex asesor de Jaime y su hijo, Julián Vázquez; y los empresarios Jorge Molina ex director de Aerolíneas Argentinas y Sergio Cirigliano del Grupo Plaza, empresa esta ultima dueña del 60% de las líneas de colectivos en el conurbano bonaerense y otras tantas en capital. Por su parte Gustavo Carmona, Carlos Alberto Lluch, Alejandro Ventola y Ricardo Izquierdo obtuvieron la falta de mérito. Al ex secretario de Transporte, Bonadio lo procesó porque usó 14 taxis aéreos para junto a familiares y amigos viajar a Córdoba, Punta del Este, Río de Janeiro, Curitiba, Florianópolis y Buenos Aires. Y también porque usó un pasaje de cortesía de Aerolíneas Argentinas cuando la empresa era privada. Los viajes fueron realizados mientras Jaime era el encargado de, entre otras tareas, repartir los subsidios que, por ejemplo, reciben las empresas de Cirigliano. También desestimaron el planteo de nulidad interpuesto por los abogados de Jaime contra el llamado a indagatoria ordenado por Oyarbide por presuntas dádivas, debido a que empresarios beneficiados con una concesión le abonaban el alquiler de su lujoso departamento, ubicado sobre la avenida Del Libertador.
De esta manera se ratificó el procesamiento dictado por el juez Claudio Bonadío en el expediente donde se le imputa a Jaime haber realizado viajes en aviones privados costeados por empresarios a los que debía controlar. Los jueces de la causa Jorge Ballestero, Eduardo Freiler y Eduardo Farah hicieron lo mismo con Manuel Vázquez ex asesor de Jaime y su hijo, Julián Vázquez; y los empresarios Jorge Molina ex director de Aerolíneas Argentinas y Sergio Cirigliano del Grupo Plaza, empresa esta ultima dueña del 60% de las líneas de colectivos en el conurbano bonaerense y otras tantas en capital. Por su parte Gustavo Carmona, Carlos Alberto Lluch, Alejandro Ventola y Ricardo Izquierdo obtuvieron la falta de mérito. Al ex secretario de Transporte, Bonadio lo procesó porque usó 14 taxis aéreos para junto a familiares y amigos viajar a Córdoba, Punta del Este, Río de Janeiro, Curitiba, Florianópolis y Buenos Aires. Y también porque usó un pasaje de cortesía de Aerolíneas Argentinas cuando la empresa era privada. Los viajes fueron realizados mientras Jaime era el encargado de, entre otras tareas, repartir los subsidios que, por ejemplo, reciben las empresas de Cirigliano. También desestimaron el planteo de nulidad interpuesto por los abogados de Jaime contra el llamado a indagatoria ordenado por Oyarbide por presuntas dádivas, debido a que empresarios beneficiados con una concesión le abonaban el alquiler de su lujoso departamento, ubicado sobre la avenida Del Libertador.
octubre 20, 2010
De abusos insostenibles
Entre otros, habían asistido al acto el titular de la Anses, Diego Bossio, el presidente de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, Gabriel Mariotto, además de los diputados Carlos Kunkel, Carlos Heller, Ariel Basteiro, Martín Sabbatella y Dante Gullo, y la titular de las Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto; el gremialista Julio Piumato, líder del sindicato de empleados judiciales, Osvaldo Papaleo, por el lado del espectáculo las actrices Andrea del Boca, Esther Goris y Florencia Peña. El acto había sido convocado para exigir la aplicación inmediata de la ley de medios, la oradora, la polémica titular de madres de plaza de mayo, Hebe de Bonafini, el discurso, inadmisible en él se dio el lujo de insultar frente a Tribunales a los ministros de la Corte, a los que llamó "turros" y los acusó de recibir sobres con plata, de haber sido parte de la dictadura, y de haber permitido las muertes de la represión durante el proceso de reorganización nacional. En medio del silencio del Gobierno, sorprendieron los fuertes reproches a Bonafini que llegaron hasta de sectores identificados con el kirchnerismo. Pero discurso de Bonafini fue otro acontecimiento de varios por el estilo que vienen generando un debate tanto interno dentro del oficialismo, como con el entorno externo. Aunque por ahora no se hace público, cada vez más dirigentes oficialistas creen que para intentar llegar al 40% de los votos en las elecciones del 2011 necesarios para eludir un balotaje el kirchnerismo debería realizar gestos de apertura y consenso, y no de confrontación.
Kirchner, por ahora, no escucha según él, a esa ala más moderada de su Gobierno, su soberanía no le permite ver más allá de sus narices. La sucesión de dichos, durante el discurso fue más o menos la siguiente: mientras Hebe de Bonafini recién comenzada a dar su discurso contra la Corte Suprema y Gabriel Mariotto estaba sonriente; sentado detrás de ella. A medida que la líder de las Madres de Plaza de Mayo empiezo a hablar, y sobre todo cuando levanto la voz para calificar de “turros” a los integrantes del Corte suprema de justicia, el titular de la Autoridad de Servicios de Comunicación Audiovisual se iba poniendo serio, se incomodada, se fue de a poco corriendo hacia atrás, al tiempo que apretaba sus labios. Mariotto había tratado de instalar la idea de que el acto organizado para aquel martes por el oficialismo, en Plaza Lavalle, no era una presión a la Corte para destrabar la ley de medios, incluso tras fueron las declaraciones hechas justo un rato antes de que Bonafini cerrara el evento. Ahora, que fue lo que dijo en concreto, ¿Qué les vamos a decir a estos turros de la Suprema Corte?, ¿Qué les vamos a decir a los que hicieron posible la tortura y la muerte? ¿A los que apoyaron la dictadura militar? No sé por qué Suprema y por qué Corte. Y por qué carajo están en un Palacio. Pero de qué habla la Señora de Bonafini, si los magistrados a los que se refiere fueron puestos por su ídolo máximo, Néstor Kirchner.
A esos turros que alguna vez piensen en el pueblo continuo, que está en la calle y es el que tiene que determinar. Arranquémosle a la Corte la decisión que es nuestra. Saquémosela de las manos y si tenemos que tomar el Palacio de Tribunales, tomémoslo. Estas fueron las palabras exactas de una mujer que entre tantas otras barbaridades, reivindicó los atentados a las torres gemelas y los crímenes de la ETA. Sus dichos y amenazas contra la Corte Suprema de Justicia siguieron repercutiendo durante días negativamente sobre su figura y en esta oportunidad sumó la presentación de tres denuncias penales en su contra. Bonafini es acusada entre otras, de violar el artículo 149 bis del Código Penal que prevé penas de prisión de cinco a diez años cuando las amenazas tuvieren como propósito la obtención de alguna medida o concesión por parte de cualquier miembro de los poderes públicos. El hecho denunciado pretende avasallar la independencia del Poder Judicial de la Nación, nada menos que en su cabeza máxima, la Corte Suprema. En las denuncias, Bonafini también es acusada por la comisión del delito previsto en el artículo 212 del Código Penal que estipula penas de prisión de tres a seis años a quien públicamente incitare a la violencia colectiva contra grupos de personas o instituciones, por la sola incitación. Lamentablemente no debemos olvidar que esta Señora es otro de los alfiles que utiliza el gobierno nacional.
Kirchner, por ahora, no escucha según él, a esa ala más moderada de su Gobierno, su soberanía no le permite ver más allá de sus narices. La sucesión de dichos, durante el discurso fue más o menos la siguiente: mientras Hebe de Bonafini recién comenzada a dar su discurso contra la Corte Suprema y Gabriel Mariotto estaba sonriente; sentado detrás de ella. A medida que la líder de las Madres de Plaza de Mayo empiezo a hablar, y sobre todo cuando levanto la voz para calificar de “turros” a los integrantes del Corte suprema de justicia, el titular de la Autoridad de Servicios de Comunicación Audiovisual se iba poniendo serio, se incomodada, se fue de a poco corriendo hacia atrás, al tiempo que apretaba sus labios. Mariotto había tratado de instalar la idea de que el acto organizado para aquel martes por el oficialismo, en Plaza Lavalle, no era una presión a la Corte para destrabar la ley de medios, incluso tras fueron las declaraciones hechas justo un rato antes de que Bonafini cerrara el evento. Ahora, que fue lo que dijo en concreto, ¿Qué les vamos a decir a estos turros de la Suprema Corte?, ¿Qué les vamos a decir a los que hicieron posible la tortura y la muerte? ¿A los que apoyaron la dictadura militar? No sé por qué Suprema y por qué Corte. Y por qué carajo están en un Palacio. Pero de qué habla la Señora de Bonafini, si los magistrados a los que se refiere fueron puestos por su ídolo máximo, Néstor Kirchner.
