La Presidenta aprovechó un escenario más para destilar, su bronca, y como siempre mostrar su absoluto desconocimiento de la realidad. Fue durante un acto que encabezó en la localidad bonaerense de Lanús para inaugurar obras de cooperativas en la cuenca del Riachuelo. Todo surgió cuando decidió, y anuncio que por decreto usaría reservas del banco central para pagar deuda. Fue entonces cuando por segunda vez el juez Thomas Griesa embargó U$S 1,8 millones del Banco Central depositados en Nueva York, Cristina Kirchner embistió con dureza contra los llamados fondos buitre. Así, en aquel escenario, dijo: Pregunté si habían limpiado de ratas el Riachuelo y me hizo acordar a los buitres, a los que, una vez más, acechan desde afuera a los argentinos para interrumpir este proceso político y económico de recuperación, generación de trabajo y desendeudamiento, y enseguida, con su habitual tono académico, hizo una pormenorizada explicación de porqué se llama "buitre" a ciertos fondos acreedores de la Argentina en el exterior. Y aquí viene lo mejor… ¿Vieron los buitres? ¿Esos pájaros de alas negras que comen carne muerta?, pregunto, y sin dar tiempo a nada respondió a su pregunta con otra de sus magistrales definiciones; A estos fondos externos se los llama buitre porque están esperando que los países caigan en desgracia, para comprar esos títulos por centavos y después pretenden que se les devuelva el valor nominal, detalló. Y el relato lo terminó con un nuevo embate. Aquí, los argentinos en el suelo, pero afuera hicieron buenos negocios los que se llevaron el dinero de los argentinos.
Cristina Kirchner tiene dos posibles problemas, o le escriben muy mal los libretos, o mi idea es que tiene una boca muy grande. Y como dicen el que tiene boca se equivoca. Si yo invierto en un titulo de deuda emitido por quien fuera, solo pretendo que el emisor cumpla lo pactado originalmente y no por eso soy un ave de carroña. Eso es todo lo que sucede con los bonistas, y punto. Le guste o no a nuestra benemérita Sra. Presidenta. La frase: "Siempre pongo la cara". Más temprano, el ministro de Economía, Amado Boudou, había vuelto a oficiar de vocero oficial, luego de que el juez neoyorquino embargara los fondos del BCRA y había negado una posible renuncia, ya que el descontento de la Casa Rosada por el mal manejo de la situación que enredó al Gobierno con Martín Redrado. Entonces el Ministro dijo: "Yo siempre pongo la cara y siempre arreglo los quilombos", afirmó. Destacó que se le había devuelto mucha institucionalidad al Banco Central porque ahora es el directorio el que toma las decisiones y no solo el presidente del banco; agrego que a partir de los cambios realizados, las decisiones se toman en forma colegiada. Boudou por las dudas, se plegó a los dichos de Cristina Kirchner, quien afirmó que el vicepresidente Cobos "quiere ser presidente antes de 2011". También ratificó que el Gobierno seguiría adelante con el Fondo del Bicentenario para atender los pagos de la deuda. El funcionario intento volver a dar una señal a los bonistas que esperan el canje, y observan con atención la crisis desatada, y agrego que se debe seguir trabajando para terminar con las cuestiones que quedan pendientes, como es el caso de los tenedores de títulos. Por suerte no será mediante el uso de reservas del central.
enero 28, 2010
enero 27, 2010
PERSPECTIVAS
Después de un 2009 para el olvido, marcado por el conflicto y a ello sumados la sequía, la interminable pelea por las retenciones móviles, la economía se prepara para volver a cosechar los beneficios de una producción récord de soja. Inmobiliarias, concesionarias de autos y comercios de todos los rubros esperan una fuerte reactivación de la demanda en la pampa húmeda como producto del reivindicado y cuestionado, en partes iguales efecto derrame de la soja. De acuerdo con las estimaciones, la cosecha del "yuyo" presidencial este año pasará de los 32 millones de toneladas de la temporada anterior a más de 50 millones, lo que sumado a una mejora en el precio promedio de los granos se traducirá en un ingreso de divisas cercano a los US$ 20.000 millones. La mejora en los ingresos también se sentirá en la producción de maíz, que se espera que este año aporte casi US$ 2700 millones (un 42% más que en la temporada 2008/09), mientras que en el caso del trigo se proyecta una muy leve baja (-4%), con un valor de la producción de casi US$ 1600 millones. Las diferencias entre el escenario que se proyecta para esta temporada y lo que sucedía dos años atrás, básicamente radica en que por ejemplo, en 2008 los hombres de campo ya estaban fuertemente capitalizados y sus ingresos se destinaron casi íntegramente a la renovación de maquinaria agrícola, compra de propiedades y el consumo. En cambio, esta vez, la buena cosecha encuentra a muchos con sus números en rojo y la prioridad va a ser cancelar deudas.
El primer negocio que aspira a beneficiarse con la recuperación del campo es el inmobiliario, que ya supo captar parte de la riqueza generada a partir de la temporada 2007/08. Una buena cosecha siempre se traduce en una reactivación inmobiliaria, porque a la hora de invertir el chacarero es muy conservador y tradicional y, por eso, le gustan los ladrillos, que es algo tangible. Rosario es la principal ciudad que se puede beneficiar con una buena cosecha, aunque no es la única, también se va a sentir en Córdoba y en la Capital Federal. En todos los casos, lo que buscan estos inversores son productos premium y en zonas que ya están establecidas. No van a probar un barrio nuevo, sino que prefieren ir a lo seguro. Entre los concesionarios de autos también proyectan un año récord de ventas acercándose a los niveles de 2007, lo que significaría el segundo mejor año de la historia, traccionados en gran parte por el motor del campo. En el sector, además, esperan un salto no sólo en cantidad, sino también en calidad. En la primera mitad de 2009, hubo un aumento importante en la participación de los modelos más pequeños; ahora esperan un crecimiento de los medianos. Con un poco más de plata en el bolsillo, la gente compra lo que le gusta y no lo que puede.
La reactivación de la economía en las provincias sojeras también tiene un impacto en el comercio minorista y en la multiplicación de nuevas propuestas comerciales, especialmente en ciudades medianas y pequeñas del interior de Santa Fe, Córdoba y la provincia de Buenos Aires. Como sucedió en 2007, se ve un incremento en los pedidos de información sobre franquicias en ciudades, como Rafaela o Venado Tuerto. En muchos casos, las interesadas son las mujeres de los chacareros, que buscan diversificar sus inversiones en el desarrollo comercios minoristas. Las mejores perspectivas económicas, además, ya se tradujeron en una reactivación de grandes proyectos comerciales ligados al consumo interno. Se esta avanzando con dos proyectos para levantar centros comerciales en San Nicolás y en Rafaela, que dependen en gran medida de la evolución de las economías regionales, lo que no es poco decir, ya que mas allá de los números fríos el “Yuyo” genera realidades, ayuda a que el crecimiento de muchas ciudades no sea algo efímero, sino duradero en el tiempo y sigue generando empleo que el gobierno solo promete.
El primer negocio que aspira a beneficiarse con la recuperación del campo es el inmobiliario, que ya supo captar parte de la riqueza generada a partir de la temporada 2007/08. Una buena cosecha siempre se traduce en una reactivación inmobiliaria, porque a la hora de invertir el chacarero es muy conservador y tradicional y, por eso, le gustan los ladrillos, que es algo tangible. Rosario es la principal ciudad que se puede beneficiar con una buena cosecha, aunque no es la única, también se va a sentir en Córdoba y en la Capital Federal. En todos los casos, lo que buscan estos inversores son productos premium y en zonas que ya están establecidas. No van a probar un barrio nuevo, sino que prefieren ir a lo seguro. Entre los concesionarios de autos también proyectan un año récord de ventas acercándose a los niveles de 2007, lo que significaría el segundo mejor año de la historia, traccionados en gran parte por el motor del campo. En el sector, además, esperan un salto no sólo en cantidad, sino también en calidad. En la primera mitad de 2009, hubo un aumento importante en la participación de los modelos más pequeños; ahora esperan un crecimiento de los medianos. Con un poco más de plata en el bolsillo, la gente compra lo que le gusta y no lo que puede.
La reactivación de la economía en las provincias sojeras también tiene un impacto en el comercio minorista y en la multiplicación de nuevas propuestas comerciales, especialmente en ciudades medianas y pequeñas del interior de Santa Fe, Córdoba y la provincia de Buenos Aires. Como sucedió en 2007, se ve un incremento en los pedidos de información sobre franquicias en ciudades, como Rafaela o Venado Tuerto. En muchos casos, las interesadas son las mujeres de los chacareros, que buscan diversificar sus inversiones en el desarrollo comercios minoristas. Las mejores perspectivas económicas, además, ya se tradujeron en una reactivación de grandes proyectos comerciales ligados al consumo interno. Se esta avanzando con dos proyectos para levantar centros comerciales en San Nicolás y en Rafaela, que dependen en gran medida de la evolución de las economías regionales, lo que no es poco decir, ya que mas allá de los números fríos el “Yuyo” genera realidades, ayuda a que el crecimiento de muchas ciudades no sea algo efímero, sino duradero en el tiempo y sigue generando empleo que el gobierno solo promete.
enero 26, 2010
EL CASO CRISTINA VS BANCO CENTRAL 4° PARTE
La Argentina no deja de producir hechos sorprendentes, casi como en las producciones de hollywood. ¿Cómo es posible que un organismo eminentemente técnico, quizá uno de los más específicos que tiene el Estado, se haya convertido en comidilla de toda reunión criolla?, que el Banco Central (BCRA), sus funciones, los alcances de su autonomía, su forma de gobierno y hasta las políticas que allí se desarrollan hayan pasado a ser tema de conversación en la mesa de miles de hogares argentinos, ya supera los mi capacidad de entendimiento. La pelea entre el Poder Ejecutivo, que pidió renuncias por radio y que finalmente despidió por decreto, y la posición del presidente de la entidad, Martín Redrado, de apegarse a una institucionalidad arrasada desde la Casa Rosada, que sólo se mantiene a flote por un par de fallos judiciales, lo han hecho posible. Pero más allá de las graves escaramuzas en el BCRA, quien se siente en el sillón de mandamás de la entidad monetaria tiene, y tendrá, varios desafíos que van mucho más lejos de la relación con Cristina Kirchner, con todo su gabinete de ministros, y que impactan de lleno en el bolsillo de los argentinos. Inflación, tipo de cambio, créditos bancarios y, ahora, control del gasto público son los de los temas que dependen del hombre valla a tener ahora las riendas de la entidad. ¿Cuáles son los desafíos del presidente del Banco Central? Muchos ex titulares de la entidad coinciden en dos cosas, en principio, en hacer respetar la institucionalidad de la entidad; en cumplir con la Carta Orgánica, y después sí, abocarse a los problemas que cada vez cobran mayor importancia.
Por un lado, la inflación, que asoma desbordada este 2010, y por otro, la contención del tipo de cambio son prioridades sobre las que habrá que trabajar. Pero hoy, cuando todavía la situación no se ha definido, hablar de una nueva gestión, significaría asumir que Redrado ya no está. Seria preferible decir que los desafíos son los mismos, el principal es defender el valor de la moneda, y en ese tema no se ha hecho mucho desde el Banco Central. Entre junio de 2002 y diciembre de ese año, Aldo Pignanelli completó el mandato que dejó Pedro Pou cuando fue destituido. Pignanelli ha dicho que la inflación y el crédito son las grandes deudas sobre las que se debe trabajar, y el principal objetivo es defender el valor de la moneda, pero en ese tema, no se ha tenido éxito. Es claro, la inflación Argentina es tres veces más que el promedio de América latina y cinco veces el promedio del mundo. Adecuarse a las exigencias del Poder Ejecutivo, no pudiendo ejercitar una autónoma política monetaria, financiera, cambiaria sin el “consejo” y la “sugerencia” del gobierno nacional, no es lo aconsejable. El Banco debe ser autónomo, le guste o no al gobierno nacional, y eso no es lo mismo que ser independiente, ya que no es la entidad la que debe definir las políticas económicas de un país, para eso está el ministro de economía. El Banco debe ser una entidad autónoma cuya independencia es necesaria para un sólo momento, decir que no cuando el Poder Ejecutivo pretenda financiarse con reservas como sucede ahora. ¿Cómo se logra esa independencia?, Con dos cosas, con períodos que abarquen parte de dos mandatos presidenciales y con el nombramiento y la remoción en cabeza únicamente del Congreso.
Si vamos un poco más allá en el asunto de las medidas a tomar por el jefe del Banco Central en el futuro mas próximo, lo cierto es que no nada cambiara, no se modificará la política cambiaria, se mantendrá la flotación administrada entre el peso y el dólar, y el Banco no vacilará en vender una fuerte posición en dólares para atender eventuales demandas de esa moneda. Finalmente, hay otro punto que se destaca como necesidad para anotar en la agenda del mandamás de la entidad monetaria, el crédito al sector privado. La Argentina es uno de los países del mundo que menos préstamos al sector privado otorga. Sólo el 10% del producto bruto interno se presta al sector privado. El ex presidente, se lamenta de que no se hayan seguido los pasos institucionales para la creación del Fondo del Bicentenario. Si se hubiese hecho bien, y si el dinero efectivamente se usara como garantía de pago, hubiera habido apoyo a la medida. Es más, seguramente hubiese redundado en una baja de la tasa de interés, que luego se vería reflejada en los bolsillos de la gente. Y como si todo este combo fuera fácil de resolver, las secuelas de la pelea podrían traer un efecto más, una nueva salida de capitales, que en los últimos meses se había frenado después de ver cómo salieron U$S40.000 millones.
Por un lado, la inflación, que asoma desbordada este 2010, y por otro, la contención del tipo de cambio son prioridades sobre las que habrá que trabajar. Pero hoy, cuando todavía la situación no se ha definido, hablar de una nueva gestión, significaría asumir que Redrado ya no está. Seria preferible decir que los desafíos son los mismos, el principal es defender el valor de la moneda, y en ese tema no se ha hecho mucho desde el Banco Central. Entre junio de 2002 y diciembre de ese año, Aldo Pignanelli completó el mandato que dejó Pedro Pou cuando fue destituido. Pignanelli ha dicho que la inflación y el crédito son las grandes deudas sobre las que se debe trabajar, y el principal objetivo es defender el valor de la moneda, pero en ese tema, no se ha tenido éxito. Es claro, la inflación Argentina es tres veces más que el promedio de América latina y cinco veces el promedio del mundo. Adecuarse a las exigencias del Poder Ejecutivo, no pudiendo ejercitar una autónoma política monetaria, financiera, cambiaria sin el “consejo” y la “sugerencia” del gobierno nacional, no es lo aconsejable. El Banco debe ser autónomo, le guste o no al gobierno nacional, y eso no es lo mismo que ser independiente, ya que no es la entidad la que debe definir las políticas económicas de un país, para eso está el ministro de economía. El Banco debe ser una entidad autónoma cuya independencia es necesaria para un sólo momento, decir que no cuando el Poder Ejecutivo pretenda financiarse con reservas como sucede ahora. ¿Cómo se logra esa independencia?, Con dos cosas, con períodos que abarquen parte de dos mandatos presidenciales y con el nombramiento y la remoción en cabeza únicamente del Congreso.
Si vamos un poco más allá en el asunto de las medidas a tomar por el jefe del Banco Central en el futuro mas próximo, lo cierto es que no nada cambiara, no se modificará la política cambiaria, se mantendrá la flotación administrada entre el peso y el dólar, y el Banco no vacilará en vender una fuerte posición en dólares para atender eventuales demandas de esa moneda. Finalmente, hay otro punto que se destaca como necesidad para anotar en la agenda del mandamás de la entidad monetaria, el crédito al sector privado. La Argentina es uno de los países del mundo que menos préstamos al sector privado otorga. Sólo el 10% del producto bruto interno se presta al sector privado. El ex presidente, se lamenta de que no se hayan seguido los pasos institucionales para la creación del Fondo del Bicentenario. Si se hubiese hecho bien, y si el dinero efectivamente se usara como garantía de pago, hubiera habido apoyo a la medida. Es más, seguramente hubiese redundado en una baja de la tasa de interés, que luego se vería reflejada en los bolsillos de la gente. Y como si todo este combo fuera fácil de resolver, las secuelas de la pelea podrían traer un efecto más, una nueva salida de capitales, que en los últimos meses se había frenado después de ver cómo salieron U$S40.000 millones.
enero 22, 2010
EL CASO CRISTINA VS BANCO CENTRAL 3° PARTE
En el primer capitulo, hablamos del, “que”, que sucedió. En el anterior, el segundo hablábamos de cómo se dieron los hechos, pero en esta tercera parte veamos un poco de el quien. Es decir, quien es la hacedora, y nueva conspiradora destituyente, y enemiga del matrimonio presidencial. Veamos un poco de la historia de la jueza titular del juzgado 11, en el fuero contencioso administrativo que se llevo todos los elogios del jefe de gabinete entre otros funcionarios del ejecutivo nacional.
De 53 años y una larga carrera en Tribunales, Maria José Sarmiento fue elegida dos veces como la mejor jueza del fuero contencioso administrativo. En 2003 fue premiada por el Colegio de Abogados de la Ciudad y en 2004, por el Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia (Fores). Maria José Sarmiento entró en el Poder Judicial en 1977, tres años antes de recibirse de abogada en la Universidad Católica Argentina, sede de su vida académica, primero como alumna y después como profesora de derecho civil. Su trayectoria judicial fue toda en el fuero contencioso. Fue escribiente, relatora y prosecretaria, hasta que, en 1991, Menem firmó el decreto que la designó al frente del juzgado 11, cargo que ocupa hasta el día de hoy. La jueza que inmovilizó las reservas del Banco Central y restituyó a Martín Redrado al frente de esa entidad tiene varios antecedentes de fallos adversos al Gobierno. María José Sarmiento fue quien, por ejemplo, ordenó levantar el corte en el puente de Gualeguaychú a pedido de un ciudadano que reclamaba cruzar y mas aun fue quien dispuso que Felisa Miceli diera explicaciones al Senado, cuando aún era ministra de Economía, por un pago multimillonario y presuntamente irregular al Grupo Greco. Ella fue, además, la magistrada que suspendió el concurso judicial que más interesa al kirchnerismo, el destinado a designar a cuatro jueces del fuero federal porteño, donde se investigan las principales causas de corrupción.
Pese a las sospechas de trampas, el oficialismo pretendía apurar el trámite para designar a los nuevos magistrados cuanto antes. Sarmiento hizo lugar a un amparo de un aspirante y paralizó el concurso. Pero sus fallos no sólo disgustan a este Gobierno. En 1997, en los últimos años de la gestión de Carlos Menem, ella fue uno de los jueces que dictaron medidas de no innovar respecto del rebalanceo de las tarifas telefónicas. Esos fueron, justamente, años difíciles para su juzgado, invadido por miles de causas contra el Estado como consecuencia del corralito financiero. En aquellos casos ella declaró anticonstitucionales los decretos que inmovilizaron los depósitos y dispusieron reprogramaciones sucesivas, y ordenó la devolución de los fondos, en forma íntegra y en la moneda de origen. En ese entonces, a los cerca de 8000 expedientes que ya tenía su tribunal se sumaron 17 secretarías con más de 500causas cada una. Según Sarmiento, la clave para haber sobrevivido con éxito a ese aluvión fue su equipo. No hace falta matarse. No nos quedamos después de hora ni los fines de semana, trabajamos todos mucho, a la par, desde antes de las 8 hasta las 4 de la tarde. El fin de semana es para mis hijas. Esta última es una frase que define a la jueza Sarmiento, es una de esas personas, profesionales a la que muchos en este país deberían tomar como ejemplo.
De 53 años y una larga carrera en Tribunales, Maria José Sarmiento fue elegida dos veces como la mejor jueza del fuero contencioso administrativo. En 2003 fue premiada por el Colegio de Abogados de la Ciudad y en 2004, por el Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia (Fores). Maria José Sarmiento entró en el Poder Judicial en 1977, tres años antes de recibirse de abogada en la Universidad Católica Argentina, sede de su vida académica, primero como alumna y después como profesora de derecho civil. Su trayectoria judicial fue toda en el fuero contencioso. Fue escribiente, relatora y prosecretaria, hasta que, en 1991, Menem firmó el decreto que la designó al frente del juzgado 11, cargo que ocupa hasta el día de hoy. La jueza que inmovilizó las reservas del Banco Central y restituyó a Martín Redrado al frente de esa entidad tiene varios antecedentes de fallos adversos al Gobierno. María José Sarmiento fue quien, por ejemplo, ordenó levantar el corte en el puente de Gualeguaychú a pedido de un ciudadano que reclamaba cruzar y mas aun fue quien dispuso que Felisa Miceli diera explicaciones al Senado, cuando aún era ministra de Economía, por un pago multimillonario y presuntamente irregular al Grupo Greco. Ella fue, además, la magistrada que suspendió el concurso judicial que más interesa al kirchnerismo, el destinado a designar a cuatro jueces del fuero federal porteño, donde se investigan las principales causas de corrupción.
Pese a las sospechas de trampas, el oficialismo pretendía apurar el trámite para designar a los nuevos magistrados cuanto antes. Sarmiento hizo lugar a un amparo de un aspirante y paralizó el concurso. Pero sus fallos no sólo disgustan a este Gobierno. En 1997, en los últimos años de la gestión de Carlos Menem, ella fue uno de los jueces que dictaron medidas de no innovar respecto del rebalanceo de las tarifas telefónicas. Esos fueron, justamente, años difíciles para su juzgado, invadido por miles de causas contra el Estado como consecuencia del corralito financiero. En aquellos casos ella declaró anticonstitucionales los decretos que inmovilizaron los depósitos y dispusieron reprogramaciones sucesivas, y ordenó la devolución de los fondos, en forma íntegra y en la moneda de origen. En ese entonces, a los cerca de 8000 expedientes que ya tenía su tribunal se sumaron 17 secretarías con más de 500causas cada una. Según Sarmiento, la clave para haber sobrevivido con éxito a ese aluvión fue su equipo. No hace falta matarse. No nos quedamos después de hora ni los fines de semana, trabajamos todos mucho, a la par, desde antes de las 8 hasta las 4 de la tarde. El fin de semana es para mis hijas. Esta última es una frase que define a la jueza Sarmiento, es una de esas personas, profesionales a la que muchos en este país deberían tomar como ejemplo.
enero 21, 2010
EL CASO DE CRISTINA VS BANCO CENTRAL 2° PARTE
Bien, en la primera parte de esta historia, hemos visto buena parte del por que de lo sucedido en este caso, en el que el grotesco institucional ha alcanzado niveles inesperados, como que la Presidenta se irrite con Redrado cuando ilegalmente accedió a la agenda privada del titular del BCRA, y allí encontró que constaban reuniones programadas con periodistas varios, incluidos algunos del diario Clarín. Entonces ahora veamos parte del como se dieron los hechos. Todo ocurrió en menos de un mes. El 14 de diciembre, luego de terminado el período de sesiones ordinarias del Congreso, y con un nuevo Congreso que no la favorece, la Presidente dictó el decreto de necesidad y urgencia 2010/09 y dispuso tomar allí los US$ 6500 millones de las reservas del Central, para afrontar pagos de la deuda que, principalmente, vencerán entre marzo y agosto próximos, creando así el fondo del Bicentenario. Como Redrado se había negado y el Gobierno todavía no había logrado disponer del dinero a través del decreto 18/2010, la primera mandataria removió a Redrado de su cargo, que provisionalmente ocupó Miguel Pesce. Ante las presentaciones realizadas, y para preocupación del gobierno, en solo diez horas, ambos decretos quedaron suspendidos por orden de la doctora Sarmiento. Ambas medidas tienen carácter provisional, hasta que se resuelvan los temas de fondo planteados en sendos amparos. Pero se descartaba que el Gobierno las apelaría a la brevedad y ambos juicios pasarían, a la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo. Es allí donde el Gobierno tiene fluido contacto entre algunos jueces de apelaciones, por lo cual cabía esperar que la Cámara revocara ambas decisiones o, al menos, la vinculada con Redrado.