A esos turros que alguna vez piensen en el pueblo continuo, que está en la calle y es el que tiene que determinar. Arranquémosle a la Corte la decisión que es nuestra. Saquémosela de las manos y si tenemos que tomar el Palacio de Tribunales, tomémoslo. Estas fueron las palabras exactas de una mujer que entre tantas otras barbaridades, reivindicó los atentados a las torres gemelas y los crímenes de la ETA. Sus dichos y amenazas contra la Corte Suprema de Justicia siguieron repercutiendo durante días negativamente sobre su figura y en esta oportunidad sumó la presentación de tres denuncias penales en su contra. Bonafini es acusada entre otras, de violar el artículo 149 bis del Código Penal que prevé penas de prisión de cinco a diez años cuando las amenazas tuvieren como propósito la obtención de alguna medida o concesión por parte de cualquier miembro de los poderes públicos. El hecho denunciado pretende avasallar la independencia del Poder Judicial de la Nación, nada menos que en su cabeza máxima, la Corte Suprema. En las denuncias, Bonafini también es acusada por la comisión del delito previsto en el artículo 212 del Código Penal que estipula penas de prisión de tres a seis años a quien públicamente incitare a la violencia colectiva contra grupos de personas o instituciones, por la sola incitación. Lamentablemente no debemos olvidar que esta Señora es otro de los alfiles que utiliza el gobierno nacional.
octubre 19, 2010
Ejecutivo vs Judicial, parte III
La maniobra coordinada es parte de una estrategia que viene utilizando el oficialismo para polarizar a la opinión pública. A casi un año de las elecciones presidenciales, Kirchner busca demostrar que puede doblegar a la Justicia y a las corporaciones y monopolios mediáticos conspiradores, para captar el voto progresista que los rechaza. La idea sería que votar otra opción favorecería a los intereses antipopulares, de ahí la maniobra mencionada. Entonces algunas horas después de su esposa, el ex Presidente Néstor Kirchner, titular de la UNASUR, critico a la Justicia tras el fallo de un juez de La Plata, que había dictado una medida cautelar que impide el cierre de la empresa Fibertel, como lo dispuso el Gobierno el 19 de agosto pasado. Para el titular de UNASUR, la justicia cautelar, como vienen refiriéndose al poder judicial en general desde hace un tiempo, jamás resuelve nada sobre esos amparos. Sólo sirven para trabar el funcionamiento normal de la institucionalidad del Estado. Lo cierto es que, estos ataques se vienen dando debido a que los fallos que no son favorables al ejecutivo sirven sólo a corporaciones y monopolios etc., etc., y esto enloquece al matrimonio presidencial.
Según la particular visión del matrimonio presidencial todo el mundo sabe, y es público, que hubo una reunión entre el señor Héctor Magnetto y la Corte, y parece ser que de esa reunión ha surgido algún tipo de negociado entre el empresario y el máximo tribunal. Estos son algunos de los delirios que persiguen a Néstor y a Cristina. Luego continuando casi en paralelo con el ataque, ambos coincidieron en que era hora de que la justicia se consolide como un poder independiente y aseguraron que ellos no quieren una justicia solamente independiente del poder político pero si dependiente de factores de concentración económica y mediática. La presidenta Cristina Krichner y su esposo, el diputado Néstor Kirchner entonces redoblaron así su ataque feroz a la Justicia por su guerra contra los medios de prensa e incrementaron su presión sobre la Corte Suprema al tiempo que la primera mandataria calificaba de incompetente al juez civil, Elvio Sagarra, que frenó con una medida cautelar el cierre de Fibertel por parte del Gobierno, su marido el ex presidente dijo que lo de la justicia era una vergüenza, y todo esto desde la suite en el piso 31 del hotel en Manhattan en el que se alojaron durante el último viaje a EEUU. Y desde un país que hace culto de la división de poderes y la libertad de prensa, Kirchner ordenó a los ministros un ataque masivo contra los jueces y al Grupo Clarín.
Mientras tanto, aquí el magistrado respondió que no se dejaría presionar ya que para eso existe la división de poderes, para que entre ellos mantengan un balance que asegure la gobernabilidad. La Presidenta había comenzado la gira por Nueva York diciendo que no iba a hablar de temas locales, pero se involucró en la pelea doméstica, no le iba a contestar al magistrado platense, e inmediatamente señaló que había que entender que se trataba de un juez de la provincia de Buenos Aires, por lo tanto, era un incompetente. De esa respuesta fue directo a los medios e índico que algunos, se preocupaban por los aumentos de luz o gas, pero nada decían del servicio de televisión por cable, es el más caro de todos, pero lo que no dijo fue con quien realizaba la comparación. Durante el Consejo de las Américas en respuesta a David Martínez, de Fintech, accionista de Fibertel, que le había preguntado si en la Argentina había problemas con la libertad de prensa Cristina Kirchner contestó que hay libertad de prensa y mostró el cuadro donde decía que el cable cuesta alrededor de $140 y en orden decreciente se ubicaban Internet, ABL, teléfonos, colectivos, subtes, tren, luz, gas y agua, ¿y?, Sin incluir internet, ABL (alumbrado, barrido, y limpieza), y teléfonos todos los demás mencionados por la presidenta, son servicios subsidiados por el estado. Entonces como reza el dicho del saber popular digo, “que tiene que ver el culo con el mes de mayo”, ¿No?
Según la particular visión del matrimonio presidencial todo el mundo sabe, y es público, que hubo una reunión entre el señor Héctor Magnetto y la Corte, y parece ser que de esa reunión ha surgido algún tipo de negociado entre el empresario y el máximo tribunal. Estos son algunos de los delirios que persiguen a Néstor y a Cristina. Luego continuando casi en paralelo con el ataque, ambos coincidieron en que era hora de que la justicia se consolide como un poder independiente y aseguraron que ellos no quieren una justicia solamente independiente del poder político pero si dependiente de factores de concentración económica y mediática. La presidenta Cristina Krichner y su esposo, el diputado Néstor Kirchner entonces redoblaron así su ataque feroz a la Justicia por su guerra contra los medios de prensa e incrementaron su presión sobre la Corte Suprema al tiempo que la primera mandataria calificaba de incompetente al juez civil, Elvio Sagarra, que frenó con una medida cautelar el cierre de Fibertel por parte del Gobierno, su marido el ex presidente dijo que lo de la justicia era una vergüenza, y todo esto desde la suite en el piso 31 del hotel en Manhattan en el que se alojaron durante el último viaje a EEUU. Y desde un país que hace culto de la división de poderes y la libertad de prensa, Kirchner ordenó a los ministros un ataque masivo contra los jueces y al Grupo Clarín.
Mientras tanto, aquí el magistrado respondió que no se dejaría presionar ya que para eso existe la división de poderes, para que entre ellos mantengan un balance que asegure la gobernabilidad. La Presidenta había comenzado la gira por Nueva York diciendo que no iba a hablar de temas locales, pero se involucró en la pelea doméstica, no le iba a contestar al magistrado platense, e inmediatamente señaló que había que entender que se trataba de un juez de la provincia de Buenos Aires, por lo tanto, era un incompetente. De esa respuesta fue directo a los medios e índico que algunos, se preocupaban por los aumentos de luz o gas, pero nada decían del servicio de televisión por cable, es el más caro de todos, pero lo que no dijo fue con quien realizaba la comparación. Durante el Consejo de las Américas en respuesta a David Martínez, de Fintech, accionista de Fibertel, que le había preguntado si en la Argentina había problemas con la libertad de prensa Cristina Kirchner contestó que hay libertad de prensa y mostró el cuadro donde decía que el cable cuesta alrededor de $140 y en orden decreciente se ubicaban Internet, ABL, teléfonos, colectivos, subtes, tren, luz, gas y agua, ¿y?, Sin incluir internet, ABL (alumbrado, barrido, y limpieza), y teléfonos todos los demás mencionados por la presidenta, son servicios subsidiados por el estado. Entonces como reza el dicho del saber popular digo, “que tiene que ver el culo con el mes de mayo”, ¿No?
octubre 18, 2010
Al igual que lo ocurrido durante los primeros seis meses, y luego durante todo lo que va de 2010, el contrato firmado entre el gobierno y la asociación del fútbol argentino se ha modificado, y seguirá siendo modificado a gusto y requerimiento. De los primeros, y originales $600 millones que fueran presupuestados, y por los que se firmo ya nada queda, al día de hoy ese primer número se encuentra superando la barrera de los 900 millones de pesos por muchas razones, pero lo importante es que esto aún no termina. Según parece las nuevas erogaciones del futbol para todos se repartirán de la siguiente manera, para el área de mantenimiento y reparación de cámaras, se desembolsarán $1.300.000. Aparece otro $1millón, que supuestamente se asignara para pasajes y viáticos aunque no se sabe de quién, mientras que otros $700.000 serán para servicios comerciales y financieros, tampoco se sabe a ciencia cierta de quien y finalmente otros $551.115 millones irán para personal permanente en concepto de sueldos, sin encontrar quien cobrará que.
El presupuesto para el próximo año enviado al Congreso muestra que se destinarán 690 millones de pesos, $90 millones más de lo estipulado en el primer contrato, pero aparte se duplicará por ejemplo el dinero destinado a servicios técnicos y profesionales, que de $44, 37, pasara a ser de 86, 44 millones. Los costos entonces de la transmisión del programa Fútbol para todos subirán en 2011 un ciento por ciento si se aprueba esta solicitud para ampliar las partidas. En febrero de 2010, desde la Jefatura de Gabinete se le adjudicó el servicio integral de master control y coordinación integral satelital a La Corte por $26,49 millones. Esa cifra comprendía a los dos torneos (Clausura y Apertura) de este año y la empresa adjudicataria también es la encargada de filmar los actos presidenciales cuando Néstor y Cristina Kirchner se encuentran de viaje en el exterior. Esta empresa ya realizó esa tarea en 2009. Por otra parte, para el servicio de cobertura y transmisión desde el estadio, la única oferta económica fue de VTS, que percibirá $17,877 millones por esa tarea. Todas estas cifras aun cuando se encuentren plasmadas en el presupuesto enviado al congreso, así como en tantas otras oportunidades las mismas podrán ser modificadas.