Los plazos para apelar ambos fallos vencían el martes siguiente. Pero la jueza federal María José Sarmiento, tendría un agitado día de trabajo, en el que con sobrados argumentos, suspendió dos controvertidas decisiones del Gobierno por la mañana, prohibió que el Poder Ejecutivo utilizara 6500 millones de dólares de reservas del Banco Central (BCRA) para pagar deuda y, por la tarde, repuso en la presidencia de la institución a Martín Redrado, quien a las 17hs. reasumió sus funciones. En un trámite veloz, Sarmiento hizo lugar a las presentaciones formuladas por el Pro la Coalición Cívica, y por la UCR, y dispuso que se suspendan los efectos del citado decreto hasta tanto se cumplan los plazos constitucionales y legales establecidos en la ley 26.122 que regulan la intervención del Congreso sobre los decretos de necesidad y urgencia. ¿Qué ocurriría si, durante la sustanciación de este conflicto jurídico, el Gobierno lograra hacerse de los fondos? Si ocurriera esto y, más adelante, el Congreso o la Justicia impugnaran el decreto, el Gobierno debería devolver el dinero al BCRA. La posibilidad del Poder Ejecutivo de dictar decretos de necesidad y urgencia es "excepcional" y está sujeta a algunos requisitos, que fija la Constitución nacional, que no estuvieron presentes al dictarse esos decretos, no existió una imposibilidad funcional del Congreso para desempeñarse (uno de esos requisitos), porque la Presidenta tiene la atribución de convocar a sesiones extraordinarias. Tampoco estuvo presente el requisito de la "urgencia". La premura en ejecutar el decreto trato de evitar obviamente la participación del Poder Legislativo.
Al mismo tiempo en Olivos, la presidenta ya con el agua al cuello dijo a su staff: arreglen cuanto antes el escándalo que ustedes me armaron. Y aun cuando todo se trato como secreto de estado las recriminaciones al ministro de Economía, Amado Boudou, se hicieron publicas casi de inmediato. Los Kirchner le atribuyeron a Boudou la autoría del frustrado operativo para remover a Redrado. Según la visión del Gobierno, en ese momento el fallo de reposición de Redrado no tenia efecto para restituir al titular del BCRA, quien firmó el acta de reasunción luego de regresar al BCRA. Argumentaban que Redrado no podía reasumir por la intención manifiesta del Gobierno de apelar la medida. Por ello el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, en Olivos, dijo que buscaban a la jueza para que les concediera el recurso de apelación ese día, que el fallo era una payasada, y que todo era solo una situación ridícula. La nota final a sus dichos, fue cuando aclaro que la Presidenta los había instruido a el, al procurador del Tesoro y al Ministerio de Economía para que presentaran un recurso de apelación lo antes posible, y dijo: "Queremos presentarlo ahora mismo, estamos buscando a la jueza con la policía; que nos conceda el recurso, así como en dos horas le concedió el amparo a Redrado. CONTINUARA
Los plazos para apelar ambos fallos vencían el martes siguiente. Pero la jueza federal María José Sarmiento, tendría un agitado día de trabajo, en el que con sobrados argumentos, suspendió dos controvertidas decisiones del Gobierno por la mañana, prohibió que el Poder Ejecutivo utilizara 6500 millones de dólares de reservas del Banco Central (BCRA) para pagar deuda y, por la tarde, repuso en la presidencia de la institución a Martín Redrado, quien a las 17hs. reasumió sus funciones. En un trámite veloz, Sarmiento hizo lugar a las presentaciones formuladas por el Pro la Coalición Cívica, y por la UCR, y dispuso que se suspendan los efectos del citado decreto hasta tanto se cumplan los plazos constitucionales y legales establecidos en la ley 26.122 que regulan la intervención del Congreso sobre los decretos de necesidad y urgencia. ¿Qué ocurriría si, durante la sustanciación de este conflicto jurídico, el Gobierno lograra hacerse de los fondos? Si ocurriera esto y, más adelante, el Congreso o la Justicia impugnaran el decreto, el Gobierno debería devolver el dinero al BCRA. La posibilidad del Poder Ejecutivo de dictar decretos de necesidad y urgencia es "excepcional" y está sujeta a algunos requisitos, que fija la Constitución nacional, que no estuvieron presentes al dictarse esos decretos, no existió una imposibilidad funcional del Congreso para desempeñarse (uno de esos requisitos), porque la Presidenta tiene la atribución de convocar a sesiones extraordinarias. Tampoco estuvo presente el requisito de la "urgencia". La premura en ejecutar el decreto trato de evitar obviamente la participación del Poder Legislativo.
Al mismo tiempo en Olivos, la presidenta ya con el agua al cuello dijo a su staff: arreglen cuanto antes el escándalo que ustedes me armaron. Y aun cuando todo se trato como secreto de estado las recriminaciones al ministro de Economía, Amado Boudou, se hicieron publicas casi de inmediato. Los Kirchner le atribuyeron a Boudou la autoría del frustrado operativo para remover a Redrado. Según la visión del Gobierno, en ese momento el fallo de reposición de Redrado no tenia efecto para restituir al titular del BCRA, quien firmó el acta de reasunción luego de regresar al BCRA. Argumentaban que Redrado no podía reasumir por la intención manifiesta del Gobierno de apelar la medida. Por ello el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, en Olivos, dijo que buscaban a la jueza para que les concediera el recurso de apelación ese día, que el fallo era una payasada, y que todo era solo una situación ridícula. La nota final a sus dichos, fue cuando aclaro que la Presidenta los había instruido a el, al procurador del Tesoro y al Ministerio de Economía para que presentaran un recurso de apelación lo antes posible, y dijo: "Queremos presentarlo ahora mismo, estamos buscando a la jueza con la policía; que nos conceda el recurso, así como en dos horas le concedió el amparo a Redrado. CONTINUARA
enero 20, 2010
EL CASO, CRISTINA VS BANCO CENTRAL 1° PARTE
Todo comenzó, con la pomposa creación del Fondo del Bicentenario, constituido por un decreto de necesidad y urgencia (DNU) con US$ 6500 millones, sacados, de las reservas del Banco Central, pretendía ser, como dice el vulgo, "una señal a los mercados". El Gobierno utilizaría ese patrimonio para asegurar a los tenedores de bonos que la Argentina no entraría en cesación de pagos. La negociación con los holdouts, entonces, mejoraría. Pero los resultados de la operación iban a ser los opuestos y una vez mas Cristina Kirchner conseguiría producir una crisis de magnitud allí donde no se preveían turbulencias. Entonces sucedió lo peor, o tal vez lo previsible. Para empeorar la situación el gobierno salio al cruce para aclarar la confusión, pero no aclareció, se puso mas oscuro. El viceministro de Economía, Roberto Feletti, funcionario, a cargo de la secretaría de Política Económica que políticamente responde al ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, sorprendió al difundir un comunicado personal en el que aportó argumentos complementarios a los que utilizó su superior, el ministro Amado Boudou. Feletti abonó así la hipótesis de los opositores, quienes siempre apuntaron a que el objetivo oficial era acceder a unos $ 25.000 millones que resultarían liberados del Presupuesto 2010 frente a la decisión de pagar con reservas, ya que estas cancelaciones estaban contempladas al momento de aprobarse la ley de leyes. Pero Feletti rechazó la idea de que la utilización de reservas para cancelar deudas implicara priorizar este pago por sobre los compromisos que tiene el Estado con los sectores más desprotegidos y que incumpliría los compromisos asumidos en inversión social, como la ley de educación, la movilidad previsional y la asignación universal por hijo.
La aspirada reconciliación con los inversores se transformó en una tormenta, con una intervención de la Corte Suprema, dos planteos judiciales de la oposición, un presidente del Banco Central en estado de rebeldía, un candidato a sucederlo Mario Blejer que sólo aceptaría el ofrecimiento cuando el cargo quede vacante, el alejamiento de por lo menos tres directores de la institución (Biagosch, Pérez y Bocco) y todo, por que?, porque, Aníbal Fernández exigió durante un rally radial, la renuncia de Martín Redrado por demorarse en la ejecución de la medida. El mandato de Redrado terminaba en septiembre, pero con otra contradicción y otro DNU Cristina Kirchner intento desplazar a Redrado de su cargo, entonces los radicales Ernesto Sanz, Gerardo Morales, Oscar Aguad y Ricardo Gil Lavedra presentaron un recurso de amparo en el juzgado federal de María José Sarmiento. La jueza no es una funcionaria dócil con el poder, de su tribunal salió la primera disposición contra la ley de medios. ¿Se podría buscar una explicación sencilla para esta sin razón?, No, pero hay una forma para explicar la virulencia con la que se intento doblegar a Redrado. Afectados por los niveles inquietantes de desprestigio que consignan las encuestas, la Presidenta y su esposo necesitan de recursos cada vez más abundantes para obtener el mismo grado de disciplina de la colectividad peronista. Con un Tesoro que debió raspar todas las ollas para cerrar las cuentas a fin de año, el Fondo del Bicentenario era, sobre todo, una señal a la política, un mensaje a gobernadores, intendentes y sindicalistas de que sigue habiendo caja y, por lo tanto, se sigue reclamando obediencia, y ya lo había dicho el viceministro de Economía, se liberarán recursos para sostener la demanda, es decir, el dinero previsto para pagar deuda se aplicará al gasto corriente.
Desde el oficialismo se anticipaban todo tipo de escarmientos para Martín Redrado. Sin embargo la jugada del presidente del Banco Central obedece a temas jurídicos ya que los abogados del Ministerio de Economía en los Estados Unidos ya habían alertado sobre la posibilidad de embargos. Entonces en ella también había un descarnado cálculo político. Redrado podría ser recordado como el titular de una política monetaria que permitió una inflación superior al 25%, o como el funcionario que limitó al extremo la libertad cambiaria en el país. Ahora, con el duelo que se ha abierto, podría corregirse ese aspecto y salir de la administración envuelto en la bandera de la autonomía del Central. Un ejemplo poco edificante para otros apóstoles del oficialismo mortificados por las encuestas. CONTINUARA
La aspirada reconciliación con los inversores se transformó en una tormenta, con una intervención de la Corte Suprema, dos planteos judiciales de la oposición, un presidente del Banco Central en estado de rebeldía, un candidato a sucederlo Mario Blejer que sólo aceptaría el ofrecimiento cuando el cargo quede vacante, el alejamiento de por lo menos tres directores de la institución (Biagosch, Pérez y Bocco) y todo, por que?, porque, Aníbal Fernández exigió durante un rally radial, la renuncia de Martín Redrado por demorarse en la ejecución de la medida. El mandato de Redrado terminaba en septiembre, pero con otra contradicción y otro DNU Cristina Kirchner intento desplazar a Redrado de su cargo, entonces los radicales Ernesto Sanz, Gerardo Morales, Oscar Aguad y Ricardo Gil Lavedra presentaron un recurso de amparo en el juzgado federal de María José Sarmiento. La jueza no es una funcionaria dócil con el poder, de su tribunal salió la primera disposición contra la ley de medios. ¿Se podría buscar una explicación sencilla para esta sin razón?, No, pero hay una forma para explicar la virulencia con la que se intento doblegar a Redrado. Afectados por los niveles inquietantes de desprestigio que consignan las encuestas, la Presidenta y su esposo necesitan de recursos cada vez más abundantes para obtener el mismo grado de disciplina de la colectividad peronista. Con un Tesoro que debió raspar todas las ollas para cerrar las cuentas a fin de año, el Fondo del Bicentenario era, sobre todo, una señal a la política, un mensaje a gobernadores, intendentes y sindicalistas de que sigue habiendo caja y, por lo tanto, se sigue reclamando obediencia, y ya lo había dicho el viceministro de Economía, se liberarán recursos para sostener la demanda, es decir, el dinero previsto para pagar deuda se aplicará al gasto corriente.
Desde el oficialismo se anticipaban todo tipo de escarmientos para Martín Redrado. Sin embargo la jugada del presidente del Banco Central obedece a temas jurídicos ya que los abogados del Ministerio de Economía en los Estados Unidos ya habían alertado sobre la posibilidad de embargos. Entonces en ella también había un descarnado cálculo político. Redrado podría ser recordado como el titular de una política monetaria que permitió una inflación superior al 25%, o como el funcionario que limitó al extremo la libertad cambiaria en el país. Ahora, con el duelo que se ha abierto, podría corregirse ese aspecto y salir de la administración envuelto en la bandera de la autonomía del Central. Un ejemplo poco edificante para otros apóstoles del oficialismo mortificados por las encuestas. CONTINUARA
enero 19, 2010
ARGETINA DE CARA AL 2010
La cuestión ha tenido un reconocimiento en ámbitos que desnudan las contradicciones dentro del poder cuando hay razones para exponerlas. Por un lado, el socio político del Gobierno y cabeza de la CGT, Hugo Moyano, ha dicho en varios discursos; “Nosotros tenemos un Indec propio, el Indec del supermercado, de las amas de casa, de los trabajadores que cuando llegan, les dicen esto aumentó. Ahí sacamos los porcentajes de reclamo salarial que tenemos que hacer”. Entonces la inflación es la consecuencia negativa y poco deseable de políticas económicas que irremediablemente la han provocado. Los últimos meses de 2009 mostraron una reactivación del fenómeno que sigue sin reflejarse en las cifras oficiales del Indec, por eso Moyano dice lo mencionado. Y, por el otro lado, el documento del Banco Central referido al Programa Monetario 2010 dice que,“Pese a la desaceleración respecto de 2008, la tendencia reciente a la recuperación de la actividad económica ha incrementado los riesgos de incipientes presiones inflacionarias, incluso exhibiendo rasgos de persistencia”. Los instrumentos utilizados para amortiguar la inflación, han puesto en evidencia, finalmente, sus efectos nocivos sobre la producción y la inversión. Los derechos de exportación, que lograron atemperar el impacto de la devaluación de 2002 sobre los precios internos de los productos exportables, ya no pueden ser incrementados para neutralizar nuevos aumentos de precios internacionales o del tipo de cambio. Desde la caída de la resolución 125, el Gobierno debió renunciar a este arbitrio y ha debido reducirlos para no ahogar la producción de algunos cultivos.
Para compensar esas reducciones y evitar el impacto sobre ciertos alimentos de la canasta básica, se incorporaron subsidios internos. Es el caso de los molinos harineros, la producción de pollos o los feedlots para engorde de ganado, entre otros. Pero el deterioro fiscal también puso límite a estos subsidios. El congelamiento de las tarifas de servicios públicos, practicado desde la emergencia económica de comienzos de 2002, también se ha hecho insostenible. Obligó al Gobierno a conceder subsidios crecientes, aun así no impidió que se destruyera todo incentivo a la inversión. En una situación de déficit fiscal y de riesgo productivo, el Gobierno ha comenzado a flexibilizar tímidamente las tarifas de electricidad, gas, transporte y otras, y deberá hacerlo más aceleradamente en el futuro próximo. No sólo ya no dispondrá de un instrumento para contener la inflación, sino que tendrá que alimentarla con aumentos significativos. Por similares razones ya no habrá espacio para continuar con los controles de precios que desde hace cuatro años viene aplicando el secretario de Comercio, Guillermo Moreno. Como era de esperar, lo único que logró fue afectar la oferta de determinados productos y despertar la imaginación comercial e industrial para sustituirlos por otros. Desde enero de 2007, la evidencia del fracaso llevó al gobierno nacional a una de sus más grandes y lamentables transgresiones, falsear las mediciones oficiales de precios del Indec. Es así como este organismo informo una inflación anual de 7,1% a noviembre de 2009, mientras que la realidad supera el 20%.
El modelo llamado de tipo de cambio competitivo ha sido inevitablemente inflacionario, aunque fue útil durante sus primeros años para reactivar producción, alentar el turismo y aportar recursos fiscales, eso hoy se ha acabado. El modelo se concibió sólo como un recurso de corto plazo y cuando el marco político, institucional y jurídico que lo rodeó, destruyó la confianza la inflación fue su consecuencia inmediata, igual que la pobreza emergida con mucha fuerza. Las perspectivas inflacionarias para el corriente año no son halagüeñas. Las distorsiones en el sistema de precios no son soportables y continuarán corrigiéndose. Los pedidos de aumentos salariales se ubican por encima del 20% en un clima de conflictos laborales y sociales impulsados por grupos radicalizados que desbordan la dirigencia gremial más tradicional y negociadora. El poder político del gobierno nacional se ha debilitado y continuará haciéndolo. Ha aparecido, además, un déficit fiscal creciente que llegara a tener que financiarse con emisión si el Gobierno no restablece rápidamente sus relaciones financieras con el mundo. La rectificación de rumbo es siempre posible, aunque poco probable ya que eso exigiría un cambio en la gestión económica, institucional y política de un Gobierno que aun sigue sin poder ver más allá de sus narices.
Para compensar esas reducciones y evitar el impacto sobre ciertos alimentos de la canasta básica, se incorporaron subsidios internos. Es el caso de los molinos harineros, la producción de pollos o los feedlots para engorde de ganado, entre otros. Pero el deterioro fiscal también puso límite a estos subsidios. El congelamiento de las tarifas de servicios públicos, practicado desde la emergencia económica de comienzos de 2002, también se ha hecho insostenible. Obligó al Gobierno a conceder subsidios crecientes, aun así no impidió que se destruyera todo incentivo a la inversión. En una situación de déficit fiscal y de riesgo productivo, el Gobierno ha comenzado a flexibilizar tímidamente las tarifas de electricidad, gas, transporte y otras, y deberá hacerlo más aceleradamente en el futuro próximo. No sólo ya no dispondrá de un instrumento para contener la inflación, sino que tendrá que alimentarla con aumentos significativos. Por similares razones ya no habrá espacio para continuar con los controles de precios que desde hace cuatro años viene aplicando el secretario de Comercio, Guillermo Moreno. Como era de esperar, lo único que logró fue afectar la oferta de determinados productos y despertar la imaginación comercial e industrial para sustituirlos por otros. Desde enero de 2007, la evidencia del fracaso llevó al gobierno nacional a una de sus más grandes y lamentables transgresiones, falsear las mediciones oficiales de precios del Indec. Es así como este organismo informo una inflación anual de 7,1% a noviembre de 2009, mientras que la realidad supera el 20%.
El modelo llamado de tipo de cambio competitivo ha sido inevitablemente inflacionario, aunque fue útil durante sus primeros años para reactivar producción, alentar el turismo y aportar recursos fiscales, eso hoy se ha acabado. El modelo se concibió sólo como un recurso de corto plazo y cuando el marco político, institucional y jurídico que lo rodeó, destruyó la confianza la inflación fue su consecuencia inmediata, igual que la pobreza emergida con mucha fuerza. Las perspectivas inflacionarias para el corriente año no son halagüeñas. Las distorsiones en el sistema de precios no son soportables y continuarán corrigiéndose. Los pedidos de aumentos salariales se ubican por encima del 20% en un clima de conflictos laborales y sociales impulsados por grupos radicalizados que desbordan la dirigencia gremial más tradicional y negociadora. El poder político del gobierno nacional se ha debilitado y continuará haciéndolo. Ha aparecido, además, un déficit fiscal creciente que llegara a tener que financiarse con emisión si el Gobierno no restablece rápidamente sus relaciones financieras con el mundo. La rectificación de rumbo es siempre posible, aunque poco probable ya que eso exigiría un cambio en la gestión económica, institucional y política de un Gobierno que aun sigue sin poder ver más allá de sus narices.
enero 18, 2010
El enorme poder que administran, reparte muchas ganancias y ha sido en los últimos tiempos origen de operaciones oscuras, como las relacionadas con los medicamentos truchos. Pero hay una alternativa posible para evitar que la CGT sea un grupo de presión aun más espectacular de lo que es, que se prohíba la reelección indefinida de las conducciones. Las obras sociales terminaron recaudando en 2009 unos $15.000 millones, con un crecimiento respecto de 2008 superior al 30%. Si la economía crece este año como se prevé en el presupuesto y la recaudación avanza cumpliendo los pronósticos, que el año pasado fracasaron, entonces la cartera de Salud contará con unos 5500 millones para su tema específico. Los sindicatos y sus obras sociales ya manejaron en el año de la recesión y el déficit fiscal una suma casi tres veces más alta. Néstor y Cristina Kirchner entienden el poder, entre otras cosas, como una cuestión de caja. Quien maneja la mayor cantidad de dinero es el manda más. Quizá por eso han tratado a la poderosa CGT con tanto respeto. Ese nivel de recaudación creció porque los Kirchner, en medio de la recesión, aumentaron la presión impositiva al hacer crecer casi al doble, en sucesivas medidas, el haber máximo sujeto a aportes. Eso transformó en privilegiadas a las obras sociales, que en un contexto de caída del empleo e inflación lograron hasta noviembre último recaudar el 39% más que en los 11 primeros meses de 2008, según la AFIP. Esa estructura de ingresos también permite a los sindicatos armar negocios conexos, como gerenciadoras de las mismas prestadoras de salud, empresas constructoras y, para Hugo Moyano, hasta formar una ART y una compañía aseguradora, ambas llamadas Caminos Protegidos.
Las obras sociales se financian con aportes que se recaudan de las remuneraciones de los más de seis millones de aportantes al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones. La recaudación la realiza la AFIP y las transferencias, salvo para los casos de los programas especiales, son automáticas. El enorme poder que eso les concede es lo que algunos discuten. La CGT, con sindicalistas que se mantienen en las titularidades de sus gremios y obras sociales durante décadas, se niegan a ese recorte de poder. Los empresarios por su parte tampoco ven con buenos ojos una división, ya que así se complicarán mucho las negociaciones. La experiencia de empresas como Aerolíneas Argentinas, donde hay montones de sindicatos, es la versión en que hay que fijarse, para entender por que es impracticable. Por eso es que algunos creen que una forma de evitar las divisiones, cuyas intentonas han causado enfrentamientos violentísimos, es limitar los mandatos. Nadie debería poder tener reelecciones indefinidas en organismos que se financian con recursos públicos. Las obras sociales dicen ser "de los trabajadores", pero se financian con un impuesto. Los trabajadores no pueden, por ejemplo, elegir no pagar las contribuciones. Son una carga, un gravamen. Sin embargo, los gastos no pueden ser auditados por el sector público, porque se dicen entidades privadas. Públicas, para recaudar; privadas, para gastar. Es una fórmula segura para hacer poco transparente el sistema.
La mayor cantidad de afiliados la posee la obra social que atiende a los empleados de comercio, que supera al millón. Ninguna otra pasa los 400.000. Sin embargo, por los salarios menores en la actividad, está muy debajo del ingreso promedio por aportante del sistema y que en 2008 fue, según los números de la AFIP y para meses en que no se paga aguinaldo, de alrededor de $180 mensuales. La obra social del sindicato de Armando Cavalieri no llegó a los 120 mensuales. En cambio, la obra social de los metalúrgicos, con un número de aportantes que rondó los 150.000 tuvo en 2008 el mejor promedio, con $290. Los camioneros tienen dos obras sociales, la de Conductores Camioneros y Personal del Transporte Automotor de Cargas, presidida por Hugo Moyano, con unos 64.000 aportantes y unos $239 promedio mensual por cada uno, con sede en Caseros al 900; y la de Choferes de Camiones (Oschoca), también vinculada a Moyano, con unos 70.000 aportantes y unos 180 mensuales promedio y tiene sede en San José al 1700. ¿Hace falta decir, o explicar algo más?