De todas formas, el manejo de los fondos del fútbol para todos se presta para todo y para una interesante y variada cantidad de manipulaciones. Aunque ya está aprobado el gasto de $645 millones para esta temporada, es decir $600 millones que van a la AFA y $44,37 millones de las transmisiones, en el presupuesto nacional siguen figurando $611 millones como número final solo que están faltando $34 millones. En julio pasado ya se hablaba del aumento que se había registrado en el presupuesto del Gobierno para la televisación del futbol, el numero ya estaba en los $828 millones y que, muchos señalaban que podía estirarse hasta los $928 millones, cifra que también fue superada. Frente a las quejas que manifestaron desde la oposición, y para calmar las aguas ya que aparte en medio de toda esta situación coincidentemente surge la elección de Aníbal Fernández como vicepresidente de Quilmes, algo que investigó la Oficina Anticorrupción, el martes 19 de agosto desde el gobierno hicieron una corrección presupuestaria. Al fútbol le sacaron $217 millones que fueron a subsidios para la energía y Enarsa. De esa forma, Aníbal F. volvió a esgrimir que el gasto del fútbol seria solo de $600 millones en la sesión informativa en la Cámara de Diputados.
El presupuesto para el próximo año enviado al Congreso muestra que se destinarán 690 millones de pesos, $90 millones más de lo estipulado en el primer contrato, pero aparte se duplicará por ejemplo el dinero destinado a servicios técnicos y profesionales, que de $44, 37, pasara a ser de 86, 44 millones. Los costos entonces de la transmisión del programa Fútbol para todos subirán en 2011 un ciento por ciento si se aprueba esta solicitud para ampliar las partidas. En febrero de 2010, desde la Jefatura de Gabinete se le adjudicó el servicio integral de master control y coordinación integral satelital a La Corte por $26,49 millones. Esa cifra comprendía a los dos torneos (Clausura y Apertura) de este año y la empresa adjudicataria también es la encargada de filmar los actos presidenciales cuando Néstor y Cristina Kirchner se encuentran de viaje en el exterior. Esta empresa ya realizó esa tarea en 2009. Por otra parte, para el servicio de cobertura y transmisión desde el estadio, la única oferta económica fue de VTS, que percibirá $17,877 millones por esa tarea. Todas estas cifras aun cuando se encuentren plasmadas en el presupuesto enviado al congreso, así como en tantas otras oportunidades las mismas podrán ser modificadas.
De todas formas, el manejo de los fondos del fútbol para todos se presta para todo y para una interesante y variada cantidad de manipulaciones. Aunque ya está aprobado el gasto de $645 millones para esta temporada, es decir $600 millones que van a la AFA y $44,37 millones de las transmisiones, en el presupuesto nacional siguen figurando $611 millones como número final solo que están faltando $34 millones. En julio pasado ya se hablaba del aumento que se había registrado en el presupuesto del Gobierno para la televisación del futbol, el numero ya estaba en los $828 millones y que, muchos señalaban que podía estirarse hasta los $928 millones, cifra que también fue superada. Frente a las quejas que manifestaron desde la oposición, y para calmar las aguas ya que aparte en medio de toda esta situación coincidentemente surge la elección de Aníbal Fernández como vicepresidente de Quilmes, algo que investigó la Oficina Anticorrupción, el martes 19 de agosto desde el gobierno hicieron una corrección presupuestaria. Al fútbol le sacaron $217 millones que fueron a subsidios para la energía y Enarsa. De esa forma, Aníbal F. volvió a esgrimir que el gasto del fútbol seria solo de $600 millones en la sesión informativa en la Cámara de Diputados.
octubre 15, 2010
Ejecutivo vs Judicial, parte II
Aun considerando que el matrimonio presidencial, y todos sus humildes sirvientes han bajado los decibeles por tanto, han cambiado considerablemente su estrategia no podemos dejar de ver las irresponsabilidades de la Presidente de la nación. Una primera mandataria a la que este tipo de desatinos pueden contársele por miles desde el día en que asumió su rol, frases hubieron muchas, pero pocas veces hubo una ironía que rebotara tan pronto contra su autor, y autora ya de una innumerable cantidad de desbordes verborragicos y erróneos en su mayoría, hoy “La justicia cautelar” está haciendo bailar a la Presidenta, y a su gobierno en general. La Presidenta comenzó sus cuestionamientos con una ironía, "Gobernador Peralta, me lo quieren intervenir", dijo, mirando a su invitado en un acto oficial sobre educación en Balcarce 50. Y con una sonrisa, añadió, No importa, le vamos a dar asilo político aquí en la Casa Rosada. Este comentario lanzado directo al corazón de la corte suprema, repercutió de inmediato en las autoridades del máximo tribunal. Sin dudar varios de sus integrantes explicaron los motivos por los cuales solicitaron la intervención del congreso para que el gobernador de la provincia repusiera en su cargo al ex procurador despedido quince años atrás por el ex Presidente, y actual primera dama.
En las principales filas de la oposición en el Congreso comenzaron a avanzar en un intento de lograr hacer cumplir la determinación de la Corte Suprema de Justicia sobre el caso del ex procurador de Santa Cruz, Eduardo Sosa. Ricardo Gil Lavedra por el radicalismo, Gustavo Ferrari y Graciela Camaño por el Peronismo Federal son los principales actores de un proyecto unificador que tiene, afuera a la Coalición Cívica, luego de que la senadora Elisa Carrió se negara a una posible intervención federal en la provincia. Luego del fuerte respaldo de la presidente Cristina de Kirchner a la gestión del gobernador Daniel Peralta, el oficialismo salió con los tapones de punta a criticar el fallo de la Corte Suprema de Justicia. Los encargados de renovar la defensa fueron los más mediáticos del kirchnerismo, Agustín Rossi, jefe del bloque de la Cámara de Diputados, y por su puesto el jefe de Gabinete Aníbal Fernández. Ambos coincidieron en asegurar las dificultades existentes, para cumplir el fallo. Rossi, al igual que Fernández afirmó que la decisión de la Corte era una situación dificultosa y que cuando el poder central avanza en este sentido, se produce una baja de la calidad institucional. Si bien el diputado Rossi no se equivoca en sus palabras, la situación sería más o menos como tratar de determinar que esta primero el huevo, o la gallina. Todo esto, teniendo en cuenta que si queremos hablar de calidad institucional primero debemos ver cuáles son los errores cometidos para haber llegado a esta situación.
La decisión que tomo la Corte sobre Santa Cruz, se ubica en una línea muy delgada en donde el precedente que se asienta ciertamente no es bueno. En este sentido, la idea de que se puede desde los poderes de la Nación violar las autonomías provinciales, no es buena y aunque el pedido de intervención es de difícil cumplimiento, el fallo de la corte debe ser cumplido por la gobernación de la provincia. Por su parte, el jefe de Gabinete coincidió con la defensa oficial y reiteró que es imposible cumplir el fallo que ordenó reponer en su cargo al ex procurador de Santa Cruz y afirmó que la única solución es una salida política, aunque no dijo cuál. Fernández reiteró que ya hay otro agente fiscal, cuyo puesto también es intangible y no puede ser despedido. El funcionario también consideró un sinsentido la posibilidad de intervenir la provincia, y aseguró que esa posibilidad representaría tocar la democracia y violar la voluntad popular por una sentencia que no tiene forma de cumplirse. La única solución es una salida política, que el gobernador Daniel Peralta presente un proyecto a la Legislatura de Santa Cruz en el que se pida la división del cargo de Procurador, situación que resolvió en su momento Néstor Kirchner luego de quitar de su cargo al ex procurador, sin recurrir de forma alguna a la legislatura provincial. Ahora, del proyecto del congreso, hasta hoy, ni una palabra.
En las principales filas de la oposición en el Congreso comenzaron a avanzar en un intento de lograr hacer cumplir la determinación de la Corte Suprema de Justicia sobre el caso del ex procurador de Santa Cruz, Eduardo Sosa. Ricardo Gil Lavedra por el radicalismo, Gustavo Ferrari y Graciela Camaño por el Peronismo Federal son los principales actores de un proyecto unificador que tiene, afuera a la Coalición Cívica, luego de que la senadora Elisa Carrió se negara a una posible intervención federal en la provincia. Luego del fuerte respaldo de la presidente Cristina de Kirchner a la gestión del gobernador Daniel Peralta, el oficialismo salió con los tapones de punta a criticar el fallo de la Corte Suprema de Justicia. Los encargados de renovar la defensa fueron los más mediáticos del kirchnerismo, Agustín Rossi, jefe del bloque de la Cámara de Diputados, y por su puesto el jefe de Gabinete Aníbal Fernández. Ambos coincidieron en asegurar las dificultades existentes, para cumplir el fallo. Rossi, al igual que Fernández afirmó que la decisión de la Corte era una situación dificultosa y que cuando el poder central avanza en este sentido, se produce una baja de la calidad institucional. Si bien el diputado Rossi no se equivoca en sus palabras, la situación sería más o menos como tratar de determinar que esta primero el huevo, o la gallina. Todo esto, teniendo en cuenta que si queremos hablar de calidad institucional primero debemos ver cuáles son los errores cometidos para haber llegado a esta situación.