Las obras sociales se financian con aportes que se recaudan de las remuneraciones de los más de seis millones de aportantes al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones. La recaudación la realiza la AFIP y las transferencias, salvo para los casos de los programas especiales, son automáticas. El enorme poder que eso les concede es lo que algunos discuten. La CGT, con sindicalistas que se mantienen en las titularidades de sus gremios y obras sociales durante décadas, se niegan a ese recorte de poder. Los empresarios por su parte tampoco ven con buenos ojos una división, ya que así se complicarán mucho las negociaciones. La experiencia de empresas como Aerolíneas Argentinas, donde hay montones de sindicatos, es la versión en que hay que fijarse, para entender por que es impracticable. Por eso es que algunos creen que una forma de evitar las divisiones, cuyas intentonas han causado enfrentamientos violentísimos, es limitar los mandatos. Nadie debería poder tener reelecciones indefinidas en organismos que se financian con recursos públicos. Las obras sociales dicen ser "de los trabajadores", pero se financian con un impuesto. Los trabajadores no pueden, por ejemplo, elegir no pagar las contribuciones. Son una carga, un gravamen. Sin embargo, los gastos no pueden ser auditados por el sector público, porque se dicen entidades privadas. Públicas, para recaudar; privadas, para gastar. Es una fórmula segura para hacer poco transparente el sistema.
La mayor cantidad de afiliados la posee la obra social que atiende a los empleados de comercio, que supera al millón. Ninguna otra pasa los 400.000. Sin embargo, por los salarios menores en la actividad, está muy debajo del ingreso promedio por aportante del sistema y que en 2008 fue, según los números de la AFIP y para meses en que no se paga aguinaldo, de alrededor de $180 mensuales. La obra social del sindicato de Armando Cavalieri no llegó a los 120 mensuales. En cambio, la obra social de los metalúrgicos, con un número de aportantes que rondó los 150.000 tuvo en 2008 el mejor promedio, con $290. Los camioneros tienen dos obras sociales, la de Conductores Camioneros y Personal del Transporte Automotor de Cargas, presidida por Hugo Moyano, con unos 64.000 aportantes y unos $239 promedio mensual por cada uno, con sede en Caseros al 900; y la de Choferes de Camiones (Oschoca), también vinculada a Moyano, con unos 70.000 aportantes y unos 180 mensuales promedio y tiene sede en San José al 1700. ¿Hace falta decir, o explicar algo más?
enero 15, 2010
LA SITUACION ESPAÑOLA
No hubo en 2009 más que noticias negativas y cabezas gachas en una sociedad que asistió, desalentada, a la imparable destrucción del empleo que colocó la tasa de desocupación en un 18,2% y que, de continuar en ascenso, podría perforar este año la siempre temida barrera de los cinco millones de desocupados. El último año de la primera década del siglo XXI fue para España el que más parece haber alejado al país de los sueños de progreso y de integración al desarrollo económico y social acuñados durante la difícil transición democrática iniciada tras la muerte de Francisco Franco. Sin embargo, no sólo los números atentaron contra el humor social y el hasta hace poco tan característico optimismo español. También el desencanto con la clase política y, en especial, con la capacidad del gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero para enfrentar la crisis conspiran, con las posibilidades de esperar en 2010 los primeros síntomas de una recuperación. Para peor, muchas empresas privadas españolas, que siguen sin hacer pie, continuarán con la tendencia a invertir más en otros países que en el mercado local, y se menciona a América latina como el "principal destino" que encontrarían los capitales españoles ante el desplome de la actividad económica en el país, que se tradujo en una caída de 3,7% del PBI. Esta tendencia, que fue ratificada por grandes empresas españolas como Repsol-YPF, Renfe y diversas entidades bancarias con activa presencia en la región en sus planes de inversión, se explica, en la debilidad actual del mercado español. Nadie sabe a ciencia cierta qué va a pasar en España, todas las previsiones sobre mejoras fallaron en el último año, y paso a tener un déficit público del 10,4% y un nivel de desempleo insostenible.
Sin embargo, se supone que, tras el desplome, algunas compañías podrían empezar a mostrar señales de recuperación a fines de 2010. Después de terrible 2009, es posible, quizá, pensar en algún rebote en los sectores más dinámicos de la economía, pero lo que no va a cambiar es la tendencia hacia el aumento del desempleo. Costará años reparar todo el daño causado. La solución al grave problema de la desocupación, que ha hecho que desaparecer de un plumazo la sensación de riqueza colectiva vivida por la población hasta hace dos años, es la principal barrera hacia la recuperación de la prosperidad perdida en el futuro inmediato. También el consumo doméstico, profundizaría su caída en un 2% para fines de 2010, ha ofrecido en los últimos meses postales hasta hace poco impensadas en la España que llegó a ser considerada un modelo de desarrollo económico. La crisis se nota en la sensible reducción del número de pasajeros de trenes urbanos y suburbanos, es decir, de aquellos que van desde sus hogares hasta el trabajo todos los días. Los problemas no se agotan en los devastadores índices económicos. El nivel del diálogo político tampoco ofreció garantías de una discusión constructiva sobre posibles salidas a la crisis, tanto el oficialismo como la oposición sufrieron un grave desgaste ante la opinión pública tras la escalada de acusaciones cruzadas sobre corrupción y malversación de fondos que alejaron aún más a los políticos del electorado. El año que acaba de terminar dejó en evidencia un fenómeno que ya se insinuaba en los últimos años, que es la falta de preparación en la actividad privada tanto del PSOE como del Partido Popular [PP], que debería ser la alternativa de recambio. Todo ha terminado en un intercambio de insultos de muy bajo nivel y, lo que es peor, al borde de la ruptura del diálogo en el Congreso. Estas situaciones me recuerdan un país latinoamericano del que mejor no hablar.
Sin embargo, se supone que, tras el desplome, algunas compañías podrían empezar a mostrar señales de recuperación a fines de 2010. Después de terrible 2009, es posible, quizá, pensar en algún rebote en los sectores más dinámicos de la economía, pero lo que no va a cambiar es la tendencia hacia el aumento del desempleo. Costará años reparar todo el daño causado. La solución al grave problema de la desocupación, que ha hecho que desaparecer de un plumazo la sensación de riqueza colectiva vivida por la población hasta hace dos años, es la principal barrera hacia la recuperación de la prosperidad perdida en el futuro inmediato. También el consumo doméstico, profundizaría su caída en un 2% para fines de 2010, ha ofrecido en los últimos meses postales hasta hace poco impensadas en la España que llegó a ser considerada un modelo de desarrollo económico. La crisis se nota en la sensible reducción del número de pasajeros de trenes urbanos y suburbanos, es decir, de aquellos que van desde sus hogares hasta el trabajo todos los días. Los problemas no se agotan en los devastadores índices económicos. El nivel del diálogo político tampoco ofreció garantías de una discusión constructiva sobre posibles salidas a la crisis, tanto el oficialismo como la oposición sufrieron un grave desgaste ante la opinión pública tras la escalada de acusaciones cruzadas sobre corrupción y malversación de fondos que alejaron aún más a los políticos del electorado. El año que acaba de terminar dejó en evidencia un fenómeno que ya se insinuaba en los últimos años, que es la falta de preparación en la actividad privada tanto del PSOE como del Partido Popular [PP], que debería ser la alternativa de recambio. Todo ha terminado en un intercambio de insultos de muy bajo nivel y, lo que es peor, al borde de la ruptura del diálogo en el Congreso. Estas situaciones me recuerdan un país latinoamericano del que mejor no hablar.
enero 14, 2010
Los pagos de Areco han de padecido en el ultimo mes, dos episodios fulminantes. El primero fue la lluvia más copiosa de la que se tenga memoria. El segundo, igualmente rápido, casi instantáneo, fue la reacción del Gobierno al echarle la culpa a los productores rurales por la tragedia. Quien lanzó de inmediato esta acusación fue el gobernador Scioli. La idea original, ¿habrá sido de él? Lo cierto es que al menos yo dudo de que así sea, no sólo porque Scioli no acostumbra a embestir frontalmente al campo ni a nadie sino también porque él mismo se ocupó de acompañar casi enseguida sus dichos iniciales con otros más moderados. Atacar duramente a quienes considera sus enemigos, ¿no es acaso la marca registrada de Néstor Kirchner? ¿Habrá sido él entonces quien le ordenó a Scioli culpar a los productores por la presunta construcción de los canales clandestinos que, en su opinión, habrían precipitado a la ciudad de Areco y a los campos vecinos en una de las inundaciones más vertiginosas que hayamos conocido? Al realizar esta acusación, ¿no habrá sido el propio Kirchner quien hablaba por boca de Scioli? Las agresiones contra aquellos a quienes considera sus enemigos, ya sean el campo o los militares, la "derecha" o Clarín, no son en Kirchner, por otra parte, sólo los signos recurrentes de un carácter irascible sino que expresan, además, cierta concepción de la política. ¿Cómo podríamos describirla?
¿Diciendo quizá que, desde el ángulo de mira de quien se ve a sí mismo como un mesías, todos los que se le oponen adquieren inevitablemente el rasgo de "destituyentes", de conspiradores contra el bien común? Esta es la concepción que ha invadido su mente, no puede asombrarnos que, a la menor dificultad que encuentre en su camino, Kirchner dispare automáticamente los dardos de su encono. Para cualquier mente objetiva, el drama de Areco manifiesta un proceso complejo al que habrían concurrido varios factores, primero, la ingobernable Naturaleza; segundo, la larga inacción de las autoridades por no haber limpiado preventivamente el río Areco de los innumerables troncos, ramas y desperdicios que desde hace rato perturban su curso; tercero, que el gran río Paraná, a su vez colmado, ya no acepta que afluentes menores como los ríos Areco y Arrecifes viertan en él sus aguas y, cuarto, la irresponsabilidad de algunos productores que habrían construido hace unos años, por su cuenta, canales no autorizados. Pero lo que más importaba en este caso era estudiar seriamente la situación para configurar un plan integral en auxilio de los afectados, para que el desastre no se repita. Lo más seguro en este caso habría sido estudiar antes de dictaminar lo que pasó y lo que aún podría pasar, sin atribuir culpas apresuradas y de corte netamente político. Seguir esta línea de acción, pausada y racional, no se ajusta empero a las monótonas obsesiones del ex presidente.
¿Diciendo quizá que, desde el ángulo de mira de quien se ve a sí mismo como un mesías, todos los que se le oponen adquieren inevitablemente el rasgo de "destituyentes", de conspiradores contra el bien común? Esta es la concepción que ha invadido su mente, no puede asombrarnos que, a la menor dificultad que encuentre en su camino, Kirchner dispare automáticamente los dardos de su encono. Para cualquier mente objetiva, el drama de Areco manifiesta un proceso complejo al que habrían concurrido varios factores, primero, la ingobernable Naturaleza; segundo, la larga inacción de las autoridades por no haber limpiado preventivamente el río Areco de los innumerables troncos, ramas y desperdicios que desde hace rato perturban su curso; tercero, que el gran río Paraná, a su vez colmado, ya no acepta que afluentes menores como los ríos Areco y Arrecifes viertan en él sus aguas y, cuarto, la irresponsabilidad de algunos productores que habrían construido hace unos años, por su cuenta, canales no autorizados. Pero lo que más importaba en este caso era estudiar seriamente la situación para configurar un plan integral en auxilio de los afectados, para que el desastre no se repita. Lo más seguro en este caso habría sido estudiar antes de dictaminar lo que pasó y lo que aún podría pasar, sin atribuir culpas apresuradas y de corte netamente político. Seguir esta línea de acción, pausada y racional, no se ajusta empero a las monótonas obsesiones del ex presidente.
enero 13, 2010
EL FALLO INAPELABLE
El fallo, que no fue apelado, y quedará firme salvo que alguien pueda demostrar que la realidad es que el juez y el fiscal actuaron conjuntamente con el perito, en forma fraudulenta, que tal vez falsificaron documentos, incurrieron sin lugar a duda en cohecho o menos probable fueron presionados. Tampoco olvidemos que el perito era nada más y nada menos que el propio contador del matrimonio presidencial. Entonces el fallo del juez federal Norberto Oyarbide refuerza las peores sospechas sociales que la maquinaria judicial en este caso formada por actores adictos al poder de turno, no está dispuesta a investigar a fondo las irregularidades de la política, incluso cuando las presunciones recaen sobre quienes tienen el mayor deber de transparencia. Pero, ya en la nota que publicáramos, el 18/09/2009 titulada “El largo brazo de la ley”, existía esta referencia al juez federal Norberto Oyarbide. En pocas palabras decía; “El juez Norberto Oyarbide, parece haber subido a su corcel cual caballero medieval, entonces con su armadura y lanza en mano intenta arremeter contra todo y contra todos. Ayer llamo a indagatoria a uno de los principales actores de este escándalo, Juan José Zanola, el controvertido titular desde hace treinta años de la obra social bancaria. Sin embargo algo se le escapa a este hidalgo caballero, y es que lamentablemente su lanza es de corto alcance ya que tanto Zanola como muchos otros implicados, tienen una estrecha relación con el matrimonio presidencial. Néstor Lorenzo, el empresario farmacéutico detenido por orden del juez Norberto Oyarbide, es socio mayoritario de droguería San Javier. A San Javier se la investiga por ser una de las principales productoras de expedientes falsos para arrancar al Estado, a través de la Superintendencia de Salud, subsidios para enfermos crónicos -en especial de cáncer y sida- inexistentes.”