La decisión que tomo la Corte sobre Santa Cruz, se ubica en una línea muy delgada en donde el precedente que se asienta ciertamente no es bueno. En este sentido, la idea de que se puede desde los poderes de la Nación violar las autonomías provinciales, no es buena y aunque el pedido de intervención es de difícil cumplimiento, el fallo de la corte debe ser cumplido por la gobernación de la provincia. Por su parte, el jefe de Gabinete coincidió con la defensa oficial y reiteró que es imposible cumplir el fallo que ordenó reponer en su cargo al ex procurador de Santa Cruz y afirmó que la única solución es una salida política, aunque no dijo cuál. Fernández reiteró que ya hay otro agente fiscal, cuyo puesto también es intangible y no puede ser despedido. El funcionario también consideró un sinsentido la posibilidad de intervenir la provincia, y aseguró que esa posibilidad representaría tocar la democracia y violar la voluntad popular por una sentencia que no tiene forma de cumplirse. La única solución es una salida política, que el gobernador Daniel Peralta presente un proyecto a la Legislatura de Santa Cruz en el que se pida la división del cargo de Procurador, situación que resolvió en su momento Néstor Kirchner luego de quitar de su cargo al ex procurador, sin recurrir de forma alguna a la legislatura provincial. Ahora, del proyecto del congreso, hasta hoy, ni una palabra.
octubre 14, 2010
El presupuesto para un año electoral
El Ministerio de Planificación, a cargo de Julio De Vido había arrancado el año con un presupuesto de $38.830 millones y lo terminará con otro de $50.467 millones, un salto del 30 % que barre así con lo que había votado el Congreso para el presupuesto 2010, el tema se explica de una sola manera; las importaciones energéticas, los subsidios y la factura de Aerolíneas no paran de crecer. Con este precedente, es claro que tampoco son reales los $54.049 millones que se le computan en el presupuesto 2011. Nunca se ha cumplido con lo que se presupuesta, aun cuando hubiese sido diseñado por el propio Gobierno. No contentos con lo mencionado, existen otros artículos del proyecto en los que los millones del Ministerio de Planificación son todavía más asombrosos. El Gobierno reorientara las obras públicas de acuerdo con una cuidadosa programación electoral, así en 2011 De Vido manejará más de $54.000 millones. En este marco es fundamental la tarea del secretario de Obras Públicas, José López, que llega a las reuniones con cada intendente acompañado por el analista Carlos Fara y una encuesta de 100 páginas. Fara desgrana números, habla del distrito y muestra detalles desde la intención de voto presidencial hasta el humor en cada barrio por la más pequeña de las obras locales.
López explica la lógica de las inversiones en 2011 y habla con cada intendente dejando en claro que si se hacen bien las cosas, el oficialismo ganara en primera vuelta. Carlos Fara fue contratado para trabajar especialmente en la identificación y evaluación de cada una de las obras públicas en los distritos de cara a 2011. La encuesta del analista incluyó los 13 distritos más importantes del conurbano: Ituzaingó, Merlo, Moreno, San Fernando, Tres de Febrero, La Matanza, Lomas de Zamora, Berazategui, Quilmes, Esteban Echeverría, Avellaneda, Florencio Varela y San Vicente. El área que conduce López, se encuentra bajo el ala del poderoso Ministerio de Planificación, y debe hacer un estudio profundo de la región política más populosa del país, donde Néstor Kirchner concentrará su proyecto para mantenerse en el poder. Aun cuando a la Presidenta sólo le resta algo más de un año de gestión, se actúa sin contemplar la posibilidad de que llegue un gobierno de otro signo, cuyas prioridades en inversiones energéticas, necesarias de todos modos, sean distintas a las del actual. Sólo en dos artículos del proyecto de Presupuesto hay en juego US$ 25.779 millones, U$S7.509 millones que el Poder Ejecutivo sacara de las reservas para pagar deuda externa, y de inmediato sin mayor cuidado por la legalidad según el mismo proyecto, pretende relanzar los cargos tarifarios que ya patinaron en la Justicia.
Se trata, de aumentos sobre los consumos domiciliarios de gas, destinados a financiar gasoductos y el tendido de redes. En ningún lugar se aclara de qué magnitud serán los ajustes, lo cual equivale a la posibilidad de resolver a gusto, y la idea es que rijan durante el tiempo que demande la construcción y el pago de las obras, dice el proyecto. Estos cargos son sin duda, impuestos, y como tales deberían ser considerados en una ley específica, con nítidas precisiones sobre sus alcances y no pueden ser incluidos dentro del Presupuesto. Kirchner pretende lograr que todas las obras favorezcan la imagen del Gobierno y, especialmente, su suerte electoral. De hecho, en las reuniones, López habla de la candidatura del ex presidente, de acuerdo con varios participantes de las reuniones reservadas. Pero en medio de la ebullición del peronismo bonaerense y después del reto público de Kirchner a Scioli, varios caciques dudan, tanto de las encuestas como de las verdaderas intenciones del ex presidente. Saben que si Kirchner no interviniera, varios de ellos ganarían con comodidad sus distritos. Kirchner evalúa su suerte y el juego de los intendentes, a varios de los cuales, en Olivos, todavía sigue llamando traidores. En público, estos sobreactúan los respaldos, deseosos de recibir más fondos, dinero que, en los últimos meses, había empezado a escasear. El año que viene, en plena campaña electoral, el ministerio que comanda De Vido no sólo tendrá para gastar un 39% más que este año, sino que aparte podrá endeudarse por U$S7560 millones.
López explica la lógica de las inversiones en 2011 y habla con cada intendente dejando en claro que si se hacen bien las cosas, el oficialismo ganara en primera vuelta. Carlos Fara fue contratado para trabajar especialmente en la identificación y evaluación de cada una de las obras públicas en los distritos de cara a 2011. La encuesta del analista incluyó los 13 distritos más importantes del conurbano: Ituzaingó, Merlo, Moreno, San Fernando, Tres de Febrero, La Matanza, Lomas de Zamora, Berazategui, Quilmes, Esteban Echeverría, Avellaneda, Florencio Varela y San Vicente. El área que conduce López, se encuentra bajo el ala del poderoso Ministerio de Planificación, y debe hacer un estudio profundo de la región política más populosa del país, donde Néstor Kirchner concentrará su proyecto para mantenerse en el poder. Aun cuando a la Presidenta sólo le resta algo más de un año de gestión, se actúa sin contemplar la posibilidad de que llegue un gobierno de otro signo, cuyas prioridades en inversiones energéticas, necesarias de todos modos, sean distintas a las del actual. Sólo en dos artículos del proyecto de Presupuesto hay en juego US$ 25.779 millones, U$S7.509 millones que el Poder Ejecutivo sacara de las reservas para pagar deuda externa, y de inmediato sin mayor cuidado por la legalidad según el mismo proyecto, pretende relanzar los cargos tarifarios que ya patinaron en la Justicia.
Se trata, de aumentos sobre los consumos domiciliarios de gas, destinados a financiar gasoductos y el tendido de redes. En ningún lugar se aclara de qué magnitud serán los ajustes, lo cual equivale a la posibilidad de resolver a gusto, y la idea es que rijan durante el tiempo que demande la construcción y el pago de las obras, dice el proyecto. Estos cargos son sin duda, impuestos, y como tales deberían ser considerados en una ley específica, con nítidas precisiones sobre sus alcances y no pueden ser incluidos dentro del Presupuesto. Kirchner pretende lograr que todas las obras favorezcan la imagen del Gobierno y, especialmente, su suerte electoral. De hecho, en las reuniones, López habla de la candidatura del ex presidente, de acuerdo con varios participantes de las reuniones reservadas. Pero en medio de la ebullición del peronismo bonaerense y después del reto público de Kirchner a Scioli, varios caciques dudan, tanto de las encuestas como de las verdaderas intenciones del ex presidente. Saben que si Kirchner no interviniera, varios de ellos ganarían con comodidad sus distritos. Kirchner evalúa su suerte y el juego de los intendentes, a varios de los cuales, en Olivos, todavía sigue llamando traidores. En público, estos sobreactúan los respaldos, deseosos de recibir más fondos, dinero que, en los últimos meses, había empezado a escasear. El año que viene, en plena campaña electoral, el ministerio que comanda De Vido no sólo tendrá para gastar un 39% más que este año, sino que aparte podrá endeudarse por U$S7560 millones.
octubre 13, 2010
Cena con amigos
La presidenta Cristina Fernández destacó un nuevo record histórico de las reservas del Banco Central y menciono a modo de auto alago, que es importante reconocer cuando las cosas se hacen bien, en referencia a la cifra alcanzada por las reservas del Banco Central, a pesar de que se han pagado este año U$S4.664 a los tenedores de deuda, explicó, al salir al cruce a quienes cuestionaban que esos fondos tuvieran ese destino, y precisó que las reservas ascienden a U$S51.094. La Presidenta habló en un acto por el 75 aniversario de la Asociación Empresaria de Rosario (AEM), que congrega a alrededor de ocho mil pequeñas y medianas empresas. La visita generó una nueva polémica porque tuvo como escenario el lujoso shopping casino del empresario Cristóbal López, que se encontraba en el ojo de la tormenta en esa provincia porque Paraná Metal, la autopartista de la que es principal accionista, estuvo paralizada, despidiendo personal, y finalmente después de 34 días de piquetes en la autopista Rosario Buenos Aires, los trabajadores levantaron la protesta. El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, afirmó que la fábrica de block de motores de Villa Constitución puede reactivarse en los próximos 15 días. El acuerdo se prolongará por un año y permitirá reactivar la autopartista sólo con un tercio de la totalidad de los trabajadores, habrá 300 empleados efectivos y el resto (unos 600) con suspensiones rotativas, que percibirán un subsidio de $2001, que aportará el Estado nacional.
El documento firmado incluye el pago de la indemnización al ciento por ciento para quienes opten por el retiro voluntario ahora, mientras los que decidan irse de la fábrica cuando termine el convenio, en un año sólo percibirán un monto que en ningún caso podrá superar los 10 meses. Cristina instó, en otro orden, a superar esa tonta dicotomía entre mercado interno y exportaciones porque ambas están íntimamente vinculadas ante unos 1.500 empresarios que estuvieron en el casino de Cristóbal López, donde se instaló un fuerte operativo policial, para que no hubiera manifestaciones contrarias a la Presidenta. Antes de iniciar el acto, Fernández de Kirchner entregó los dos primeros préstamos del Bicentenario a dos empresas santafesinas una del norte y otra del sur de la provincia, que según dijo serian destinados a aumentar la producción y crear más puestos de trabajo. Junto al gobernador de Santa Fe, el socialista Hermes Binner, y la ministra de Industria, Débora Giorgi, la Presidenta resaltó nuevamente el modelo de gobierno iniciado en el 2003 a causa del cual vamos por el octavo año de crecimiento económico. Ratificó entonces que este gobierno va a seguir tomando todas y cada una de las medidas que sean necesarias para defender el trabajo y las empresas argentinas.
Allí recordó a la Rosario fabril de los sesenta, pero dijo que la fiesta duró hasta que vino Martínez de Hoz, el 24 de marzo de 1976. Esta cena se enmarco en un momento en que la provincia de Santa Fe se encontraba agitada por el conflicto de una compañía de la que López es el principal accionista. Hacían más de 15 días que los trabajadores de la autopartista Paraná Metal, a poco más de 50 kilómetros de donde cenaba la Presidenta, llevaban adelante una protesta que derivó en bloqueos de la autopistas Buenos Aires Rosario y cortes de otras rutas aledañas. Los trabajadores realizaron al día siguiente una asamblea en Villa Constitución, en la que se esperaba resolver una profundización del plan de lucha ante lo que consideraban una falta de respuesta del Ministerio de Trabajo para resolver el conflicto. En ese sentido, fuentes gremiales señalaron que no descartaban realizar bloqueos a más rutas además de la autopista Buenos Aires Rosario y colectoras en reclamo de la reapertura de la planta cuyo gerenciamiento estaba a cargo del empresario kirchnerista. Y como si esto fuera poco, no debemos olvidar que este personaje, se convirtió en el primer gran empresario que demanda al Gobierno nacional por la crisis energética. Alcalis de la Patagonia SAIC c/ Estado Nacional s/ daños y perjuicios por corte de suministro de gas. Año 2007. El monto reclamado, $43,5 millones, a los que se sumarán unos $100 millones más por el incidente de la turbina, que provocó que se rompieran todos los sistemas del control de la planta.
El documento firmado incluye el pago de la indemnización al ciento por ciento para quienes opten por el retiro voluntario ahora, mientras los que decidan irse de la fábrica cuando termine el convenio, en un año sólo percibirán un monto que en ningún caso podrá superar los 10 meses. Cristina instó, en otro orden, a superar esa tonta dicotomía entre mercado interno y exportaciones porque ambas están íntimamente vinculadas ante unos 1.500 empresarios que estuvieron en el casino de Cristóbal López, donde se instaló un fuerte operativo policial, para que no hubiera manifestaciones contrarias a la Presidenta. Antes de iniciar el acto, Fernández de Kirchner entregó los dos primeros préstamos del Bicentenario a dos empresas santafesinas una del norte y otra del sur de la provincia, que según dijo serian destinados a aumentar la producción y crear más puestos de trabajo. Junto al gobernador de Santa Fe, el socialista Hermes Binner, y la ministra de Industria, Débora Giorgi, la Presidenta resaltó nuevamente el modelo de gobierno iniciado en el 2003 a causa del cual vamos por el octavo año de crecimiento económico. Ratificó entonces que este gobierno va a seguir tomando todas y cada una de las medidas que sean necesarias para defender el trabajo y las empresas argentinas.
Allí recordó a la Rosario fabril de los sesenta, pero dijo que la fiesta duró hasta que vino Martínez de Hoz, el 24 de marzo de 1976. Esta cena se enmarco en un momento en que la provincia de Santa Fe se encontraba agitada por el conflicto de una compañía de la que López es el principal accionista. Hacían más de 15 días que los trabajadores de la autopartista Paraná Metal, a poco más de 50 kilómetros de donde cenaba la Presidenta, llevaban adelante una protesta que derivó en bloqueos de la autopistas Buenos Aires Rosario y cortes de otras rutas aledañas. Los trabajadores realizaron al día siguiente una asamblea en Villa Constitución, en la que se esperaba resolver una profundización del plan de lucha ante lo que consideraban una falta de respuesta del Ministerio de Trabajo para resolver el conflicto. En ese sentido, fuentes gremiales señalaron que no descartaban realizar bloqueos a más rutas además de la autopista Buenos Aires Rosario y colectoras en reclamo de la reapertura de la planta cuyo gerenciamiento estaba a cargo del empresario kirchnerista. Y como si esto fuera poco, no debemos olvidar que este personaje, se convirtió en el primer gran empresario que demanda al Gobierno nacional por la crisis energética. Alcalis de la Patagonia SAIC c/ Estado Nacional s/ daños y perjuicios por corte de suministro de gas. Año 2007. El monto reclamado, $43,5 millones, a los que se sumarán unos $100 millones más por el incidente de la turbina, que provocó que se rompieran todos los sistemas del control de la planta.
octubre 12, 2010
Presupuesto 2011
El ministro de Economía, Amado Boudou, se presentó a las 10.15 de la mañana ante los diputados de la comisión de Presupuesto y Hacienda, a quienes sacudió de su modorra al anunciarles que el Poder Ejecutivo quiere volver a usar las reservas del Banco Central para pagarles a los bonistas y al club de paris. Con casi media hora de retraso, Boudou, llegó al Salón Delia Parodi de la Cámara de Diputados acompañado por los integrantes del gabinete económico y así se dirigió a la Comisión. Con su breve exposición ante los legisladores, confirmó las cifras de crecimiento (4,3%), el dólar ($ 4,10) y la inflación anual (8,9%), finalmente como era de esperar no se permitieron preguntas. En su paso fugaz por el Congreso el ministro, presentó los puntos principales del proyecto de Presupuesto 2011. Entre otras Boudou aseguró que las erogaciones para la educación serán del 6 por ciento del PIB, aseguro que es necesario atenerse a los instrumentos que están plasmados en el Presupuesto, como un robusto superávit fiscal, y comercial y continuar con la acumulación de reservas. Estos instrumentos según expreso van a servir para que Argentina siga en el mismo rumbo de crecimiento.
En el plenario de la comisión de la Cámara baja, Boudou anticipó también que en 2011 se utilizarán reservas para cancelar deudas por 7509 millones de dólares. De acuerdo con su exposición, se incluirá un artículo para la implementación del Fondo de Desendeudamiento, que permitirá pagar deuda por esa cifra con reservas excedentes del Banco Central. Desde la comisión que preside el kirchnerista Gustavo Marconato adelantaron que se comenzará a trabajar sobre la iniciativa, con la habitual visita de funcionarios para exponer sobre las diferentes áreas. Pero hay que ver para entender mejor, cuales fueron como en este caso los puntos subestimados del Presupuesto 2010. El Gobierno había proyectado, y logró aprobarlo antes del recambio de legisladores en el Congreso, un Presupuesto que subestimó, entre otros ítems, la inflación real. Entonces, se fijó la cifra en 6,1%, muy por debajo de la realidad que para este año la realidad y el alza de precios de alrededor del 25% han significado una inflación ya superior al 28%. También se predijo una expansión del PBI del 2,5%, que ya fue superada, según todas las estimaciones, tanto fueran oficiales y privadas.
Este, que aparece como otro de los aspectos cuestionables del proyecto oficial, ya que el artículo, ya existe, el artículo 50° autoriza al Poder Ejecutivo a realizar pagos de la deuda a los acreedores privados con las reservas del BCRA, como se hizo este año a través del denominado "fondo para el desendeudamiento". La presidenta Cristina Kirchner viene defendiendo este instrumento en todo acto público en el que participa, sea con empresarios, piqueteros, o gobernadores, al asegurar que, pese a haber usado US$ 4664 millones de las reservas, estos activos ya superan los US$ 51.000 millones. Las mismas dudas aparecen en el terreno de las proyecciones fiscales, porque el Gobierno explicó en el presupuesto que el gasto primario crecería sólo un 17,3% el año próximo, computando que este año las erogaciones ascenderán a $314.181,2 millones, a $368.017,5 millones en 2011. Sin embargo, la base de comparación para calcular el aumento del gasto deberían ser los $246.000 millones del presupuesto 2010 enviado al Congreso. La diferencia entre lo votado por el Congreso hace un año y lo efectivamente gastado por el Ejecutivo reside en los decretos que usó, y volverá a usar antes de fin de año para gastar recursos a mansalva sin el control del Poder Legislativo.
En el plenario de la comisión de la Cámara baja, Boudou anticipó también que en 2011 se utilizarán reservas para cancelar deudas por 7509 millones de dólares. De acuerdo con su exposición, se incluirá un artículo para la implementación del Fondo de Desendeudamiento, que permitirá pagar deuda por esa cifra con reservas excedentes del Banco Central. Desde la comisión que preside el kirchnerista Gustavo Marconato adelantaron que se comenzará a trabajar sobre la iniciativa, con la habitual visita de funcionarios para exponer sobre las diferentes áreas. Pero hay que ver para entender mejor, cuales fueron como en este caso los puntos subestimados del Presupuesto 2010. El Gobierno había proyectado, y logró aprobarlo antes del recambio de legisladores en el Congreso, un Presupuesto que subestimó, entre otros ítems, la inflación real. Entonces, se fijó la cifra en 6,1%, muy por debajo de la realidad que para este año la realidad y el alza de precios de alrededor del 25% han significado una inflación ya superior al 28%. También se predijo una expansión del PBI del 2,5%, que ya fue superada, según todas las estimaciones, tanto fueran oficiales y privadas.