Bien, mucho no hace falta explicar, entonces ahora y volviendo al tema, para lograr la revisión del fallo, que no fue apelado por el fiscal, no sólo hay que animarse a formular semejantes acusaciones, sino que, además, hay que estar en condiciones de probarlas. Sin embargo existe una resolución de 1971, de la Corte Suprema, en el caso Campbell Davidson, admitió que se plantease una acción contra la cosa juzgada fraudulenta. Esa vía de revisión, sí, prosperó en algunos casos excepcionales, en efecto, cuando la ex presidenta Isabel Perón fue sobreseída de haber cometido irregularidades en la Cruzada de la Solidaridad, la Corte anterior a 1983 dejó sin efecto esta medida. Y, con el regreso de la democracia, hubo más casos. A partir de 2005 la Corte argentina admitió la reapertura de las causas contra la represión, aun cuando los militares imputados hubieran sido sobreseídos o absueltos. En casos de violaciones a los derechos humanos, la vía de revisión fue admitida. Más recientemente, en 2007, hubo otros. Por ejemplo, la Cámara Federal porteña, en la causa AMIA, luego de la destitución del juez federal Juan José Galeano, reabrió varias causas que habían terminado por sobreseimiento. En principio, un fallo que no es apelado en el plazo que establece la ley queda invariablemente firme, por más que su contenido sea escandaloso o disguste a la sociedad. Un fallo injusto, incluso escandaloso, si está firme, no puede ser revisado la injusticia no se corrige con más inseguridad jurídica, por más que esto suene difícil de comprender. De todas formas, la sociedad no repara en tecnicismos, solo espera de la Justicia resultados creíbles. Por ahora, lo que queda verdaderamente en claro para la sociedad es que la Justicia, una vez más, parece haber consagrado la impunidad de quienes ocupan los más altos cargos de poder.
En la historia argentina, sobran los dedos de una sola mano para contar condenas en casos de corrupción. Si algo debía esperarse de una acusación de corrupción contra los Kirchner, es que hubiera sido investigada con profundidad quizá, los Kirchner puedan justificar sobradamente el contenido de su declaración jurada, pero el juez y el fiscal debieron dejar en claro que hicieron todo lo posible para descubrir las eventuales irregularidades y que no encontraron ninguna. Y hay, otro actor de este enredo, que brilla por su ausencia, la causa se inició con una denuncia de un particular, pero si la oposición hubiera aportado los datos de una investigación propia y profunda, realizada a lo largo de meses o de años. Semejante pesquisa, que no existió, le hubieran restado al juez y al fiscal la credibilidad que de todos modos, no tienen.
Bien, mucho no hace falta explicar, entonces ahora y volviendo al tema, para lograr la revisión del fallo, que no fue apelado por el fiscal, no sólo hay que animarse a formular semejantes acusaciones, sino que, además, hay que estar en condiciones de probarlas. Sin embargo existe una resolución de 1971, de la Corte Suprema, en el caso Campbell Davidson, admitió que se plantease una acción contra la cosa juzgada fraudulenta. Esa vía de revisión, sí, prosperó en algunos casos excepcionales, en efecto, cuando la ex presidenta Isabel Perón fue sobreseída de haber cometido irregularidades en la Cruzada de la Solidaridad, la Corte anterior a 1983 dejó sin efecto esta medida. Y, con el regreso de la democracia, hubo más casos. A partir de 2005 la Corte argentina admitió la reapertura de las causas contra la represión, aun cuando los militares imputados hubieran sido sobreseídos o absueltos. En casos de violaciones a los derechos humanos, la vía de revisión fue admitida. Más recientemente, en 2007, hubo otros. Por ejemplo, la Cámara Federal porteña, en la causa AMIA, luego de la destitución del juez federal Juan José Galeano, reabrió varias causas que habían terminado por sobreseimiento. En principio, un fallo que no es apelado en el plazo que establece la ley queda invariablemente firme, por más que su contenido sea escandaloso o disguste a la sociedad. Un fallo injusto, incluso escandaloso, si está firme, no puede ser revisado la injusticia no se corrige con más inseguridad jurídica, por más que esto suene difícil de comprender. De todas formas, la sociedad no repara en tecnicismos, solo espera de la Justicia resultados creíbles. Por ahora, lo que queda verdaderamente en claro para la sociedad es que la Justicia, una vez más, parece haber consagrado la impunidad de quienes ocupan los más altos cargos de poder.
En la historia argentina, sobran los dedos de una sola mano para contar condenas en casos de corrupción. Si algo debía esperarse de una acusación de corrupción contra los Kirchner, es que hubiera sido investigada con profundidad quizá, los Kirchner puedan justificar sobradamente el contenido de su declaración jurada, pero el juez y el fiscal debieron dejar en claro que hicieron todo lo posible para descubrir las eventuales irregularidades y que no encontraron ninguna. Y hay, otro actor de este enredo, que brilla por su ausencia, la causa se inició con una denuncia de un particular, pero si la oposición hubiera aportado los datos de una investigación propia y profunda, realizada a lo largo de meses o de años. Semejante pesquisa, que no existió, le hubieran restado al juez y al fiscal la credibilidad que de todos modos, no tienen.
enero 11, 2010
EL REGALO PROMETIDO
La decisión del fiscal Eduardo Taiano de no apelar el rápido sobreseimiento de los Kirchner fue la frutilla del postre, probablemente el mejor regalo de Navidad que recibió el matrimonio gobernante, que de este modo muy difícilmente podrá volver a ser investigado por la evolución de su patrimonio durante el último año. ¿Quién dijo que la Justicia en la Argentina era lenta? Al menos esta vez demostró una llamativa celeridad. Fue tan rápida como rápidos han sido algunos funcionarios para sus negocios privados. La velocidad con la cual se ha cerrado la causa judicial por enriquecimiento ilícito del matrimonio Kirchner durante 2008 contrasta por ejemplo, con la enorme lentitud de otra investigación que conduce el propio juez Norberto Oyarbide por las coimas y sobreprecios del caso Skanska, caso durante el cual la hoy presidente de la nación, senadora por aquel entonces, se desempeño como presidenta de la comisión que investigaba el hecho. Ahora bien, convengamos que no es nada frecuente que alguien pueda adquirir un terreno en una cotizada zona turística como El Calafate a un precio irrisorio y venderlo dos años después 48 veces más caro, y nótese el disparate en el valor de reventa, ¿o habrá sido en el valor de compra? De todos modos no importa en cual, por que los Kirchner lo hicieron, le compraron tierras a 132.000 pesos a aquel municipio santacruceño y las vendieron a 6.300.000 pesos. El juez Oyarbide y el fiscal Taiano quisieron ver una parte de la realidad. Es probable que se esforzaran por creer que no hay elementos para presumir enriquecimiento ilícito si alguien compra un terreno a un precio vil y lo vende más tarde al precio del mercado. A lo sumo, habrán pensado que el problema deberían tenerlo las autoridades de El Calafate que se desprendieron de tierras fiscales a un valor irrisorio y ésa no es una materia que les correspondiera a ellos juzgar.
Sin embargo, se esperaba del magistrado y del fiscal otra actitud. Tanto por estar frente a una declaración jurada de quienes gobernaron la Nación durante los últimos seis años, como por tratarse de una fortuna familiar que experimentó un incremento notable y por ser ésta la tercera investigación judicial sobre la habilidad de los Kirchner para multiplicar su patrimonio. La Ley 25.188 de Ética en la Función Pública señala en su artículo 2 que los funcionarios del Estado nacional no deberían recibir ningún beneficio personal indebido vinculado a la realización, retardo u omisión de un acto inherente a sus funciones, ni imponer condiciones especiales que deriven en ello. ¿No debieron el juez y el fiscal, al menos, haberse preguntado por qué el matrimonio Kirchner recibió de ciertas entidades bancarias una tasa de interés bastante más que preferencial a la hora de depositar sus dólares en plazos fijos? ¿Y no debieron haberse preguntado también si alguna razón extraña motivó a los dueños de una empresa que ganó licitaciones de obras públicas a abonarle al matrimonio presidencial un alquiler mensual un tanto elevado por el hotel que éste posee en El Calafate? ¿No debieron haberse preguntado si esos inquilinos no estaban pagando otro tipo de servicios, teniendo en cuenta que el artículo 13 de la ley de ética citada señala que es "incompatible" con el ejercicio de la función pública prestar servicios a quien gestione o tenga una concesión o sea proveedor del Estado? Son preguntas con una respuesta en la Argentina, QUE PAIS GENEROSO.
Sin embargo, se esperaba del magistrado y del fiscal otra actitud. Tanto por estar frente a una declaración jurada de quienes gobernaron la Nación durante los últimos seis años, como por tratarse de una fortuna familiar que experimentó un incremento notable y por ser ésta la tercera investigación judicial sobre la habilidad de los Kirchner para multiplicar su patrimonio. La Ley 25.188 de Ética en la Función Pública señala en su artículo 2 que los funcionarios del Estado nacional no deberían recibir ningún beneficio personal indebido vinculado a la realización, retardo u omisión de un acto inherente a sus funciones, ni imponer condiciones especiales que deriven en ello. ¿No debieron el juez y el fiscal, al menos, haberse preguntado por qué el matrimonio Kirchner recibió de ciertas entidades bancarias una tasa de interés bastante más que preferencial a la hora de depositar sus dólares en plazos fijos? ¿Y no debieron haberse preguntado también si alguna razón extraña motivó a los dueños de una empresa que ganó licitaciones de obras públicas a abonarle al matrimonio presidencial un alquiler mensual un tanto elevado por el hotel que éste posee en El Calafate? ¿No debieron haberse preguntado si esos inquilinos no estaban pagando otro tipo de servicios, teniendo en cuenta que el artículo 13 de la ley de ética citada señala que es "incompatible" con el ejercicio de la función pública prestar servicios a quien gestione o tenga una concesión o sea proveedor del Estado? Son preguntas con una respuesta en la Argentina, QUE PAIS GENEROSO.
enero 07, 2010
NUEVAMENTE LA AFIP
Para llegar a esa cifra se considerará el monto al que se llegue con los diferentes plásticos y adicionales de un mismo titular. Los datos serán cruzados con las declaraciones hechas por los contribuyentes por ejemplo sobre sus niveles de ingresos y detectar de esa forma si los datos son consistentes. El mecanismo de información fue dispuesto por la resolución 2743, que se publicó en el Boletín Oficial. Las empresas emisoras de tarjetas de crédito y de débito deberán dar información a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) sobre los clientes cuyos consumos superen los $3000 mensuales. La AFIP hace uso de atribuciones que le son propias para intentar luchar contra la evasión, aunque el monto dispuesto como piso es a priori, demasiado bajo y provocará demasiado caudal de información, reduciendo la eficacia que podría tener la norma. Consultadas fuentes de la AFIP para conocer más detalles de la instrumentación de la medida y saber la razón por la que se había fijado el monto mencionado, por supuesto no hubo respuesta. La resolución del organismo que dirige Ricardo Echegaray dispone que la obligación de informar regirá desde las operaciones cuya liquidación se presente al cobro a partir del 1° de enero de 2010. Los datos podrían ser usados, por ejemplo, para abrir una fiscalización contra alguien que está declarado en una categoría del monotributo o de autónomos cuyos ingresos no concuerden con el nivel de gastos. Actualmente, las empresas emisoras dan información al fisco, pero en respuesta a pedidos concretos. Se dan elementos para cargar una inspección ante posibles casos de evasión, y es bueno el uso de vías tecnológicas para un mejor control.