Este, que aparece como otro de los aspectos cuestionables del proyecto oficial, ya que el artículo, ya existe, el artículo 50° autoriza al Poder Ejecutivo a realizar pagos de la deuda a los acreedores privados con las reservas del BCRA, como se hizo este año a través del denominado "fondo para el desendeudamiento". La presidenta Cristina Kirchner viene defendiendo este instrumento en todo acto público en el que participa, sea con empresarios, piqueteros, o gobernadores, al asegurar que, pese a haber usado US$ 4664 millones de las reservas, estos activos ya superan los US$ 51.000 millones. Las mismas dudas aparecen en el terreno de las proyecciones fiscales, porque el Gobierno explicó en el presupuesto que el gasto primario crecería sólo un 17,3% el año próximo, computando que este año las erogaciones ascenderán a $314.181,2 millones, a $368.017,5 millones en 2011. Sin embargo, la base de comparación para calcular el aumento del gasto deberían ser los $246.000 millones del presupuesto 2010 enviado al Congreso. La diferencia entre lo votado por el Congreso hace un año y lo efectivamente gastado por el Ejecutivo reside en los decretos que usó, y volverá a usar antes de fin de año para gastar recursos a mansalva sin el control del Poder Legislativo.
octubre 08, 2010
Mas reasignación de presupuesto
La decisión administrativa 658/10, que lleva la firma del jefe de Gabinete Aníbal Fernández, está orientada principalmente a incrementar los presupuestos de distintas áreas con el fin de cubrir gastos corrientes, déficits y en menor medida alguna parte de las jubilaciones. Sin embargo, para no dejar dudas el área que se benefició más con la reasignación fue como en casi todas las anteriores oportunidades, el ministerio de Planificación que conduce Julio De Vido. La cartera recibió $1.012 millones, según lo publicado en el Boletín Oficial. De este total mencionado surge la siguiente distribución: $900 millones serán destinados a la distribuidora Cammessa de electricidad. En tanto, que Enarsa, de combustibles líquidos y gas se adjudicó $380 millones, para Yacimientos Carboníferos de Río Turbio se destinaron $450 millones y para Ar-Sat, Empresa Argentina de Soluciones Satelitales S.A, $170 millones. Ar-Sat, es la adjudicataria del contrato para la digitalización de canal 7 (el canal estatal), y por supuesto para tal adjudicación no existió licitación previa siendo que la empresa es de propietarios muy cercanos a la casa rosada. Este movimiento se dio cuando la oposición se preparaba para quitarle al Ejecutivo las facultades para reasignar partidas al jefe de Gabinete, mejor conocidas como superpoderes.
En el Senado todavía está previsto tratar el proyecto, que ya tiene media sanción, para hacerlo, pero aun nada ha sucedido. Además, fue previo a que el Gobierno realizará ante la cámara de Diputados la presentación del proyecto del Presupuesto 2011, que el arco opositor ya avisa que estudiara, para luego condicionarlo de principio a fin, o directamente no avalarlo. Si eso ocurre, como es de esperar, el kirchnerismo optará por seguir modificando el de este año. Y si avanza la iniciativa de la oposición, el plan del Ejecutivo para manejar las cuentas por decreto se complicará y mucho. El Gobierno ya modificó partidas presupuestarias en más de $2.300 millones para reforzar principalmente el subsidio al consumo de energía eléctrica y la consolidación de las cajas de jubilaciones y pensiones de las fuerzas de seguridad. También para aumentar el financiamiento del déficit de Aerolíneas Argentinas, ENARSA, Ar-Sat y Yacimientos Carboníferos Fiscales (YCF). Hasta ahora las modificaciones realizadas en virtud de los superpoderes del jefe de Gabinete consistieron en reasignaciones, se trataba solo de recortes en unas partidas para aumentar otras. Pero en esta ocasión, el incremento de gastos se hizo con reducción del superávit financiero, lo que también es difícil de sostener. Para poder aumentar los recursos y subir el total de gastos haría falta que intervenga el Congreso o que se haga un decreto de necesidad y urgencia.
El Gobierno debió hacer la decisión administrativa 658 porque, por ejemplo, en julio se había quedado sin partidas para subsidiar los consumos de energía eléctrica y el funcionamiento de Aerolíneas Argentinas, incluso en agosto hubo también un refuerzo para el sector eléctrico, que al ritmo de gasto mostrado, se advirtió, no duraría mucho más que un mes. Por otra parte se ha debido transparentar la política salarial, puesto que el presupuesto 2010 no incluyó ningún cálculo de aumentos de sueldos en el sector público. Por esa razón ahora se agregaron recursos para financiar los aumentos que efectivamente se dieron en Prefectura, Gendarmería y el Servicio Penitenciario Federal. El Gobierno comenzó lentamente a sincerar, por decirlo de alguna manera, el presupuesto 2010 al aumentar partidas por $2768 millones, que serán financiadas mayormente con un aumento del déficit financiero. De este modo, las autoridades siguen sin incorporar los ingresos tributarios excedentes ni terminar de incorporar el total de los gastos, que deliberadamente anotaron muy por debajo de lo razonable. Como en otras ocasiones, la administración del matrimonio Kirchner apunta así a manejar discrecionalmente una cantidad de recursos impositivos y de gastos, otra vez como en 2009 de cara al año electoral por venir.
En el Senado todavía está previsto tratar el proyecto, que ya tiene media sanción, para hacerlo, pero aun nada ha sucedido. Además, fue previo a que el Gobierno realizará ante la cámara de Diputados la presentación del proyecto del Presupuesto 2011, que el arco opositor ya avisa que estudiara, para luego condicionarlo de principio a fin, o directamente no avalarlo. Si eso ocurre, como es de esperar, el kirchnerismo optará por seguir modificando el de este año. Y si avanza la iniciativa de la oposición, el plan del Ejecutivo para manejar las cuentas por decreto se complicará y mucho. El Gobierno ya modificó partidas presupuestarias en más de $2.300 millones para reforzar principalmente el subsidio al consumo de energía eléctrica y la consolidación de las cajas de jubilaciones y pensiones de las fuerzas de seguridad. También para aumentar el financiamiento del déficit de Aerolíneas Argentinas, ENARSA, Ar-Sat y Yacimientos Carboníferos Fiscales (YCF). Hasta ahora las modificaciones realizadas en virtud de los superpoderes del jefe de Gabinete consistieron en reasignaciones, se trataba solo de recortes en unas partidas para aumentar otras. Pero en esta ocasión, el incremento de gastos se hizo con reducción del superávit financiero, lo que también es difícil de sostener. Para poder aumentar los recursos y subir el total de gastos haría falta que intervenga el Congreso o que se haga un decreto de necesidad y urgencia.
El Gobierno debió hacer la decisión administrativa 658 porque, por ejemplo, en julio se había quedado sin partidas para subsidiar los consumos de energía eléctrica y el funcionamiento de Aerolíneas Argentinas, incluso en agosto hubo también un refuerzo para el sector eléctrico, que al ritmo de gasto mostrado, se advirtió, no duraría mucho más que un mes. Por otra parte se ha debido transparentar la política salarial, puesto que el presupuesto 2010 no incluyó ningún cálculo de aumentos de sueldos en el sector público. Por esa razón ahora se agregaron recursos para financiar los aumentos que efectivamente se dieron en Prefectura, Gendarmería y el Servicio Penitenciario Federal. El Gobierno comenzó lentamente a sincerar, por decirlo de alguna manera, el presupuesto 2010 al aumentar partidas por $2768 millones, que serán financiadas mayormente con un aumento del déficit financiero. De este modo, las autoridades siguen sin incorporar los ingresos tributarios excedentes ni terminar de incorporar el total de los gastos, que deliberadamente anotaron muy por debajo de lo razonable. Como en otras ocasiones, la administración del matrimonio Kirchner apunta así a manejar discrecionalmente una cantidad de recursos impositivos y de gastos, otra vez como en 2009 de cara al año electoral por venir.
octubre 07, 2010
Ejecutivo vs Judicial
¿La provincia de Santa Cruz, debe ser intervenida por el Poder Ejecutivo? Según el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, el nunca escucho una burrada semejante, e insistió en que no hay forma de cumplir la orden del máximo tribunal. La Corte Suprema de Justicia había ordenado al gobernador Daniel Peralta la restitución del cargo del procurador general Eduardo Sosa. Pero para restituir a Sosa, aparentemente hay que remover a otro procurador que hace doce años que está en ese cargo. Entonces fue que el jefe de Gabinete sostuvo que nadie en sus cabales puede pretender intervenir una provincia por una sentencia de imposible cumplimiento, en una nueva crítica a la Corte, situación que abrió otro conflicto inesperado entre el Gobierno y la Justicia. El máximo tribunal denunció penalmente al gobernador Peralta por no acatar la orden de reincorporar al procurador en su cargo y pidió la intervención del Congreso nacional a fin de asegurar, proteger y vigilar la integridad, la autonomía y la subsistencia de las provincias, dentro de la unidad coherente del estado federal al que pertenecen. Entonces y sobre estas bases, el Parlamento si podría resolver hasta la intervención de la provincia. Desde el Gobierno sin embargo se dieron así nuevas muestras de un apoyo incondicional al gobernador de Santa Cruz, Daniel Peralta, en su negativa a cumplir un fallo reciente de la Corte Suprema.