Sin embargo, la cifra de $ 3000 dispuesta como umbral es poco razonable, debería haberse optado por una cifra mayor, que genere interés fiscal y no colme al sistema de información que en muchos casos sería poco relevante. Para algunos otros, en cambio, la cifra dispuesta es bastante adecuada. La AFIP apunta a controlar los consumos de personas físicas para ver si reflejan un nivel vida coherente con las declaraciones que hacen para el pago de Ganancias y de Bienes Personales. Con las diferencias que surjan, se considerará que hay ingresos no declarados, pero el acceso a conocer el nivel de gastos del contribuyente no incluye la posibilidad de ver a qué conceptos se destinó el dinero, porque eso es parte de su intimidad. La resolución sólo blanquea algo que viene funcionando desde hace cinco años, ya que la AFIP, desde entonces, pide a través de resoluciones administrativas los resúmenes para esos consumos. Ahora, en vez de mandar un oficio, dejaran establecido el sistema con una resolución general, que obliga a que informen en forma permanente. Las tarjetas o administradoras ya tienen todo sistematizado, los que se verán afectados son los consumidores de clase alta, que tienen contadores y que ya venían siendo fiscalizados. Otros que se verán afectados serán los comerciantes, que no van a poder negrear con las tarjetas. A las empresas no las afecta porque la información está en el sistema y hay que subirla por la red. No es un costo ni un gran cambio para ellas. En el mercado, cerca del 20% de los portadores de tarjetas (hay casi 15 millones de plásticos en circulación) consumen más de 3000 por mes. Esto significa en pocas palabras seguir persiguiendo inescrupulosamente a todos aquellos que no le debemos nada a un estado cada vez mas ciego.
Sin embargo, la cifra de $ 3000 dispuesta como umbral es poco razonable, debería haberse optado por una cifra mayor, que genere interés fiscal y no colme al sistema de información que en muchos casos sería poco relevante. Para algunos otros, en cambio, la cifra dispuesta es bastante adecuada. La AFIP apunta a controlar los consumos de personas físicas para ver si reflejan un nivel vida coherente con las declaraciones que hacen para el pago de Ganancias y de Bienes Personales. Con las diferencias que surjan, se considerará que hay ingresos no declarados, pero el acceso a conocer el nivel de gastos del contribuyente no incluye la posibilidad de ver a qué conceptos se destinó el dinero, porque eso es parte de su intimidad. La resolución sólo blanquea algo que viene funcionando desde hace cinco años, ya que la AFIP, desde entonces, pide a través de resoluciones administrativas los resúmenes para esos consumos. Ahora, en vez de mandar un oficio, dejaran establecido el sistema con una resolución general, que obliga a que informen en forma permanente. Las tarjetas o administradoras ya tienen todo sistematizado, los que se verán afectados son los consumidores de clase alta, que tienen contadores y que ya venían siendo fiscalizados. Otros que se verán afectados serán los comerciantes, que no van a poder negrear con las tarjetas. A las empresas no las afecta porque la información está en el sistema y hay que subirla por la red. No es un costo ni un gran cambio para ellas. En el mercado, cerca del 20% de los portadores de tarjetas (hay casi 15 millones de plásticos en circulación) consumen más de 3000 por mes. Esto significa en pocas palabras seguir persiguiendo inescrupulosamente a todos aquellos que no le debemos nada a un estado cada vez mas ciego.
enero 06, 2010
MÁS DE LOS ULTIMOS DIAS DE 2009
La respuesta de la Secretaría General de la Presidencia ante un pedido de acceso a la información presentado por la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) en momentos en que empezaba a tramitarse la causa por el incremento del patrimonio presidencial, de 158% en un año. Es decir, a contramano de lo que ocurre en el mundo y de lo que pasaba en el país hasta hace poco, el Gobierno considera que los recibos de sueldo de Cristina Kirchner son elementos de la esfera íntima de la Presidenta que los ciudadanos no deben conocer. El dato cobra más relevancia después de que el juez Norberto Oyarbide sobreseyó, por enriquecimiento ilícito, al matrimonio Kirchner. Bueno seria recordar que el argumento que usó, sin éxito, en el juicio en su contra la ex funcionaria María Julia Alsogaray para justificar su incremento patrimonial fue que cobraba una suma muy superior a la que figuraba en sus recibos. Cristina Kirchner declaró en 2008 un sueldo anual neto de $148.000. Pero al no permitir que se conozca el recibo, y como el juez no lo pidió, la Presidenta podría alegar que ese dato es un error formal en la confección de la declaración frente a un eventual avance de la causa judicial. El gobierno kirchnerista ha cambiado su criterio en la entrega de este tipo de información, tantas veces como le convino. En 2005 los recibos se consideraban datos públicos, como ocurre en México y Chile, por citar sólo dos casos cercanos. El dato relativo a las remuneraciones de cualquier funcionario debe ser público, porque se trata de una erogación del Estado y, por ello, el mejor medio para su comprobación es el recibo de sueldo.
Sólo los datos sensibles como, por ejemplo, si recibiera un plus por un hijo discapacitado o enfermo deben estar exentos de publicidad. Qué pasó o qué hizo cambiar la política del Gobierno. A pesar de la falta en el país de una ley nacional de acceso a la información pública, con algunos altibajos, hasta hace poco el Poder Ejecutivo Nacional había impulsado una política pública sobre esta materia. Sin embargo, en los últimos meses ha habido señales que marcan un retroceso preocupante. Desde la llegada de Aníbal Fernández a la Jefatura de Gabinete todo cambio. El pedido de información que presentó la ADC para acceder a los recibos de la Presidenta y de otros 10 funcionarios nacionales y provinciales se realizó el 8 de julio de 2009 y se basa en el decreto 1172/3, que firmó Néstor Kirchner meses después de asumir y garantiza el acceso a todos los documentos que producen y tienen los organismos del Poder Ejecutivo Nacional, con unas pocas excepciones previstas en forma expresa y entre las que no figura la alegada. La solicitud fue rechazada el 20 de julio con una breve nota firmada por el director de Recursos Humanos de la Secretaría General de la Presidencia, que dice textualmente, Oportunamente la Secretaría General de la Presidencia de la Nación ante similar requerimiento consultó al Organismo competente en la materia, la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación, que en dicha oportunidad elaboró el Dictamen 37/08, el cual se adjunta en copia para su conocimiento y respuesta. El dictamen, de 14 carillas sostiene que la remuneración salarial se trata de una información que puede afectar directamente el derecho de intimidad de su titular y que su tratamiento debe restringirse a causales que justifiquen el acceso al mismo.
El 14 de agosto, la ADC presentó en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 4, a cargo de Rita María Ailan, un recurso de amparo en el que pidió que se ordenara al Estado entregar los recibos de la Presidenta, pero no hubo respuesta a la medida. La kirchnerista Diana Conti, dijo que se trataba de una denuncia carente de seriedad alguna que se basa sólo en artículos periodísticos. El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, por su parte calificó de "canallada" las críticas al fallo que sobreseyó al matrimonio Kirchner en la causa por enriquecimiento ilícito a raíz del incremento de su patrimonio. El jefe de Gabinete, que fue durante casi dos años ministro de Justicia, consideró que Oyarbide es uno de los muchos jueces federales de excelente prestigio que tiene la Argentina, y a su vez el juez federal Norberto Oyarbide criticó a la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, por que le pediría juicio político. Lo que no entiendo, dijo es por qué Carrió no dice nada de las veces que yo la sobreseí a ella, mientras sobre su escritorio había una copia de una sentencia absolutoria, firmada por él, de febrero de este año.
Sólo los datos sensibles como, por ejemplo, si recibiera un plus por un hijo discapacitado o enfermo deben estar exentos de publicidad. Qué pasó o qué hizo cambiar la política del Gobierno. A pesar de la falta en el país de una ley nacional de acceso a la información pública, con algunos altibajos, hasta hace poco el Poder Ejecutivo Nacional había impulsado una política pública sobre esta materia. Sin embargo, en los últimos meses ha habido señales que marcan un retroceso preocupante. Desde la llegada de Aníbal Fernández a la Jefatura de Gabinete todo cambio. El pedido de información que presentó la ADC para acceder a los recibos de la Presidenta y de otros 10 funcionarios nacionales y provinciales se realizó el 8 de julio de 2009 y se basa en el decreto 1172/3, que firmó Néstor Kirchner meses después de asumir y garantiza el acceso a todos los documentos que producen y tienen los organismos del Poder Ejecutivo Nacional, con unas pocas excepciones previstas en forma expresa y entre las que no figura la alegada. La solicitud fue rechazada el 20 de julio con una breve nota firmada por el director de Recursos Humanos de la Secretaría General de la Presidencia, que dice textualmente, Oportunamente la Secretaría General de la Presidencia de la Nación ante similar requerimiento consultó al Organismo competente en la materia, la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación, que en dicha oportunidad elaboró el Dictamen 37/08, el cual se adjunta en copia para su conocimiento y respuesta. El dictamen, de 14 carillas sostiene que la remuneración salarial se trata de una información que puede afectar directamente el derecho de intimidad de su titular y que su tratamiento debe restringirse a causales que justifiquen el acceso al mismo.
El 14 de agosto, la ADC presentó en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 4, a cargo de Rita María Ailan, un recurso de amparo en el que pidió que se ordenara al Estado entregar los recibos de la Presidenta, pero no hubo respuesta a la medida. La kirchnerista Diana Conti, dijo que se trataba de una denuncia carente de seriedad alguna que se basa sólo en artículos periodísticos. El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, por su parte calificó de "canallada" las críticas al fallo que sobreseyó al matrimonio Kirchner en la causa por enriquecimiento ilícito a raíz del incremento de su patrimonio. El jefe de Gabinete, que fue durante casi dos años ministro de Justicia, consideró que Oyarbide es uno de los muchos jueces federales de excelente prestigio que tiene la Argentina, y a su vez el juez federal Norberto Oyarbide criticó a la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, por que le pediría juicio político. Lo que no entiendo, dijo es por qué Carrió no dice nada de las veces que yo la sobreseí a ella, mientras sobre su escritorio había una copia de una sentencia absolutoria, firmada por él, de febrero de este año.
enero 05, 2010
UN DESEO
Cada uno a su manera, los dos atacaron uno de los flancos más débiles del gobierno kirchnerista, el de la seguridad jurídica, una de las cuestiones que más preocupan a empresarios e inversores, tanto locales como extranjeros. Al menos eso le dieron a entender el secretario adjunto de los Estados Unidos para América latina, Arturo Valenzuela, y la ministra de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Carmen Argibay. Todas sus promesas y el compromiso personal con la calidad institucional que asumió hace dos años Cristina Fernández de Kirchner, inmediatamente después de jurar como presidenta de los argentinos, quedó así sin más en el olvido. Desde hace mucho tiempo hemos señalado con insistencia que la seguridad jurídica y las reglas de juego para cualquier negocio han quedado supeditadas a las necesidades políticas del Poder Ejecutivo o, peor aún, a la construcción del esquema de poder del oficialismo. La inquietud de empresas norteamericanas en la Argentina por la falta de seguridad jurídica y sus reparos a la hora de invertir dista de ser un dato nuevo. Lo llamativo es que fue hecho público por el enviado de Barack Obama. Y lo novedoso para el gobierno de Cristina Kirchner es que, en materia de política exterior hacia América latina, no parece haber diferencias de fondo entre un gobierno demócrata como el de Obama y uno republicano como el de George W. Bush. En ambos casos se busca defender enérgicamente los intereses de los empresarios de los Estados Unidos que operan en el resto del mundo. Es probable que, la primera mandataria haya cambiado algo su opinión sobre Obama, de quien no hace mucho señaló que se parecía notablemente a su marido, Néstor Kirchner. Las quejas que las empresas norteamericanas le habrían transmitido al secretario de Estado adjunto para América latina tampoco sorprenden. Hay un largo historial de presiones directas e indirectas del gobierno kirchnerista contra compañías y grupos empresariales extranjeros que justifica ese cuadro de ansiedad.
Más de una vez, el gobierno fue cómplice silencioso o incluso impulsor de movilizaciones piqueteras o sindicales contra empresas de capitales extranjeros, cuando los golpes de teléfono de Guillermo Moreno no eran suficientes para disciplinar a los empresarios. La dinámica del Poder Ejecutivo fue siempre la misma. Ahogar los negocios de determinadas empresas por vías reglamentaristas o por congelamientos tarifarios, hasta que aquéllas se sometan a los deseos de los funcionarios o se resignen a terminar en manos de empresarios amigos del poder o del propio Estado. Los dichos de la doctora Carmen Argibay tampoco señalan nada nuevo. Es más, el propio titular de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, había sido enfático cuando, ante un auditorio de empresarios, denunció "la ausencia de reglas estables, previsibles y claras". Es preocupante también que no se cumplan las órdenes de los jueces. Porque, entonces, ¿para qué están?, y esta pregunta surge de la actitud del jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, de desoír una resolución judicial, al incumplir una orden de allanamiento del juez José Sudera en el gremio de aeronavegantes por considerarla "inconstitucional. Ningún magistrado se animo a justificar la actitud de Fernández. Carmen Argibay no fue la excepción, y mal que les pese a no pocos hombres del oficialismo, la jueza ha dado claras muestras de independencia frente al poder político, así como cuando hizo prevalecer en uno de sus dictámenes el principio de cosa juzgada por encima de su posición de siempre contra los crímenes cometidos por el terrorismo de Estado. Ni el progresismo de la jueza Argibay ni el de Obama parecen coincidir con la noción que de él tienen los Kirchner. Tal vez haya llegado la hora de que el matrimonio presidencial comprenda que el verdadero progresismo, lo realmente revolucionario, pasa hoy por el respeto a la seguridad jurídica y a la división de poderes. Solo un deseo para este 2010.
Más de una vez, el gobierno fue cómplice silencioso o incluso impulsor de movilizaciones piqueteras o sindicales contra empresas de capitales extranjeros, cuando los golpes de teléfono de Guillermo Moreno no eran suficientes para disciplinar a los empresarios. La dinámica del Poder Ejecutivo fue siempre la misma. Ahogar los negocios de determinadas empresas por vías reglamentaristas o por congelamientos tarifarios, hasta que aquéllas se sometan a los deseos de los funcionarios o se resignen a terminar en manos de empresarios amigos del poder o del propio Estado. Los dichos de la doctora Carmen Argibay tampoco señalan nada nuevo. Es más, el propio titular de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, había sido enfático cuando, ante un auditorio de empresarios, denunció "la ausencia de reglas estables, previsibles y claras". Es preocupante también que no se cumplan las órdenes de los jueces. Porque, entonces, ¿para qué están?, y esta pregunta surge de la actitud del jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, de desoír una resolución judicial, al incumplir una orden de allanamiento del juez José Sudera en el gremio de aeronavegantes por considerarla "inconstitucional. Ningún magistrado se animo a justificar la actitud de Fernández. Carmen Argibay no fue la excepción, y mal que les pese a no pocos hombres del oficialismo, la jueza ha dado claras muestras de independencia frente al poder político, así como cuando hizo prevalecer en uno de sus dictámenes el principio de cosa juzgada por encima de su posición de siempre contra los crímenes cometidos por el terrorismo de Estado. Ni el progresismo de la jueza Argibay ni el de Obama parecen coincidir con la noción que de él tienen los Kirchner. Tal vez haya llegado la hora de que el matrimonio presidencial comprenda que el verdadero progresismo, lo realmente revolucionario, pasa hoy por el respeto a la seguridad jurídica y a la división de poderes. Solo un deseo para este 2010.
enero 04, 2010
CASI LO ULTIMO DE 2009
En otro de los últimos intentos de 2009 el ministro de Economía, Amado Boudou, anunció la creación del Fondo del Bicentenario para el Desendeudamiento y la Estabilidad. Un fondo de US$ 6549 millones, que hasta ahora forman parte de los pasivos de libre disponibilidad de la entidad monetaria. Boudou destacó que la medida, intenta despejar todas las dudas sobre la capacidad de pago de la Argentina durante el año 2010, en un acto en el que, además, la presidenta Cristina Kirchner, otra vez mediante el uso de la cadena nacional de radio y televisión, cuestionó el default de fines de 2001 y subrayó los logros económicos conseguidos desde 2003. Debido entonces a los problemas fiscales causados por el fuerte aumento del gasto público, el Gobierno usará reservas del Banco Central (BCRA) para pagar la deuda en dólares de 2010, con la intención de bajar la tasa de interés. Parte de esa estrategia contempla hacer este mes un canje con los bonistas en default. La garantía del BCRA sobre la deuda supuestamente debería bajar la tasa de interés tanto para el gobierno como para el sector privado, generando al mismo tiempo menos estrés para el frente fiscal. El traspaso de los fondos del BCRA a una cuenta del Tesoro se hará mediante un decreto de necesidad y urgencia que modificará el artículo sexto de la ley de convertibilidad, como ocurrió con el pago al Fondo Monetario Internacional (FMI) en enero de 2006. Ese decreto deberá ser ratificado por el Congreso, donde el oficialismo perdió el control de las mayorías. En el Palacio de Hacienda descartan un ataque especulativo y, por el contrario, creen que si el dólar sube un poco a $ 3,86, por ejemplo la economía podría tener una ganancia de competitividad.
La suma que se girará al Tesoro es similar a la que el BCRA proyectaba como pauta de crecimiento de las reservas en 2010. Más aún, el ministro Boudou afirmó que estos pasivos podrán lograr un rendimiento mucho mayor que el actual. Pero para que no genere ruido, el giro de reservas debería contemplar cuatro ejes por parte del Ejecutivo, Mantener su estrategia de regreso a los mercados voluntarios de deuda, que, según Boudou, contempla realizar el canje con los bonistas en default en la segunda quincena de enero. Cumplir con la pauta de superávit fiscal primario en 2010, luego de un año que termino en déficit, porque de otro modo la baja en la tasa de interés que se consiga ahora se evaporará dentro de unos meses. Tiene que manejarse en forma cuidadosa la demanda de dinero, en un mundo que crecerá más y, en particular, en un país que enfrentará una inflación mayor. Por su puesto desde la entidad monetaria coincidieron en destacar que, a priori, el monto involucrado en este fondo no constituye una amenaza en sí misma para la estabilidad cambiaria. Redrado, cuyo mandato vence a fines de septiembre, ha defendido en forma sistemática la política de acumulación de reservas, ante la ausencia de un prestamista de última instancia luego del estallido de la convertibilidad, hoy, luego de algunos años, "la estrategia termina resultando ineficiente". Por otra parte, juran que esta decisión no obstaculiza el camino de racionalización del gasto.
El ministro se planteó la idea de despejar el panorama financiero del año previo a las próximas elecciones presidenciales. Por esa razón, lanzará el canje para los holdouts con un bono nuevo e intentará otras vías de "desendeudamiento". En diciembre de 2005 el entonces presidente Néstor Kirchner dio el primer paso en la política de "desendeudamiento" con el anuncio del pago anticipado de toda la deuda que tenía la Argentina con el Fondo Monetario Internacional. El desembolso total, pagado el 3 de enero de 2006, fue de US$ 9810 millones, para lo cual se recurrió por primera vez a las reservas que tenía el Banco Central. En septiembre de 2008 La presidenta Cristina Kirchner anunció la decisión de cancelar la deuda de US$ 6706 millones que la Argentina tiene con el Club de París. El anuncio prácticamente coincidió con el inicio de la crisis financiera en los Estados Unidos, por lo cual finalmente la medida nunca se llevó a la práctica y el país sigue arrastrando su deuda con el organismo multilateral. En Octubre de 2008 El ministro de Economía, Amado Boudou, anunció la reapertura del canje de los US$ 20.000 millones de deuda en default, para los holdouts, los bonistas que no aceptaron la propuesta de reestructuración en 2005. Ahora Boudou informó que se presentará ante la Comisión de Valores de los Estados Unidos (SEC) la propuesta y que el próximo 12 de enero se abrirá el canje de los títulos. ¿Una bomba de humo más?
La suma que se girará al Tesoro es similar a la que el BCRA proyectaba como pauta de crecimiento de las reservas en 2010. Más aún, el ministro Boudou afirmó que estos pasivos podrán lograr un rendimiento mucho mayor que el actual. Pero para que no genere ruido, el giro de reservas debería contemplar cuatro ejes por parte del Ejecutivo, Mantener su estrategia de regreso a los mercados voluntarios de deuda, que, según Boudou, contempla realizar el canje con los bonistas en default en la segunda quincena de enero. Cumplir con la pauta de superávit fiscal primario en 2010, luego de un año que termino en déficit, porque de otro modo la baja en la tasa de interés que se consiga ahora se evaporará dentro de unos meses. Tiene que manejarse en forma cuidadosa la demanda de dinero, en un mundo que crecerá más y, en particular, en un país que enfrentará una inflación mayor. Por su puesto desde la entidad monetaria coincidieron en destacar que, a priori, el monto involucrado en este fondo no constituye una amenaza en sí misma para la estabilidad cambiaria. Redrado, cuyo mandato vence a fines de septiembre, ha defendido en forma sistemática la política de acumulación de reservas, ante la ausencia de un prestamista de última instancia luego del estallido de la convertibilidad, hoy, luego de algunos años, "la estrategia termina resultando ineficiente". Por otra parte, juran que esta decisión no obstaculiza el camino de racionalización del gasto.
El ministro se planteó la idea de despejar el panorama financiero del año previo a las próximas elecciones presidenciales. Por esa razón, lanzará el canje para los holdouts con un bono nuevo e intentará otras vías de "desendeudamiento". En diciembre de 2005 el entonces presidente Néstor Kirchner dio el primer paso en la política de "desendeudamiento" con el anuncio del pago anticipado de toda la deuda que tenía la Argentina con el Fondo Monetario Internacional. El desembolso total, pagado el 3 de enero de 2006, fue de US$ 9810 millones, para lo cual se recurrió por primera vez a las reservas que tenía el Banco Central. En septiembre de 2008 La presidenta Cristina Kirchner anunció la decisión de cancelar la deuda de US$ 6706 millones que la Argentina tiene con el Club de París. El anuncio prácticamente coincidió con el inicio de la crisis financiera en los Estados Unidos, por lo cual finalmente la medida nunca se llevó a la práctica y el país sigue arrastrando su deuda con el organismo multilateral. En Octubre de 2008 El ministro de Economía, Amado Boudou, anunció la reapertura del canje de los US$ 20.000 millones de deuda en default, para los holdouts, los bonistas que no aceptaron la propuesta de reestructuración en 2005. Ahora Boudou informó que se presentará ante la Comisión de Valores de los Estados Unidos (SEC) la propuesta y que el próximo 12 de enero se abrirá el canje de los títulos. ¿Una bomba de humo más?
Suscribirse a:
Entradas (Atom)