La Corte había ordenado varias veces a Santa Cruz la reposición de Sosa en su cargo, quien fuera echado hace 15 años por Néstor Kirchner. Pero ante las reiteradas desobediencias, inició una causa penal contra el gobernador y por eso pidió la intervención del Congreso. Fernández ya había defendido en el Congreso a Peralta ante el fallo de la Corte que le ordenaba reponer en su cargo al ex procurador de la provincia Eduardo Sosa. Y en abierta defensa a Peralta, Fernández argumentó, que frente a esta orden el gobernador dividió en dos el cargo de agente fiscal para mantener al que está y reponer a Sosa. Eso no sucedió aún, ni sucederá, y esa división no fue obra del actual gobernador. ¿cuál es la culpa que tiene el gobernador? La Corte Suprema denunció que Peralta incumple la división de poderes y sugirió que el Congreso podría aprobar una intervención federal en la provincia para cumplir así la orden de reponer en el cargo al ex procurador general Sosa. Este funcionario había sido removido por Néstor Kirchner en 1995, cuando él fue quien dividió su cargo en dos y nombró allí a funcionarios de su confianza. Por su parte y otra vez el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, subió la apuesta en el Congreso allí dijo que nunca la Corte se había abocado a temas de derecho público provincial. Sea como fuere para eso existe la división de poderes, y por tanto es correcto lo hecho por la Corte. Como era de esperar la oposición ya anticipo que, a su juicio, proceder a una intervención federal a la provincia al sólo efecto de reponer a un ex procurador en su cargo, tal como ordenó la Corte Suprema suena exagerado.
Los legisladores intentan no desairar al máximo tribunal, que apeló al Congreso a que intervenga en caso que el gobernador de Santa Cruz, Daniel Peralta, no acate su sentencia. Pero la tibieza del arco opositor, que primero aplaudió la sentencia y luego se echo atrás, ante la resistencia del oficialismo de acatarla. El oficialismo convocó a una manifestación en Río Gallegos para este mes. A su vez, Peralta subió el tono de confrontación y con un discurso desafiante, sostuvo que a cualquier intento que trate de impedir el proceso de desarrollo se le pondrá freno, y ratificó la organización de un acto para mañana en Río Gallegos, con la presencia de Kirchner y varios gobernadores peronistas. Por su parte, la jueza de la Corte Suprema Carmen Argibay negó que la denuncia del tribunal que integra contra el gobernador Daniel Peralta por no reponer en su cargo al ex procurador Eduardo Sosa pueda ser considerada como un golpe de Estado y aseguró que es simplemente que la Corte dice hay que cumplir la orden. Hace mucho tiempo que la Corte dio una orden a la provincia de Santa Cruz y no la ha cumplido. Alguna medida hay que tomar, porque si dejamos que los fallos de la Corte no se cumplan, para que vivimos en democracia, me pregunto.
La Corte había ordenado varias veces a Santa Cruz la reposición de Sosa en su cargo, quien fuera echado hace 15 años por Néstor Kirchner. Pero ante las reiteradas desobediencias, inició una causa penal contra el gobernador y por eso pidió la intervención del Congreso. Fernández ya había defendido en el Congreso a Peralta ante el fallo de la Corte que le ordenaba reponer en su cargo al ex procurador de la provincia Eduardo Sosa. Y en abierta defensa a Peralta, Fernández argumentó, que frente a esta orden el gobernador dividió en dos el cargo de agente fiscal para mantener al que está y reponer a Sosa. Eso no sucedió aún, ni sucederá, y esa división no fue obra del actual gobernador. ¿cuál es la culpa que tiene el gobernador? La Corte Suprema denunció que Peralta incumple la división de poderes y sugirió que el Congreso podría aprobar una intervención federal en la provincia para cumplir así la orden de reponer en el cargo al ex procurador general Sosa. Este funcionario había sido removido por Néstor Kirchner en 1995, cuando él fue quien dividió su cargo en dos y nombró allí a funcionarios de su confianza. Por su parte y otra vez el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, subió la apuesta en el Congreso allí dijo que nunca la Corte se había abocado a temas de derecho público provincial. Sea como fuere para eso existe la división de poderes, y por tanto es correcto lo hecho por la Corte. Como era de esperar la oposición ya anticipo que, a su juicio, proceder a una intervención federal a la provincia al sólo efecto de reponer a un ex procurador en su cargo, tal como ordenó la Corte Suprema suena exagerado.
Los legisladores intentan no desairar al máximo tribunal, que apeló al Congreso a que intervenga en caso que el gobernador de Santa Cruz, Daniel Peralta, no acate su sentencia. Pero la tibieza del arco opositor, que primero aplaudió la sentencia y luego se echo atrás, ante la resistencia del oficialismo de acatarla. El oficialismo convocó a una manifestación en Río Gallegos para este mes. A su vez, Peralta subió el tono de confrontación y con un discurso desafiante, sostuvo que a cualquier intento que trate de impedir el proceso de desarrollo se le pondrá freno, y ratificó la organización de un acto para mañana en Río Gallegos, con la presencia de Kirchner y varios gobernadores peronistas. Por su parte, la jueza de la Corte Suprema Carmen Argibay negó que la denuncia del tribunal que integra contra el gobernador Daniel Peralta por no reponer en su cargo al ex procurador Eduardo Sosa pueda ser considerada como un golpe de Estado y aseguró que es simplemente que la Corte dice hay que cumplir la orden. Hace mucho tiempo que la Corte dio una orden a la provincia de Santa Cruz y no la ha cumplido. Alguna medida hay que tomar, porque si dejamos que los fallos de la Corte no se cumplan, para que vivimos en democracia, me pregunto.
octubre 06, 2010
Voluntades a cambio de dinero, solo eso
Todavía no se transita un año electoral y por eso no se observa una reducción drástica de la pobreza, pero el Gobierno está obsesionado con aumentar la ayuda social, mostrar una presencia del Estado entre los sectores más desprotegidos y en conseguir el voto de la clase media. Al menos así se refleja en los números ya que en lo que va del año por ejemplo, aumentaron en más de $1200 millones las partidas sociales. Este incremento de fondos no significa que la ayuda social haya alcanzado a los más necesitados, por el contrario, en muchos programas sociales se reiteran irregularidades al momento del reparto y una distribución arbitraria de los mismos. Más allá de aumentar la asignación universal por hijo, la Casa Rosada puso la mira en otras partidas relacionadas con la ayuda social, por ejemplo, en los créditos, que nunca llegan para micro emprendimientos; en el plan Conectar Igualdad, que distribuye netbooks para alumnos de todo el país y en el polémico plan Argentina Trabaja, destinado a los cooperativistas. Y según parece, el incremento del gasto social se concentró en los Ministerios de Desarrollo Social, Trabajo, Justicia, Educación y Salud.
Por ejemplo, el plan Argentina Trabaja pasará de un presupuesto base de $1500 millones a $2348 millones; el programa de Seguridad Alimentaria comenzó con $1287 millones y llegará a $1462 millones; el plan de promoción de empleo social pasa de $325 millones a $603 millones; el presupuesto de acciones de promoción y protección social empezó con $320 millones y ahora es de $380 millones. Todos estos incrementos se hicieron por medio de la redistribución de partidas presupuestarias. En el proceso hubieron cambios, como el caso de Desarrollo Social que, por ejemplo, el Plan Familias sufrió una baja de $670 millones, ya que la mayoría de sus beneficiarios fueron trasladados al plan de Asignación Universal por Hijo, los programas de vivienda del Ministerio de Planificación cayeron en $107 millones, porque los planes de Mejoramiento Habitacional aumentaron el 69%. Ahora bien, el plan Argentina Trabaja no sólo es uno de los programas sociales que mayores aumentos de partidas tendrá este año sino que se trata del más polémico. El pago de $1200 mensuales a cada cooperativista se concentró con grupos piqueteros afines a la Casa Rosada y todos ubicados en el conurbano bonaerense. Esta situación generó una catarata de denuncias de clientelismo político por parte de los grupos piqueteros enfrentados al Gobierno, porque en realidad el crédito presupuestado se asignaría a 11 provincias, pero su reparto se concentra casi en un 89% en Buenos Aires, la Capital y Tucumán.
El incremento del gasto social es un ejercicio constante del matrimonio presidencial, desde que llegaron al poder, en 2003, hasta hoy, sólo el presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social creció 700%. En 2003, Desarrollo Social tenía un presupuesto global de $1700 millones y este año gastará más de $14.000 millones. Sin embargo, los niveles de pobreza siguen siendo de entre el 20 y el 40% según el índice que se mire. Es revelador el hecho de que los programas sociales de mayor alcance poblacional tienen un presupuesto ejecutado por encima del promedio estimado para la mitad de año, 56% es el porcentaje normal. Así, las asignaciones familiares y plan de asignación universal por hijo están ejecutados entre un 74 y un 80%. Esto significa que antes de fin de año el presupuesto para esas partidas deberá incrementarse para cumplir con las metas fijadas y no dejar a los beneficiarios sin ingresos. Paradójicamente, hay programas que apenas tuvieron una ejecución de gastos, aunque no son la espina medular de los planes sociales de amplio alcance. Se trata del programa de acciones de capacitación laboral del Ministerio de Trabajo, que sólo gastó durante el primer semestre $82,8 millones de los $350 millones de los que dispone para todo el año, es decir el 23,7%. En el Ministerio de Desarrollo Social se niegan a hablar de este tema, y la jefa de esa cartera, Alicia Kirchner, suele repetir una frase de la que se encuentra tristemente convencida; ella dice que lo que se hace es “aumentamos la inversión social, no el gasto social”.
Por ejemplo, el plan Argentina Trabaja pasará de un presupuesto base de $1500 millones a $2348 millones; el programa de Seguridad Alimentaria comenzó con $1287 millones y llegará a $1462 millones; el plan de promoción de empleo social pasa de $325 millones a $603 millones; el presupuesto de acciones de promoción y protección social empezó con $320 millones y ahora es de $380 millones. Todos estos incrementos se hicieron por medio de la redistribución de partidas presupuestarias. En el proceso hubieron cambios, como el caso de Desarrollo Social que, por ejemplo, el Plan Familias sufrió una baja de $670 millones, ya que la mayoría de sus beneficiarios fueron trasladados al plan de Asignación Universal por Hijo, los programas de vivienda del Ministerio de Planificación cayeron en $107 millones, porque los planes de Mejoramiento Habitacional aumentaron el 69%. Ahora bien, el plan Argentina Trabaja no sólo es uno de los programas sociales que mayores aumentos de partidas tendrá este año sino que se trata del más polémico. El pago de $1200 mensuales a cada cooperativista se concentró con grupos piqueteros afines a la Casa Rosada y todos ubicados en el conurbano bonaerense. Esta situación generó una catarata de denuncias de clientelismo político por parte de los grupos piqueteros enfrentados al Gobierno, porque en realidad el crédito presupuestado se asignaría a 11 provincias, pero su reparto se concentra casi en un 89% en Buenos Aires, la Capital y Tucumán.
El incremento del gasto social es un ejercicio constante del matrimonio presidencial, desde que llegaron al poder, en 2003, hasta hoy, sólo el presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social creció 700%. En 2003, Desarrollo Social tenía un presupuesto global de $1700 millones y este año gastará más de $14.000 millones. Sin embargo, los niveles de pobreza siguen siendo de entre el 20 y el 40% según el índice que se mire. Es revelador el hecho de que los programas sociales de mayor alcance poblacional tienen un presupuesto ejecutado por encima del promedio estimado para la mitad de año, 56% es el porcentaje normal. Así, las asignaciones familiares y plan de asignación universal por hijo están ejecutados entre un 74 y un 80%. Esto significa que antes de fin de año el presupuesto para esas partidas deberá incrementarse para cumplir con las metas fijadas y no dejar a los beneficiarios sin ingresos. Paradójicamente, hay programas que apenas tuvieron una ejecución de gastos, aunque no son la espina medular de los planes sociales de amplio alcance. Se trata del programa de acciones de capacitación laboral del Ministerio de Trabajo, que sólo gastó durante el primer semestre $82,8 millones de los $350 millones de los que dispone para todo el año, es decir el 23,7%. En el Ministerio de Desarrollo Social se niegan a hablar de este tema, y la jefa de esa cartera, Alicia Kirchner, suele repetir una frase de la que se encuentra tristemente convencida; ella dice que lo que se hace es “aumentamos la inversión social, no el gasto social”.
octubre 04, 2010
El Banco Central, o la Anses
Tal vez parezca en un principio que este artículo sólo trata de números, pero en rigor de verdad intenta explicar a través de ellos la complejidad, o tal vez, la sencillez de la negativa gubernamental para aceptar el aumento de las jubilaciones. Desde la estatización de los recursos previsionales, es decir, desde la expropiación del dinero de las administradoras de fondos de jubilación y pensión el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), que reúne los ahorros de los jubilados, ascendían a $150.072 millones en julio último. Hoy la administración de Cristina Kirchner ha decidido usar los recursos de la Anses como una caja para financiar al Estado. Así casi el 62% de esos recursos unos $93.266 millones fueron prestados al Tesoro Nacional para sus gastos corrientes. En medio del debate por el aumento al 82% móvil para la jubilación mínima, dos terceras partes de esos fondos que salen de los aportes de todos los trabajadores formales y que deberían ir al aumento de las jubilaciones, se colocan en una deuda intra sector público, la Anses, le presta al tesoro nacional y el tesoro emite títulos de deuda a corto plazo para supuestamente, reintegrar el efectivo a la caja de la Anses. Mientras eso ocurre, la Casa Rosada asegura que no puede otorgar el 82% móvil porque el Estado quedaría en riesgo de default.
Esa afirmación no obedece a razonamiento lógico alguno ya que esa deuda intra estatal, nunca se reintegra a la Anses, que hoy dirige Diego Bossio, sino que se utiliza una modalidad muy simple, la de renovar y refinanciar tanto el capital como los intereses en forma indefinida y sistemática para nunca devolver el préstamo otorgado. La Anses no recupera, así, los fondos, sino que acumula sus acreencias, aunque esto sea sólo en términos contables. De ese modo, las hoy inexistentes inversiones de la Anses resignan una rentabilidad, que podría ir a los jubilados. La voluntad política oficial es muy clara, el ex presidente Néstor Kirchner se refirió al tema durante un acto en La Boca, y en su discurso explicó que se necesita que la Anses sea como el banco Bndes de Brasil para que financie actividades productivas. Pero parece que el ex Presidente olvidó que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad fue creado en 2007, para preservar el valor de los ahorros previsionales como resguardo del valor de las jubilaciones, los subsidios por desempleo y luego la asignación universal por hijo, y no para financiar los gastos corrientes del estado. En diciembre de 2008, el Fondo contaba con $98.224 millones. Tras la estatización de las AFJP la cifra aumentó en $51.848 millones más y finalmente alcanzó los $150.072 millones.
El 62% del total está invertido en títulos públicos del Tesoro, son $93.266 millones. Esa porción de deuda fue del 60% en 2008 y en 2009. Pero de los $51.848 millones provenientes de las AFJP, el 66% se giró al Tesoro, es decir $34.200 millones. En 2009, se prestaron $28.962 millones, y en 2010, otros $5238 millones. El resto del Fondo de la Anses, el 38%, está invertido en proyectos productivos o de infraestructura, plazos fijos, obligaciones negociables, acciones en sociedades anónimas, fideicomisos financieros estructurados, y una reducida participación en otros créditos de mayor liquidez y disponibilidad. Por la calidad de los préstamos intrasector público, las características de sus rendimientos y el nivel de retorno a la Anses, este tipo de operaciones no hacen más que poner de manifiesto que el verdadero fondo, con que se cuenta para cumplir los objetivos enunciados, la preservación del valor de los ahorros previsionales, entre otros es solo el 38% restante $56.806 millones. Cuando el Estado le presta al Estado, el registro de activos y pasivos entre sectores sólo responde a la decisión política. La decisión hoy pasa por renovar en forma permanente tanto los intereses como el capital de estos instrumentos, determinando un sendero de crecimiento persistente de esta deuda intra sector público, para seguir sosteniendo un objetivo político, las elecciones del año próximo.
Esa afirmación no obedece a razonamiento lógico alguno ya que esa deuda intra estatal, nunca se reintegra a la Anses, que hoy dirige Diego Bossio, sino que se utiliza una modalidad muy simple, la de renovar y refinanciar tanto el capital como los intereses en forma indefinida y sistemática para nunca devolver el préstamo otorgado. La Anses no recupera, así, los fondos, sino que acumula sus acreencias, aunque esto sea sólo en términos contables. De ese modo, las hoy inexistentes inversiones de la Anses resignan una rentabilidad, que podría ir a los jubilados. La voluntad política oficial es muy clara, el ex presidente Néstor Kirchner se refirió al tema durante un acto en La Boca, y en su discurso explicó que se necesita que la Anses sea como el banco Bndes de Brasil para que financie actividades productivas. Pero parece que el ex Presidente olvidó que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad fue creado en 2007, para preservar el valor de los ahorros previsionales como resguardo del valor de las jubilaciones, los subsidios por desempleo y luego la asignación universal por hijo, y no para financiar los gastos corrientes del estado. En diciembre de 2008, el Fondo contaba con $98.224 millones. Tras la estatización de las AFJP la cifra aumentó en $51.848 millones más y finalmente alcanzó los $150.072 millones.
El 62% del total está invertido en títulos públicos del Tesoro, son $93.266 millones. Esa porción de deuda fue del 60% en 2008 y en 2009. Pero de los $51.848 millones provenientes de las AFJP, el 66% se giró al Tesoro, es decir $34.200 millones. En 2009, se prestaron $28.962 millones, y en 2010, otros $5238 millones. El resto del Fondo de la Anses, el 38%, está invertido en proyectos productivos o de infraestructura, plazos fijos, obligaciones negociables, acciones en sociedades anónimas, fideicomisos financieros estructurados, y una reducida participación en otros créditos de mayor liquidez y disponibilidad. Por la calidad de los préstamos intrasector público, las características de sus rendimientos y el nivel de retorno a la Anses, este tipo de operaciones no hacen más que poner de manifiesto que el verdadero fondo, con que se cuenta para cumplir los objetivos enunciados, la preservación del valor de los ahorros previsionales, entre otros es solo el 38% restante $56.806 millones. Cuando el Estado le presta al Estado, el registro de activos y pasivos entre sectores sólo responde a la decisión política. La decisión hoy pasa por renovar en forma permanente tanto los intereses como el capital de estos instrumentos, determinando un sendero de crecimiento persistente de esta deuda intra sector público, para seguir sosteniendo un objetivo político, las elecciones del año próximo.
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